A pesar de la poca creíble euforia por parte de los partidos mayoritarios (PSOE; PP; PNV; CiU) ante los resultados (en antemano previsibles) del referéndum sobre la Constitución Europea del pasado domingo, hay que destacar la baja participación (42%) que se sitúa aún por debajo de la registrada en las elecciones europeas el pasado mes de junio. Esto es un claro índice que una parte importante de la población del Estado español no percibe a la UE como un espacio político en el que puede influir con su voto y la ignora, desconoce el alcance que la UE tiene sobre su vida cotidiana, no se siente representado por este “proyecto europeo” o lo rechaza abiertamente. Especialmente en Euskadi y en Cataluña, con un 34% y 28% del NO respectivamente, parece que la imagen “progresista” de la UE ha sufrido un bajón considerable. Esto puede explicarse, en parte, a que las campañas vascas y catalanas por el NO pusieron su acento sobre la defensa del derecho a la autodeterminación, un derecho fundamental que la Constitución Europea no recoge, entre otras cosas por la presión ejercida del anterior gobierno Aznar.
No se puede, sin embargo, mal interpretar o capitalizar los resultados del 20-F como se está haciendo. Es importante subrayar que el NO y la abstención refleja todo un mundo socio-político. La mayoría de la abstención no es una abstención activa (antisistema y política) sino una abstención pasiva y apolítica (la indiferencia también es peligrosa para los movimientos sociales). No se puede compartir, por otro lado, el NO de la extrema derecha del PP que quiso castigar al PSOE, que reivindica más muros y racismo para los inmigrantes y que se postula a favor de “valores cristianos” de más represión sexual y de sumisión de las mujeres bajo la dominación patriarcal. Desde las campañas por el NO sólo podemos reivindicar el porcentaje del NO (y de la abstención) que rechaza la Constitución Europea por su carácter antidemocrático, militarista, injusto, discriminatorio, excluyente y neoliberal.
Ante la diversidad de posiciones y sensibilidades, algunos sectores de los movimientos sociales no determinaron el voto en el referéndum del 20-F (el grupo de Ecologistas en Acción de Madrid sí pidió el NO con el que me identifico plenamente). Una buena parte de la izquierda libertaria y autónoma se sitúa claramente en el porcentaje abstencionista, bien porque no quiso avalar este referéndum por tramposo y manipulado. O bien porque no se siente representada por este sistema político, ni por los partidos que lo representan ni por la UE que se está construyendo, y en consecuencia no quiso legitimar a la UE con su voto. Sin embargo, y esto es lo importante, ambas posturas se encontraron para hacer conjuntamente campaña contra la Constitución Europea.
Un 58% de abstención y un 6% de votos en blanco demuestra además que una mayoría en la población no comprende lo que es y lo que significa la Carta Magna europea. Los partidarios del SÍ y el gobierno no tenían nunca la intención de dar a conocer sus contenidos y sus consecuencias reales. Sustrajeron en todo momento un debate amplio y participativo. Según sondeos el 90,9% de la población manifiesta que su grado de conocimiento del Tratado es bajo o nulo. El propio proceso de ratificación completa, por lo tanto, una UE antidemocrática, que al haberla construido alejado de la población e íntimamente conectada con los intereses de las empresas transnacionales y del capital europeo, provoca la indiferencia, el rechazo y la frustración. La baja participación pone en entredicho la legitimidad de la Constitución Europea que se persiguió con el referéndum y de la que carece la UE. Allí el perverso y peligroso papel de los medios de comunicación masivos que son capaces, incluso, vendernos un 32% del SÍ (sobre el total de la población) como un “triunfo redondo”.
El resultado del 20-F entorpece sin embargo los planes del gobierno Zapatero de utilizar el referéndum para arrastrar a los votantes de otros países europeos donde se realizará también consultas con el fin de ratificar la Constitución Europea. Por lo menos en cuatro países de la Unión (República Checa, Reino Unido, Dinamarca, Irlanda) la probabilidad es muy alta que no la aprueban. La abstención y el inesperado porcentaje del NO han ayudado a que otras consultas europeas tengan más problemas de lograr su objetivo. Ahora es necesario y urgente aprovechar la atención pública sobre la Constitución, para profundizar en la creación de un tejido social en oposición a la UE.
Pese a la manipulación e información sesgada de la campaña oficial, incluso durante los dos días de “reflexión” (como se ha podido observar por ejemplo en diario El País), el NO de los movimientos sociales (e independientes a los partidos políticos) ha sido capaz de empañar el resultado global del referéndum. Organizaciones y plataformas han hecho una campaña con las uñas, en condiciones desiguales y con las trampas del SÍ como los anuncios de aquella “Plataforma Cívica por Europa” financiada, entre ellas, por SCH, Telefónica, Iberdrola, Unión Fenosa, Iberia y NH. Casualmente entidades que se han enriquecido con las normas de competencia del Mercado Único. Pese a estas condiciones las campañas del NO han tenido una incidencia mayor de lo esperado y lograron articular una reflexión sobre la UE, saliéndose del circulo vicioso de la propagando sobre el voto. Además posibilitaron el acercamiento, aunque con debilidades, entre colectivos muy diversos. Lo más positivo de este referéndum fue, tal vez, el trabajo subterráneo y en la sombra realizado por los distintos colectivos: charlas y debates, mesas de información, programas de radio, elaboración y reparto de material, etc. Todo eso debe animar a seguir con la labor de información y sensibilización ante el grave impacto que tiene la UE sobre nuestra vida, el entorno y el mundo.
La importancia de la alta abstención en el referéndum y de un porcentaje creciente (que rechaza la construcción europea como impulsor de una globalización capitalista insostenible, violenta e injusto) se verá más a medio plazo. Cuando la UE arrasa con los últimos servicios públicos, se agotan las pensiones públicas, el Euroejercito interviene en terceros países para defender el acceso a los recursos petrolíferos o provoca conflictos militares, se disparan los índices de paro, se colapse el mercado inmobiliario dejando a decenas de miles de familias en la ruina, y se multiplican las muertes por la mala calidad del medio ambiente o la inseguridad alimentaria. La falta de legitimidad, en alza, de esta Constitución pasará factura, y entre los primeros que la sufrirán, se encuentran los sindicatos CCOO y UGT quienes han llamado a la ratificación, mucho antes, incluso, que el propio gobierno del PSOE.
Mucha gente esta descontenta con su actual situación económica y social, y con el déficit democrático en la UE. Mientras tanto todas las prioridades de la UE y sus instituciones apuntan al funcionamiento del Mercado Único y su moneda, creando siempre las condiciones para el crecimiento económico y “favorable a las empresas”, pero jamás para el bienestar social ni ambiental. El objetivo debería ser ahora que la sociedad entienda la UE como responsable del malestar en su pueblo, su ciudad y en el mundo. De la precariedad laboral, la despoblación del campo, la reconversión industrial, el recorte de gastos públicos, el aumento de los precios, el endeudamiento de las familias, la criminalización de los inmigrantes, el aumento de la pobreza, la desigualdad de los salarios entre mujeres y hombres, o la miseria y el hambre en los países empobrecidos. La campaña ante el referéndum del 20-F ha dejado un poso para desarrollar esta reflexión sobre la UE (y sobre el mundo que necesitamos). Una oportunidad que los movimientos no deberíamos dejar sin atender.
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