La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha entregado sin pruebas propias de laboratorio, de 1995 a la fecha, 135 autorizaciones a trasnacionales para que sus organismos genéticamente modificados sean consumidos por la población mexicana “sin riesgos” para la salud. Entre ellos se encuentran el maíz, jitomate, papa, algodón, soya, arroz, canola, remolacha azucarera y alfalfa, desarrollados por Monsanto, Pioneer Hi-Bred, Syngenta, Bayer, Dow AgroSciences, Zeneca, Calgene, DNA Plant y AgrEvo Mexicana.

Un documento que forma parte del juicio de la demanda de acción colectiva contra el maíz transgénico

] da cuenta de la ausencia de pruebas por parte de la dependencia encargada de evaluar el riesgo sanitario de los organismos genéticamente modificados destinados al uso o consumo humano, procesamiento de alimentos, biorremediación y salud pública.

“Tomando en consideración la evaluación emitida por la Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgo con relación a la documentación recibida se otorga la autorización del producto de nombre comercial MON 89034 x NK 603, nombre científico Zea mays” (sic), se lee en la Autorización Sanitaria para Comercialización e Importación de Organismos Genéticamente Modificados 093300C00045421, expedida por la Comisión de Autorización Sanitaria de la Cofepris.

Tal como indica el documento oficial, del que Contralínea posee copia, la Cofepris sólo “evalúa” los resultados de las pruebas realizadas por las trasnacionales “en un claro conflicto de interés”, subraya Adelita San Vicente, directora de la Fundación Semillas de Vida.

“El panorama es muy pobre en cuanto a las capacidades del gobierno mexicano. No hay protocolos reales para evaluar el riesgo de estos productos. Se hacen análisis de escritorio, sobre el papel”, refiere en entrevista José Antonio Serratos Hernández, experto en bioseguridad.

El también miembro de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), asesor de Greenpeace y profesor en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México explica que la ausencia de exámenes no es un problema único de México, sino una deficiencia a nivel internacional.

Según el portal de internet del órgano, la Secretaría de Salud, a través de la Cofepris, realiza la evaluación de los estudios que elaboran y presentan los interesados (trasnacionales) sobre inocuidad y los posibles riesgos de los organismos genéticamente modificados.

Ello, en los términos del título quinto de la Ley de Bioseguridad de los organismos genéticamente modificados, su Reglamento y de acuerdo con los lineamientos establecidos por la autoridad sanitaria para el Procedimiento para la Evaluación de Inocuidad de Organismos Genéticamente Modificados, destinados al uso o consumo humano, procesamiento de alimentos, biorremediación y salud pública.

Para obtener una autorización de alguno de los transgénicos a los que se refieren los artículos 91 al 98 de la Ley de Bioseguridad de OGM ?los que se destinen a su uso o consumo humano, incluyendo granos; los que se destinen al procesamiento de alimentos para consumo humano; los que tengan finalidades de salud pública, y los que se destinen a la biorremediación? deberán presentar ante la Cofepris una solicitud por escrito, acompañada de la información a que se refieren los artículos 23 al 32 del Reglamento de la Ley de Bioseguridad de OGM.

El proceso de evaluación de riesgos para la aprobación y registro de OGM para consumo humano y animal inicia una vez que la Cofepris recibe, por parte de las empresas desarrolladoras de OGM, la solicitud de autorización, materiales de referencia y la información científica que compruebe la inocuidad del producto.

Piden organizaciones evaluar transgénicos

Ni la información entregada por las trasnacionales a la autoridad en la materia ni los resultados de la evaluación son de carácter público.

La Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad (Conabio) se pronunció al respecto: “…Hasta donde sabemos los resultados no son públicos, por lo que en opinión de esta Comisión Nacional es imposible pretender que diferentes sectores de la sociedad sean partícipes de la consulta pública a la que invita la autoridad competente, y que le marca la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados [LBOGM] como obligatoria si no se brindan los elementos mínimos necesarios para verter una opinión informada, al no haber acceso a la información resultante de las liberaciones previas”.

La Red en Defensa del Maíz, la Vía Campesina, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, Greenpeace, el Grupo ETC, el Grupo de Estudios Ambientales, la Asamblea de Afectados Ambientales, el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, Green, El Poder del Consumidor y Al Consumidor son algunas organizaciones que de manera enérgica exigen al gobierno mexicano promover exhaustivas, transparentes y públicas pruebas de riesgo para la salud y el ambiente, así como promover la revisión de las líneas transgénicas que se solicita plantar y del proceso regulatorio que ha llevado a su aprobación.

Denuncian que en México no se ha hecho un solo estudio para saber si hay daños a la salud por el consumo de ningún tipo de transgénico.

Respecto del tema, Antonio Turrent Fernández –integrante del Consejo Directivo de la UCCS e investigador nacional emérito– se pregunta por qué el gobierno no hace una convocatoria a investigadores nacionales sin conflictos de interés para que investiguen, en vez de aprobar de facto. “No lo quieren hacer. Idealmente tendrían que hacerse experimentos de cada línea aprobada. Son estudios costosos, pero desde el punto de vista de un gobierno que está velando por la salud de los ciudadanos, lo tendría que hacer: 112 millones de habitantes tenemos derecho a que gasten 50 millones de pesos en nuestra salud. Que fueran 100 o 500 millones de pesos tendría sentido; se gastó más en la Estela de Luz de la corrupción…”.

Autorización “inocua”

En junio de 2002, la Cofepris –órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Salud– autorizó para consumo humano el maíz MON-00603-6, también conocido como MON 603, propiedad de Monsanto.

El gen 603, presente en el gen del maíz MON-00603-6, es objeto del escrutinio científico mundial.

El 19 de septiembre de 2012, el Comité para la Investigación e Información Independiente sobre Ingeniería Genética (CRIIGEN, por su sigla en francés) presentó, en conferencia de prensa en Londres, Inglaterra, los resultados de una investigación encabezada por el biólogo molecular Gilles-Éric Séralini, profesor de la francesa Universidad de Caen.

De 2009 a 2011, un equipo de científicos alimentó a 200 ratas con NK603, maíz genéticamente modificado para desarrollar resistencia al glifosato, principio activo de Roundup –el herbicida más vendido de Monsanto y cuya patente expiró en 2000– con maíz NK603 tratado con Roundup, con maíz no modificado, y con agua mezclada con glifosato Roundup.

Los resultados, publicados en el nivel internacional por la revista Food and Chemical Toxicology, revelaron que los animales sufrieron muerte prematura, desarrollaron tumores y problemas hepatorrenales graves.

De acuerdo con el estudio ?financiado por la fundación Ceres, que cuenta con fondos de unas 50 empresas que no producen organismos genéticamente modificados y por la fundación Charles Leopold Meyer para el Progreso de la Humanidad, cuyo costo ascendió a los 3 millones de euros?, las ratas transgenizadas registraron malformaciones graves al mes 13.

La investigación del profesor Séralini y su equipo de colaboradores en el seno del Comité de Investigación e Información Independiente sobre Ingeniería Genética es la primera de largo aliento sobre organismos genéticamente modificados.

Monstanto avaló su producto tras únicamente 3 meses de estudios. Al cuarto mes, los cuerpos de las ratas de Séralini comenzaron a mostrar daños severos, lo que hace pensar a investigadores y expertos en todo el mundo que la trasnacional sí conoce de los riesgos para la salud que representa el consumo de su producto.

Aunque los hallazgos de los expertos de la Universidad de Caen y Verona, Francia, publicados en la revista Food and Chemical Toxicology en septiembre de 2012, revelaron que los roedores desarrollaron tumores, malformaciones e incluso muerte prematura, la Cofepris desestima los resultos.

Más aún, la dependencia federal se ha negado a revisar la evaluación con la que avala la inocuidad del maíz y los organismos genéticamente modificados que conllevan el uso de glifosato.

“Una vez revisado el artículo (Séralini, G-E, et al. “Long term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant genetically modified maize. Food Chem. Toxico”) se puede decir que éste tiene varias fallas metodológicas que plantean serias dudas sobre la conducción del estudio. La propia autoridad europea desestimó el estudio al que hacen referencia y citó al investigador para que aclarara públicamente varias dudas”, responde el órgano a Contralínea a través de un documento con logotipos oficiales.

En el escrito, enviado por Rosalba Villanueva, jefa de Prensa de la Cofepris, se agrega que “el evento NK 603 fue aprobado por la Cofepris, ya que expresa en el maíz la proteína CP4 EPSPS, la cual no presenta ni toxicidad ni alergenicidad, según la comparación de las secuencias homólogas con proteínas conocidas de toxinas y alergenos.

“Asimismo, no resultaron efectos adversos en pruebas de toxicidad aguda con animales (50 machos, 50 hembras) recibiendo dosis por arriba de 400 mg/kg de proteína CP4 EPSPS.

“El evento transgénico denominado NK 603 Maíz Roundup Ready, que se encuentra autorizado por [la] Cofepris desde 2002, se caracteriza por ser tolerante al herbicida glifosato, es decir que cuando este maíz se siembra en campo, si éste es fumigado con glifosato, se mueren las malezas indeseables pero el maíz tolera dicho herbicida, por lo que se puede desarrollar mejor al contar con más nutrientes toda vez que se eliminaron las malezas”.

Aunque el área de Comunicación Social envió la respuesta por escrito, la entrevista solicitada por Contralínea con el titular de la Cofepris, Mikel Arriola, no fue concedida.

Glifosato cancerígeno para los humanos, advierte la OMS

No obstante la versión de la Cofepris, el 20 de marzo de 2015, un grupo de 17 expertos de 11 países de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, por su sigla en inglés), de la Organización Mundial de la Salud, publicó en la revista científica The Lancet Oncology los resultados de la evaluación del potencial cancerígeno de cinco plaguicidas organofosforados y herbicidas: tetraclorvinfos, paratión, malatión, diazinón y glifosato.

Con base en estudios de exposición, en su mayoría agrícolas, en Estados Unidos, Canadá y Suecia, los cinco plaguicidas evaluados se clasificaron como probables y posibles carcinógenos para los seres humanos. El grupo de la Organización Mundial de la Salud encontró además suficientes evidencias de daños al ADN y daños cromosómicos en células humanas in vitro.

“Para el herbicida glifosato, hay pruebas convincentes de que puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos. También causó daño al ADN cromosómico y a las células humanas.”

Desarrollado y patentado por Monsanto en 1974, el glifosato es uno de los agrotóxicos con mayor volumen de producción y uso en el mundo, reconoce la OMS en su informe; de acuerdo con Grupo ETC, se usa en el 85 por ciento de los cultivos transgénicos.

Elva Mendoza
Fuente
Contralínea (México)