Los empresarios venezolanos indican que se corre el riesgo de que la población no tenga acceso a los medicamentos, debido a las exigencias que se impondrán en materia de patentes farmacéuticas.
La política estadounidense de imponer Tratados de Libre Comercio en Latinoamérica, que establecen obligaciones sin precedentes a nuestros países en materia de patentes farmacéuticas, condenan a la población a la falta de medicamentos accesibles al poner en peligro la subsistencia de la industria farmacéutica nacional productora de los mismos, y principal proveedora de los sistemas públicos de salud, advirtieron los representantes la Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas, Alifar, reunida en su XXV Asamblea celebrada en Recife, Brasil.
En ese encuentro los industriales alertaron con profunda preocupación a los gobiernos sobre las legislaciones y acuerdos comerciales que están siendo negociados por la mayoría de los países latinoamericanos y el inminente peligro que implica el diseño de acuerdos internacionales que perjudican el desarrollo de la industria farmacéutica regional, producen desempleo y al mismo tiempo limitan el acceso a los medicamentos por parte de la población.
En el documento, denominado “Declaración de Recife”, los países miembros de la citada Asociación Latinoamericana; Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, rechazan la política propiciada por empresas farmacéuticas transnacionales tendientes a preservar y aumentar el efecto monopólico de las patentes haciendo uso abusivo de los derechos que les otorgan las mismas, con el único fin de obtener ventajas comerciales.
En tal sentido, recomendaron que los gobiernos de la región realicen esfuerzos conjuntos en América Latina para promover y ampliar el acceso de la población a los medicamentos de menor precio, seguros y eficaces, flexibilizando sus legislaciones de manera consistente con los acuerdos internacionales de la Organización Mundial de Comercio, en especial la Declaración de Doha sobre Salud Pública y Propiedad Intelectual, agregan.
Los empresarios del sector farmacéutico de Latinoamérica ven con especial preocupación el caso de Guatemala, cuya población está siendo limitada en el derecho universal a la salud, al reducir el acceso a medicamentos mediante la promulgación de leyes que refuerzan el monopolio de las empresas farmacéuticas extranjeras por encima de las obligaciones adquiridas por dicho país en los acuerdos internacionales suscritos en el marco de la OMC.
Como parte del proyecto latinoamericano de desarrollo, la industria farmacéutica nacional solicita a sus gobiernos, que le otorgue el tratamiento de sector estratégico para la seguridad y garantía de la salud de nuestras poblaciones, al tiempo que aboga por el fortalecimiento del desarrollo industrial a través de políticas eficaces, con reglas claras, estables y de largo plazo, capaces de incentivar la innovación tecnológica y la inversión productiva de las empresas nacionales comprometidas con un mayor desarrollo de sus países.
Igualmente, exhortan a las autoridades sanitarias a no prestarse al intento de constituirlas en un obstáculo al registro sanitario de productos similares de calidad, seguridad y eficacia comprobadas exigiendo requisitos adicionales que retardan la entrada de productos al mercado y la consecuente reducción de precios al favorecer la competencia y al mismo tiempo enfatizan en la necesidad de un trabajo conjunto con los diversos organismos del Estado para el desarrollo de la Industria Farmacéutica, elemento estratégico para la preservación de la salud y como garantía a la población del acceso a los medicamentos.
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