En el día de hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a seis funcionarios del gobierno venezolano alineados con el expresidente ilegítimo Nicolás Maduro, y vinculados con la obstaculización de la entrega de asistencia humanitaria en Venezuela el 23 de febrero de 2019. A fin de impedir que la asistencia que se necesita en forma urgente llegue al sufrido pueblo de Venezuela, Maduro cerró la frontera del país y envió a fuerzas militares y de seguridad oficiales y extraoficiales a las fronteras de Venezuela con Colombia y Brasil, donde estaba previsto que cruzaran las caravanas con asistencia humanitaria. La presente medida, adoptada conforme al Decreto Ejecutivo (Executive Order, E.O.) 13692, está dirigida a seis funcionarios de seguridad que controlan a los grupos que impidieron que la asistencia humanitaria ingresara en Venezuela y, de este modo, exacerbaron la crisis humanitaria que ha dejado a millones de venezolanos en situación de hambruna y sin acceso a atención médica bajo el régimen de Maduro.

“El bloqueo fronterizo, por parte del expresidente Nicolás Maduro, de camiones y embarcaciones con cargamentos de asistencia humanitaria es el ejemplo más reciente de cómo su régimen ilegítimo convierte a la entrega de alimentos y otros insumos que se necesitan con urgencia, en un arma para controlar a venezolanos vulnerables. Estamos estableciendo sanciones contra miembros de las fuerzas de seguridad de Maduro, en respuesta a los hechos repudiables de violencia, muertes trágicas y la quema inadmisible de alimentos y medicamentos destinados a venezolanos enfermos y hambrientos”, expresó el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin. “Estados Unidos apoya enérgicamente los esfuerzos del presidente interino Juan Guaidó, y el Tesoro seguirá actuando contra actores leales a Maduro que prolonguen el padecimiento de las víctimas de esta crisis humanitaria provocada por artificialmente”.

A fin de paliar la profunda crisis humanitaria en Venezuela, Estados Unidos encabezó una iniciativa multilateral el 23 de febrero para financiar y posicionar cientos de toneladas de asistencia humanitaria que sería entregada en Venezuela. Se organizaron camiones para desplazar estos insumos a través de la frontera desde Colombia y Brasil hacia Venezuela; sin embargo, las fuerzas militares y de seguridad venezolanas controladas por Maduro bloquearon la asistencia antes de que pudiera cruzar la frontera. Estos grupos y unidades controlados por Maduro arrojaron gases lacrimógenos y dispararon balas de goma contra manifestantes, y además incendiaron algunos camiones con asistencia humanitaria. Asimismo, una embarcación que llevaba asistencia humanitaria desde Puerto Rico hacia Venezuela recibió una amenaza directa de fuego por parte de buques de la marina venezolana.

Uno de los grupos posicionados en la frontera venezolana para impedir que la asistencia humanitaria llegara a la población fueron las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de Maduro. La presencia de las FAES en la frontera se produjo simultáneamente al anuncio de que llegaría asistencia humanitaria a las regiones fronterizas. Inicialmente, Maduro creó las FAES para eliminar a bandas armadas y rescatar a rehenes; desde entonces, las FAES han sido usadas por Maduro para reprimir el disenso a través de operaciones letales, perseguir a opositores políticos de Maduro y a la oposición, y controlar a multitudes de manifestantes. Maduro ha preparado a las FAES para que actúen como una fuerza leal a él, en vez de estar al servicio del pueblo venezolano o de la constitución. El régimen ilegal de Maduro utiliza a las FAES para reprimir expresiones públicas de rebeldía por parte de miembros de las Fuerzas Armadas, incluido cuando el régimen de Maduro detuvo a miembros de la Guardia Nacional Bolivariana después de que expresaran lealtad a la oposición, en enero de 2019.

Luego de impedir que la ayuda llegara a los ciudadanos venezolanos, Maduro interrumpió los lazos diplomáticos con Colombia. Según el canciller colombiano, luego de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad venezolanas a lo largo del día, las autoridades colombianas documentaron que las acciones violentas del régimen de Maduro habían dejado un saldo de al menos cinco muertos y 285 personas heridas, de las cuales 27 debieron ser hospitalizadas.

Las siguientes seis personas designadas hoy controlan a muchos de los grupos que impidieron que la asistencia humanitaria ingresara en Venezuela el 23 de febrero, y se ha determinado que estas personas son funcionarios actuales o exfuncionarios del Gobierno de Venezuela:

• Richard Jesús López Vargas (López) es mayor general y comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, conocida como GNB, además de miembro del Alto Mando de la GNB. López es un militar venezolano que ha mantenido a Maduro en el poder y es uno de los altos mandos militares venezolanos que ayuda actualmente a Maduro a conservar el control sobre las Fuerzas Armadas venezolanas.

• Jesús María Mantilla Oliveros (Mantilla) es mayor general y comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Guayana, denominada comúnmente REDI Guayana. Antes de la entrega humanitaria del 23 de febrero, Maduro instó a Mantilla a reforzar las medidas de seguridad en la frontera venezolana con Brasil, a fin de proteger al pueblo venezolano frente a provocaciones o hechos de violencia que pudieran ocurrir en la frontera. Maduro agregó que su régimen ilegítimo estaba planificando el envío permanente de militares a estas zonas fronterizas.

• Alberto Mirtiliano Bermúdez Valderrey (Bermúdez) es general de división de la Zona Operativa de Defensa Integral del estado Bolívar, denominada comúnmente ZODI estado Bolívar, fronteriza con Brasil. Bermúdez es muy cercano con el comandante de REDI Guayana, Mantilla y el comandante general de la GNB, López.

• José Leonardo Noroño Torres (Noroño) es general de división y comandante de la Zona de Defensa Integral en el Estado Táchira, denominada comúnmente ZODI estado Táchira, fronterizo con Colombia. A mediados de febrero de 2019, Noroño identificó a miembros de la oposición como actores apátridas, calificándolos de traidores que desean ver a Venezuela bañada en sangre.

• José Miguel Domínguez Ramírez (Domínguez) es comisionado jefe de las FAES en el estado de Táchira. Asimismo, Domínguez fue director de Operaciones de las FAES, que están dentro de la órbita de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela, denominada habitualmente PNB. En 2018, Domínguez habría señalado que la finalidad de las FAES era cumplir la función de erradicar las mafias de criminalidad organizada que se dedican a contrabando y extorsión, y que el foco principal de las FAES es combatir a grupos paramilitares en la frontera, que atacan a la población y fomentan la guerra económica. En realidad, las FAES son conocidas por su papel violento en la represión del disenso expresado por opositores políticos de Maduro, la oposición y manifestantes, y apenas el 23 de febrero impidieron que llegara ayuda humanitaria a la población venezolana que la necesita en forma acuciante. Según Domínguez, existe una coordinación explícita entre las FAES en Táchira y el comandante Noroño de la ZODI Táchira. Previamente, Domínguez integró el equipo de seguridad venezolano que abrió fuego contra estudiantes sin armas que se manifestaban el 12 de febrero de 2014, lo que provocó la muerte de al menos uno de los estudiantes, Bassil Dacosta. Domínguez también ha sido vinculado con el ataque con explosivos ocurrido en 2008 en la sede de la Cámara de Comercio venezolana, conocida como FEDECAMARAS, que tuvieron un saldo de un muerto.

• Cristhiam Abelardo Morales Zambrano (Morales)fi es director de la PNB y coronel en la GNB. A principios de 2018, mientras era jefe regional de la PNB en el estado Táchira, Morales fue responsable de la fuga de varios internos encarcelados en un edificio de la PNB en ese estado.

Para obtener información sobre los métodos utilizados por figuras políticas venezolanas de alto rango, sus asociados y testaferros para trasladar y ocultar el lucro originado en la corrupción, incluido el modo en que intentan explotar el sistema financiero y el mercado inmobiliario de Estados Unidos, consulte los documentos de orientación de FinCEN FIN-2017-A006, “Orientación sobre corrupción pública generalizada en Venezuela” y FIN-2017-A003, “Orientación para instituciones financieras y empresas y profesionales de los bienes raíces”.

Como resultado de las medidas de hoy, todos los bienes y participaciones en bienes de estas personas, y de entidades en las que el 50% o más pertenezca, en forma directa o indirecta, a tales personas, que se encuentren en Estados Unidos o en poder o bajo el control de personas estadounidenses, quedan bloqueados y deben ser informados a la OFAC. Las reglamentaciones de la OFAC prohíben de manera general todas las transacciones de personas estadounidenses o que se realicen dentro de Estados Unidos (o que transiten por ese territorio) que involucren bienes o participaciones en bienes de personas bloqueadas o designadas.

Las sanciones estadounidenses no serán necesariamente permanentes, sino que tienen como propósito motivar un cambio positivo de conductas. Estados Unidos ha dejado en claro que existe la posibilidad de que se cancelen las sanciones impuestas a personas designadas conforme la Orden Ejecutiva (E.O.) 13692 o la Orden Ejecutiva 13850, que tomen medidas concretas y genuinas para reinstaurar el orden democrático, se nieguen a participar en violaciones de derechos humanos, se pronuncien abiertamente contra los abusos cometidos por el exrégimen de Maduro y combatan la corrupción en Venezuela.