El 10 de julio de 2014, Lía Limón, la entonces subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), “presentó” el Plan Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas. Estuvo acompañada de Mariana Benítez Tiburcio, quien en esos días estaba al frente de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR). Ambas funcionarias aseguraron que, para sus respectivas dependencias, la búsqueda y localización de personas era un “asunto prioritario”.

Se montó incluso una seria función en la que Limón y Benítez aseguraron, con tono grave y cara de circunstancia, que el tema de las personas desaparecidas era tan importante para el gobierno de Enrique Peña Nieto, que se hablaba de ello en todas las agendas regionales y reuniones de seguridad que encabezaba el gobierno federal.

Ante familiares de personas desaparecidas y representantes de organizaciones civiles, alcanzaron a decir que ese minucioso plan ya estaba en marcha y ya hasta podían hablar de “progresos”: de esa estrategia se desprendían “cuatro subgrupos” destinados a trabajar en la “armonización legislativa”, la aplicación de tecnologías de la información, la “generación de capacidades forenses y periciales” y el “acompañamiento y gestión de información con familiares”. Todo, para localizar a las personas desaparecidas. A diferencia del gobierno de Felipe Calderón, donde no sólo no se buscaron a los desaparecidos sino que se les criminalizó y se amenazó a los familiares, ahora sí habría justicia.

Los medios registraron, incluso, que dicho plan contemplaba tres medidas para buscar a los desaparecidos, que ya estaban funcionando: un mecanismo de búsqueda urgente, un registro único de fosas comunes y la Red Nacional de Procuración de Justicia para la Búsqueda de Personas No Localizadas.

Pues bien: ese “plan” nunca se escribió. No existe. Todo fue, y ha sido, una simulación.

En la semana pasada la Open Society Justice Initiative presentó un demoledor informe sobre México. La organización –perteneciente a las Open Society Foundations, creadas por el magnate George Soros– documentó puntual y escrupulosamente las “atrocidades” que se vienen cometiendo en este país desde que Felipe Calderón desató una guerra contra los mexicanos (disfrazándola de guerra contra el narcotráfico). La Open Society encontró que, de entonces a la fecha, los gobiernos de los tres niveles y las organizaciones mafiosas (que a menudo son los mismos) han cometido no sólo violaciones graves a los derechos humanos, sino crímenes de lesa humanidad.

Autoridades y delincuentes son responsables de desapariciones, torturas, asesinatos, violaciones… Y la constante es la impunidad. Los gobiernos no cuentan con la voluntad política ni con los mecanismos para garantizar el acceso a la justicia. Específicamente en materia de desapariciones, en el informe Atrocidades innegables. Confrontando crímenes de lesa humanidad en México se asienta: “Al indagar más detenidamente, Open Society Justice Initiative no ha encontrado evidencia alguna de que el Plan Nacional [de Búsqueda de Personas No Localizadas] siquiera exista. Tal vez no sea una sorpresa que el gobierno haya empañado esto”.

Y la organización no gubernamental explica que al solicitar copia del documento a la Segob, ésta la remitió con la PGR. Y, a su vez, la PGR le dijo que consultara a la Segob. Lo cierto es que nadie pudo presentar el documento. Nadie lo tiene, porque no fue siquiera escrito. Con la intervención del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Segob sólo pudo entregar “la información disponible respecto al Plan”.

Y lo que los funcionarios de la dependencia que encabeza Miguel Ángel Osorio Chong entregaron a la organización fueron “actas de los grupos de trabajo” y algunos otros documentos “que no mostraban un avance sustancial en la implementación de políticas públicas sobre las desapariciones”.

Hoy, el comunicado de prensa que daba cuenta de la “presentación” del Plan Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas ha sido retirado de la página de internet de la Segob. Y las funcionarias que “presentaron” dicho “plan” ahora son diputadas federales. Así que Lía Limón –legisladora por el Partido Verde Ecologista de México– y Mariana Benítez Tiburcio –por el Partido Revolucionario Institucional (PRI)– siguen encontrándose en los pasillos y, por qué no, probablemente sigan coincidiendo en la presentación de informes y planes para aliviar los dolores de México.

Fragmentos

Y para confirmar que los surrealistas no se equivocaron en señalar (con una especie de fascinación y repugnancia) a México como un país “surrealista por excelencia” (André Breton) o “más surrealista que mis pinturas” (Salvador Dalí), tenemos al rector del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Arturo Fernández Pérez, declarando contra aquellos que tienen “beneficios indebidos” y son “vividores del financiamiento”… No, no se refería a su auditorio (lo escuchaban cientos de empresarios, los consejeros nacionales del banco BBVA Bancomer y, entre otras “personalidades”, el secretario de Educación, Aurelio Nuño). Se refería a los paupérrimos profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), aquellos que dan clases en las zonas más pobres del país y que se someten a las mismas condiciones de miseria de las comunidades a las que llegan. En un discurso cargado de adjetivos, lugares comunes, al ¿intelectual? y también consejero del propio BBVA Bancomer, el Palacio de Hierro y Servicios Industriales Peñoles sólo le faltó sacar la matraca al solicitar una movilización en apoyo al presidente Peña Nieto… Con razón Dalí salió huyendo de este país.

Zósimo Camacho
Fuente
Contralínea (México)