Proyecto de represa provocaría cataclismo social y ecológico en importante región ecuatoriana

En enero de 2004, en el coliseo de deportes de la Parroquia Patricia Pilar, los habitantes de la región afectada por el embalse de la Presa Baba, del Proyecto de Propósito Múltiple Quevedo - Vinces, de autoría de CEDEGÉ* (Comisión de estudios para el desarrollo de la cuenca del río Guayas), se reunieron en una primera asamblea pública para analizar las implicaciones económicas y sociales del referido proyecto.

En entrevista concedida por el Ing. Germán Jácome, Presidente de la Coordinadora Por La No Construcción de la Presa Baba y asesor del Centro Agrícola de Quevedo, la lucha por impedir la ejecución de este proyecto se debe a la ausencia total de garantías para la población afectada, tanto en el área del embalse, cuanto por las consecuencias del drenaje de aguas servidas de las poblaciones ribereñas en el curso inferior de los ríos después de la represa; pero sobretodo, enfatiza, “por la defensa de la vida y contra la privatización del agua en la cuenca alta del río Guayas”.

Esta manifestación de malestar social es parte de luchas iniciadas hace más de dos años, en contra de las políticas restrictivas al desarrollo de pequeños propietarios y a las economías agrícolas de subsistencia, propiciadas por los Acuerdos del ALCA y TLC, y como resultado de las conclusiones del Primer Foro sobre el Impacto del TLC en la Provincia de Los Ríos.

A partir de este primer paso, personal de la organización ambientalista ecuatoriana Acción Ecológica y otras instituciones, han unificado esfuerzos para levantar la información pertinente a los impactos ambientales y sociales de este proyecto, que parece destinado a favorecer, casi exclusivamente, la expansión de la agroindustria exportadora en la cuenca baja del río Guayas.

Frente a la resistencia de la población, una comisión de CEDEGÉ propuso una reunión de coordinación con los sectores afectados, con el objeto de firmar una “Acta Constitutiva de Control Ciudadano” para socializar la problemática del proyecto, contando con la participación de representantes de los Centros Agrícolas de Quevedo, Buena Fe, Valencia y Mocache, además de habitantes de las riberas de los ríos Baba y Toachi, para el día 17 de Julio de 2004.

En la referida reunión, los representantes de CEDEGÉ intentaron incluir un “reglamento” que permitiría operar el proceso de implementación y administración de la zona del proyecto, donde solo actuarían representantes de los grandes productores-exportadores bananeros, organismos gubernamentales y personeros de CEDEGÉ, excluyendo a los representantes del gran universo social de los afectados: mas de doce mil personas, incluidas mil trescientas familias y parte del territorio de la etnia Tsáchila.

Sin embargo, para disgusto de CEDEGÉ, en dicha asamblea realizada en el Auditorio de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, los participantes a este acto revirtieron el propósito de la convocatoria hecha por CEDEGÉ, y constituyeron la Coordinadora Por La No Construcción de la Presa Baba, con carácter autónomo, no gubernamental, con independencia y amplia participación ciudadana.

Dentro de las conclusiones y resoluciones adoptadas, se exigió de CEDEGÉ la entrega de los estudios del proyecto, siendo que hasta la fecha fueron entregados solamente siete de los trece volúmenes del referido estudio, faltando los que hacen referencia a la ejecución de otros tres embalses, denominados La Libertad, Puebloviejo y Mantequilla - este último que anegaría el Humedal de Abras de Mantequilla, un nicho ecológico de amplia biodiversidad -, conforme se desprende del mapa global del proyecto al que la Coordinadora ha tenido acceso.

Entre otras medidas que se pretenden adoptar para la defensa de los derechos de los afectados, está la convocatoria a una reunión ampliada de quince juntas parroquiales de las provincias de Los Ríos y Pichincha; la apelación a un comité internacional para auditar social, ambiental y económicamente este proyecto de CEDEGÉ, vista la deplorable experiencia de la represa Daule - Peripa, la solicitud de apoyo técnico a las universidades y centros de investigación agropecuarios del Ecuador; y, levantar una denuncia-juicio de ámbito internacional, por atentado contra los derechos humanos y socio-económicos de las comunidades afectadas.