Población raizal y población desplazada por el conflicto armado, que vive en tierras comunitarias amparadas en leyes colombianas y providencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, está siendo desalojada por empresarios de horca y cuchillo empollados en el nido paramilitar y que cuentan con el apoyo logístico del Ejército. Unos y otros, legales e ilegales, componen un solo cuerpo amenazante encargado de expulsar a las comunidades para abrir potreros y sembrar grandes áreas de palma oleaginosa.

La Comisión de Justicia y Paz viene denunciando este despojo desde 2001, pero apenas en marzo del presente año apareció un informe del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) que acepta los vicios de legalidad de las siembras de palma y de áreas intervenidas en ganadería dentro de los territorios colectivos, realizadas inicialmente por cuatro empresas y proyectadas sobre más de 22.000 hectáreas para la siembra de palma y más de 4.000 para ganadería. Las familias afectadas no pueden regresar a sus tierras invadidas por las nuevas siembras agroindustriales y sometidas a estrategias militares encubiertas que ponen en peligro sus vidas.

Justo cuando aparece el informe del Incoder, dice un detallado documento suscrito por Justicia y Paz y otras ONG de derechos humanos, “en la región se ha dado una serie amenazas sobre familias desplazadas del Curvaradó por parte de los paramilitares y se han recibido informaciones de que se encuentran veinte sicarios listos en Belén de Bajirá para atentar contra quienes vienen realizando reclamaciones en torno a la propiedades individuales y las del territorio colectivo.”

De acuerdo con el informe, más de 4.183 hectáreas están ya sembradas y 198 de ellas corresponden al Jiguamiandó y pertenecen a las empresas Urapalma, Palmas S.A. (Palmura), Palmadó (asociada de Urapalma), Palmas de Curvaradó, Fregni Ochoa y Tukeka, las cuales proyectan la siembra de 26.135 hectáreas. “Dos entidades, Selva Húmeda y Sociedad Asibicon, no han iniciado siembras pero, de acuerdo con el Informe, la segunda viene adquiriendo predios de propiedad privada”. Palmas del Atrato prevé 5.800 hectáreas “de siembra de palma de aceite, que se desarrollaría principalmente con la población reinsertada de la región y con el apoyo del proyecto Empresarios Exitosos por la Paz”, afirma Incoder.

Ese instituto asegura que “se ha construido la totalidad de la infraestructura existente en vías carreteables, canales de drenaje, viveros, cambios de uso del suelo, talas de árboles, secado y desviación de fuentes de aguas. Además, la casi totalidad de los poblados y caseríos tradicionales, como Brisas del Curvaradó, Cetino, Caracolí, El Guamo, Villaluz, Las Camelias, Andalucía, Llano Rico, No Hay Como Dios, Costa de Oro, San José de Gengadó, Gengadó Medio, Buenavista, Corobazal, La Laguna, Despensa Media y Despensa Baja, han desaparecido y las áreas han sido sembradas con palma de aceite. En otros casos se encuentran abandonados con las viviendas y edificaciones destruidas y en algunos casos, como Llano Rico y El Guamo, se presentan procesos de repoblamiento con personas distintas de las comunidades afectadas”.

El intento de legalizar la indebida ocupación de las tierras colectivas ha utilizado la compraventa de mejoras mediante 203 contratos, que según Incoder carecen de validez jurídica por estar expresamente prohibidos en la ley 70 de 1993, conocida como Ley de Negritudes. Además, las empresas adquirieron 142 predios individuales, correspondientes a 13.592 hectáreas. El ente oficial no vacila en afirmar que “es una contrarreforma agraria, pues los títulos habían sido adjudicados por el Incora a campesinos pobres y negros sin tierra”.

En Belén de Bajirá (Antioquia), donde habitan desplazados de las comunidades del Curvaradó, los paramilitares incrementaron los hostigamientos, señalamientos y amenazas de muerte sobre negros y mestizos que reclaman su derecho a conservar la tierra que laboran. Por la construcción de una carretera entre Pavarandó y Uradá, en territorio antioqueño, “sus pocos habitantes se han visto obligados a vender sus predios por las amenazas de los ‘civiles’ armados de la estrategia paramilitar y la construcción de una base paramilitar en el caserío desplazado de Puerto Lleras”, denuncia Justicia y Paz.

“El nuevo momento militar en las cuencas del Curvaradó y el Jiguamiandó y sus límites —añade esa entidad— coincide con la decisión institucional de cuestionar la legitimidad de las alternativas comunitarias de paz de las comunidades en la región del Urabá antioqueño y el Bajo Atrato; de militarizar los espacios humanitarios construidos a lo largo de ocho años dentro de un plan de control poblacional para la imposición del modelo de sociedad y de organización económica excluyente”.

Justicia y Paz termina aseverando que hay una acción militar “coincidente con la doble fase de la parainstitucionalidad en el Bajo Atrato. Bajo el noble propósito de la paz, o mejor, pacificación, pretende forzar a las víctimas a compartir las tierras de las que han sido desalojados o donde hoy se encuentran sitiados, con los removilizados del Urabá, los mismos que han operado con la Brigada XVII en el proyecto de la reconciliación. O a través del Proyecto Alternatividad Social (Paso), en el que se fusionan los removilizados y las estructuras armadas que aún se encuentran actuando en la región y a través de las cuales se está desarrollando un transplante poblacional de quienes aparecen como nuevos habitantes de territorios que nunca fueron suyos, pero que han sido trasladados por los paramilitares en la etapa de consolidación del control poblacional”.

Incoder mismo, aunque pretende que los despojados y desplazados concierten acuerdos con sus nuevos verdugos, de todas maneras se ve obligado a reconocer la justeza y viabilidad de algunas medidas enderezadas a trancar la voracidad de los vencedores de la guerra interna en el norte del país. Afirma que debe ponerse en marcha un plan integral de retorno y restablecimiento, la suspensión inmediata de siembras de palmas, negocios ganaderos y compraventa de predios privados y de sus mejoras en las tierras usurpadas, la devolución a los consejos comunitarios de las áreas adquiridas ilícitamente y el pago de indemnizaciones y reparaciones, tanto de orden económico como moral.

Álvaro Delgado