Andrés Mora Ramírez*/Prensa Latina

Por desgracia, este desenlace venía siendo advertido como una posibilidad cada vez más real por intelectuales y voces críticas de la opinión pública, como el rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Hugo Aboites, quien en enero de este año apuntaba: “La señal más tangible del fracaso de una iniciativa en la educación es que requiera de la fuerza militarizada para ponerse en marcha” (La Jornada, 23 de enero de 2016).

Las muertes y desapariciones tampoco son hechos aislados, forman parte, junto con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, de prácticas sistemáticas de terrorismo de Estado, apoyadas por los grupos de poder –económico, político, e incluso del crimen organizado y el narcotráfico– para mantener un statu quo favorable al saqueo, la expoliación de las riquezas tangibles e intangibles del pueblo mexicano y la impunidad para los responsables de las matanzas.

La máquina del terrorismo de Estado es inocultable. Los registros estadísticos y las investigaciones periodísticas serias revelan las dimensiones del horror que impone y el miedo del que se alimenta, su desprecio por la vida humana; y, al mismo tiempo, desnuda el modus operandi de la clase política dominante y sus aliados fácticos para imponer a sangre y fuego el modelo de sociedad neoliberal en México.

La Fundación Mexicana de Periodismo de Investigación (Mepi), por ejemplo, publicó a finales de 2014 un listado de las masacres ocurridas durante los últimos 20 años en México –hasta antes de Ayotzinapa–, que ponen de manifiesto la recurrencia de las víctimas del terrorismo de Estado y de sus victimarios.

En 1995, 17 campesinos murieron asesinados en Aguas Blancas, Guerrero, a manos de oficiales de la policía municipal; en 1997, en Acteal, Chiapas, fuerzas paramilitares cubiertas por policías perpetraron la brutal ejecución de 45 indígenas (incluidos niños, adolescentes y mujeres embarazadas); en 2008, 24 albañiles del Distrito Federal fueron asesinados por el cartel de los Beltrán Leyva.

En 2009, un comando armado acabó con la vida de 18 jóvenes en Ciudad Juárez, y en 2015, en esa misma ciudad, 15 adolescentes corrieron idéntica suerte; en 2010, fueron asesinados por sicarios, vinculados con el narcotráfico, 19 pacientes de un centro de rehabilitación en Chihuahua, 18 turistas en Acapulco, 17 asistentes a una fiesta en Torreón y otros 14 en Ciudad Juárez, 72 migrantes suramericanos y centroamericanos en Tamaulipas y 8 policías en Sinaloa.

En 2011, fueron localizados los cadáveres de 11 personas decapitadas en Acapulco, 193 cuerpos en fosas clandestinas en Tamaulipas, 8 en la Sierra Tarahumara, otros 67 en Veracruz, 17 en Culiacán, y 23 en Jalisco; además, 52 personas perdieron la vida en un incendio de un casino en Monterrey, provocado por sicarios del narcotráfico. En 2012, se hallaron 49 torsos humanos en Nuevo León; en 2013, un comando armado atacó mortalmente a ocho miembros de una familia en Ciudad Juárez; y en 2014, en Tlataya, 22 personas fueron abatidas (11 de ellas fusiladas) por efectivos del Ejército Mexicano.

Todo un inventario del terror, al que seguramente tendríamos que sumar decenas de incidentes que no atrajeron la atención de los medios o que permanecen ocultos –por distintos motivos– del conocimiento de la ciudadanía.

En un marco más amplio, se sabe que hasta octubre de 2015 permanecían en condición de desaparecidas un total de 27 mil 586 personas (Contralínea, 13 de diciembre de 2015); la mayor parte de ellas sometidas a averiguaciones previas por parte de las autoridades federales y locales, aunque sin resolverse aún su paradero definitivo y las causas de su desaparición.

“Es terror mantener por decenios a madres y padres, a hermanos y hermanas buscando a quien desapareció sin rastro de proceso ni de aplicación de las leyes. Es terror para que, quienes sientan la tentación [de protestar, de reclamar derechos, de cuestionar el sistema], se lo piensen dos veces. Y es terror de Estado”, escribía Luis González de Alba, hace algunos años, al analizar la masacre de Tlatelolco de 1968, una sombra terrible que proyectada sobre la historia de México, resistiéndose a la verdad y la justicia ya casi por seis décadas y que, por desgracia, ha asomado de nuevo en Ayotzinapa y ahora en Nochixtlán.

Se trata de un panorama francamente desolador, pero que, al mismo tiempo, define el rumbo del cambio verdadero al que debe apostar la sociedad mexicana en las elecciones del 2018, aunque no puede limitarse a ese acontecimiento coyuntural: la paz, la esperanza y el desarrollo humano integral en México no radican en las soluciones del mercado o de las armas, sino en la subversión radical de un orden expoliador, destructivo, neoliberal, antinacional y culturalmente enajenador. Y eso solo se puede lograr desde abajo.

¿Sobrevivirá la nación mexicana a su actual crisis? Así debe ser: México es un baluarte de nuestra América. El legado de lo mejor de su cultura, del pensamiento social, político y económico, del latinoamericanismo y del humanismo de sus hombres y mujeres está presente en la historia de las luchas revolucionarias y de liberación de muchos países de la región. Necesario es que ese México diverso y profundo se levante y venza una vez más.

*Investigador, analista y docente de la Universidad de Costa Rica