Las lámparas de Alasino

La verdad está hecha de falsedades parciales.
Juan Manuel de Prada, La tempestad,
Planeta, Barcelona, 1997.

Había sido un hombre maravilloso, con una familia modelo, apreciado en el barrio, pero cuando los reporteros de la televisión fueron a preguntar a los vecinos si alguna vez habían imaginado que podía ser el autor de crímenes aberrantes, nadie lo creyó. Era una escena que podía verse de vez en cuando en informativos de cualquier país del mundo. Con los senadores argentinos que me desvelaban pasaba algo parecido.

Algunos habían desafiado dictaduras, otros denunciado delitos, por lo general todos eran esforzados luchadores políticos, y muchos tenían su título universitario. Sin embargo, en algún momento también habían emprendido las rutas gregarias de la corrupción.

Me tocaba ahora armar el rompecabezas de los bienes declarados por los principales sospechosos. Mi intención era ahondar en la veracidad de los elementos grapados a la causa judicial y apartarme de la tentación de extraviarme averiguando el origen de una presunta conspiración. Los documentos y fuentes con los que contaba provenían de esferas oficiales del Estado. Antes de llegar a mi escondite en el departamento de Caballito habían pasado el tamiz de funcionarios del gobierno, magistrados y dirigentes políticos creíbles. Ciertos datos fueron rescatados de los desagües del olvido en expedientes penales o civiles viles, gracias a manos amigas. Pero me había negado a entrevistar a agentes de servicios de inteligencia, en actividad, expulsados o jubilados, para no empañar la objetividad de mi investigación. Cuando me puse a trabajar en este capítulo, y como ya era mi costumbre, recurrí al socorro espiritual que solía procurarme la música. Esta vez me puse a flanear con el oratorio del veneciano Antonio Caldara. Apenas comenzó, me pareció ver que unas lágrimas bañaban las mejillas de la Madalena ai pie di di Cristo. Afuera la lluvia golpeaba con rigor las calles de Buenos Aires.

Augusto Alasino, senador justicialista por Entre Ríos, parece ser un hombre insultantemente listo. Muchos datos acerca de él se encuentran en la página oficial del Senado en Internet. Sabemos que nació el 31 de mayo de 1947, en Maciá, Entre Ríos, que es abogado, y doctor en leyes graduado en la Universidad Nacional del Litoral.

Sin embargo, conociendo su historia, bien podría decirse que la amnesia debía ser en Alasino la única forma estable de felicidad. Para las apariencias, los galones lo entorchaban de gloria. El ex presidente Raúl Alfonsín hubo de reconocerle rango de gran negociador en la reforma Constituyente de 1994, cuando Alasino presidiera el Bloque de Convencionales del Partido Justicialista. No sólo había sido presidente del PJ en Entre Ríos, sino también congresal provincial y nacional. Escaló a diputado nacional entre 1987 y 1991, y entre 1990 y 1991 fue Vicepresidente 1ro de la Cámara Baja. Descolló como uno de los progenitores de la ampliación de la Corte Suprema de cinco a nueve miembros "para agilizar la tarea del Poder Ejecutivo perdón, del Poder Judicial", y definió a la Comisión Bicameral que debía monitorear la privatización de la economía argentina "para cubrir a los compañeros que robaban», según Horacio Verbitsky en Robo para la Corona libro -jamás desmentido desde su aparición en 1991. Desde 1992 ha sido Senador Nacional, siempre por Entre Ríos. En la Cámara Alta condujo la Comisión de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios, y la de Asuntos Subregionales, Provinciales, Estaduales y Municipales; fue Vicepresidente lro, y luego Presidente, del Bloque de Senadores del PJ. En el plano internacional ocupó la Vicepresidencia del Parlamento Latinoamericano e integró la delegación argentina ante la Unión Interparlamentaria.

En Entre Ríos el humor popular dice que Concordia está detrás del palacete de Alasino en esa ciudad, iluminando a fuego el contraste entre la morada lujuriosa y la pobreza que arruina a los entrerrianos. La mansión ha sido valorada por peritos oficiales en 690.’000 dólares. La denuncia penal que dio lugar a la indagación del presunto enriquecimiento ¡lícito de Alasino que recoge la ostentación de una residencia cuyo valor está muy por encima de lo que pudo haber ganado con el sudor de su frente, fue deflagrada por el periodista Daniel Enz, en el semanario Análisis, de Paraná, el 25 de julio de 1996. Con la revista como equipaje, la presentaron cuatro días más tarde el diputado provincial de Entre Ríos, Adolfo Lafourcade, el actual senador nacional por la UCR, Alcides López, y otros dirigentes radicales.

La jueza interviniente, Marta González de Amaduzzim se excusó por sus antecedentes radicales. El sumario quedó radicado en el juzgado de Héctor Pessolani y el fiscal Jorge Suñer, ambos de Concordia. Al entender que los fondos involucrados eran presuntamente de orden nacional, Pessolani se excusó en beneficio del defensor oficial Eduardo José Laurito, quien estaba provisoriamente a cargo del juzgado Federal de Concepción del Uruguay, con jurisdicción en Concordia, desde que su titular, Héctor Neyra, se jubilara el 30 de junio de 1994, dejando vacante aquel puesto.

Laurito logró conformar 14 cuerpos con 2.800 fojas. Solicitó más de 40 informes y pericias a distintos bancos, al Colegio de Abogados y a la Caja Forense. Esta última notificó al juez que Alasino era el letrado más pobre de Entre Ríos.

Pero en marzo de 1998, cuando Laurito quiso pasar al acto de pronunciarse, fue removido de sus funciones y suplantado en forma provisional por Juan José Papetti. Alasino lo neutralizó con sapiencia. Le hizo aplicar la Ley de Ministerio Público, sancionada por el Senado días antes, y que, como una verdadera barrera, impidió que Laurito se expidiera. La astucia consistió en relevarlo con el argumento de que ningún fiscal o defensor del fuero federal puede cumplir funciones de juez subrogante, como lo venía haciendo Laurito desde que reemplazara al titular Neyra, cuyo puesto seguía inauditamente vacante desde 1994.

Sin embargo, en el juzgado de Papetti la fiscalía seguía en manos de María de los Milagros Squivo, cuya designación impulsara el propio Alasino desde el Senado Nacional. De los denunciantes, súbitamente Lafourcade se quedó solo, porque Alcídes López se cambió de bando. Fue llamado al orden por el jefe de su bancada, el mendocino José Genoud, y se desentendió de proseguir la querella. López comparte hoy con Alasino el privilegio de formar parte del pelotón de 11 senadores en cuarentena por las coimas del Senado.

Desplazados el juez Laurito y el senador López del campo de batalla, la fiscal María de los Milagros Squivo, apadrinada en el Ministerio Público por Alasino, pidió el archivo de la causa. Papetti se plegó y el sumario se disolvió en la nada cotidiana de mayo de 1998. Cuando el diputado provincial Lafourcade fue a pedir la reapertura de las diligencias al eclosionar las coimas del Senado dos años después con Alasino en el centro de gravedad, Papetti miró para otro lado.

Papetti nunca fue confirmado como juez federal por el Consejo de la Magistratura. No obstante mantuvo la competencia al frente del Juzgado Federal de Primera Instancia de Concepción del Uruguay, desde el cual el 8 de enero de 2001 notificó a su colega Gabriel Cavallo de la Capital Federal, que la causa de Alasino se mantenía archivada.

Sin duda, Alasino hacia gala de una eficacia letal. Como en una danza, dio un paso atrás. Quizá pensó que no debía abusar de la credencial temporal de la impunidad. Tal vez por ello renunció a la presidencia de la bancada del PJ el 10 de septiembre de 2000, conservando, empero, su escaño de senador. Fue en ese comienzo eléctrico de septiembre de 2000 cuando presentó su declaración de bienes en la Cámara Alta. Bienes cuantiosos, por cierto. Aparece como titular de cinco automóviles de marcas diferentes, dos de ellos con placas correlativas (Renault, Mazda, BMW y dos Peugeot). También una camioneta Ford F-100, un Fiat Uno y la lancha Cleo II, de 6 metros de eslora, y calcula el valor de estos tres bienes en 28.360 pesos, cifra devaluada porque solamente la embarcación cuesta 25.900 pesos. Posee 12 inmuebles, valorados en 850.000 dólares. A los 14.818 pesos que cobra mensualmente como senador nacional, añade ingresos anuales -profesionales y agropecuarios- por 10 1.693 pesos. Le suma 119.771 pesos en ganado de cría, implementos agrícolas y bienes del hogar. Agrega un fondo de pensión de 115.892 pesos, y una hipoteca por 202.000 pesos.

En su declaración hay un olvido y resalta una curiosidad. No incluyó una residencia en el edificio Portofino de Punta del Este, Uruguay, a nombre de una sociedad de fantasía cuya utilera es una mujer testaferro del marionetista Armando Gostanián, ex jefe de la Casa de la Moneda durante la década menemista, y engrosó indebidamente su sueldo de senador en 5.550 pesos. Alasino expropió la caja chica que el Senado destina a los gastos correspondientes a los 37 senadores justicialistas de su bancada para utilizarla a su antojo. La revista Análisis, de Entre Ríos, insiste desde 1996 en que su fortuna ronda los 3 millones de dólares. Alasino no ha osado querellarla.

El senador entrerriano radicó con desenfado en su domicilio porteño de Coronel Díaz 1845, décimo piso, la sociedad patrimonial a la que se sujetan sus bienes. En la compañía también figuran su hijo Carlos María, el contador Eduardo José María Cinto, primo hermano de Alasino y legislador provincial del FJ hasta el 2003, y otras tres personas: Héctor Ambrosino, Néstor Otero, y José Díaz, arrendatarios, criadores y reproductores de caballos a porcentaje. La razón social de la empresa, que lleva por patronímico Nabori, es el desarrollo de actividades agropecuarias, y su capital asciende a la insignificante suma de 2.700 dólares. Es dueña, entre otros, del Haras El Trompo, que posee numerosos caballos de pura sangre para turf, de propiedades rurales en Colonia Yeruá y Yuquerí, en Concordia, y del estudio jurídico de Yrigoyen 723 de Concordia, donde atiende la actual esposa de Alasino, María Virginia Salar¡ y las letradas María Angélica de Ledesma y Analía Cardoso, y en el cual Alasino no ejerce por estar inhibido para litigar contra el Estado al ser legislador nacional.

Cabe señalar que María Virginia Salar¡ es la segunda esposa de Alasino. Antes, el senador estuvo casado con María Luisa Iribarren, de quien se divorció el 14 de octubre de 1991. Los nombres femeninos aparecen cruzados en la falsa información que la Policía Federal dio acerca de Alasino, cuando en la causa "Ortega, Ramón B. y otros s/cohecho», se decidió inventariar su patrimonio. Según los pesquisas, Alasino aparecía aún casado con María Luisa Iribarren, de la cual en realidad se había divorciado nueve años antes. Inducido al error, el juzgado ordenó en consecuencia investigar los bienes de esta mujer, obviando a la actual, la abogada María Virginia Salar¡. La equivocación fue parcialmente subsanada por el juez Cavallo en un auto del 11 de mayo de 2001. Hizo suspender la investigación sobre la Iribarren pero no ordenó que se ocuparan de la Salari.

Las supuestas confusiones derivadas de los matrimonios de Alasino servirían para redactar un manual de cómo también se pueden emborronar pistas cuando el dinero discurre por un fajo de tarjetas de crédito. Visa admite dos. Una dada de alta el 16 de junio de 2000, de un Alasino soltero, y otra que expiró en agosto de 2001, y corresponde a un Alasino casado. Divorciado en 1991, y por más que no haya pasado por el Registro Civil para formalizar su pareja con la abogada Salar¡, para la legislación argentina Alasino no puede volver a ser soltero. Los estados civiles reconocidos por la ley nacional son: soltero, casado, separado legalmente, divorciado y viudo. ¿Cómo fue posible que, aproximadamente en agosto de 1999, cuando Visa le autorizó la tarjeta que venció en agosto de 2001 fuera casado, y en junio de 2000, cuando le otorgaran la otra, fuera soltero? (Véanse documentos correspondientes en Anexo L) El DNI declarado por Alasino en Visa es el 5.884.756, pero enArgencard da por bueno otro, número 5.864.607, lo que le permite tener una tarjeta de crédito distinta, con cargo a una cuenta en el Citibank de Santa Fe, establecimiento en el que ha tenido dos cuentas. A este banco, y al Galicia y el Río, Alasino dice deberles 203.000 pesos, y nadie en los tribunales federales de Comodoro Py en Buenos Aires le ha preguntado todavía cómo hace para devolverlos.

Como en la vida, la novela de este Alasino codicioso se componía de detalles y, a veces, el más nimio era el más inolvidable. En ese rango debía clasificarse el proyecto elucubrado por Alasino en noviembre de 2000, en el que proponía que el Senado sancionara "el ejercicio extralimitado de la libertad de expresión". Le quitaba el sueño la posibilidad de que la información publicada ocasionara "un perjuicio al honor y la propia imagen". Lo que soterradamente perseguía era revisar el derecho a réplica y conculcar el derecho al secreto de la fuente periodística. Alasino se abrazaba al salvavidas del constitucionalista Rafael Bidart Campos, quien con razón criticaba a los medios cuando "enlazaban interesadamente a los elencos del poder y pierden neutralidad, imparcialidad y objetividad". Esa actitud catalogada por Bidart Campos de "nefasta" se aplicaba a los órganos de prensa que "en muchas ocasiones se transforman en vehículos transmisores de suspicacias, falsedades o expresiones que llegan a configurar claras violaciones a los más elementales derechos personales". Pero llevando agua para su molino, Alasino hacía hablar a Bidart Campos de otra cosa, pretendiendo denostar las legítimas crónicas y editoriales que inundaron el país y que según este senador afectaron "bienes y valores que el ordenamiento jurídico protege, pertenecientes a la esfera personal y colectiva en calidad de integrantes del Senado". El proyecto de Alasino naufragó.

Otro protagonista central de la historia era Remo José Costanzo, segundo de a bordo en el Bloque de Senadores Justicialistas desde 1996. Su técnica respondía a aquel dicho popular según el cual para que una mentira resulte verosímil hay que rodearla de pequeñas verdades.

Natural de Viedma Río Negro, escribano adhirió al justicialismo en 1969. Se ocupó de las finanzas del PJ a escala nacional entre 1985 y 1989, año en que fue electo Senador Nacional. En las siguientes elecciones fue reelegido, ampliando su mandato hasta 2001. Próximo a los 70 años, Costanzo dice haber acopiado una casa habitación en Viedma valuada en 110.000 pesos, y un departamento en Capital Federal de 59.000 pesos. En condominio por sucesión de sus progenitores, reconoce ser propietario de una parte de su estudio profesional en Viedma de un local comercial, de un hotel y su confitería. Asimismo de la sede de la Fundación Proyecto Sur, con filiales en General Conesa y San Carlos de Bariloche, creada para impulsar iniciativas de desarrollo comunitario y distintas actividades tendientes a atenuar la crisis por la que atraviesa la provincia de Río Negro, y "contribuir a la formación integral de la persona, la familia y la organización social". Estima el valor total de estos bienes en 350.000 pesos, pero omite indicar las fuentes de financiamiento de los proyectos y publicaciones que propagandiza su Organización No Gubernamental (ONG), con aspiraciones a insertarse desde el Valle Inferior del Río Negro en el Mercosur. Costanzo se moviliza en tres Peugeot, que valdrían en conjunto 59.000 pesos: un 106 modelo 1998, un 406 de 1999, y un 405 SR 1993, este último uno de los dos vehículos utilizados para recoger y distribuir las coimas, según el anónimo difundido en el Senado.

La exposición de bienes de Costanzo era, como mínimo, engorrosa. Arrogante y necio, no decía en el domicilio de Internet reservado a los Senadores, que los valores que declara son los de valuación fiscal y no los de mercado, y olvidaba incluir otros cuatro automóviles, un Citröen, un Ford, y dos Peugeot 406, uno en partes iguales con su mujer, y otro adquirido exactamente el 10 de abril de 2000, el aborrecido mes en que la SIDE extrajo los fondos del Banco Nación para pagar las coimas en la Cámara Alta. Fue por lo demás en ese mes que Costanzo canceló 265.500 pesos de una deuda total de 414.600 pesos que debía a los bancos Patagonia, Boston, Bansud y Ciudad de Buenos Aires. Lo cierto es que el lote sustantivo del parque automotor de Costanzo se constituyó durante el ejercicio de su mandato como Senador, por más que en sede judicial asegurara no haber incorporado "un solo bien a mi patrimonio" en sus once años de mandato.

Al tenerlo amarrado por ley a testimoniar el 29 de agosto y el 14 de noviembre de 2000, los integrantes de la judicatura encargados de interrogarlo no le preguntaron cómo compró tantos autos, ni cómo había hecho para saldar parcialmente su deuda bancaria, ni si la seguía pagando. Tampoco si había concurrido a reuniones relacionadas con la Reforma Laboral que se hubieran celebrado fuera del Senado. En su atolondramiento por convencer, Costanzo resbaló en el error. Abusó con desparpajo cuando dijo que "al gobierno nacional no le servía pagar sobornos porque la ley en definitiva no salió como quería el Poder Ejecutivo". Y barbotó que no había participado "en ninguna reunión particular (...) salvo la ocasión en que estuvo con el Presidente". Confirmaba de este modo el anónimo en aquella parte que dice que "La cuestión comenzó en el propio despacho del Dr. De la Rúa lo cual agravó su situación. Es bien sabido que ese anónimo sólo menciona a los senadores Genoud, Tell y Alasino como quienes estuvieron en esa audiencia con el Presidente y Flamarique. Y sitúa a Costanzo y Branda a la espera de sus tres colegas "fuera de la Rosada". Resulta indudable que la verdad se desenvuelve mejor en el laconismo, y de que la locuacidad es un ornamento de salvaguarda para hacer pasar desapercibida la mentira. Costanzo lo había demostrado. Su voz también debería aparecer en la cinta con la que Alasino amenaza hacer trizas los cimientos de la República.

Costanzo está bien equipado para estas lides. Su hija Silvana Andrea está instalada como notaria, su hijo y abogado Gustavo es intendente de Viedma hasta 2003 y su otro vástago también diplomado en derecho, Fernando José, es su colaborador más directo en el Senado. También cuenta en su despacho con Martín Fraga Mancini su empleado fiel en la Cámara Alta, nombrado el 29 de diciembre de 1989, diecinueve días después de que Costanzo se adueñara de una banca. Fraga Mancini nació en 1968, es categoría 1, y percibe un sueldo bruto de 3.501,95 pesos. Está casado con Claudia Beatriz Arias, también del 68, categoría 2, que gana 2.525,95 pesos, y fue contratada en el Senado el 1 de julio de 1997 a instancias de Costanzo, cuando fue reelegido para un segundo mandato hasta 2001.

Un año antes de que comenzara a trabajar en el Senado, sin oficio ni beneficio conocido y haciéndose pasar por soltera, Claudia Beatriz Arias compró la parcela 14 del Country Club Golfer’s de Pilar -1.120 metros cuadrados ubicados en la intersección de las calles Punta del Este y Avenida América---, por la que pagó "22.000 dólares estadounidenses en billetes". Era el 15 de enero de 1996, y para completar el monto de la compra, la Arias de Fraga Mancini recibió un préstamo hipotecario de "72.889 dólares estadounidenses en billetes", pagaderos en "diez cuotas iguales, mensuales y consecutivas de ocho mil doscientos dólares estadounidenses en billetes cada una", de dos señores que dijeron llamarse Horacio Ernesto Di Yorio y Ricardo Costantino Sharnmas. Sobre este predio, el matrimonio construyó un complejo habitacional con superficie cubierta en planta baja y planta alta de 447 metros cuadrados cuatro dormitorios tres baños, cocina comedor diario, estar comedor, toilette, vestidor, habitación de servicio y lavadero, un cuarto de usos múltiples, pileta de natación, solarium y un parque de 886 metros cuadrados. El valor del chalet oscila entre los 170.000 y los 180.000 dólares. ¿Cómo hicieron los Fraga Mancini-Arias para conseguir ese capital, con poco más de 4.000 dólares de sueldo y devolviendo una deuda de 72.000 dólares a razón de 8.200 dólares por mes?

La carpeta de las ampliaciones de las posesiones de los Fraga Mancini-Arias muestra más de lo mismo. El 9 de noviembre de 1999, la pareja adquirió la parcela 65 del Golfer’s Club, de 800 metros cuadrados, pagando 30.000 dólares estadounidenses "que fueron abonados el 1 de noviembre de 1995", es decir, cuatro años antes de la fecha consignada en la escritura. Lo cedieron en usufructo vitalicio a los padres de Fraga Mancini, Alfredo Norberto Fraga y Norma Nilda Mancini. El 27 deseptiembre de 2000, cuando el descalabro institucional por las coimas del Senado taladraba la vida política nacional, uno de los flamantes beneficiarios del regalo fue a una escribanía y realizó una declaración jurada. Alfredo Norberto Fraga puso en papel notarial que "El inmueble construido en la parcela 65 (...) del Country Golfers de Pilar (...), que registralmente se encuentra a nombre de mi hijo, proveniente el mismo de la venta del inmueble ubicado en Melián 2120, 1ro "A" de la Capital Federal". Al fijar domicilio en la escribanía, Fraga hizo constar que vivía justamente en Melián 2120, 1-0 A, que mal pudo vender para donar su valor en efectivo.

Con voluptuosidad delictiva, los Fraga Manzini - Arias siguieron su fuga hacia adelante. La felicidad doméstica del matrimonio era plena y se sentían bendecidos por sus dos hijos con doble apellido, un varón y una nena, que van a colegios privados pagos. La abundancia material los desbordaba. Los cuatro podían practicar golf, tenis, paddle, hipismo, hockey y natación sin salir del barrio, asociados como estaban al Golfers Club de Pilar, en el que habían pagado 12.000 dólares de cuota de admisión.

Corría el año 2000, y por 2.300 pesos mensuales de expensas comunes, la familia Fraga Mancini-Arias tenía cubiertos los gastos de teléfono, guardia privada, cuota social y mantenimiento. Para trasladarse, la familia contaba con un Mercedes Benz 280CE modelo 1978, un Ford Mondeo Ghia del ’97 y una camioneta Chevrolet Blazer DLXMPFI 4x4, modelo 1998, todos pagos, con la única excepción de una prenda a favor del Banco de Crédito Argentino por 22.000 dólares. Con hipoteca y prenda a remolque de un ingreso ligeramente superior a los 4.000 pesos por mes, ¿cómo hacían para llevar además un tren de vida tan suntuoso?

Las esquirlas de la explosión senatorial no dejaron inmunes a los Fraga Mancini-Arias. Para sustraerse al tumulto, despegaron a toda prisa del país rumbo a Varadero, Cuba. Salieron el 5 de agosto de 2000 y regresaron el 13 siguiente. Dos días después los ponía en evidencia el renombrado anónimo que atacó la dictadura de lo políticamente correcto en la Cámara Alta. "Martín debe de haber llegado de ese viaje o está por venir y trabaja en lo de Costanzo", decía la frase de conclusión del capítulo consagrado a la pareja asentada en Pilar. La sabrosa anécdota anida en el círculo áulico de los choferes senatoriales, con sus, reproches por las migajas, y los celos entre unos y otros. Enterado por esas tuberías de que todos sabían que él "había repartido la mayoría de la plata enviada por Costanzo", Fraga Mancini se lo contó a su mujer "y no durmieron de miedo en toda la noche. Tales fueron los nervios de Martín que Costanzo lo subió a un avión y lo envió de vacaciones junto a la mujer al Caribe".

Adquirieron los pasajes de numeración correlativa en agencias de viaje diferentes. Uno en Tobal y otro en Sol y Son, ambas de Buenos Aires. El tour les costó 2.820 dólares, pagaderos 1000 en efectivo el 19 de julio anterior, más cuatro cheques por 1.400 dólares con cargo a la cuenta de la esposa, en el Banco de la Provincia de Buenos Aires. El saldo se colmó con otros dos cheques, uno por 280 dólares y otro por 140 dólares, también contra la misma cuenta. Las facturas en poder de la justicia no condicen con estos números. Sol y Son extendió una por 2.43 8 dólares, pero no por 2.820 dólares, y tampoco a nombre de los Fraga Mancini-Arias, sino a favor de la agencia de viajes Tobal. Si a decir verdad el periplo playero lo pagó Costanzo, como se desprende del reputado anónimo, lo debe de haber restado de los 600.000 que, siempre al hilo de ese anónimo, le tocaron de las coimas del Senado.

El 3 de noviembre de 2000, los abogados de la pareja presentaron un escrito ante el juzgado Federal. El marido puntualizó que el terreno del Golfer’s Club lo compró en 1996 por 22.000 dólares. La ampliación de la vivienda allí emplazada la había financiado, decía, con un crédito hipotecario de 39.380 pesos. Reafirmaba que la parcela había sido entregada a sus padres en permuta por el dinero de la venta del apartamento de Melián 2120, pero no presentó escritura que lo atestiguara. Hablaba de otra en la que quedaba constancia de que sus padres le entregaron 65.500 pesos provenientes de la venta de un inmueble ubicado en juramento 3707/09, piso 5,0 de la Capital Federal, pero no presentaba documento alguno que lo certificara. El resto de su descargo quedó mimetizado en el paisaje inmobiliario que rodeó a los jueces y fiscales en el 2002 de Comodoro Py cuando Fraga Mancini fue citado a indagatoria, el 8 de noviembre.

Se presentó, pero se negó a declarar. Entró y salió, como si se tratara de una ocasión social. Quizá siga ocupándose de organizar las giras políticas del senador Costanzo y de recolectar fondos para sus campañas proselitistas. Sin duda, no descuida la atención del Registro del Automotor de Pilar, a pesar de que allí figura como suplente primero de su padre y luego, de su madre. El negocio reporta hasta 10.000 dólares mensuales y exige como único requisito la idoneidad de quien abre oficina al público. En la práctica eso queda respaldado por la carta de un legislador nacional, que a Fraga Mancini seguramente no le resultó difícil conseguir. En sus horas de ocio juega asiduamente al golf con el sindicalista gastronómico ultramenemista Luis Barrionuevo, que vive en el mismo country que él. Es sobrino de Antonio Mancini -médico del senador Eduardo Bauzá- y sobrino político de Esteban El Cardenal Caselli, ex embajador de Menem en el Vaticano y actual Secretario General de la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires. Tiene las espaldas cubiertas.

Al llegar a este punto, me levanté de la silla de trabajo. Miré el reloj: en ese momento mi mujer debía de estar en el teatro, en plena función. Dejé la computadora encendida; después de la cena, envuelto en las volutas de un Sancho Panza, volvería a leer las últimas páginas.

Fui hasta la cocina y me dispuse a preparar los ingredientes para un risoto. Necesitaba comer relajado, y para lograr ese clima lo mejor sería escuchar algo de Telemann que, alfin y al cabo, había compuesto su música para que aristócratas y burgueses comieran en agradable compañía. Destapé una botella acorde con mis posibilidades, un pinot noir de la chilena Viña Undurraga, un Viejo Roble de 1999. Evidentemente, aún no había podido desconectarme. Me sorprendí diciendo: «¡Qué hijos de puta..!»

Fuentes

Causa 9900/00, "Ortega, Ramón B. y otros s/cohecho», copia de la Sentencia de Divorcio Vincular del matrimonio AlasinoIribarren, Tomo XXVIII folios 5452-5453. Auto del juez Gabriel.Cavallo del 11 de mayo de 2001, Tomo xxx, folio 5838. Horacio Verbitsky, Robo para la Corona, Planeta, Buenos Aires, 1991, cuarta edición. Armando Vidal, El Congreso en la trampa, Planeta, Buenos Aires, 1995. Informe al juez Cavallo del juez Papetti de Concepción del Uruguay, notificando el 8 de enero de 2001, la absolución de Alasino en el Expediente 3984 «López, Alcides y otros s/denuncia", juzgado Federal de 1 a Instancia de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, registro de la Secretaría en lo Criminal y Correccional número 2. Revista Análisis, Paraná, 25 de julio de 1996 y 7 de septiembre de 2000. Página 12, Buenos Aires, 31 de julio y 11 de agosto de 1996 y 16 de septiembre de 2000.

Causa 9900/00, "Ortega, Ramón B. y otros s/cohecho", declaración testimonial del 29 de agosto de 2000 de Augusto J. M. Alasino, Tomo ii, folios 224-228. Informe de la Policía Federal, Tomo ix, folio 1800. Informe de Visa Argentina S.A. del 12 de septiembre de 2000, Tomo xi, folios 2013 y 2015. Informe de Argencard S.A., Tomo v, folios 820-823, 940 y 943.InformesdeCitibank N.A., Tomo viii, folios 1451 y Tomo x, folios 1921-1922.

La Nación, Buenos Aires, 5 de abril de 1998 y Clarín, Buenos Aires, 12 y 30 de septiembre de 2000. Causa 9900/00 «Ortega Ramón B. y otros s/cohecho», nota 5912-00 Letra J-c/a Inf. RNBU-199 número 7864, del 19 de septiembre de 2000, firmada por el prefecto mayor escribano Domingo Nicolás Sotondaro, Jefe del Registro Nacional de Buques de la Prefectura Naval Argentina, Tomo x, folios 1904-1905. Informe del 29 de septiembre de 2000, firmado por María Esther Bruzzo, jefa del Departamento Técnico Registral de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios y expediente 1.523.437 de la Inspección General de justicia sobre Nabori S.A., copias en el archivo de los autores.

La Nación, Buenos Aires, 3 de octubre y 22 de noviembre de 2000. Página 12, Buenos Aires, 30 de julio de 1996. Martín Granovsky, op. cit.

Página 12, Buenos Aires, 22 de octubre y 2 de noviembre de 2000. Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Informe sobre declaraciones juradas impositivas años 1998 y 1999 de los Senadores involucrados en las coimas del Senado. Informe del 29 de septiembre de 2000, firmado por María Esther Bruzzo, jefa del Departamento Técnico Registral de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios, copia en el archivo de los autores. Causa 9900/00 "Ortega, Ramón B. y otros s/cohecho nota del 3 de abril de 2001 firmada por el presidente del Jockey Club Argentino, Alfredo Lalor, Tomo XXVII, folios 5216-5219.

Causa 9900/00, "Ortega, Ramón B. y otros s/cohecho». Remo J. Costanzo, su testimonial del 29 de agosto de 2000, Tomo II folios 219-223 y su indagatoria del 14 de noviembre de 2000, Tomo xiii, folios 2452-2460.

Revista Noticias, Buenos Aires, números 1250 del 9 de diciembre de 2000. Recibos de sueldo números 2417 y 2427 del mes de marzo de 2000, correspondientes a Antonio M. Fraga Mancini y Claudia B. Arias. Copias en el archivo de los autores.

Escritura número 246, folio 2099, del 15 de marzo de 1996 ante el escribano José Luis De Andreis, titular del registro Notarial 1069 de la Capital Federal. Contrato de Hipoteca registrado ante el escribano Alberto Jorge Malvino, titular del Registro Notarial 109 de General San Martín. Copias en el archivo de los autores.

Escritura número 1146, folio 6900 del 9 de noviembre de 1999 y Declaración jurada de Alfredo N. Fraga del 27 de septiembre de 2000, formalizada en el Acta número 448, folios R572178 y R375943, ambas ante el escribano José L. De Andreis, titular del registro 1069 de la Capital Federal. Copias en el archivo de los autores.

Causa 9900/00, "Ortega Ramón B. y otros s/cohecho decla ración testimonial del 27 de septiembre de 2000 del presidente del Golfer’s Club, Héctor José Castro, Tomo x, folios 1936-1941. Informe del 29 de septiembre de 2000, firmado por María Esther Bruzzo, jefa del Departamento Técnico Registral de la Dirección Nacional de Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios, copia en el archivo de los autores.

Causa 9900/00, "Ortega, Ramón B. y otros s/cohecho", nota del 13 de septiembre de 2000 de Líneas Privadas Argentinas S.A. (LAPA) firmada por su apoderada, María Marta Sánchez de Bustamante. Cartas de Sol y Son S.A., del 13 de septiembre de 2000, Viajes Tobal S.A. del 14 de septiembre de 2000, Factura A0001 00003658 del 4 de agosto de 2000 emitida por Sol y Son Viaj es S.A. Tomo x, folios 1817, 1823, 183 1, 1832 y 1833 (Véase Anexo I Documentos).

Causa 9900/00, « Ortega, Ramón B y otros s/cohecho", escrito del 2 de noviembre de 2000 de Antonio M. Fraga Mancini y su indagatoria del 8 de noviembre de 1000, asistido por su letrado Roberto J. Castellano, Tomo XII folios 2225-2229 y 2314-2315.

Revista Veintitrés, Buenos Aires, número 49 del 17 de junio de 1999. Expediente 91527/93 del Ministerio de justicia de la Nación. Alfredo N. Fraga, fue puesto en funciones al frente del Registro del Automotor Pilar-2, por Disposición DN 720/93 del 29 de diciembre de 1993. Antonio Martín Fraga Mancini, fue designado Encargado Suplente el 5 de agosto de 1994, por Disposición 8/94 del Ministerio de justicia. La designación fue renovada en dos ocasiones más: el 1 de agosto de 1999 y el 7 de febrero de 2000. Fue reemplazado el 28 de junio de 2000 por su madre, Norma N. Mancini de Fraga, según disposición DN 497/00 del Ministerio de justicia y Derechos Humanos. Documentos en el archivo de los autores.