La ley de la Selva

La noticia llegó a través de la radio. Daba cuenta del asesinato del dirigente rondero José Yajahuanca Adrianzén. Celebraba su cumpleaños número 50 cuando el asesino se apostó en la puerta de la casa en que se celebraba la fiesta y disparó sin mediar ninguna explicación.

El victimario también es conocido. Se trata de un defensor de las actividades mineras en una de las zonas de mayor riqueza ecológica de la región. Es dirigente del ilegal Comité de Autodefensa promovido por la minera de origen canadiense IMP Peru SAC y, es probable, por el mismo Ejército Peruano acantonado en San Ignacio.

Se trata de Antonio Correa Orrego, de 20 años de edad. En realidad, es el secretario del comité de Autodefensa y Desarrollo. Es la misma persona que disparó contra los ronderos y ronderas en Pampa Limón. En su accionar delincuencial impune también rompió el parabrisas del volquete de la municipalidad de Tabaconas. El hecho ocurrió hace un mes y hasta ahora no recibe ningún castigo.

Desde esta perspectiva, el motivo por el que José Yajahuanca Adrianzén perdió la vida salta a la vista: su oposición a las pretensiones de la empresa minera IMP Perú S.A.C. de instalarse en el valle de Tabaconas.

Lo acontecido el viernes 19 de marzo demuestra que reina la ley de la selva y que el proyecto minero defendido a capa y espada por el ministerio de Energía y Minas se quiere imponer al ritmo de los disparos de armas de origen y financiamiento desconocido pero mortal.

Pero, ¿por qué llegamos a estos niveles de violencia?

Primero, porque existe una empresa que no está dispuesta a ceder en sus pretensiones de instalar en la zona una actividad altamente contaminante y de baja generación de puestos de trabajo. Lamentablemente, esta empresa tiene al Comité de Autodefensa de Tamborapa Pueblo como un grupo de respaldo y "seguridad".

Segundo, porque existe una lamentable parcialización de varias autoridades. Esta parcialización se evidencia en las acciones y omisiones realizadas por la Policía Nacional, el Ejército Peruano, el Ministerio Público, la Sub Prefectura de San Ignacio y otros más. Todas estas acciones y omisiones terminan beneficiando a la empresa IMP Perú S.A.C. y perjudicando a los hombres y mujeres que se oponen al Proyecto Minero.

Producido el enfrentamiento del 8 de junio en Pampa Limón (www.radiomaranon.org.pe) se conoció que el grupo armado llamado comité de Autodefensa utiliza armamento que fue entregado por un uniformado (presumiblemente del Ejército Peruano) en ceremonia pública de juramentación realizada en abril del año pasado.

En el fuerte Hoyos Rubio dicen que toda la información se tiene que pedir "a sus superiores". Sin embargo, el pedido del congresista Mario Ochoa al ministro de Defensa de entonces, Aurelio Loret de Mola no tuvo respuesta satisfactoria. Hasta ahora se desconoce si el mencionado Comité de Autodefensa está o no bajo la tutela de los uniformados.

A esto hay que sumar el accionar policial. Las denuncias interpuestas por los ronderos y ronderas que resultaron heridos en Pampa Limón y los que constantemente han sido amenazados por el Comité de Autodefensa de Tamborapa no fueron atendidas con la celeridad y rigor que si se vio en el caso de las denuncias efectuadas por los defensores de la minería.

El 9 de junio del 2003 se interpuso denuncia contra un grupo de simpatizantes de la minera IMP Perú S.A.C. por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud a raíz del enfrentamiento ocurrido un día antes Pampa Limón. La denuncia no prosperó y los pistoleros siguieron con su accionar. Un panorama similar se percibe en las dependencias del Ministerio Público.

El caso del ex Subprefecto de San Ignacio es más preocupante. Con financiamiento desconocido visitó caseríos y centros poblados para hablar de las bondades de la minería. A ello hay que sumar su escandalosa intervención ante autoridades del nivel central en contra de los alcaldes que se oponen a las actividades mineras en San Ignacio.

A todo esto hay que sumar lo acontecido en Panchía el 6 de setiembre de 2003. Llegaron al C.P.M. Panchía. Como se recuerda, dos asesores de los ministerios de Energía y Minas y del Interior pretendían realizar un taller informativo sobre las actividades mineras. La población tomó el puente de acceso al poblado e impidió su ingreso.

Ante la negativa de la población, el funcionario público Fernando Neyra Canales amenazó a las mujeres y hombres de Panchía con iniciar investigaciones por cultivo y tráfico de opio si no aceptaban la actividad minera.

En tercer lugar, toda esta violencia se explica porque existe un desprecio por las manifestaciones democráticas y los derechos humanos. Los defensores de la minería no quieren escuchar el clamor popular que pide su retiro, el respeto a sus cultivos y forma de vida, y su opción de generar su modelo de desarrollo con las actividades económicas que realizan desde hace siglos.

Vivir en un medio ambiente sano y el respeto por las manifestaciones culturales de los pobladores y pobladoras son derechos humanos que deben ser fomentados y respetados por todos y todas.

Ha llegado el momento en que las autoridades deben actuar de acuerdo a la legislación vigente y la doctrina de los derechos humanos para impedir que la ley de la Selva se siga imponiendo y acabando con más vidas. Lo ocurrido en Tamborapa Pueblo no se debe repetir nunca más. Las autoridades tienen la palabra.