La Fundación Rockefeller tiene como presidente al doctor Rajiv Shah, un alto funcionario ‎estadounidense especializado en la manipulación de “ayudas humanitarias” como ‎instrumentos de presión política. El doctor Rajiv Shah fue director del programa ecologista de ‎la Fundacion Bill y Melinda Gates en África, antes de que Hillary Clinton lo pusiera a la cabeza ‎de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Parece ser miembro ‎del grupo de plegaria conocido como The Fellowship, que sirve de pretexto para que Hillary ‎Clinton se reúna frecuentemente con los jefes del estado mayor estadounidense en un lugar ‎cercano al Pentágono. ‎

La Fundación Rockefeller ha presentado un Plan de Acción Nacional para el Control del Covid-19, ‎que propone una serie de «pasos pragmáticos para reabrir nuestros centros de trabajo y nuestras ‎comunidades». ‎

Ese plan, a pesar de su título, no plantea simplemente medidas sanitarias. Varias de las más ‎prestigiosas universidades –como Harvard, Yale y Johns Hopkins– participaron en su elaboración y ‎es el preludio de un verdadero modelo social jerarquizado y militarizado. En la cumbre… el ‎‎«Consejo de Control de la Pandemia, análogo al Consejo de Producción de Guerra que ‎Estados Unidos creó durante la Segunda Guerra Mundial». ‎

En ese Consejo figurarían «líderes del mundo de los negocios, del gobierno y del mundo ‎universitario», en ese mismo orden de importancia y poniendo en primera fila no a los ‎representantes del gobierno sino a los representantes del mundo de la finanza y de la economía. ‎

Ese consejo supremo tendría el poder de decidir qué se produce y qué servicios se prestan, ‎gozando de una autoridad similar a la que se confiere en tiempo de guerra al presidente de ‎Estados Unidos en la actual Ley para la Producción de la Defensa. El Plan propuesto prevé que ‎deben realizarse tests de verificación del Covid-19 a 3 millones de estadounidenses ‎cada semana pero que la cantidad de estadounidenses verificados semanalmente debe elevarse a ‎‎30 millones en 6 meses. El objetivo sería alcanzar en un año la capacidad necesaria para realizar ‎ese test de verificación a 30 millones de personas al día. ‎

Según el Plan, cada persona sometida al test recibiría «un reembolso adecuado a un precio de ‎mercado de 100 dólares». Lo cual significa que se invertirían, en dinero proveniente de los ‎fondos públicos, «miles de millones de dólares cada mes». ‎

La Fundación Rockefeller y sus socios financieros contribuirían a la creación de una red encargada ‎de proporcionar garantías de crédito y de garantizar la firma de contratos con los proveedores, ‎o sea con las grandes empresas productoras de medicamentos y de equipamiento médico. Según ‎el Plan, el «Consejo de Control de la Pandemia» estaría además autorizado a crear un «Cuerpo ‎de Respuesta a la Pandemia», o sea una fuerza especial que no por casualidad el Plan ‎denomina «Cuerpo» –en inglés Corp–, como el Marine Corp o «Cuerpo de Marines». ‎Ese «Cuerpo» contaría de 100 000 a 300 000 miembros reclutados entre los miembros de los ‎actuales Peace Corps (los Cuerpos de Paz) y los AmeriCorps, creados por el gobierno de ‎Estados Unidos para, oficialmente, «ayudar a los países en vías de desarrollo», así como entre ‎los militares de la Guardia Nacional. ‎

Los miembros del «Cuerpo de Respuesta a la Pandemia» recibirían un salario promedio bruto de ‎‎40 000 dólares anuales, para lo cual se prevé un gasto público de 4 000 a 12 000 millones de ‎dolaras. El «Cuerpo de Respuesta a la Pandemia» tendría como principal tarea garantizar el ‎control de la población mediante técnicas de tipo militar, utilizando sistemas de seguimiento e ‎identificación, en los centros de trabajo y de estudios, en los barrios de viviendas, en los locales ‎públicos y durante los desplazamientos de las personas. La Fundación Rockefeller recuerda que ‎Apple, Google y Facebook ya disponen de sistemas que permiten realizar ese tipo de trabajo. ‎

Según el Plan, las informaciones sobre cada individuo, su estado de salud y sus actividades serían ‎confidenciales… «en la medida de lo posible». Pero se guardarían en una plataforma digital ‎centralizada cuya gestión conjuntamente estaría en manos del Estado federal y de ciertas ‎empresas privadas. ‎

Los datos proporcionados por el «Consejo de Control de la Pandemia» serían utilizados para ‎decidir periódicamente qué zonas serían sometidas a medidas de confinamiento y por cuánto ‎tiempo. ‎

Esto es, a grandes rasgos, lo que plantea el Plan que la Fundación Rockefeller pretende instaurar ‎en Estados Unidos, así como en otras tierras. Su aplicación, aunque fuese sólo parcial, daría ‎lugar a una concentración del poder económico y político en las manos de élites aún más ‎restringidas que hoy, en detrimento de una creciente mayoría que se vería privada de sus ‎derechos democráticos fundamentales. ‎

Y toda esa operación se desarrolla invocando la necesidad de «controlar el Covid-19», cuya tasa ‎de mortalidad –según los datos oficiales– se sitúa hasta ahora por debajo de un 0,03% de la ‎población estadounidense. El Plan de la Fundación Rockefeller utiliza el virus como un arma, de ‎una manera aún más peligrosa que el riesgo que el Covid-19 puede representar para la salud ‎humana. ‎

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National Covid-19 Testing Action Plan

The Rockefeller Foundation. 21 de abril de2020


(PDF - 592.1 kio)

Traducido al español por la Red Voltaire a partir de la versión al francés de Marie-Ange Patrizio