A pedido de su primer ministro, Boris Johnson, la reina Isabel II suspendió el Parlamento británico para facilitar la ejecución del Brexit.
Según la tradición constitucional del Reino Unido, la reina no tiene derecho a oponerse a un pedido del primer ministro. Pero en este caso en particular sí podía hacerlo –algunos estimarán incluso que habría tenido que hacerlo.
En efecto, la suspensión del Parlamento sólo puede estar motivada por razones técnicas –como una elección, por ejemplo– pero nunca para alcanzar un objetivo político. Además, desde la época de la reina Victoria, las suspensiones nunca fueron tan largas como esta –un mes.
Contrariamente a la creencia mundialmente generalizada, la reina no es una figura decorativa con un papel puramente folclórico. La monarquía es un sistema político que se basa simultáneamente en la nobleza –propietaria de la mayoría de los bienes inmobiliarios y representada por la Cámara de los Lores– y en la figura del monarca. Este último dispone de un poder supremo que sólo puede utilizar en caso de extrema necesidad. En ese caso se halla la cuestión del Brexit, contra el cual el Parlamento ha venido aplicando una política obstruccionista durante 2 años.
El orden del día de la Cámara de los Comunes –la única asamblea británica cuyos miembros se someten al veredicto de las urnas– se somete a la aprobación del monarca, quien logra así impedir cada año la discusión de un promedio de 10 proyectos de ley, sin que esto llegue ni siquiera a mencionarse en la prensa. Generalmente se trata de textos de importancia menor que tratan de limitar los privilegios de la nobleza o de la monarquía.
Más importante es que el hecho que el monarca británico es comandante en jefe y dirige la justicia militar. Debido a ello dispone de un importantísimo derecho de censura en los medios de difusión, como pudo comprobarse durante la rebelión en Irlanda del Norte. El monarca es también el jefe de la Iglesia anglicana –también representada en la Cámara de los Lores– y ahora es además protector de los demás cultos.
En resumen, el papel del monarca en el Reino Unido es comparable al del Guía de la Revolución en la República Islámica de Irán –es simultáneamente el principal jefe militar y el líder religioso supremo. Es por eso que la reina recibe cada mañana, al mismo tiempo que el primer ministro, una carpeta roja altamente secreta que contiene una síntesis de las informaciones recogidas por la inteligencia británica.
El papel del monarca británico se extiende además a los llamados «dominios británicos», como Australia y Canadá. Por ejemplo, en 1975 la reina Isabel II obligó el primer ministro de Australia, Gough Whitlam, a dimitir porque aquel político quería cerrar la base de escuchas de la NSA (la National Security Agency de Estados Unidos) en Pine Gap. La reina consideró que el sistema de escuchas de las comunicaciones mundiales vía satélite de los «Cinco Ojos» era parte de la Carta del Atlántico y que su primer ministro en Australia no podía desmantelarlo.
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