El Chapo, ¿misión cumplida?

Desde la primera vez que este gobierno lo capturó (el 22 de febrero de 2014), el Chapo ya era el criminal más poderoso del país y, formalmente, el más buscando tanto por las autoridades mexicanas como por las estadunidenses. Entonces el hecho fue, como ahora, aprovechado con encendidos discursos para promover la “confianza”, la “honestidad” y el “profesionalismo” de las fuerzas castrenses y policiacas mexicanas. Pero hasta ahí.

De la más reciente detención, ocurrida el pasado 8 de enero, no sólo están las arengas: también hay un cambio en el discurso general en el que Guzmán Loera es ahora sí un execrable criminal, y hasta un video editado de 15 minutos fue difundido por la Secretaría de Marina para que quedaran claras dos cosas. La primera, la preparación de los cuerpos de elite de infantería de la Armada de México. La segunda, que en la Operación Cisne Negro no participaron agentes estadunidenses ni como “observadores”. Es decir, los mexicanos lo soltaron y los mexicanos lo vuelven a detener. No hubo “agradecimientos” a la “colaboración” de las agencias estadunidenses como en la detención pasada. De hecho, todo el discurso de esta nueva detención destaca la “estrecha” y exclusiva colaboración entre las fuerzas federales mexicanas, tanto operativas como de inteligencia. De esta detención nada hay que agradecer a los gringos.

Y es que, según el análisis del doctor Guillermo Garduño –del que dimos cuenta en estas páginas– la fuga del Chapo Guzmán del 11 de julio de 2014 sólo pudo haber sido concertada en los más altos niveles del gobierno mexicano. El especialista en seguridad nacional y Fuerzas Armadas considera que la liberación del Chapo, como la de Rafael Caro Quintero (el 9 de agosto de 2013, a menos de 1 año de que Enrique Peña Nieto hubiera asumido la Presidencia de la República), tenía la intención de apaciguar las formas del negocio del narcotráfico.

La misión del Chapo y de Caro Quintero (primer organizador de lo que hoy es el Cártel de Sinaloa) era someter o exterminar a la amplia gama de organizaciones traficantes de drogas. Con ello, reorganizar el negocio para que fuera como todo el siglo pasado: silencioso, controlado y con bajos niveles de violencia (aun con sus periodos de reacomodos que implicaban de vez en vez disputas con ejecuciones y desapariciones).

Mientras el Chapo estuvo libre, del 11 de julio de 2015 al 8 de enero pasado, no bajaron los niveles de violencia. Y, si bien algunos pequeños cárteles se sometieron, la mayoría hasta la fecha están vigentes. Encima, Guzmán Loera relajó sus medidas, se dejó ver por ciudades de Sinaloa y, lo peor, comenzó a hablar con posibles enlaces del gobierno de Estados Unidos. Nunca sabremos si lo que ha publicado Rolling Stone (tanto en su página web como en la revista impresa) fue lo único que el talentoso actor, director y político estadunidense trató con Joaquín Guzmán. Recordemos que según el propio Sean tuvieron una reunión de más de 7 horas. Tampoco, si Penn y Kate del Castillo fueron los únicos residentes de Estados Unidos con los que habló. El gobierno mexicano se encargó de condenar la reunión de los actores y señalar a este hecho como el más importante para concretar la captura.

Al parecer quien no cumplió con su parte fue Guzmán Loera. Y ahora sí ha caído en desgracia porque difícilmente el gobierno federal actual dejará que se le escape de nuevo.

Apenas fue detenido, se especulaba en los medios de comunicación que en los próximos días podría estar en una cárcel de Estados Unidos. Los propios estadunidenses han señalado que, luego de la fuga, el gobierno mexicano había quedado tan mal parado que una vez recapturado se lo enviarían inmediatamente. El 9 de enero la Procuraduría General de la República incluso dijo que estaba dispuesta a dar celeridad a los procesos solicitados por las autoridades estadunidenses. Dos días después se informó que, por los amparos ganados en tribunales, Guzmán Loera podría demorar la extradición 1 año. Al día siguiente se dijo que tales procesos podrían alargarse 5 años… o más.

Si algo no quiere el gobierno de Peña Nieto es otorgarle a los estadunidenses un mecanismo de presión más. Y si el Chapo hoy no está libre es porque no cumplió con su misión.

Fragmentos

Las extradiciones de presos mexicanos a Estados Unidos comenzaron tibiamente en 1995, el primer año de gobierno de Ernesto Zedillo. En aquel año, y bajo fuertes críticas por la tutela que se le otorgaba a los extranjeros, se enviaron cuatro presos. Cada año subsiguiente se extraditaron 13, 13, 12, 14 y 12, respectivamente. Para 2001, primer año de gobierno panista, la administración de Vicente Fox envió a 17 connacionales, luego enviaría 25, 31, 34, 41 y 63. Y ya en uno de los sexenios más subordinados a los gringos, el de Felipe Calderón, se enviaron cada año 83, 95, 107, 94, 93 y 115. Para 2013, ya en el gobierno de Peña Nieto, se enviaron 54; se extraditaron 66 en 2014, y según información de la periodista Nidia Marín, publicada en El Sol de México el pasado 4 de octubre, al menos 49 presos mexicanos fueron extraditados a Estados Unidos el año pasado… Ayer dos caravanas de padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos en los hechos de Iguala salieron a recorrer el país. Hasta el jueves 28 concluirá este nuevo recorrido de búsqueda y de reunión con organizaciones sociales para que se sumen y no decaigan la exigencias de presentación con vida de los muchachos y castigo a los responsables que por comisión y omisión están involucrados en ese crimen de Estado. La caravana Norte saldrá de la Escuela Normal Rural de Saucillo, Chihuahua, y recorrerá regiones de este mismo estado y de Coahuila, Durango, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Colima y Michoacán. La caravana Sur saldrá de la Escuela Normal Rural de Mactumactzá, Chiapas, y además de zonas de esta entidad, también andará de Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Morelos, el Distrito Federal y Querétaro. Admirable la tenacidad y fortaleza de estas familias pobres.