La batalla por el referendo

«Algunos reclamaban la organización de un referendo. Bueno, tuvieron la oportunidad y la perdieron». Sonriente, el presidente Hugo Chávez no puede dejar de vez lanzar unos dardos, en este 14 de abril de 2002, durante la conferencia de prensa después de su regreso a Miraflores, el palacio presidencial. Víctima de un golpe de Estado tres días antes, acaba de ser repuesto en el poder por militares fieles y una fantástica movilización popular [1]. En los callejones entrelazados de los barrios, la multitud de sus partidarios cierra filas con su comandante.«Si Chávez fuera tan malo, entonces ¿por qué el pueblo lo quiere tanto? ¿Por qué lo repuso en Miraflores?»

Comentario en aquel momento de Enrique Salas Römer, candidato presidencial vencido por Chávez en 1998: «La percepción de lo que ocurrió fue que un gobierno de extrema derecha había tomado el poder e iba a actuar en contra del pueblo. En contraste, esto hizo que Chávez apareciera como un demócrata, algo que no es. Hubo un momento mágico de solidaridad, pero no se olviden: Jesucristo fue aclamado una semana antes de ser crucificado.» Todo está dicho. En efecto, tras quedar abrumados por un tiempo, los antichavistas recobran fuerza. A lo largo del año 2002, se miden con el gobierno en lo que se llamaría la «guerra de las marchas». Al igual que antes del golpe, los medios de comunicación calientan los ánimos [2]. Sin embargo, a cada manifestación de masas de la oposición responde una marea roja tan imponente, y hasta más, por parte de los simpatizantes del presidente, y que los medios se niegan a ver y a mostrar. En consecuencia, los opositores, así desinformados, no saben nada de las marchas del gobierno. Viven al ritmo de los avances informativos que se extasían ante la «mayor marcha» (de la oposición), la «inmensa marcha» (de la oposición), la «supermarcha» (de la oposición), la «madre de todas las marchas» (de la oposición). Es así como «todo el país» clama por la salida del presidente...

El 11 de julio de 2002 Carlos Ortega, dirigente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), un sindicato a sueldo de los empresarios, afirma por enésima vez:«No descansaremos hasta que Chávez se vaya». La tensión aumenta, a veces con incidentes. El 15 de agosto de ese año, por iniciativa de los chavistas la confrontación se torna violenta cuando el Tribunal Supremo de Justicia, por 11 votos a favor y 8 en contra, se niega a procesar a cuatro oficiales acusados de la rebelión militar del 11 de abril, convertida por elipsis mediática en «el 11-A.» El pueblo manifiesta con violencia su rechazo a esta sentencia. «¡Es como si enjuiciaran a Bin Laden concluyendo que las torres gemelas cayeron solitas!» Paradójicamente, bajo un gobierno cuyos detractores tildan de «autoritario», ninguna medida es tomada en contra de los conspiradores del «11-A». Y ellos se aprovechan, tanto más cuanto que Washington anuncia la creación, en Caracas, de una... Oficina de Transición.

Reunida dentro de la Coordinadora Democrática, la oposición podría ciertamente buscar una salida constitucional a la crisis. En efecto, en su artículo 72 la Constitución permite la organización, a mediados de mandato (el 19 de agosto de 2003), de un referendo revocatorio por iniciativa popular. ¿La legalidad? ¡Nada más absurdo! Si los dirigentes de la oposición están tan apurados es porque tienen serias dudas de ganar cualquier consulta electoral.

El 22 de octubre de 2002, 14 militares (partícipes del golpe de Estado) se declaran «en desobediencia legítima» en la Plaza Francia, en la zona burguesa caraqueña de Altamira. Su número asciende rápidamente 70. Durante semanas acamparán en este «territorio liberado», ofreciendo un show cuidadosamente orquestado por los medios de comunicación escritos y televisivos. Todo está listo para la segunda intentona, esta vez más suave, de golpe de Estado.

Mientras bajo los auspicios de la Organización de Estados Americanos (OEA) se reúne una Mesa de Diálogo entre el gobierno y la Coordinadora Democrática, esta última anuncia un paro general hasta «que salga el presidente». Este lock-out patronal es seguido parcialmente, pero dispone de un arma absoluta: la compañía petrolera nacional, Pdvsa. La única que, al parar sus actividades, puede realmente afectar al gobierno. Y de hecho, al poner a los trabajadores en paro técnico, los dirigentes de Pdvsa -la «oil-igarquía»- le asestan un duro golpe al gobierno.

Este lock-out se prolonga durante 63 días, en diciembre de 2002 y enero de 2003, salpicado con saboteos a los centros neurálgicos de la economía. Termina causando unos diez mil millones de dólares de pérdidas para el país. Al igual que en abril de 2002, unos «mártires» son sacrificados en el altar de la «democracia». El 6 de diciembre de 2002, mientras el Sr. Ortega da su ronda de prensa diaria, en la Plaza Francia, cuartel general de los militares rebeldes, un hombre abre fuego, causando 3 muertos y 28 heridos entre la multitud de escuálidos [3] Los medios de comunicación transmiten en vivo y directo las imágenes de «terror y caos» de la «masacre de Altamira». El Sr. Ortega reclama la «intervención de la OEA en Venezuela» y califica al Sr. Chávez de asesino. El general Enrique Medina Gómez (golpista del «11-A») hace un llamado a las fuerzas armadas para derrocar al presidente.

El día siguiente, un video aficionado es transmitido una y otra vez en los canales privados de televisión, mostrando el presunto asesino, Sr. Joao Gouveia, de nacionalidad portuguesa, acompañando a varios colaboradores del presidente, entre los cuales el Sr. Freddy Bernal, alcalde de Caracas. Se les atribuye la responsabilidad del crimen. Sin embargo, durante la investigación subsiguiente, cuidadosamente ocultada por los medios, el pasaporte del Sr. Gouveia demuestra que estaba en Portugal cuando fue tomado el video aficionado [4]. Resulta que ese video es falso... Pero esta manipulación permite al Sr. Ari Fleisher, entonces portavoz de la Casa Blanca, afirmar que: «Estados Unidos está convencido de que la única vía pacífica y políticamente viable para salir de la crisis es la celebración de elecciones anticipadas» [5] Y sin el Sr. Chávez, por supuesto.

Pero el presidente, elegido y reelegido democráticamente, resiste, así como la parte de la población que lo apoya, a pesar de que ella es la que más sufre. Curiosamente, ni el suministro eléctrico y el de gas urbano han sido afectados por la «huelga general». Y es que cortar la energía eléctrica afectaría los canales comerciales de televisión, los cuales han eliminado su programación normal, incluso la publicidad comercial, para promocionar permanentemente el saboteo económico. ¿El gas? Las clases medias, masas de maniobra para la oposición, lo usan a diario...

En los barrios pobres, donde no hay infraestructura, se cocina con bombonas de gas. Las cuales han desaparecido del mercado. «Esta fue una huelga en contra de los pobres», nos dice, a finales de enero de 2003, una residente de Catia, en cuya casa el único mobiliario es una mesa, cuatro sillas y una vieja nevera. «Tuvimos que cocinar con leña durante un mes. Pero aquí no hay leña». En aquellos días se pudo ver incluso a algunas mujeres calentando el agua de los teteros con máquinas de planchar...

Economía de guerra

En las fachadas de los modestos botiquines, un día aparece un aviso: «Sí hay harina de maíz». El día siguiente, el aviso ya no está. Desapareció al igual que los productos de primera necesidad. «Pensaron: la gente no va a aguantar», relata Blanca Eeckout, entonces directora de la televisora comunitaria CatiaTv. «Habrá una explosión social». El objetivo, que era provocar una insurrección para demostrar el «rechazo popular» al gobierno, fracasa. No habrá otro Caracazo [6]. «Lo tomamos con calma», explica un dirigente comunitario, también de Catia. «Tenemos hambre, estamos jodidos, pero seguiremos apoyando a Chávez. Y no vamos a tomar las calles para sembrar el caos. El enemigo no es este gobierno.»

Un desastre

En el año 2003, Venezuela registra una caída económica del 9,5% que arruina al país y torpedea (esa era la idea) los programas sociales. Sin embargo, tras haber gastado millones de dólares para acabar con Chávez, tras haber dedicado miles de horas de televisión para desestabilizar a su gobierno, la oposición sufre otra derrota mordaz.
Mientras el paro agoniza, la oposición quiere salvar las apariencias y prepara otra provocación. Invocando la Constitución, organiza, el 2 de febrero de 2003, una recolección de firmas -el firmazo- para solicitar un referendo revocatorio presidencial. La logística de esta jornada está a cargo de «Súmate», un organismo cuyo estatuto es algo confuso. Lo que sí se sabe, en cambio, es que en 2003 Súmate recibió, para un programa de «educación electoral», 53.400 de los 800.000 dólares asignados en los dos últimos años por el National Endowment for Democracy (NED), una agencia cercana al Departamento de Estado norteamericano, a varias organizaciones y partidos de la oposición venezolana [7]
Al finalizar esta jornada «histórica», «definitiva» y «sublime», marcada sobre todo por memorables manipulaciones, y con Súmate por único árbitro, la oposición anuncia haber recolectado más de 4 millones de firmas, es decir, más que los 3.757.733 votos obtenidos por Chávez en su elección del 2000 (caracterizada por una fuerte abstención). En consecuencia, proclaman algunos, ya no hay necesidad de referendo: ¡el Jefe del Estado ya no tiene legitimidad alguna! Otros hilan más fino, denunciando la negación del gobierno a organizar la consulta electoral. En efecto, realizado 8 meses y 18 días antes de la mitad del mandato presidencial, el firmazo es ilegítimo. Pero frente a una opinión internacional poco informada de las sutilezas de la Constitución Bolivariana, cualquier organización que reclame un referendo sin duda debe ser del sector democrático... Y quien lo rechaza teme el veredicto de las urnas... Este sofisma es difundido más particularmente cuando, el 12 de septiembre de 2003, el Consejo Nacional Electoral (CNE) declara inadmisible la solicitud de referendo por inconformidad con lo establecido en la Constitución (resolución n° 030912-461).

«¡El setenta por ciento de los venezolanos rechazan a Chávez!» Esta es la falacia de la que se hacen eco muchos medios internacionales, en particular en Francia, cuando el 19 de agosto de 2003 se vence la mitad del mandato del presidente. Ciertamente, con el aumento de la inflación y del desempleo, la pobreza se ha incrementado. También es cierto que aún perduran la burocracia, el clientelismo y la corrupción, vinculados con la vieja cultura política.

Pero decir esto significa olvidar que la industria petrolera, retomada y enérgicamente purgada (¡18.000 despidos!), ha recobrado su capacidad de producción y alimenta las arcas del Estados. Significa omitir los programas sociales lanzados a favor de los desfavorecidos: reforma agraria [8]; acceso a la propiedad en los barrios populares; misión Barrio Adentro (cuidados médicos en los barrios y las zonas marginadas, con la colaboración de miles de médicos cubanos); misión Robinson (campaña de alfabetización que beneficia a un millón de personas); misión Ribas (para quienes han tenido que abandonar el colegio); misión Mercal (red de distribución de productos de primera necesidad a precios inferiores a los del mercado); otorgamiento de microcréditos (50 millones de dólares entre 2001 y 2203, a través del Banco del Pueblo y del Banco de la Mujer); etc. Significa olvidar el apoyo popular a un presidente que ahora declara: «¡Prefiero ser derrocado, que terminar como un pequeño presidente sociademócrata que no hizo nada!»

Al término de difíciles negociaciones bajo los auspicios de la OEA y del Centro Carter (fundación dirigida por el ex presidente estadounidense), la Coordinadora Democrática firma un pacto, el 29 de mayo, que abre la vía a un referendo, esta vez legítimo.

Después de que la Asamblea Nacional fallara en nombrar los miembros de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), pues se necesitaba una mayoría calificada para ello, el Tribunal Supremo los designó el 25 de agosto de 2003. La oposición clama su beneplácito, pues el Tribunal Supremo es más bien favorable a ella (recordemos su sentencia a favor de los militares que participaron en el «11-A»). Dos de los miembros del directorio del CNE representan al gobierno, dos a la oposición y se supone que el presidente, Dr. Francisco Carrasquero, mantiene el equilibrio. Algunos sectores de la Coordinadora Democrática ven con desconfianza al Dr. Carrasquero, pero muchos lo creen antichavista, pues algunos de sus familiares fueron despedidos de PDVSA durante la retoma de la estatal petrolera. A este CNE le toca la difícil tarea de arbitrar una nueva recolección de firmas: el reafirmazo.

El mismo tiene lugar del viernes 28 de noviembre al lunes 1ro. de diciembre de 2003 [9]. Para que haya referendo, deben recolectarse al menos 2.402.579 formas (20% del electorado) en 2.780 centros de recolección establecidos por la oposición. Desde el punto de vista del orden público, todo se desarrolla en la más completa calma. En el litoral, en Naiguatá (Estado Vargas), cerca de una mesa donde firman algunas personas hay discusiones entre chavistas y antichavistas, pero la cosa no pasa a mayores. Un opositor grita: «Mira, ella está haciendo la lista de los que votan... ¡Saca ese papel de tu bolsillo!» La mujer responde sonriendo: «Sólo estoy haciendo un conteo, no vaya a ser que nos saquen cifras increíbles.» ¿Cifras increíbles en este sábado 28 de noviembre? Muy difícil en ese Estado. Hay más gente haciendo cola en los cajeros automáticos que en los centros de recolección de firmas. «Claro -nos asegura la representante local de la oposición- Todo el mundo salió a firmar ayer viernes.»

«Según nuestras estimaciones, tenemos 4 millones de firmas», escuchamos el día siguiente en Chuao (bastión de la oposición en el este de Caracas), cerca de un centro igualmente desierto. Luego viene un discurso surrealista: «todo estaba mejor antes, cuando ricos y pobres festejaban juntos, se vestían igual, con los mismos zapatos. Si, estábamos mejor antes, antes de la fractura que este asesino [Hugo Chávez] provocó en la sociedad.»

La única anomalía del reafirmazo, en los bastiones de las clases medias de la capital (Chacao, Baruta, Sucre, Chuao) es la falta de planillas (formularios para la recolección de 10 firmas, con los nombres, apellidos, número de cédula y huella digital de los firmantes). En efecto, a cada sector el CNE sólo otorgó un número de planillas correspondiente a 66% del electorado. A nivel nacional, este porcentaje permitiría recolectar 8 millones de firmas, un número muy superior a lo que la Coordinadora Democrática puede movilizar. Pero en algunas zonas, donde socialmente la gran mayoría de los habitantes pertenece a la oposición, las planillas se agotan. Un problema que se resuelve gracias a un «puente automóvil» que permite movilizar a quienes no pueden firmar hacia los numerosos centros donde aún quedan planillas. Esta solución, a decir del Secretario General de la OEA, Sr. César Gaviria, presente como observador, «permitió una plena participación» [10]

¡Un torrente! ¡Una avalancha! Ya empezó la transición, exulta la oposición, disertando -como la periodista estrella Marta Colomina- sobre «la desesperación y angustia que están consumiendo al presidente, cuyos días están contando». Gran audacia por parte de la oposición, pues en ese mismo momento, en Miraflores, jamás Hugo Chávez se ha visto más relajado. «Si recogen las firmas -nos asegura- entonces vamos a referendo y en el supuesto que lo ganen, entonces me iré. Logramos llevarlos hasta allí: respetar la Constitución. Pero según nuestras informaciones, no creo que tendrán el número suficiente de firmas».

Otro canto suena en la acera de enfrente. Después de anunciar cifras exorbitantes, la oposición declara finalmente, el 19 de diciembre de 2003, que entrega 3.467.050 firmas al CNE. Ya en ese momento la cifra llama la atención. En primer lugar, el reafirmazo no ha logrado en cuatro días lo que Súmate supuestamente había recogido el 2 de febrero de 2003, en una sola tarde. Además, claro está, estamos muy lejos del supuesto «70% de la población que es hostil al presidente» [11]. Finalmente, en un solo día, Hugo Chávez reunió más votos cuando fue elegido.

Más sorprendente aún: en la noche del 1ro. de diciembre reinaba un impresionante silencio en todo el este de Caracas y los líderes de la oposición mostraban caras de derrotados. El teórico grupo de los cinco candidatos a la dirección de la Coordinadora Democrática (el 5-G) -los Sres. Henry Ramos Allup (Acción Democrática), Julio Borges (Primero Justicia), Enrique Mendoza (gobernador del Estado Miranda), Juan Fernández (Gente del petróleo) y Henrique Salas Römer- mantiene un perfil muy bajo, no va a los canales de televisión, no invita a ninguna caravana de victoria ni a ningún acto de celebración...

Mientras, cuando terminaba el tercer día del reafirmazo, el presidente Chávez suelta una bomba y, en el estilo pictórico que lo caracteriza, denuncia un «megafraude». Inmediatamente le responde el Sr. César Gaviria (Secretario General de la OEA, ex presidente de Colombia abiertamente pro-Estados Unidos y de notoriedad pública favorable a la oposición): «no hemos encontrado elementos que nos lleven a pensar que pudiera haber un fraude masivo y generalizado».

Pero fraude sí hubo. Nos los confirma un miembro del CNE, Dr. Jorge Rodríguez, ya el 29 de noviembre: «Son muchas las denuncias y dejan una mancha gris en todo el proceso. Hay gente que fue obligada a firmar. En el hospital El Llanito, por ejemplo, se les dijo a los pacientes: si no firman, no hay operación». En otros casos, un centro recibió 200 planillas y entregó 400, o pusieron a firmar menores de edad y personas fallecidas. Miembro de una delegación de 52 observadores internacionales procedentes de 35 países del mundo, la diputada hondureña Doris Guttiérrez (Unificación democrática) observó (al igual que nosotros) la existencia de una tarjeta plastificada «producida por una agencia privada [Súmate] en la que la persona debe identificarse y colocar sus huellas digitales como prueba de su participación.» Uno ya puede imaginarse el posible uso de semejante documento, que hace público el carácter de las firmas: poder demostrar a su empleador (puesto que la inmensa mayoría firmó el día viernes 28 de noviembre, un día hábil) que uno sí fue a pronunciarse en contra del presidente (el Ministerio del Trabajo acusó a 124 empresas de haber presionado a sus asalariados) o ser obligado a presentar esta tarjeta para poder ser contratado en el futuro.

«Pese a la claridad de los documentos elaborados por el CNE, con planillas A para la recolección fija y planillas B para la recolección itinerante [en principio destinadas a las personas que no podían movilizarse], observa Doris Gutiérrez, hemos constatado que se usaban las primeras para el propósito de las segundas, lo que podría convertir la visita a domicilio en una forma de recolección masiva que no puede observarse con las reglas establecidas»(en particular, la presencia de un observador voluntario que represente al gobierno).

Por subestimación de las dificultades, la verificación por el CNE de la conformidad de las firmas se prolonga y el anuncio de los resultados es postergado en varias oportunidades, lo que suscita múltiples acusaciones por parte de la oposición. El 26 de enero, el presidente Chávez acepta que miembros de la OEA y del Centro Carter estén presentes en las operaciones de verificación. Por su parte, el ex presidente estadounidense James Carter felicita al CNE por la calidad de su trabajo: «Mi opinión personal es que el CNE (...) tomará la decisión apropiada y los resultados políticos ulteriores serán aceptables» [12]

Aunque el gobierno lo haya dicho, la oposición se niega a comprometerse a aceptar pacíficamente las decisiones del poder electoral. Menos aún cuando, el 24 de febrero, cae el veredicto: 1.832.493 firmas válidas; 143.930 fraudulentas; 233.573 rechazadas por inconformidad con el Registro Electoral y, sobre todo, 879.000 firmas en las llamadas planillas planas. Estas planillas planas son hojas (casi 90.000 en total) que presentan una caligrafía similar, es decir, que fueron llenadas (salvo una hipotética firma) por una misma persona. Si bien esta ayuda era válida en el caso de personas analfabetas o de la tercera edad, el número absolutamente extravagante de estas planillas las hace particularmente sospechosas -lo que acreditaría la tesis del «megafraude»- y obliga el CNE a prever un procedimiento de revalidación por los supuestos firmantes, quienes deberán presentarse entre el 18 y el 22 de marzo para confirmar que sí firmaron.

«¡Las firmas no son negociables!» La Coordinadora Democrática llama a la resistencia civil y multiplica las manifestaciones violentas, reprimidas por la Guardia Nacional: 10 muertos (en su mayoría en circunstancias confusas, lo que genera muchas suposiciones en cuanto a la identidad de los autores de los disparos), decenas de heridos y al menos 300 detenciones entre el 27 de febrero y el 4 de marzo. «Si estaban tan seguros de la legitimidad de estas firmas, estas huellas digitales y estos números de cédulas de identidad, comenta el Vicepresidente José Vicente Rangel, entonces no estarían causando problema alguno. ¿Por qué temen tanto la verificación? Si firmé, voy y confirmo: en efecto, esta firma es mía» [13].

¡Argucias legales! Como debe ser, Washington sale al rescate de la Coordinadora Democrática y expresa su «preocupación», denunciando el «tecnicismo» del CNE. César Gaviria, su fiel aliado, sugiere proceder a una verificación «por muestreo». En otras palabras: aceptar las firmas «a granel» o «por kilos». Como en la época en que, en Venezuela, no se decidían las elecciones en las urnas, sino en la red de mecanismos establecidos para manipular a la opinión pública.
Contando con este aval, el 15 de marzo, dos magistrados de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia saltan por encima de su presidente, Dr. Iván Rincón, y de la Sala Constitucional y declaran legítimo el recurso interpuesto el 8 de marzo por la Coordinadora Democrática. Ordenan reintegrar en la cuenta -levándola así a 2.708.510, es decir, un número suficiente para organizar un referendo- las 876.017 firmas dudosas que figuran en las planillas planas, revirtiendo así la carga de la prueba: a los ciudadanos cuyos nombres fueron o habrían sido utilizados indebidamente les tocará, durante el proceso de verificación, ir a declarar que no firmaron... De esta manera se abre otra batalla jurídica, profundizando aún más el clima de inestabilidad.

Lo que sí es seguro es que, aun cuando la oposición lograra arrebatar un referendo, la opción del «sí» tendría que reunir, en 24 horas -y sin fraude- un voto más de los que recogió Hugo Chávez (3.757.733) el día de su elección. Y en vista de las cifras y las relaciones de fuerza, esta hipótesis es más que improbable. De ahí la tentación, entre los sectores más radicales, de perpetuar el caos para contemplar, con la ayuda de Washington (¿quién sabe?), una salida a la haitiana. Pero con dos grandes diferencias: ni Chávez es Jean-Bertrand Aristide, ni Venezuela es Haití.