Las empresas brotaron sin control alguno y rebasaron a las autoridades. Van desde aquellas que ofrecen veladores y escoltas hasta las que venden protección de los sistemas de cómputo contra los hackers. Y en ese abanico de posibilidades están las que blindan carros, cuidan inmuebles, rastrean vehículos de manera satelital, instalan cámaras, proveen de botones de pánico, ofrecen servicios paramédicos de emergencia…

No es el amplio espectro de servicios que ofrecen y que ha rebasado al ámbito jurídico lo que preocupa, sino la negligencia de las autoridades que ni la cuenta llevaron de las “policías” privadas que aparecieron. También preocupa que, ante la falta de regulación y la omisión gubernamental, la gran mayoría de estas empresas no cuenta con la certificación profesional (de la oficial ni hablamos) que acredite su capacidad para proporcionar lo servicios que dice vender.

De acuerdo con el más reciente informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de Gobernación (Segob) no ha concluido el proceso de registro de las empresas de seguridad privada. Pasan los sexenios y la promesa de “poner orden” en ese sector nunca se concreta.

El máximo organismo de fiscalización del país encontró que en el Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada que ejecuta la Segob, a julio de 2016, ha quedado asentada la existencia de 1 mil 168 empresas que laboran en el ámbito federal, con 80 mil 788 elementos de “personal operativo”, 44 mil 684 armas y 12 mil 50 vehículos. Y se han contabilizado 4 mil 43 empresas con 282 mil 924 elementos “operativos” de las que prestan servicios a nivel estatal. Hasta ahí van las cuentas y no se ve para cuándo concluyan.

Pasan los años y el registro no está completo. Pero no es lo peor. Los auditores encontraron que no se acreditó “que la información fuera utilizada para dar cumplimiento a funciones de supervisión, control, vigilancia y evaluación de los prestadores de servicios de seguridad privada”.

La misma Segob se llevó una sorpresa en sus escasas 313 visitas de supervisión a las empresas: sólo 38 (el 12.1 por ciento) acataron las obligaciones establecidas en la normativa. La amplia mayoría, 275 (el 87.9 por ciento), incumplió con los requisitos.

Pese a todo (o tal vez a causa de ello), resulta que la Segob ejerció apenas el 59.8 por ciento del presupuesto que se le asignó precisamente para atender el “problema público” (así se le llama en la auditoría) de las empresas de seguridad privada.

La Cámara de Diputados le asignó un monto de 76 millones 603 mil 600 pesos para el programa presupuestario E905 Regulación de los Servicios de Seguridad Privada para Coadyuvar a la Prevención del Delito. La Segob sólo ejerció 45 millones 789 mil 700 pesos. Ante su incapacidad, habría tenido que reintegrar a la Tesorería de la Federación el 40.2 por ciento de lo que le había sido asignado para la ejecución del mencionado programa, es decir, 30 millones 813 mil 900 pesos.

Aunque la ASF busque ser condescendiente con el desastre encontrado, el dictamen es contundente. Señala que en el periodo revisado: “se desconoció el universo de empresas que operan en territorio nacional, su personal y equipo, no se contó con los manuales que garanticen el adecuado desarrollo de sus procesos de emisión de resoluciones y la cobertura de supervisión de los prestadores de servicios de seguridad privada disminuyó 69.8 puntos porcentuales durante el periodo 2009-2015”.

El escenario todavía puede ser peor. Ojalá el “control” llegue antes de que integrantes o exintegrantes de estas policías privadas sean pillados cometiendo actividades ilícitas en ámbitos en los que supuestamente son expertos: manejo de armas de fuego, combate cuerpo a cuerpo, espionaje cibernético, rastreo de vehículos y personas, blindaje ilegal de vehículos… Se le acaba el tiempo a la Segob. Que reaccione antes de que un escándalo mayor la haga reaccionar. ¿O de eso se trata?

Fragmentos

Hoy concluye, en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, la V Convención Nacional Popular. Han sido 2 días de trabajos en los que se han discutido los grandes problemas por los que atraviesa México, destacadamente la desaparición forzada de los 43 normalistas de esa normal y de las decenas de miles más, las reformas estructurales y el encarcelamiento de luchadores sociales. La V Convención, junto con otros esfuerzos sociales también apartidistas, busca construir un programa político y un plan de lucha para resistir el despojo y generar nuevos caminos para un México mejor. Los anfitriones, el H Comité Estudiantil Ricardo Flores Magón junto con las otras organizaciones convocantes muestran que los caminos de la izquierda social van a contracorriente de la “izquierda” electoral.

Zósimo Camacho