Es en tales situaciones cuando se producen saltos en el nivel de conciencia colectivo, que poco a poco va consolidándose como nuestra mayor fortaleza: el hecho de ser un pueblo que, a diferencia de antes, ya no come cuentos y no se asusta por musiquitas intrigantes.

El proceso para determinar la voluntad popular en cuanto a las solicitudes de convocatoria a Referendos Revocatorios que abrió el CNE, al presidente Chávez por parte de la oposición, y a diputadas y diputados a la Asamblea Nacional, tanto por parte de las fuerzas que apoyan al Gobierno, como por parte de las fuerzas de oposición, está en pleno desarrollo. Los veredictos para las solicitudes de Referendos Revocatorios a representantes en la Asamblea Nacional, se esperan para los próximos días, y en cuanto a la solicitud de convocatoria a Referendo Revocatorio para el presidente Chávez, el CNE produjo un veredicto sobre el universo total de las planillas recibidas y escrutadas.

Para terminar de sacar la cuenta de las firmas válidas a favor del Referendo Revocatorio, se debe precisar si las irregularidades aparecidas en un muy significativo número de planillas son solo irregularidades que los presuntos firmantes pueden reparar, en cuyo caso se alcanzaría el número de firmas necesario para la convocatoria a Referendo Revocatorio o, por el contrario, que esas irregularidades, observadas en un proceso de verificación y transcripsión rigurosamente vigilado por la OEA y el Centro Carter, no tengan firmantes que las defiendan. Irregularidades no solo en el llenado de los datos, sino en las firmas de un número significativo de planillas. Irregularidades expresamente reconocidas por Jennifer MacKoy, representante del Centro Carter en Venezuela, en su alocución conjunta con Fernando Jaramillo de la OEA, del día dos de marzo, tras la declaración oficial del CNE, y que se corresponderían con un monumental intento de fraude de la voluntad popular que el CNE habría impedido, cual es su deber.

El veredicto del CNE precisa el mecanismo para el proceso de reparos. Se produciría a mediados del presente mes de marzo, en 2700 puntos distribuidos en todo el país, durante dos días. Se llevará a cabo bajo la custodia del Plan República, con la presencia de testigos de las fuerzas concurrentes, personal del CNE y el equipo de observadores de la OEA y el Centro Carter que ha venido siguiendo el proceso desde su inicio. Los resultados del proceso de reparos se tendrán para finales del presente mes de marzo.

Aquí es donde el país se vuelve una gigantesca aula y nos transformamos en los maravillados lectores de una historia que estamos todos, simultáneamente, escribiendo.
¿Saben las fuerzas de la oposición lo que van a hacer las fuerzas del Gobierno?

Sí. La oposición sabe que las fuerzas del Gobierno acatarán el llamado a reparos decidido por el CNE, así como también el llamado constitucional a elecciones de gobernadores y alcaldes hecho por el poder electoral. Llamado en el que se fija como plazo para la inscripción de las respectivas candidaturas la última semana de marzo de 2004.

El análisis del otro sector es un poco más complicado. ¿Qué harán las fuerzas de la oposición ante el veredicto del árbitro, ante el veredicto del CNE?

Para cuando redacto estas líneas, tras casi una decena de víctimas fatales y un centenar de heridos como resultado de la violencia vandálica focalizada en sectores de la clase media-alta y alta, (Altamira, Caurimare, El Cafetal) de la ciudad de Caracas, vándalo-terrorismo que sigue apareciendo como la línea política oficial de las fuerzas que hacen oposición al gobierno del presidente Chávez, ha habido información de la opinión expresada por algunos representantes opositores a los que me referiré posteriormente, pero creo pertinente iniciar el análisis de las posiciones al interior de la oposición por los cautelosos silencios de Henry Ramos Allup y Enrique Mendoza.

Altamente pedagógicos, el secretario general de Acción Democrática y el máximo líder nacional de Copei, no han dicho esta boca es mía tras la declaración del veredicto del CNE. Son hombres de partido y no les corresponde tener opiniones personales en una situación como esta. Están reunidos y todavía deliberan. ¿Qué discuten?

Que Julio Borges (Primero Justicia) y Andrés Velásquez (La Causa R) amanezcan con Marta Colomina (Televen) mascullando amenazas, improperios y argumentos para cerrar toda posibilidad no es de extrañar. Ellos no tienen nada que buscar en las elecciones. Son, los dos primeros, representantes de partidos de estudio, de set de televisión, a quienes desde hacer rato lo único que les sirve es recibir al comandante de los marines estadounidenses que entre a componerles Venezuela. Por ello, desconocer al CNE, generar caos y descomposición del ambiente, y propiciar una violencia que no se atreven a encabezar porque los raya, es la orden del día. Que Henrique Salas Römer (Proyecto Venezuela) los imite si dice un poco más. Veamos.

La oposición sabe que las fuerzas del gobierno del presidente Chávez van a garantizar la continuidad constitucional. Si la oposición se dice constitucional no le queda otra que acatar la flexibilidad que el CNE les demostró al darles la oportunidad de reparar solicitudes que habría tenido poder para anular por irregulares. Si hay firmantes para cada firma cuestionada por presentar irregularidad, entonces a referendo revocatorio, pero si lo que hay es un fraude que de puro burdo parece una provocación, entonces la oposición y el país en su conjunto habremos aprendido que con los instrumentos constitucionales no se juega, y que el CNE no es ornamental.

Si AD (Ramos Allup) y Copei (Mendoza) se plegaran al neo-rebelde de Henrique Salas Römer (PV) habríamos regresado al Paro Cínico del dos de diciembre de 2002, (que Fedecámarasy Consecomercio se apresuraron a descartar) y significaría que nos enfrentaríamos a un intento de reducir al Gobierno del presidente Chávez por ingobernabilidad. El movimiento popular venezolano tendría derecho a pensar que si no lo lograron cuando tenían a PDVSA, menos lo lograrán ahora, y concurriríamos a meter las candidaturas unitarias a todas las gobernaciones y alcaldías atendiendo el llamado del CNE.

Si las fuerzas de la oposición se lanzan por el atajo de la ingobernabilidad aduciendo una serie de interpretaciones caprichosas del Art. 350 de la Constitución Nacional Bolivariana, con el objeto de engrosar la lista de víctimas fatales lo suficiente como para enternecer al Departamento de Estado estado-unidense, o propiciar algún resquebraja-miento en las FAN, eso, por decir lo menos, tomaría un tiempo. En ese tiempo, por supuesto, no irían a las elecciones por estar en rebeldía, y si no tumban a Chávez antes de agosto, ganaríamos por forfeit todas las gobernaciones y alcaldías del país. Tendríamos que verlo para creerlo.

Por otra parte, la OEA puede estar en desacuerdo con el criterio del CNE para someter a reparo algunas firmas, pero no se cansa de repetir que ha sido un proceso limpio. Finalmente el llamado del Departamento de Estado, a través de Colin Powell, a hacerle caso al CNE, no le daría mucho chance a la tesis de darle una patada al tablero.
Por el contrario, si AD y COPEI se someten al imperio de la Ley, asumen la potestad del árbitro para buscar los medios que garanticen la determinación de la voluntad popular, van a los reparos y presentan sus candidaturas, habría que ver si el gobernador de Carabobo, Salas Feo, le hace caso a su padre, Salas Römer, y le deja la gobernación del Estado al General Acosta Carles de una buena vez.

Decir que el gobierno no se quiere contar cuando está aprestándose a las elecciones regionales es no solo mentir. Es suponer que los demás somos imbéciles.

Decir que el gobierno no se quiere contar porque exige que la Constitución se respete, que no se juegue con un instrumento tan delicado como el Referendo Revocatorio, que no se pretenda que firmantes profesionales, aprovechándose de la itinerancia de parte de las planillas, fabriquen una voluntad popular falsa, y que el CNE garantice que tras cada firma, sea del sector que sea, haya un firmante, no solo es absolutamente insidioso, es además cometer el abuso de pretender que seamos estúpidos a juro.

Lo mínimo que nos deberían respetar es el aprendizaje que tenemos sobre la que ha sido la conducta de la oposición en los últimos 24 meses. ¿Es mucho pedir?

Santiago Arconada Rodríguez