Hay mucha inseguridad en la clase dominante al querer introducir la reelección de Álvaro Uribe como la suprema prioridad del gobierno. Inseguridad y desconfianza. La única posibilidad de prolongar una política depende de un hombre. El proyecto es un acuerdo de capilla: alto gobierno, FMI, gremios, altos mandos, con el respaldo de la administración Bush. El argumento es toda una confesión de parte: el reconocimiento de que la derrota de la guerrilla es cosa más compleja, de largo aliento.

Salta a la vista la incapacidad de los grupos dominantes para concebir un desarrollo democrático. La alianza con el imperialismo, en la geopolítica del ALCA, el TLC y el Plan Colombia, exige prolongar el tiempo de la seguridad democrática, la guerra contrainsurgente del Estado y la represión social como ejes de la política que puede conducir, en algún incierto momento del futuro, al bienestar. Es la promesa uribista: el paraíso al final de la guerra, una nueva versión de la "guerra prolongada" de Gaviria y Pardo Rueda en el pasado.

El reeleccionismo en su variante uribista divide más a la opinión. En las simpatías relativas que revelan las encuestas se observa una creciente inconformidad con la política económica y social del gobierno. La metodología usada empuja a dar una explicación de la falta de resultados en el orden público a la premura, a los "errores" de militares subalternos, casi siempre fatales, o a la corrupción. El tiempo corre, los errores se multiplican y la corruptela desde lo alto, como en el caso de la Fiscalía, rebosó la copa, mientras el desempleo crece y se agrava la situación social de las familias del pueblo. Pero la figura de Uribe no sufre mella. Por esta vía manejan, los creadores de imagen, el enfoque de la reelección.

No es sostenible ese engaño en el nivel popular. Sin embargo, una razón más compleja explica cierta expectativa en Uribe, inducida desde la publicidad. En el proceso que lo llevó a la presidencia ha cumplido un papel la actitud de sectores medios convencidos del sofisma de que el conflicto interno justifica las medidas que limitan y/o destruyen las libertades, por ejemplo el estatuto antiterrorista; y la idea de que la guerrilla es la causa de todos los males del país para lo cual se justifica el autoritarismo.

La seguridad "democrática" está empezando a hacer crisis. Uribe no es inocente, su política no tiene futuro en contravía de América Latina y del sentir del pueblo colombiano. Frente al reeleccionismo, como frente al referendo, puede haber amplias coincidencias. Ante todo, no hay un proyecto que amerite reelección. Tres amenazas se ciernen sobre la sociedad: la antidemocracia, la desaparición de la soberanía económica y la intervención militar gringa. Todas vienen juntas. Todas hacen parte del proyecto uribista. No hay concesiones posibles a la vista. La alternativa es un cambio político para una apertura democrática, una nueva política económica, una agenda de paz y de soluciones sociales, y unas reglas equitativas para escoger un futuro candidato presidencial comprometido con una plataforma mínima de nuevo rumbo.

Derechos humanos

Diez millones de indigentes

Alrededor de 10 millones de colombianos carecen de los recursos mínimos para subsistir, según los resultados de una encuesta de pobreza y calidad de vida realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Esa cifra representa entre el 20 y 30% de la cifra equivalente al 66% de los colombianos que viven en la pobreza, indica la encuesta que a su vez confirma la ocurrencia de un aumento en el número de familia en estas condiciones.

Este tipo de consulta no se efectuaba desde 1997, dos años antes de la peor crisis económica sufrida por este país. Sobre la pobreza, la encuesta precisa que mientras en 1980, el 50% de los colombianos era pobre, en 1997 esa proporción aumentó al 55% y hoy llega a 66%.
Lo anterior se traduce en que hoy 29 de los cerca de 45 millones de habitantes de esta nación andina no tienen suficientes recursos para adquirir los productos de la canasta básica familiar.

En cuanto a la miseria por regiones, el DANE encontró que en la Costa Atlántica, el 92% de los jefes de hogar o el cónyuge de éste se considera pobre, a la vez en la región Central el 83% respondió estar en esa situación y en el Valle del Cauca es del 76%.

Consultado al respecto, el director de la Comisión Económica para América Latina en Colombia, Juan Carlos Ramírez, apuntó que si el país quiere reducir la pobreza se necesita una tasa de crecimiento superior al 5%, lo que permitirá generar mayores puestos de trabajo. No obstante, subrayó, como la creación de empleo no es automática, resulta necesario que el gobierno ejecute políticas para apoyar a los colombianos de menores recursos.

De la Asociación Latinoamericana para la Defensa de los Derechos Humanos

Informe sobre Derechos Humanos

Hechos

– Se desconoce la suerte que corrió Carlos Castaño, líder de las ACCU, luego de un ataque registrado en una de sus fincas en los límites entre Antioquia y Córdoba. Los confusos hechos dejaron al parecer varios muertos y heridos entre su escolta. Se trataría de un atentado originado en otras facciones de las autodefensas. Castaño ya no figuraba entre los negociaciones del proceso con el Gobierno Nacional.
– Un fatídico error militar causó la muerte de cinco humildes campesinos (un adulto y cuatro menores de edad) quienes, según fuentes oficiales, fueron confundidos con guerrilleros. El presidenteÁlvaro Uribe se reunió con los jefes militares para recibir información directa sobre el trágico error y después viajó al municipio de Cajamarca, a 150 kilómetros al suroeste de Bogotá, para encabezar un Consejo de Seguridad especial en el lugar en donde se registraron los hechos. Allí se reunió con familiares de las víctimas a quienes expresó su dolor, prometió indemnizaciones y pidió a la procuraduría una investigación.
– La Unión Europea incluyó al ELN en su lista de organizaciones terroristas; el gobierno colombiano consideró positiva la decisión, ya que el mismo presidente Uribe, en su reciente gira por Europa, lo había solicitado a los gobiernos que visitó y obtuvo el respaldo de Alemania y España.
– Un nuevo error militar causó la muerte de tres soldados en medio de un choque accidental entre dos patrullas del ejército, informaron las autoridades. Este y otros incidentes similares han abierto una controversia sobre el desempeño de las fuerzas de seguridad por los errores continuos y las demoras para aclarar lo sucedido.
– En el Congreso fue radicado un proyecto de ley que busca restringir la expropiación de colombianos que se encuentren involucrados en el conflicto armado interno y "que se reincorporen a la sociedad mediante un proceso de paz con el Gobierno o de sometimiento a la justicia por una vez".
– Se cumplió la primera reunión de la mesa única nacional de diálogo entre representantes de los distintos grupos de autodefensas y delegados del Gobierno. Acudió también por primera vez Sergio Caramagna, jefe de la misión de la OEA.
– Las comisiones primeras de Senado y Cámara de Representantes aprobaron el Estatuto Antiterrorista. El proyecto debe ser aprobado en sesiones plenarias de las dos cámaras y luego pasar a control por parte de la Corte Constitucional antes de ser sancionado por el Presidente.
– Las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, se pronunciaron respecto del proyecto de ley denominado de justicia y reparación (nuevo proyecto de alternatividad penal). Consideraron que el nuevo proyecto está destinado a su sometimiento a la justicia y no a facilitar una negociación política de paz con los grupos armados ilegales.

¿Fuego amigo?

A ratos pareciera que la política de seguridad democrática del Gobierno del presidente Álvaro Uribe estuviera dando resultados en contrario. Tanto armamento, tantos asesores extranjeros y tanto entrenamiento están causando lo que en la jerga de los conflictos se conoce como "fuego amigo", es decir, bajas por obra y gracia de las mismas fuerzas.

Los "dolorosos" errores militares aumentan produciendo la muerte de personal militar y, lo que es más grave, de civiles claramente protegidos por el Derecho Internacional Humanitario como personal no combatiente. Y no basta con las palabras de consuelo del presidente Uribe a los familiares de las víctimas. Tampoco sirven de mucho las anunciadas investigaciones exhaustivas. Algunos han intentado encontrar una explicación en la presión que existe sobre los uniformados para producir resultados. El problema es mucho más complejo y merece la atención de todo el país. No bastan las explicaciones oficiales ni los mea culpa de los funcionarios implicados en los hechos.

La cadena de errores viene desde hace mucho y no se han aplicado correctivos; tampoco se conocen los resultados de las investigaciones. Son graves y merecen un debate nacional: desde los seis colegiales muertos en Pueblo Rico, Antioquia, hace tres años, hasta la muerte del indígena paez Olmedo Ul Secue en el departamento del Cauca, lo que motivó que las autoridades indígenas realizaran un juicio político en contra del oficial del Ejército que comandaba la patrulla que pudo causar su muerte.

Preocupante que tales situaciones se presenten en la antesala de la aprobación y sanción del Estatuto Antiterrorista que otorga a la fuerza pública funciones de policía judicial, que permite allanamientos, detenciones e interceptaciones telefónicas sin orden judicial. Es decir, nuevos y mayores poderes frente a ciudadanos indefensos...
ALDHU insta al Estado colombiano a respetar y hacer respetar los principios y normas del Derecho Internacional Humanitario -en particular el Artículo 3 común- de los Convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo adicional II de 1977. El DIH prohíbe atacar a la población civil, a las personas y a los bienes civiles. "La población civil y las personas civiles gozarán de protección general contra los peligros procedentes de operaciones militares." (Protocolo II del 8 de junio de 1977, Art. 13)

Escenarios

Con las FARC-EP: Tal como lo anunciaron hace algunos meses, las FARC-EP intentan una "ofensiva diplomática", pública y privada, para generar apoyos a su propuesta de intercambio humanitario. Ese es el sentido de la carta que han enviado al nuevo mandatario español. El tiempo del gobierno del presiente Uribe se acorta y las FARC-EP han creado un escenario de incertidumbre sobre la suerte del posible acuerdo humanitario. Al parecer le apuestan a mantener ese mismo escenario en lo que queda del presente Gobierno, a no ser que las condiciones se modifiquen por una aceptación de sus condiciones.

Con el ELN: El ELN continúa fortaleciendo el escenario de consolidación y crecimiento en silencio, sin acciones ofensivas para así poder conservar sus fuerzas. Todo indica que no hay ninguna disposición al diálogo y que así van a permanecer hasta tanto el panorama de un próximo gobierno, sin Uribe, les permita volver con sus propuestas de negociaciones.

Con las autodefensas: Tres elementos que vuelven a dificultar el proceso y pueden regresar a un escenario de acciones ofensivas por parte de las autodefensas: 1)La suerte de Castaño luego del supuesto atentado, 2) el rechazo al nuevo proyecto de ley de alternatividad penal , 3) una guerra interna que al parecer se puede adelantar en contra de algunos dirigentes históricos.

Alia2