Oceanografía: 2 mil trabajadores en el limbo

Mientras el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (Sae) calcula el monto que obtendrá por el remate de los activos de Oceanografía, al menos 2 mil trabajadores de la empresa sobreviven con la esperanza de recibir su liquidación por años de labor en la naviera, la más beneficiada por Petróleos Mexicanos y declarada en quiebra apenas la primera semana de agosto.

Y es que ante la exigencia de liquidación, la respuesta del Sae es tajante: “si los trabajadores solicitan el pago de todos sus derechos, llevaremos el proceso a juicio laboral, durará años, y cuando ganen el juicio ya no habrá propiedades para vender y se quedaran sin dinero”, fue la advertencia de Humberto Cavazos Chena y Pablo González, director de Oceanografía y director del Departamento Legal del Sae, respectivamente.

Durante una reunión de trabajadores con ambos funcionarios, celebrada la primera semana de septiembre en las oficinas del Sae, los quejosos señalaron que Cavazos y González les informaron que sólo tienen derecho a liquidación 450 trabajadores actualmente en activo en la empresa y que “el personal que dejó de laborar de 2014 a 2016 no tiene derecho a liquidación, porque ya prescribió el tiempo de 60 días para que ejercieran su derecho a demandar por conducto de la Junta Laboral”.

Sin embargo, el coordinador de prensa del Sae, Roberto González Corona, reconoció que aún faltan por liquidar al menos unos 2 mil trabajadores de Oceanografía, y recordó que a principios de agosto el juez tercero de distrito en materia civil, Felipe Consuelo Soto, declaró la quiebra de Oceanografía mientras el Sae operaba como administrador la empresa en virtud del aseguramiento y de ahí pasó al cargo de síndico para que, dentro de las formalidades del proceso y dentro de un periodo de 70 días, determine qué activos podrá disponer para llevar a cabo la liquidación de los mismos.

Precisó que el Sae en Oceanografía enfrenta una doble situación, por una parte el aseguramiento derivado del proceso penal que está vigente, y por otro lado el concurso mercantil que derivó en la quiebra. Dijo que los pasivos de la naviera ascienden a 14 mil millones de pesos, de los cuales no se sabe cuánto recuperaría el Sae, ya que se tiene que levantar el inventario.

“Hay algunos inmuebles por identificar; hay gravámenes que se tienen respecto a estos inmuebles que garantizaban créditos, y se tiene que hacer la validación en el periodo que establece la ley de 60 días, para poder hacer el levantamiento de inventario, manejar el balance y tener el dictamen contable respectivo, con lo cual se podrá saber de cuánto se dispone para afrontar los pasivos”, añadió.

Actualmente hay 450 trabajadores activos; cuando el Sae se hizo cargo de Oceanografía ésta tenía 11 mil trabajadores contratados bajo un esquema de outsourcing. Primero se liquidaron los adeudos vencidos con un promedio de 3 meses de salario vencido y se regularizó la situación laboral de los trabajadores, a los que se dio de alta en el Seguro Social, ya que la gran mayoría, al estar en esa figura de outsourcing, no estaban dados de alta o lo estaban con un salario inferior, explicó el funcionario.

El gran problema, dijo, es que la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a Oceanografía para que tuviera la posibilidad de contratar con cualquier empresa del gobierno federal; y otro gran problema es que Pemex representaba el 90 por ciento de la empresa y eso complicó mucho el flujo en esas circunstancias. Se le dio salida a los contratos vigentes y actualmente el Sae no tiene contratos ni tampoco hay ingresos, y tiene que pagar los salarios de la gente que todavía está trabajando y darle mantenimiento a las embarcaciones que continúan bajo la responsabilidad de la institución.

Alejandro Donis Castro, abogado de un grupo de trabajadores que demandan su liquidación, expuso que a pesar de que la empresa estaba inhabilitada para licitar contratos, tenía 35 contratos activos. “Y todos los dejaron perder. Todo indica que el Sae desde que se le entregó la administración llegó con la intención de quebrar la empresa”, aduce.

Por ejemplo, dice, los contratos 428222910, 428222911, 428222912, 428222913, 428222914, 428222915 y 428222916, por Servicio de Transporte de Personal, Materiales y Equipos Ligeros con Abastecedor Rápido (solo de flete), con un valor total de 117 millones 379 mil 369 dólares, firmados en 2012 para iniciarse en junio de 2014 y con duración de 8 años, los dejaron perder intencionalmente.

El Sae tiene 45 embarcaciones todavía bajo custodia, la gran mayoría no es propiedad de Oceanografía sino de arrendamientos que ya tenía contratados la empresa. Sólo nueve embarcaciones son propiedad de la empresa y desafortunadamente están en condiciones más precarias, admitió González Corona.

Señaló que se llevará a cabo el inventario nuevamente para identificar los bienes susceptibles de venta y poder pagarle a los acreedores. En ese sentido, los trabajadores o los que había al momento que se terminaban los trabajos, ya se les van a entregar las cantidades correspondientes para terminar su relación laboral.

Dijo que hay adeudos que se manejan todavía dentro del concurso mercantil; hay un caso que se maneja como uno de los acreedores, tanto el SAT, IMSS como Pemex, en donde sólo falta el reconocimiento de que un juez concursal pueda dar con el adeudo que se tiene con esta empresa.

Los dueños tienen que acreditar la propiedad de los bienes para que la Procuraduría General de la República pueda levantar el aseguramiento y se devuelvan. Es el caso del Titán, el barco que encalló, la PGR ya determinó que no es de Oceanografía, sin embargo el propietario no se lo quiere llevar, ya que el reflotamiento requiere de una cantidad importante de recursos con los que el Sae no cuenta.

La ley del Sae dispone que cuando se asegura una empresa se obliga a su conservación, mantenimiento y los seguros de los bienes. El Sae tiene que gestionar recursos para pagar estos conceptos.

Inclusive, enfatiza González Corona, la tripulación de las embarcaciones que se encarga de dar mantenimiento se considera como parte de los gastos que el Sae tiene que cubrir. Se paga la nómina de una parte de los 450 trabajadores activos, a la tripulación y de gente que trabaja fundamentalmente en los patios, que lleva comida a los barcos, etcétera, ya que la particularidad de las embarcaciones es que deben de estar prendidas siempre, no se pueden apagar porque si no se hunden. Todo ello tiene un costo de 70 millones de pesos mensuales.

El Sae no recupera nada de la venta de los activos ya que es para los acreedores reconocidos en el proceso, no alcanza, dice el funcionario. Se identifica cuál es el pasivo reconocido y en función del recurso que se tiene la cantidad se divide entre los acreedores, dando prioridad a los trabajadores. Pemex es acreedor gubernamental como el IMSS, el SAT y hay otro tipo de acreedores financieros también.

De los 8 millones de pesos del fideicomiso creado para pagar las indemnizaciones de los trabajadores, González Corona dijo que el Sae hizo un levantamiento de gente que concluyó con su trabajo y la enlistó para que en cuanto haya recursos se le pagara. “Lo que el juez ordenó es que se les diera el reconocimiento a aquellos trabajadores que presentaron una denuncia para que les fueran pagados los recursos necesarios para terminar con su relación laboral”, adujo.

Se trata del fideicomiso 1345, creado en agosto de 2013 por Oceanografía en Banco Invex, por 8 millones 835 mil 658 pesos, que fueron etiquetados por Pemex Exploración y Producción, y entregados por el juez Consuelo Soto al Sae para el pago de liquidación de los trabajadores; sin embargo, Alfonso Maza los destinó para el pago de despachos jurídicos, préstamos a personal a su cargo, pago a trabajadores allegados a la administración del Sae y a un sindicato cetemista, de acuerdo con la denuncia de los inconformes.

Al respecto, González Corona asegura que “con los 8 millones de pesos alcanzaba el pago de más o menos 130 personas, de los cuales ya cobraron 115 y otros no quisieron cobrar, había un error en el cálculo de su pago y se corrigió y su pago está disponible y no lo han querido cobrar, el juez ya tiene conocimiento”, detalló.

Se declaró la quiebra de Oceanografía porque no se supo administrar la empresa, asegura el abogado de los trabajadores Donis Castro. “La Ley de Concurso Mercantil señala como condición obligatoria que el administrador debe tener por lo menos 5 años de experiencia en una empresa similar a la que pretenda administrar, con conocimiento del giro de la misma, de la cual carece Alfonso Maza Urueta”, añadió.

Explicó que a los trabajadores los hicieron firmar un convenio de retiro voluntario, o sea que renunciaban a sus derechos laborales, engañándolos y presionándolos, porque si no lo hacían así no cobraban.

Es el caso del ingeniero Elías Marín Moguel, quien aun en desacuerdo con la cantidad que le pagaron, tuvo que tomarla. Le pagaron el día 8 de agosto con un cheque independiente, por la cantidad que correspondía para pago de pensión alimenticia para su familia, pero no se lo entregaron, ni le dejaron tomar fotos, aduciendo que ellos lo entregarían, pero hasta el día de hoy (12 de septiembre) no se lo han dado a su familia.

Adicionalmente, para entregar este pago los representantes del Sae condicionaron a los trabajadores a firmar su afiliación al sindicato, ya que si no lo hacían les retenían esa liquidación. El sindicato le quitó a muchos trabajadores hasta el 30 por ciento de la liquidación que les entregaba, incluso mediante cohecho y bajo amenazas, con conocimiento del personal administrativo del Sae presente en la firma de recibido de estos pagos.

Argumentaron que no había dinero para pagar a los trabajadores, pero según un reporte del despacho Rafael Lores Rodríguez y Cía., con fecha 2 de junio de 2015, señala que al 25 de mayo de ese año Pemex había pagado a Oceanografía 599 millones 463 mil 430 pesos; 22 millones 118 mil 184 dólares y 497 mil 460 euros.

Además, la empresa tiene registrado que entre enero de 2014 y octubre de 2015, Pemex le pagó a Oceanografía una factura por 2 millones 265 mil 283 pesos, así como varias facturas en dólares americanos por 2 millones 637 mil 741 pesos.

¿En qué gastaron este dinero, sumando los 25 millones de dólares de la venta del equipo Gallos Blancos de Querétaro? El Sae no puede pagar del dinero de los contribuyentes los gastos de una empresa privada. ¿Por qué no la declaran en quiebra desde el momento en que no hay dinero?, pregunta Donis Castro.

“No debieron pagar millones de pesos a los despachos jurídicos ni al sindicato en cuotas que nunca descontaron a los trabajadores y de otros que nunca fueron sindicalizados, sino pagarle a los trabajadores”.

Dijo que el sindicato, en contubernio con el personal del Sae, actualmente realiza una campaña para que el personal de Oceanografía que nunca estuvo afiliado al sindicato firme una carta poder otorgándole sus derechos laborales, para que puedan negociar las liquidaciones de los trabajadores y aceptar lo que en su momento acuerden el sindicato y el Sae.

“Los trabajadores solicitaron de múltiples formas que se les reconociera su derecho de estar en el concurso mercantil para hacer valer la preferencia que hasta ahora no han tenido, vigilar el proceso y participar de él. Quizá por esto último es que no los quisieron reconocer, ya que el concurso mercantil en su esencia protege a los trabajadores como acreedores preferentes ante cualquier otro”.

Por esta razón, el presidente de la Comisión de Trasparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, Rogerio Castro Vásquez, a petición de los quejosos ha participado en las reuniones con funcionarios del Sae y con el juez a cargo de la quiebra, Felipe Consuelo Soto, para investigar sobre las posibles violaciones a la Ley de Trasparencia y actos de corrupción en los que pudieron haber incurrido.