Cruzada derechista contra la inseguridad

Como una secuela de la globalización de la derecha, la lucha contra delitos como asaltos, robos y secuestros está siendo manipulada en países latinoamericanos con apoyo estadounidense por empresarios y sectores ultraderechistas que defienden así sus intereses, anulando a la vez las referencias a problemas que directamente afectan a los sectores populares, como es la inseguridad laboral, los bajos salarios, la falta de vivienda y las prácticas leoninas de las instituciones que ofrecen créditos.

Desde luego, esa lucha contra la delincuencia no pretende ofrecer garantías a los sectores más desposeídos, sino fortalecer a las fuerzas de la derecha y atenuar los naturales temores de quienes acumulan riquezas y suelen ser por blanco principal cierto tipo de delincuencia que llevan a cabo secuestradores y asaltantes organizados.

Las manifestaciones de esa lucha tendenciosa, animada por instancias supranacionales con sede en Estados Unidos, como el Manhattan Institute, van, en países diferentes, desde las agrupaciones derechistas que defienden la tenencia y uso de armas, otras que reivindican la lucha contra la delincuencia con criterios racistas, pasando por los escuadrones de la muerte, que se autodenominan enemigos de la delincuencia, hasta coaliciones y organizaciones de cuño empresarial, como México Unido contra la Delincuencia, que con abundantes recursos promueven un cacerolismo a gran escala con evidentes propósitos de desestabilizar a las autoridades de izquierda en la ciudad de México.

Este último y otros grupos encabezados por ultraderechistas de vieja cepa, como Guillermo Velasco Arzac, exmiembro de grupos anticomunistas violentos en los años 60 y posteriormente organizador de grupos secretos extremistas, organizaron el pasado 27 de junio en la ciudad de México una multitudinaria marcha contra la inseguridad cuestionando especialmente la eficacia del gobernador capitalino, Andrés Manuel López Obrador, carismático político de la izquierda moderada.

Contaron para convocar al evento con el apoyo abierto de agrupaciones empresariales, de muchos medios de comunicación, y de sectores del clero. Cabe destacar que desde hace años, uno de los tópicos de la campaña de televisoras contra los gobiernos izquierdistas en la capital, territorio donde nunca ha prevalecido electoralmente la derecha, ha sido precisamente el tema de la inseguridad pública.

En el acto participaron miles de personas de distintos estratos sociales, haciendo suyas en pancartas muchas de ellas impresas previamente y distribuidas gratuitamente y portadas a veces por niños de diez años o menos, consignas que pedían la pena de muerte, especialmente para los secuestradores, así como «mano dura» contra la delincuencia y numerosos cuestionamientos contra López Obrador.

Hay que tener en cuenta que la defensa de la pena de muerte ha sido una de las principales reivindicaciones de los sectores conservadores de Estados Unidos que a la vez, paradójicamente, declaran ser «provida», es decir, partidarios de la vida desde la concepción. Cuando era gobernador de Tejas George Bush Jr. mandó ejecutar a cien personas, y bajo su mandato, a pesar de los dictados de la llamada lucha contra el terrorismo, ha tratado de complacer las demandas de la Asociación del Rifle encabezada por Heston, de poder comprar con libertad armas con el pretexto de protegerse contra la delincuencia. El 23 de julio de 2003 Bush condecoró al actor Charlton Heston, presidente de dicho grupo, con la Medalla de la Libertad, el máximo reconocimiento civil del país. Heston fue uno de los principales lobbystas que facilitaron el ascenso de Bush hacia la presidencia.

En lo que puede verse como la manifestación más pura de una lucha de clases invertida, de los ricos contra los pobres, los primeros han hecho una gran inversión en medios de comunicación para que los segundos exijan no mejores salarios o seguridad en el empleo, o viviendas dignas, sino nada menos que combate a los secuestros.

El fenómeno mexicano de la manipulación derechista de la inseguridad pública de manifiesta en otros países de maneras diferentes.
De hecho, la estrategia propagandística que en México ha derivado en el mencionado acto de cacerolismo de masas tiene su paralelo en el discurso similar que ha difundido en Chile la Fundación Paz Ciudadana, fundada en 1992 y autoerigida como «cerebro» de las políticas de mano dura aplicadas en ese país para enfrentar la delincuencia( ver: www.puntofinal.cl/001201/nactxt2.html).

Como consignaban analistas de ese país en al año 2000, el «verdadero éxito» de Paz Ciudadana fue haber exacerbado la sensación de inseguridad que hace desconfiar a uno del otro y temer su cercanía, sobre todo si es pobre, mal vestido y «mal hablado».

«Así, convertida mañosamente en una de las preocupaciones más sentidas por la población, la seguridad ciudadana es bandera obligada de los partidos y alianzas políticas que se disputan el poder, mientras la inseguridad hace crecer los gastos públicos y privados. Vivir con el miedo de ser asaltado y despojado de sus muchos o pocos bienes se acepta como algo inherente de la época actual. Sin embargo, muchos de estos mitos comienzan a ser torpedeados. En el libro de investigación periodística "La guerra y la paz ciudadana", de Marcela Ramos A. y Juan Andrés Guzmán de Luigi (LOM Ediciones), se demuestra con números que durante la última década "en los momentos de mayor alza delictual las personas tuvieron más posibilidades de perder su empleo que sufrir un robo con violencia; de ser víctimas del abuso policial que de ser asesinadas; de que una empresa los engañara (vendiéndoles un producto defectuoso o aplicándoles intereses abusivos) que de ser víctimas de un hurto».

Exactamente lo mismo está ocurriendo hoy en dia en México, mediante la propaganda de grupos como México Unido contra la Delincuencia, y de muchas voces que se han ido adhiriendo a ese discurso, como la actriz Laura Zapata, quien en declaraciones delirantes sostiene que su hijo ya no quiere salir a de su casa porque «teme por su seguridad» (Excélsior, 26 de junio de 2004). Asimismo, proliferan los comentarios en corrillos y en programas de los medios electrónicos según los cuales «ya no se puede salir a la calle por temor a ser secuestrado o asaltado» lo cual es absolutamente falso, como se demuestra simplemente saliendo a la calle. En la ciudad de México es mucho más probable ser timado por alguna empresa con la venta de productos o tarjetas fraudulentas o sufrir abusos por parte de empleadores o comerciantes, que ser asesinado o secuestrado, pero la propaganda empresarial ha hecho que la gente se olvide de su propia realidad.

La política antidelincuencia de «tolerancia cero» que se puso en práctica en Nueva York ha sido fuente de inspiración para estrategias conservadoras impulsadas en México, en Chile y en otros países. En Estados Unidos esa política ha dado como resultado que la población carcelaria supere los dos millones de personas, es decir, un cuarto de los presos de todo el mundo en un país que tiene sólo el cinco por ciento de la población mundial. La mitad de los presos estatales y federales son afroamericanos, a pesar que estos representan apenas el 13% de la población. Resulta que hay más gente tras las rejas que agricultores. Y mientras estos últimos reciben 23 mil millones de dólares en pagos federales directos, el costo del encarcelamiento asciende aproximadamente a 40 mil millones. (www.puntofinal.cl/001201/nactxt2.html)

Precisamente, uno de los tópicos que se difundió ampliamente en algunos medios de comunicación con motivo de la mencionada marcha de la ciudad de México fue el programa de cero tolerancia así como el acopio de armas, algunas de ellas improvisadas, que, se dijo, estaban haciendo los comerciantes con la peligrosa lógica de que ellos pueden «defenderse» o «hacerse justicia» por su propia mano.

Con grupos latinoamericanos como México Unido contra la Delincuencia y la Fundación Paz Ciudadana ha trabajado la estadounidense Manhattan Institute. De este último, Bill Bratton y George Kelling visitaron Caracas en septiembre de 2000, viaje que fue organizado por el grupo CEDICE (uno de los grupos desestabilizadores del gobierno de Hugo Chávez) y por la Cámara de Comercio Venezolano Americana, donde ante dirigentes comerciales disertaron sobre cómo «restaurar el orden y reducir el crimen en nuestras comunidades».

En México, en mayo de 2000, es decir, en la época de las elecciones presidenciales, Kelling se reunió con el grupo México Unido contra la Delincuencia y con el hoy presidente Vicente Fox, mientras que le embajador de Estados Uidos, Jeffrey Davidow, ofreció un almuerzo en su residencia para discutir soluciones al problema del aumento del crimen en México, al cual asistieron entre otros dos gobernadores del derechista partido Acción Nacional: Ignacio Loyola, de Querétaro y Fernando Canales Clariond, entonces gobernador de Nuevo León. En Brasil, en marzo del 2000, organizaron una serie de conferencias y reuniones en ambas Sao Paulo y Río de Janeiro, con la Cámara Americana de Comercio y la Fundación Victor Civita. En Chile, en noviembre de1999, se reunieron entre otras organizaciones con la Fundación Paz Ciudadana.

El Instituto Manhattan es una de las organizaciones republicanas que como el IRI, Instituto Republicano Internacional, apoyan a Bush, glorifican a Reagan y apoyan de diversas formas, como se ha dicho, a grupos derechistas proestadounidenses en diversas partes del mundo.

Fundado en 1978, declara tener como misión la de «desarrollar y difundir nuevas ideas que propicien mayor libertad económica y responsabilidad individual». Tuvo influencia sobre las políticas del alcalde neoyorkino Rudolph Giuliani para el combate de la delincuencia. Está presidido por Lawrence Mone, y entre sus miembros incluye a William Kristol quien es conocido por su defensa de la presencia de Estados Unidos en el Medio Oriente y contra Hussein, así como Peggy Noonan quien escribió discursos para Reagan y para Bush padre.

Desde luego, una de las versiones extremas de la lucha contra la delincuencia llevada a cabo con criterios clasistas ha conducido a la violencia que diguen ejerciendo an algunos países los escuadrones de la muerte, como son en Honduras los dramáticos abusos contra las llamadas «mara» (por analogía con las hormigas marabunta) o pandillas, cuyo exterminio proclamó en julio de 2003 el presidente Ricardo Maduro, al señalar que quedaban prohibidas las «maras criminales» en el país.

De 1998 a enero de 2003 han sido muertos 1 927 muchachos y 235 muchachas en Honduras. Cada semana, escuadrones de la muerte llegan con sus carros a los lugares más pobres de las grandes ciudades y ejecutan a jóvenes delincuentes, o a veces a inocentes quienes ni pertenecen a una mara. Esos escuadrones actúan en total impunidad: ninguna investigación es hecha sobre los asesinos, ya que las autoridades hondureñas les consideran como una «limpieza social». (Gaëlle Sevenier «Honduras: Política de Exterminación de las Pandillas», julio de 2003).

En Brasil, de acuerdo con el Human Rights Watch World Report 1999, «el tema de la violencia policial continuó copando los titulares, mientras oficiales a través de todo el país mataron sospechosos en una serie de incidentes», alegando que estaban haciendo un uso legítimo de la fuerza mortal. Según esas cifras tan sólo «la policía de Sao Paulo asesinó a 405 civiles en 1997 y 197 en los primeros cinco meses de 1998». Según la institución, a partir de informes brasileños se sabe que desde 1995 más de cuatro mil policías, uniformados y civiles, fueron acusados de haber recibido recompensas por participar en estos asesinatos. Más de 950 oficiales, mientras tanto, que habrían recibido este tipo de retribución fueron ascendidos en el mismo período.

En Haiti, que ha sido terreno por demás fértil para el surgimiento de grupos paramilitares y escuadrones de la muerte, exmiembros de ellos participaron en la reciente revuelta contra Aristide, como Louis-Jodel Chamblain, que fue comandante de escuadrones de la muerte, y que ha jurado asesinar a Aristide si regresa del exilio. Nuevamente, como es bien sabido, el brazo estadounidense, concretamente del IRI, estuvo detrás de los opositores que derrocaron a Aristide.

De acuerdo con un trabajo de Amnistía Internacional publicado en 1996, entre los escuadrones de la muerte y grupos armados ilegales que operan en El Salvador se contaban la Organización Maximiliano Hernández Martínez contra el Crimen (que operaba también bajo el nombre de Domingo Monterrosa y la Unión Guerrera Blanca), el Movimiento Pueblo Unido Contra la Delincuencia (Pucd), y el Comando Ejecutivo Antidelincuencial Transitorio (Ceat). Otro grupo similar, Sombra Negra sería responsable de la muerte, desde diciembre de 1994 hasta abril de 1995, de 17 personas, supuestamente criminales.

Sucesor de algunos escuadrones de la muerte, el partido derechista ARENA tiene, de acuerdo con una encuesta difundida en 2003 por la Universidad Centroamericana, una imagen de combatir más eficazmente la inseguridad pública, pero no de esforzarse por erradicar la pobreza. Es natural de la misma manera que gobiernos como los de Pinochet o Franco hayan sido elogiados por la ultraderecha local e internacional como grandes defensores de la seguridad pública.

La lucha contra «la delincuencia y la inmigración” ha sido una de las consignas de ultraderechistas europeos como Edmund Stoiber, alias “la esperanza católica», dirigente de la Unión Social Cristiana, y primer ministro de Baviera. Aunque al otro lado del Atlántico, hay conceptualmente cierta similitud entre la xenofobia de la ultraderecha europea y los criterios clasistas de su contraparte latinoamericana, pues en ambos casos se trata de una lucha contra los sectores más marginados de la sociedad.