La respuesta de Colombia a Venezuela

Tengo el honor de dirigirme a usted en la ocasión de hacer referencia a la comunicación dirigida al Consejo de Seguridad y al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas el pasado 3 de abril por el señor Jorge Arreaza, en representación del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, en la que plantea hechos relacionados con la República de Colombia.

Al respecto, y tal y como ha sido reiterado en innumerables ocasiones, mi país es respetuoso del derecho internacional y firme defensor del multilateralismo y del diálogo para resolver las diferencias. Por eso reconocemos la importancia del trabajo de las Naciones Unidas y, en particular, de este Consejo.

En documento que fuera remitido al Consejo de Seguridad el 20 de mayo de 2020 (S/2020/424), el Estado colombiano describió, de manera fáctica y detallada, los hechos más relevantes de la relación bilateral entre dos naciones hermanas a lo largo de las últimas dos décadas. Dicha descripción cobra vigencia nuevamente, un año después, como parte del contexto en el que se produce la nota enviada por el régimen venezolano. En efecto, la grave situación que se vive en la frontera, en virtud del apoyo brindado por el régimen venezolano a grupos armados organizados narcoterroristas, ha sido denunciada de manera reiterada por Colombia, de tiempo atrás.

El 22 de julio de 2010, el Embajador de Colombia ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), realizó una presentación pormenorizada sobre la presencia de las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en territorio venezolano. Información en el mismo sentido fue expuesta por el Comandante General de las Fuerzas Militares de Colombia en agosto de 2011 y reafirmada en septiembre de 2019 por el Ministro de Relaciones Exteriores y por el Presidente de la República durante su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En su comunicación, el señor Jorge Arreaza incluye la palabra “guerra” ocho veces y señala de manera temeraria al Presidente de la República de Colombia de intentar “exportar su guerra interna”. Se refiere, igualmente a la “destrucción” del Acuerdo suscrito entre el Gobierno Nacional y la antigua guerrilla de las FARC en 2016 e irresponsablemente afirma que “todos los vecinos de la República de Colombia están sufriendo el desbordamiento de su caos interno”. Frente a esta última afirmación, cabe señalar que Colombia mantiene fuertes vínculos de cooperación en materia de seguridad y justicia con los gobiernos democráticos de la región y ha llevado a cabo periódicamente reuniones de sus comisiones binacionales fronterizas y de gabinetes binacionales con Brasil, Ecuador y Perú, además de intercambios constantes con Panamá. En el marco del Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur), mecanismo de diálogo político a nivel regional al que pertenecen Brasil, Ecuador, Perú y Colombia, operan igualmente grupos de trabajo en materia de defensa y seguridad, establecidos para avanzar de manera conjunta en torno a las amenazas comunes.

La agresividad del lenguaje y la retórica utilizada por los representantes del régimen también es evidente en sus pronunciamientos públicos. Efectivamente, hace pocos días, Diosdado Cabello, líder del partido político que respalda la dictadura de Maduro, se expresó de la siguiente forma, refiriéndose a Colombia: “… cometen un error, cometen un error de cálculo; creer que la guerra va a ser en territorio venezolano; póngase a creer, póngase a creer que va a ser así. Nosotros vamos a defender nuestro territorio, pero la guerra se la vamos a hacer en el territorio de ustedes…”.

La evidencia demuestra de manera contundente que el Estado colombiano nunca ha negado los desafíos que ha debido enfrentar en defensa de la institucionalidad democrática que ha sido amenazada por la violencia ocasionada, desde el siglo pasado, por organizaciones criminales y terroristas que se han lucrado del narcotráfico y de otras economías ilícitas. De manera transparente y de cara al mundo, mi país ha dedicado todos sus esfuerzos a combatir a estos grupos, garantizar la vigencia del Estado de Derecho y los derechos humanos, y avanzar en la provisión de mejores condiciones de seguridad y bienestar para todos los habitantes en el territorio.

En este contexto, hacen presencia en el país más de 23 agencias del sistema de Naciones Unidas, incluida la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) desde 1996, cuyo mandato fue renovado por el Gobierno del Presidente Duque en octubre de 2019 y la Misión de Verificación establecida por el Consejo de Seguridad, desde 2017. Así mismo, desde 2004 se encuentra presente la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (MAPP–OEA). Tanto ACNUDH como la Misión de Verificación, MAPP y otras agencias, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), cuentan con oficinas en los territorios próximos a la frontera y observan, sin ningún tipo de limitación, las dinámicas que ahí ocurren. Esta situación contrasta dramáticamente con la que se vive en el territorio venezolano, donde el régimen ilegítimo ha impedido el acceso, incluso, de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, cuyo mandato fue autorizado por el Consejo de Derechos Humanos al que pertenece el propio régimen.

Como es de su conocimiento, la Misión de Verificación en Colombia opera con un mandato acotado del Consejo de Seguridad y sus resultados se analizan cada 90 días en este mismo Consejo. La petición del régimen de Venezuela de acudir al Artículo 34 de la Carta de las Naciones Unidas pretende que se investiguen presuntos hechos que ocurren en Colombia, que el régimen ilegítimo intenta, bajo un burdo sofisma, relacionar con la implementación del Acuerdo de 2016.

Como lo reconoció en días pasados el ex-presidente Juan Manuel Santos, al afirmar, ante la Jurisdicción Especial para la Paz que “… nunca dijimos que este país sería un paraíso cuando se firmara la paz…”, el Acuerdo suscrito con la antigua guerrilla de las FARC se planteó en medio de otras violencias, las cuales no iban a desaparecer de un día para otro. Es falso, por ello, que la persistencia de otras violencias se deba al incumplimiento de alguna de sus previsiones. Procede señalar además, que en 2020 se avanzó consistentemente en las acciones y medidas que se han tomado para reforzar la seguridad de aquellos ex combatientes que se mantienen en el proceso de reincorporación, investigar y judicializar los delitos en su contra, y avanzar en su esclarecimiento. Adicionalmente, las acciones de la fuerza pública en contra de las estructuras criminales en los territorios se han fortalecido sustancialmente, lo que, entre otras cosas, ha determinado que el número de homicidios a personas en reincorporación en 2020 fuera 12 % menos que el registrado en 2019, pasando de 74 en 2019 a 65 en 2020.

Treinta meses después de haber promulgado la política de “Paz con legalidad”, lo que Colombia ha logrado y continuará logrando en lo que resta del Gobierno del Presidente Duque, será materializar un mensaje de optimismo para las víctimas de la violencia, que son el centro de las acciones del Estado; para los más de 13,000 excombatientes que se mantienen en la legalidad; para las cerca de 100,000 familias que están en el proceso de sustitución voluntaria de cultivos; para quienes residen en los territorios más vulnerables, a donde llegan las obras, las oportunidades y el desarrollo; y en general, para todos los compatriotas, que pueden estar seguros que se trabaja sin descanso para que la violencia desaparezca definitivamente.

Como se ha resaltado en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, seguimos avanzando, pese a dificultades adicionales manifiestas como la pandemia por la enfermedad por coronavirus (COVID-19) y su impacto económico, la migración proveniente de Venezuela y el enemigo público mundial encarnado en el narcotráfico y otras economías ilegales.

El colapso institucional, económico y social en Venezuela ha llevado a ese país a una profunda crisis multidimensional que ha impactado gravemente a la población. Esta crisis se ve reflejada en la escasez de medicinas y alimentos, el incremento inusitado de la pobreza, las fallas en la provisión de servicios públicos, la violencia generalizada, la corrupción y la violación sistemática a los derechos humanos que incluye ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas, y violencia sexual y de género, tal como fue constatado por la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, aún a pesar de haberse imposibilitado su ingreso a ese país.

A lo anterior se suma la deriva anti-democrática, enfatizada por elecciones fraudulentas, sin árbitro electoral o sistema judicial independientes, sin censo electoral actualizado, seguridad para los votantes, libertad de expresión, prensa libre y, menos aún, condiciones para el ejercicio plural de la actividad política. Este deterioro de los valores fundamentales de la democracia y la integridad del Estado de Derecho inició durante el primer período de gobierno de Hugo Chávez y no ha dejado de acentuarse, llevando a Venezuela a convertirse en un estado fallido incapaz de ofrecer las mínimas garantías en materia de derechos civiles, políticos, económicos, sociales, ambientales o culturales.

Todo esto ha llevado a que cerca de seis millones de personas hayan abandonado el territorio venezolano en los últimos años, una cifra solo superada por la situación en Siria.

El compromiso de Colombia con aquellos que se encuentran en nuestro país, cerca de 1.800.000 venezolanos, ha sido inquebrantable y se vio recientemente materializado en la adopción del estatuto temporal de protección para migrantes venezolanos, un mecanismo ejemplar para avanzar hacia la garantía de sus derechos.

El desplazamiento masivo de 5,737 personas, de acuerdo con el censo adelantado por el Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos liderado por ACNUR y OIM en el municipio de fronterizo de Arauquita, presentado desde el 21 de marzo pasado, y ocasionado por operaciones del aparato militar del régimen, de manera indiscriminada, y sin apego al derecho internacional humanitario, ha generado una nueva crisis que ha sido atendida por las autoridades colombianas con celeridad y compromiso. En este propósito, se ha contado con el apoyo de todas las agencias del sistema de Naciones Unidas presentes en dicha región, cuyos representantes han sido testigos de los dramáticos testimonios de las víctimas de estos desplazamientos.

En visita a la frontera efectuada el pasado 10 de abril, representantes de varios Estados miembros del Consejo de Seguridad, así como de la ACNUDH, OIM, ACNUR, la Misión de Verificación y la Oficina de la Coordinadora Residente, en compañía de funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y otras entidades del Estado, se verificaron las condiciones de atención humanitaria y nuevamente se escucharon los desgarradores testimonios de las víctimas.

La Defensoría del Pueblo de Colombia, institución nacional de derechos humanos, también ha escuchado de primera mano de los afectados sobre los cruentos ataques que está sufriendo la población como consecuencia de los enfrentamientos entre los efectivos del régimen de Nicolás Maduro, incluidas las Fuerzas Armadas Especiales (FAES) y los grupos armados organizados cuyo accionar en territorio venezolano era permitido y cohonestado hasta hace poco tiempo.

Los afectados han indicado su deseo de no retornar, pues consideran que no hay garantías para su integridad en el vecino país. Algunos, incluso, han regresado solo temporalmente a recoger sus pertenencias para buscar nuevamente el suelo seguro del territorio colombiano, en donde han encontrado alimentos, techo y condiciones sanitarias.

El régimen ilegítimo de Maduro, como es habitual, busca desviar la atención internacional frente a la relación cómplice de su dictadura con grupos de narcotraficantes y terroristas. Ahora procura mostrar una imagen ficticia de lucha contra el crimen, pero toda la evidencia confirma que se trata de un régimen totalitario que no respeta ningún marco de legalidad.

La dictadura ha destruido el Estado de Derecho, el sistema productivo y los servicios sociales básicos en Venezuela y atenta, en forma grave, contra los derechos humanos de la población.

Desde hace más de 20 años, tanto Chávez como Maduro, han convertido la conspiración permanente contra su régimen en el bastión de su propaganda. Como ya lo mencionamos en la carta del 20 de mayo de 2020, el régimen venezolano señaló a Colombia de ser “el origen de todos sus males” . En 2015, en el marco de las llamadas Operaciones para la Liberación del Pueblo, Venezuela expulsó a más de 22.000 colombianos que residían en la zona de frontera, destruyendo sus hogares. Esto entre otros varios ejemplos que se han constituido en hechos violatorios de las normas del derecho internacional.

El Gobierno del Presidente Duque no ha estado exento de los continuos ataques y acusaciones infundadas del régimen de Maduro. Sin embargo, es evidente que una de las principales preocupaciones de la política exterior de Colombia es la situación que padecen los ciudadanos venezolanos y su evolución en el futuro. El restablecimiento del orden democrático en dicho país es fundamental para Colombia y para la región.

No obstante, Colombia siempre ha ejercido en sus relaciones fronterizas una política de buena vecindad y ha sido un actor importante en la búsqueda de soluciones a las naturales dificultades que se presentan en una frontera tan extensa y viva. La política exterior de Colombia ha preservado el principio de respeto al derecho internacional y al no uso de la fuerza. Ello, a pesar de múltiples provocaciones. Desde 2015, se han presentado más de 70 incidentes a lo largo de los 2.219 kilómetros de frontera compartida. En 59 de dichos incidentes, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha estado involucrada en excesos que han ocasionado aproximadamente 60 víctimas de nacionalidad colombiana con afectaciones como herida con arma de fuego, robo, secuestro y extorsión, sin contar con las acciones terroristas efectuadas por grupos armados organizados contra la fuerza pública colombiana desde el lado venezolano, a pocos metros de las unidades militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como ha ocurrido en el departamento fronterizo de Arauca.

Vale la pena recordar que existen vínculos entre el régimen de Nicolás Maduro y la organización terrorista de origen colombiano ELN y otros grupos armados organizados para la explotación ilícita de oro y otros minerales en el arco minero del Orinoco, donde se presenta un verdadero ecocidio, así como la presencia creciente de Hizbulah en el territorio de dicho país.

La presencia y acciones del ELN y otros grupos armados organizados en Venezuela se traduce en un sistema de macro criminalidad auspiciado por el régimen de Maduro, que brinda salvaguarda y libertad de acción a organizaciones catalogadas como terroristas por la Unión Europea y los Estados Unidos de América.

Pretende hoy ese régimen negar los vínculos históricos que han tenido con las organizaciones terroristas y narcotraficantes para culpar a otros de la grave situación de seguridad y humanitaria que atraviesa su población. Colombia ha sido muy clara con la comunidad internacional sobre los retos en la consolidación de la paz y la presencia del estado de derecho frente a fenómenos tipificados como crímenes transnacionales, como el tráfico de drogas, y el terrorismo. No sobra recordar el compromiso adquirido por los Estados en virtud, entre otras, de la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad, de obligatorio cumplimiento, para enfrentar este flagelo.

Mi país ha librado una batalla sin tregua contra la delincuencia y la criminalidad; ha fortalecido sus instituciones y ha logrado un progreso económico y social significativo desde el inicio del presente siglo. El narcotráfico y los grupos armados organizados que explotan rentas criminales generan violencia y afectan especialmente a las comunidades más vulnerables, son combatidos con toda la fuerza de la Ley. De acuerdo con información suministrada por la Fiscalía General de la Nación, durante 2020 fueron judicializados y/o capturados 31 cabecillas destacados de grupos armados organizados y estructuras delincuenciales, entre ellos, siete cabecillas nacionales, y 24 cabecillas regionales. Adicionalmente, fueron capturados 2.117 miembros de las estructuras armadas más poderosas del país (443 de las disidencias FARC; 223 del ELN y 758 del Clan del Golfo, también conocido como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia).

El Gobierno del Presidente Iván Duque continuará dedicando sus esfuerzos a la construcción de la paz en Colombia, la consolidación y estabilización de sus territorios y la recuperación de la democracia en Venezuela.

Como fue referido más arriba, en su comunicación, el régimen que lidera Nicolás Maduro pretende que el Consejo de Seguridad haga uso de las facultades que le otorga el Artículo 34 de la Carta de las Naciones Unidas para investigar supuestas actividades de grupos armados colombianos que adelantan lo que catalogan como “ataques armados contra el territorio y población venezolana”, así como por unos presuntos daños provocados por el recrudecimiento de lo que llaman una “guerra interna en Colombia” sobre Venezuela.

Al respecto, mi delegación se permite poner de presente que si bien el Consejo de Seguridad está facultado con base en este artículo para investigar si una controversia pudiera dar lugar a afectar la paz o seguridad internacionales, Colombia rechaza contundentemente este intento de confundir las distintas situaciones que se presentan en la región fronteriza entre los dos países, y que pretenden, a través de maniobras evasivas, distraer la atención sobre un asunto que ha sido claramente diagnosticado por la comunidad internacional, como es la connivencia del régimen de Maduro con actores criminales y terroristas de diversa naturaleza.

En el presente caso no se configuran los presupuestos fácticos y jurídicos para que se haga necesario acudir a los mecanismos del Artículo 34 de la Carta. Por el contrario, dedicar esfuerzos a este velado intento por desviar la atención de los verdaderos problemas en la región conllevaría una duplicación de mecanismos del Consejo.

Mi Gobierno quiere reiterar de modo enfático que es el régimen dictatorial el que apoya estructuras criminales vinculadas al narcotráfico y el terrorismo, las cuales han venido operando en el territorio del vecino país de tiempo atrás. Ninguna de las actuaciones del Estado colombiano se ha realizado de manera encubierta u oculta y ninguna actuación de nuestro país da lugar a la necesidad de que el Consejo de Seguridad aplique el Artículo 34 de la Carta.

Para concluir, permítame agradecer a todos los miembros del Consejo de Seguridad por su apoyo determinado y unánime a los esfuerzos de consolidación de la paz y la seguridad en Colombia, mediante la presencia de la Misión Política Especial y su trabajo articulado con el equipo país. Colombia sigue comprometida con la implementación de la política de “Paz con legalidad”, a través de la cual se desarrolla el acuerdo firmado en 2016 con la antigua guerrilla de las FARC.

Como el Secretario General de las Naciones Unidas ha resaltado en sus informes trimestrales al Consejo de Seguridad en el contexto de la Misión de Verificación:

“A raíz del Acuerdo ha disminuido considerablemente la violencia en todo el país con respecto a décadas anteriores, y en particular se han reducido notablemente los homicidios, los secuestros y otros indicadores relacionados con el conflicto; la democracia colombiana se ha ampliado, dando lugar a una mayor participación política; las comunidades afectadas por el conflicto están comenzando a ver los frutos de las inversiones, pendientes desde hacía mucho tiempo, en sus regiones; y el sistema de justicia transicional está trabajando para proporcionar verdad, justicia y reparación a las víctimas. Las partes en el Acuerdo siguen comprometidas a implementar los diversos componentes de este, con el apoyo de la sociedad colombiana y la comunidad internacional, entre formidables desafíos, en particular la persistencia y la concentración de la violencia en algunas regiones” (S/2020/1301).

El mismo Presidente Duque ha señalado públicamente su intención de que la Misión de Verificación tenga presencia en Colombia hasta el final de su mandato, y como lo conocen los miembros de este Consejo, Colombia ha solicitado la adición del mandato de la Misión para continuar con los esfuerzos conjuntos del Gobierno y la comunidad internacional en consolidar y fortalecer el Estado de derecho.

Lo que sucede en el territorio venezolano no es culpa de Colombia sino de un régimen incapaz e ineficaz que hoy paga las consecuencias de haber albergado criminales de origen colombiano, como tantas veces lo hemos denunciado.