El 21 de marzo un grupo de aproximadamente 80 trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México se manifestaron en el Zócalo para exigir sus derechos laborales. Once días después, 20 de ellos dejaron de percibir su salario. “Es una forma de represión y una manera de detener nuestras exigencias”, denuncian los miembros del Asamblea General de Trabajadores (AGT), una organización sin afiliación política que busca mejores condiciones de trabajo.

Rodrigo García, fundador de la AGT y miembro de la Comisión Política de esta organización, explica que uno de los propósitos que tenía la manifestación era entregar un documento que resumía las demandas del grupo. También esperaban lograr una mesa resolutiva con el titular de la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal. Nunca imaginaron que perderían sus ingresos, las madres no planearon pasar un 10 de mayo en ayuno.

¡Ahí viene Mancera!

Uno de los manifestantes gritó que estaba saliendo el carro de Miguel Ángel Mancera, quien para entonces aún era jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y “todos decidimos detenerlo para que alguien pudiera entregarle directamente el documento”, detalla la organización en un escrito emitido como respuesta a las preguntas realizadas por Contralínea.

Llegaron policías con escudos y toletes para cubrir el automóvil. “Hubo empujones, manosearon a una compañera y a otras dos las tiraron al piso, entre ellas a una adulta mayor”, denuncia la AGT. Finalmente, Mancera logró “escabullirse” sin atender las demandas de los manifestantes.

La asamblea de trabajadores detalla que Cynthia Campos, asesora de Miguel Ángel Vázquez Reyes (quien a inicios de marzo dejó de ser director general de Administración y Desarrollo de Personal para ser coordinador general de Gabinete Interinstitucional), salió a “regañar” a los manifestantes y cuestionar el motivo de su inconformidad. Ellos contestaron que siempre había mesas de diálogo, pero nunca lograban resolver sus demandas. Esa vez pedían “que ya hubiera hechos y no sólo promesas”.

“Los voy a despedir a todos”

Rodrigo García recuerda que recibió una llamada telefónica de Vázquez Reyes, con quien la AGT ya había tenido negociaciones, y le pidió que se acercara él solo, a lo cual se negó. “Le dije que solo no podía ir. Me contestó que me atuviera a las consecuencias y colgó”.

Vázquez Reyes salió de las oficinas de Gobernación y le dijo al dirigente: “Tú Rodrigo, ya estás despedido”. Y, posteriormente gritó: “Los voy a despedir a todos”, recuerdan varios manifestantes de la AGT, organización integrada por trabajadores de diversas dependencias del Gobierno de la Ciudad de México.

Después de estas amenazas se permitió la entrada de dos miembros de la Comisión Política de la AGT, Norma Ramírez y Rodrigo García, mientras el resto de los manifestantes se quedaron afuera rodeados por los policías. “Vázquez Reyes estaba en una actitud renuente”, recuerda Rodrigo, pero señala que a pesar de su visible disgusto le ordenó a Antonio Paz (quien es el nuevo Subsecretario de Administración y Capital Humano) que les programara una mesa de diálogo para el martes 27 de marzo.

Sin embargo, Vázquez Reyes impuso una condición a los dirigentes de la AGT: salir a la calle y pedir disculpas públicas. Le ordenó a Cynthia Campos salir y grabarlos para verificar que así lo hicieran. “No pedimos disculpas de nada, lo único que dijimos es que somos una organización pacífica que lo único que privilegia es la negociación”, comenta Rodrigo.

El 27 de marzo sí se llegó a celebrar una mesa de diálogo dónde no se tocó nada referente a la manifestación del 21 del mismo mes. Se concentraron en “tratar el caso de un compañero despedido hace 2 meses, Gabriel Ponce”, recuerda el dirigente de la AGT y añade que después de esa reunión les cancelaron todas las próximas mesas.

No tienen salario, pero siguen trabajando

Desde inicios de abril, 20 trabajadores dejaron de percibir sus salarios. Al momento de consultar en las oficinas de Recursos Humanos de sus respectivas dependencias del Gobierno de la Ciudad de México, les informaron que no había explicación aparente, “trasladan la responsabilidad a la administración central, concretamente a Antonio Paz García”, explica la AGT.

Del total de los afectados 16 eran madres, 10 de ellas hicieron un ayuno el 10 de mayo en el Zócalo capitalino. “No hay nada que festejar para las trabajadoras del gobierno con tres quincenas retenidas”, se lee en el cartel que sostiene Brenda Vázquez, quien, a pesar de no recibir pago alguno, continúa con sus labores como auxiliar administrativo en el Archivo de Contratos de la Dirección de Mantenimiento Electromecánico del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Brenda tiene 33 años y ha trabajado 12 en dicha institución, primero como personal eventual, después pasó a estar en nómina y desde octubre de 2016 obtuvo un puesto de base. “Sabiendo que soy una buena trabajadora y que cumplo responsablemente con mis actividades, estoy segura que no hay motivos para esto que ha hecho el gobierno conmigo. Se trata de una represión por mi pertenencia a una organización [la AGT]”, señala.

Madre soltera, con un hijo de 10 años, Brenda también es estudiante universitaria de una carrera en línea. Afirma que la falta de salario la limita en dinero para alimentos, transporte, educación, así como otras necesidades básicas.

Otra afectada es Silvia Martínez, quien sigue dando clases de activación física para adultos mayores aunque ella y su hijo tengan que vivir con una comida al día. “A veces cocemos medio kilo de arroz y eso comemos”, comenta sin poder ocultar la preocupación en su rostro. Desde hace 2 años y medio trabaja, de base, en la delegación Álvaro Obregón, pero el repentino corte del suministro de ingresos, por una baja injustificada, ha hecho que estas últimas semanas parezcan eternas.

“Para empezar la lista, tenía que pagar la inscripción de mi hijo al Instituto Politécnico Nacional”, recuerda Silvia con nostalgia ya que al no tener dinero para cubrir la cuota, su hijo no podrá cursar la carrera de ingeniería en robótica industrial.

Su salud también está en riesgo desde que fue “despedida” de su lugar de trabajo: le cancelaron la operación que tenía programada para el 7 de abril en una clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a la que estaba afiliada como trabajadora.

“Desde que llego y presento mi carnet me dicen que ya estoy dado de baja”, lamenta. Silvia sufre de un mioma (un tumor que crece dentro del útero) “muy grande”, que le causa periodos intermitentes y sangrados excesivos.

Aquel Día de las Madres, varios de los trabajadores que forman parte de la AGT aprovecharon para solidarizarse con Vanessa Díaz Valverde, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México desaparecida e hija de Herminia, una integrante de la organización. Por lo que, además de sus salarios, exigieron la presentación con vida de esta joven de la que se desconoce su paradero desde el pasado 27 de abril.

La AGT exige derechos, no apoya a políticos
La AGT está integrada por trabajadores –de base, de nómina, eventuales, y voluntarios– de diversas dependencias del Gobierno de la Ciudad de México. La organización cuestiona las condiciones laborales que ofrecen las autoridades y exigen, entre otras cosas, la basificación. Denuncian las plazas ilegales en las que no se reconocen los derechos mínimos de los empleados y que son denominadas “autogenerado”, “voluntario”, “por programa” o “por honorarios”.

Esta organización afirma que no apoya a ningún partido político por lo que desmienten la información difundida por una televisora “de manera maliciosa”.

La AGT afirma que en ocasiones se solidariza con otras demandas sociales, como la exigencia de la presentación con vida de los 43 normalistas de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos. También dejan en claro que no son una organización con afiliación sindical, aunque reconocen que a aquellos integrantes que tienen un puesto de base “se les ha impuesto ser parte del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México y así poder disfrutar de las prestaciones”.

“Lo que tenemos en común es luchar por los derechos laborales, mediante la lucha política y legal”, explica la organización, la cual ha realizado una serie de demandas públicas para también exigir la apertura de nuevas plazas y que cesen los despidos injustificados.

El día 21 de marzo los manifestantes reclamaban que algunos trabajadores con más de 20 años de antigüedad quedaron excluidos del derecho basificación. “El plan de Mancera, de otorgar 10 mil bases, tomó como uno de los criterios beneficiar a quienes tuvieran sueldos bajos y no tomó en cuenta el tiempo trabajado”, explica la AGT.

Detrás de la represión

Rodrigo García, quien lleva trabajando de base 36 años en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, señala que ya había sufrido otras medidas represivas antes. “Anteriormente ejercía el turno nocturno [de las 22:30 a las 6:30 horas], pero me cambiaron al primer turno para limitarme en las actividades políticas”, señala. Al igual que los otros 19 trabajadores que sufren la retención de su salario, no ha dejado de laborar.

A Brenda Vázquez las acciones que se tomaron en su contra para suspenderle el salario le hace pensar que “cualquier funcionario público que ocupe un cargo en el cual tenga acceso a realizar esos movimientos, puede actuar en total ilegalidad allanando los derechos y lastimar significativamente en forma física, mental y económicamente a los trabajadores”.

Silvia Martínez dice que no existe en la Ley Federal de Trabajo una modalidad de despido sin antes ser informados del motivo. “Las autoridades de la Subsecretaría de Administración y Capital Humano saben que muchas somos cabeza de familia y que nuestra preocupación son nuestros hijos”, denuncia y concuerda con que se trata de un acto de represión.

Para Rodrigo García quien está detrás de la retención salarial es Miguel Ángel Vázquez Reyes. “Nosotros sostenemos que sigue mandando en la administración. Toda la gente que está en la Subsecretaría de Administración y Capital Humano es su gente; lo único que hizo (al dejar esa administración para ser Coordinador General de Gabinete Interinstitucional) fue darle la estafeta a Antonio Paz, su cuñado”, concluye.

Autoridades promete pagar

La AGT organizó otra huelga de hambre que tuvo lugar en el Jardín del Bolsillo del Zócalo el 21 de mayo. En esta ocasión representantes del nuevo jefe de Gobierno, José Ramón Amieva Gálvez, se comunicaron con la organización para negociar el cese de la manifestación.

“En un inicio trataron de evitar que se ejerciera el derecho a la libre manifestación e intentaron desconocer el problema argumentando que era suficiente haber solicitado por escrito las aclaraciones a las áreas de Recursos Humanos de las dependencias involucradas”, explicó la AGT en un comunicado. Pero los trabajadores aprovecharon la oportunidad para exhibir cada uno de los acuses que comprobaban que ya habían agotado esas instancias 1 mes atrás, “incluso las dependencias ya habían solicitado información relacionada con la retención salarial sin recibir respuesta”.

“Ante ese hecho, [las autoridades] se vieron obligadas a resolver los problemas”, explica el comunicado y añade que personalmente José Amieva se comprometió a atender las problemáticas planteadas por los trabajadores. Si se respeta el acuerdo, el pago se entregaría en junio, más de 2 meses después de la retención del salario.

En la primera quincena de mayo, dos de los trabajadores recibieron su salario, por lo que a la fecha son 18 personas las que no perciben el pago. Después 8 semanas de carencias económicas, los empleados del Gobierno de la Ciudad de México esperan, al menos, recuperar sus ingresos.

Al cierre de esta investigación, ni Miguel Ángel Vázquez ni Antonio Paz (funcionarios a quienes los trabajadores consideran responsables de las irregularidades) contestaron la solicitud de entrevista realizada desde los días 15 y 24 de mayo respectivamente. En la Coordinación General de Gabinete Interinstitucional y la Subsecretaría de Administración y Capital Humano mencionaron que las entrevistas se encuentran “pendientes”.

Marcial Yangali