Entre el 2 y el 3 de julio, luego de conocido el asesinato de los diputados secuestrados por las Farc, El Tiempo dio cabida a las más pesimistas interpretaciones del hecho. Nadie protesta contra la violencia, escribió María Jimena Duzán. “El pueblo colombiano no se conmueve con nada (...) La sociedad (...) termina por escudarse en la apatía”, afirmó un editorial. “La puerta se está cerrando” para un acuerdo de cesación de la guerra, manifestó Eduardo Pizarro, funcionario del Gobierno. Los grupos armados “han creído hasta aquí que pueden administrar nuestros sufrimientos, nuestros miedos y nuestra muerte”, terció Armando Benedetti Jimeno. Y la siempre perspicaz Claudia López remató las quejas con una reflexión descarnada: “En el fondo de esta tragedia está el profundo desprecio por la vida. Para la guerrilla no son vidas, sino negocios. Para el Gobierno no son vidas, sino dignidad presidencial. Para muchos de los demás son simplemente vidas de extraños”.

Dos días después, el 5 de julio, se produjo la extraordinaria movilización nacional de protesta contra la guerra, para condenar la matanza de los diputados y exigir a Gobierno y Farc un acuerdo humanitario que ponga término al martirio de más de tres mil personas secuestradas por la guerrilla. Auspiciadas por autoridades nacionales y regionales, organizaciones de derechos humanos y partidos políticos, las marchas se produjeron en numerosas ciudades del país, con una afluencia que los más optimistas —el Gobierno— calculan en ocho o nueve millones y los más realistas en más de un millón.

Sea como fuere, ¿en qué quedan las quejas en torno a la indiferencia de los colombianos frente a la violencia? Digamos, de entrada, que los dos contendientes no tienen ni el menor interés en la condena de la violencia como forma de lucha. Tanto el Presidente y sus amigos del entorno militar y paramilitar como la guerrilla y sus apoyos civiles no esperan nada bueno de la paz, siguen creyendo empecinadamente que solo el uso de la fuerza los llevará a coronar sus respectivos planes políticos. La voluntad genuina de la paz, las grandes mayorías que condenan por igual a todos los factores que atizan el conflicto armado, no pudieron expresarse con suficiente fuerza el 5 de julio porque ni el Gobierno ni los partidos políticos las representan. Con mayor razón cuando unos y otros están comprometidos en la puja por ganar las elecciones legislativas de octubre próximo. El mismo PDA, que se supone que es una fuerza de izquierda, democrática, independiente, no se atrevió a señalar a las Farc como los principales responsables de la matanza.

El movimiento colombiano contra la guerra no es el de España, que se ha levantado como una sola voz ciudadana contra los violentos. En las filas de los partidarios de la paz hay importantes sectores que estiman justificable la insurrección armada y callan las atrocidades que ésta comete contra las comunidades pacíficas e inermes, así como existen ONG fraudulentas que actúan con el auspicio de paramilitares y políticos ligados al narcotráfico. Este tipo de gente salió el 5 de julio a exigir rescate violento de secuestrados o su devolución sin previo acuerdo humanitario. Utilizan así los errores políticos de las Farc, que afianzan la legitimidad del gobierno en vez de debilitarla, que no estimulan sino que paralizan la protesta contra la violencia y la guerra.

El politólogo Pedro Medellín ha expuesto la naturaleza del apoyo ciudadano a los actores armados que someten a regiones enteras al arbitrio de sus designios criminales. Los pobladores apoyan a la guerrilla, dice, porque el Ejército y los paracos los roban, saquean y matan, o bien se comprometen porque tales actitudes “les pueden resultar convenientes o les evitan problemas”. Mientras no se quiebre este sistema de favores que arrasa el concepto de ciudadanía, agrega el columnista, “los partidos políticos no podrán constituirse en vehículos de movilización de los intereses ciudadanos; las protestas ciudadanas no encontrarán otras vías que las de los hechos (invasiones de predios, tomas de instalaciones, bloqueos de vías, marchas, huelgas de hambre) para hacer valer sus reivindicaciones, que el derecho de huelga no alcanza a asegurar; y la violencia política seguirá imponiendo la ley del más fuerte como principio básico de la organización social en muchas regiones del país”.

Pero nos parece que hay algo más. Los comentaristas de prensa aparentan desconocer la historia de la movilización popular colombiana por la paz y contra la guerra. No saben quizás que “La participación en la movilización por la paz en Colombia alcanza al menos la mitad del nivel de participación en Alemania y Holanda, el doble del de Suiza y más de tres veces el de Francia”. La aserción aparece consignada en un estudio de Mauricio García Durán recientemente publicado por el Cinep bajo el título “Movimiento por la paz, 1978-2003”. Según el mismo, en los 26 años considerados se presentaron en Colombia 1.703 acciones de paz que movilizaron a más de 50 millones de personas, aunque con la advertencia de que los informes de participación son confiables solo en el 29% de los casos. Pese a que su desarrollo no ha sido parejo, el movimiento ha ido en ascenso. Entre 1993 y 2003 se movilizó el 86% del total de participantes. Los mayores despliegues ocurrieron en el apagón eléctrico voluntario por la paz y contra el secuestro de personas (enero de 2000), el Mandato Nacional de la Niñez por la Paz (25 de octubre de 1996), el Mandato Ciudadano por la Paz, la Vida y las Libertades (26 de octubre de 1997) y la campaña de No Más contra el secuestro y la desaparición forzada realizada en 1999 y que contó con la gran marcha nacional del 24 de octubre de ese año, que puso en movimiento a importantes volúmenes de ciudadanos en 182 municipios de 28 departamentos. El despliegue del 5 de julio de 2007 podría estar indicando un nuevo repunte de las movilizaciones.

Las acciones más acostumbradas en el curso del movimiento estuvieron constituidas por foros, seminarios, campañas educativas, culturales y deportivas, actos religiosos, premios y homenajes de paz, que conformaron el 51% del total de acciones de los 26 años. La creación de redes de organizaciones y la realización de consultas populares, debates y negociaciones de comunidades locales representaron el 10% de las acciones; las marchas, concentraciones, paros, huelgas, tomas de entidades y bloqueos de vías públicas alcanzaron el 30,5% y las acciones colectivas de resistencia civil y declaraciones de zonas de paz contribuyeron con el 5% restante.

¿A qué horas ocurrió todo eso?, se preguntarán tanto periodistas como ciudadanos del común. Pero no es un invento de los investigadores sociales. Los testimonios reposan en las bases de datos de luchas sociales que el Cinep alimenta y perfecciona desde 1975 (desde 1959, para el caso de luchas laborales). Los hechos han pasado entre nosotros, a nuestro lado o en las calles y plazas alejadas de nuestra vivienda o nuestra ruta cotidiana al trabajo. Y como en la casi totalidad de los casos la manifestación ciudadana ha sido pacífica, no ha merecido mayor atención de los medios de comunicación de masas y ha pasado inadvertida. Entre las 1.703 acciones, solo tres implicaron el empleo de la violencia.

La otra explicación puede estar en que el curso de las acciones ha sido disparejo y concentrado en algunas regiones. En cinco departamentos (pertenecientes a la Amazonia, la Orinoquia y San Andrés Islas) solo hubo una o dos actividades durante los 26 años. La mayoría de las acciones tuvo un volumen bajo, y las regiones con más alto nivel de acciones fueron Antioquia, Bogotá, Santander, Valle del Cauca y Meta. Bogotá presentó el 21% de las 1.703 acciones y los periodistas no las vieron o no las recuerdan.

Mientras escribo esta nota tengo a mi lado un ejemplar de El Tiempo del 16 de julio de 2007. Tomo el cuerpo central del diario y veo que tiene 26 páginas, que cuatro de ellas están ocupadas por avisos comerciales de página entera y nueve de media página, y que en el espacio que resta aparece solo una noticia de paz: la marcha del profesor Gustavo Moncayo, que clama por la devolución de su hijo secuestrado y el fin del martirio de todos ellos. En este mismo día sé que decenas de acciones de paz y justicia tienen lugar en diferentes regiones de Colombia. Sus voces circulan por los correos de internet pero escapan al periodismo escrito, radial y televisado porque no presentan violencia.

Álvaro Delgado