Mientras reflexionan sobre la futura dirección de sus partidos, los diputados británicos regresan de las vacaciones afirmando que no olvidan el problema del traslado de los detenidos islamistas hacia campos secretos donde pueden ser torturados. Un grupo parlamentario transpartidista se ocupa por su cuenta del asunto. Lo preside Andrew Tyrie, diputado conservador, asistido por Chris Mullin y Sir Menzies Campbell. Esperan que el gobierno les rinda cuentas.
Lo que hay detrás de ese problema es, una vez más, la alianza del Reino Unido y Estados Unidos, y las diferencias entre nuestros sistemas legales. Esta cuestión se planteó desde el inicio de la guerra contra el terrorismo, cuando surgió la hipótesis de un arresto de Osama Bin Laden por parte de las tropas británicas. ¿Era necesario entregarlo a las tropas estadounidenses sabiendo que, sin duda alguna, sería ejecutado?
En Gran Bretaña, es actualmente imposible pretender que el traslado de prisioneros sea legal y por ello los ministros británicos no quieren oír hablar de eso y Estados Unidos ya no toca el tema. El gobierno se limita a respuestas evasivas acerca del asunto y trata de obstaculizar cualquier iniciativa parlamentaria que pueda conducir a una investigación. En nuestros días, hay tres investigaciones judiciales sobre los «extraordinary renditions»: una en España, una en Italia y una en Alemania. A ello se añade una investigación pública en Canadá, una investigación parlamentaria en Suiza y una investigación del gobierno en Polonia. ¡Nada en el Reino Unido! Parece que los ministros tienen de veras algo que ocultar.
«If you ask no questions», por Richard Norton-Taylor, The Guardian, 10 de enero de 2006.
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