11. enero, 2015Autor: José Enrique González Ruiz* Opinión

Han pasado más de 3 meses del crimen que el Estado cometió en Iguala, Guerrero, contra estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, con el doloroso saldo de seis personas asesinadas y 43 desaparecidas (una ya identificada como víctima mortal); y el gobierno no acierta a dar una explicación creíble.

Lo más cercano a una versión oficial sobre los hechos fue lo que dijo el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, quien se basó en las presuntas declaraciones de tres individuos a los que calificó como sicarios, que “confesaron” que ellos y otros miembros del crimen organizado mataron a los estudiantes desaparecidos y quemaron sus cuerpos en el basurero de Cocula. Sólo habrían quedado cenizas que fueron puestas en bolsas de plástico negras que a su vez fueron lanzadas al cercano Río San Juan. La orden habría provenido de un jefe del cartel Guerreros Unidos, quien a su vez obedeció al perredista José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, y a su esposa. Sobre la base de que hay que creer eso, tendríamos que pasar a otras cosas importantes para México.

Sólo que esa versión no convence, porque es totalmente inverosímil.

Los agujeros lógicos son enormes:

1. ¿Qué ganaba el grupo criminal asesinando e incinerando estudiantes? ¿Si la consigna vino del presidente municipal de Iguala, qué hizo que los sicarios obedecieran una orden tan espeluznante como asesinar a 43 muchachos y quemar sus cuerpos?

2. ¿Cómo podía el alcalde de Iguala dictar órdenes a los policías de Cocula, que es un municipio distinto y, por si fuera poco, gobernado por un priísta?

3. ¿Por qué no se aplicaron el 26 y el 27 de septiembre las reglas del mando policial único que desde hace varios años rige en Guerrero?

4. ¿Por qué la policía entregó a los muchachos a los sicarios, a fin de que realizaran la barbarie? ¿Quién se los ordenó y quién dio las instrucciones a los autores materiales de la masacre?

5. ¿Cómo es que nadie se dio cuenta del incendio (para quemar los cuerpos), si dicen que duró alrededor de 15 horas? ¿Cómo encendieron las llamas si fue noche de lluvias intensas? ¿Qué ocurrió con las llantas que derritieron para la incineración y sus cables de acero?

6. ¿Por qué no impidió el Ejército tan antihumano accionar, máxime si, como se dice, los primeros hechos ocurrieron muy cerca del cuartel del 27 Batallón de Infantería? Los disparos de los agresores y los gritos de los corderos deben haberse escuchado en casi toda la población (la noche estaba bien entrada). Hay estudiantes que declaran haber pedido ayuda a los soldados, quienes se las negaron.

7. ¿Por qué no sabemos qué declararon los detenidos, que son casi un centenar? Informan que Abarca y su esposa se reservaron el derecho a deponer en juicio, pero ¿el resto? ¿Ninguno da indicios para saber quién dio las órdenes?

8. ¿De qué nivel es la persona o personas a las que se está protegiendo y cuánta es su importancia en el sistema, para que tenga en vilo a México entero?

9. ¿Qué han hecho las autoridades de Guerrero para investigar y por qué tardó más de 8 días la Procuraduría General de la República (PGR) para intervenir? ¿Qué estaban haciendo?

10. ¿Por qué ningún funcionario, ni de mediano rango, ha sido citado a declarar para que aclare lo sucedido?
Quién ganó y qué ganó

El descubrimiento del móvil es fundamental para esclarecer cualquier hecho delictuoso. Un investigador sabe que lo primero es encontrar quién se benefició y cómo. Sin este conocimiento es imposible encontrar la verdad y comenzar a hacer justicia.

Según el gobierno federal (y la totalidad del sistema político mexicano), Abarca fue el autor intelectual de la masacre y su motivación fue la rabia que le causó que los Ayotzinapos fuesen a Iguala a ensombrecer el destape de su esposa como candidata a la presidencia municipal. Un arranque de ira lo habría llevado a ordenar a sus policías, a los sicarios de Guerreros Unidos y a los policías de Cocula el exterminio de sus enemigos, mediante actos de barbarie como arrancarle la piel de la cara a uno de ellos, ejecutar extrajudicialmente a dos de ellos en la primera agresión y después liquidar a 43 y quemar sus cuerpos en un basurero.

¿Y cuál habría sido su ganancia? No se ve claro, porque al parecer sólo perdió. Ya estaba acusado de asesinar a sangre fría a dos luchadores sociales y un testigo lo denunció internacionalmente. Y ahora está preso, perdió su puesto, se derrumbó su carrera política (que prometía ser brillante al amparo de los Chuchos), sus empresas quedaron al garete y, de remate, su esposa está arraigada y seguramente será enjuiciada también.

Cayó el gobernador Ángel Aguirre; ¿éste ganó algo? Todo indica que no, pues fue defenestrado del cargo, pasó a la historia como represor y se cerró toda posibilidad de que su hijo sea candidato a la presidencia municipal de Acapulco, que es la joya de la corona. Se habla incluso de que puede ser encarcelado por haber recibido financiamiento de la familia Abarca-Pineda, a la que vinculan con el Cártel de los Beltrán Leyva.

¿El grupo criminal que domina la zona Norte saca provecho de esta situación? Como todo negocio, el tráfico de drogas y la extorsión requieren cierta estabilidad. En medio de las llamas no es fácil realizar operaciones mercantiles. Además, cuando los delitos y sus autores alcanzan gran difusión, el Estado se ve obligado a hacer algo para combatirlos, y eso perjudica a los grupos delincuenciales.

Entonces, ¿qué ocurrió realmente?

Mi hipótesis es que, aprovechando que la policía de Iguala había cometido un primer crimen grave (asesinato de tres personas), alguien con poder vio la oportunidad de jugar políticamente y sacar ventaja. Estaba en un municipio gobernado por el Partido de la Revolución Democrática, que ha ganado la mayoría de las elecciones en Guerrero en las décadas pasadas, y lo ocurrido posibilitaba darle un golpe demoledor. Había que llevar las cosas a su máximo nivel, secuestrando y desapareciendo a los normalistas de Ayotzinapa y haciéndolos víctimas de acciones brutales como el desollamiento y la incineración. De esa forma, asegurarían “la recuperación” de Guerrero en la elección de 2015, y marcharían hacia el carro completo. La monstruosa orden sería bien vista arriba, porque implicaba un escarmiento a los Ayotzinapos, que tanta lata han dado. No descarto que se haya dado la asesoría del general colombiano Óscar Naranjo, experto en armar y operar contrainsurgencia, que fue contratado por Peña Nieto desde que era candidato a la Presidencia. Tampoco dejo fuera la posibilidad de la participación de agentes gringos, pues fueron éstos quienes armaron a los grupos delincuenciales de México, con operativos como Rápido y Furioso.

No hay que olvidar que estaban a punto de aprobarse los reglamentos de las leyes sobre petróleo, que tanto interesan a nuestros vecinos del Norte. Y por eso era buena una acción desestabilizadora de estas dimensiones.

Por eso el gobierno federal está impedido de dar una versión creíble. Tendría que decir quién dio las órdenes de ejecutar extrajudicialmente a las personas, de secuestrarlas y desaparecerlas, de aplicarles torturas extremas, de incinerar sus cuerpos y de tratar de asesinar también a la verdad. Y todos estos son crímenes de lesa humanidad, que no prescriben y que no dan derecho a amnistía ni a indulto.
La incontenible respuesta de los padres

Está probado que no hay crimen perfecto. “Fue tanto lo que nos quitaron, que hasta el miedo se llevaron”, dicen los padres de los asesinados y desaparecidos en Iguala. Lo que el gobierno pretende imponer como verdad –que todo queda en la alcaldía igualteca y que es tiempo de superarlo– no lo cree nadie. Los padres y madres de las víctimas son la punta de lanza de una respuesta social sin precedentes en la historia moderna de México. Es seguro que lograrán cambios profundos en el sistema político mexicano, aunque ya les debemos la desmitificación del neotlatoani Peña Nieto, a quien hicieron ver muy mal en la audiencia que tuvieron con él en Los Pinos.

No han podido confundirlos quienes los llaman a la resignación (plumas a sueldo del gobierno y empresarios que sólo piensan en el negocio), ni los pocos que los señalan como manipulados (incluido el secretario de Marina). No han podido tentarlos con promesas económicas ni engañarlos con promesas demagógicas. Son los padres y madres un magnífico ejemplo de consistencia ética y decisión de reclamo de justicia.

Eso les ha ganado un apoyo internacional que no ha tenido ninguna otra causa de nuestra historia, por lo que es seguro que habrá cosecha de buenos frutos. Con trabajo y con sacrificio de por medio, pero vendrán resultados positivos.

Nos toca apoyarlos y divulgar por doquier su justo reclamo. Vendrá una nueva constituyente y dará nuevas formas al quehacer político en México, para erradicar definitivamente la corrupción y fincar las bases de una sociedad justa y fraterna. Ayotzinapa está cimbrando a la nación y escribiendo brillantes páginas de su historia.

José Enrique González Ruiz*

*Doctor en ciencias políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México

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Contralínea 419 / del 12 al 18 de Enero de 2015