Albert Gore denuncia el totalitarismo que se cierne sobre Estados Unidos

Ver segunda parte

Para comenzar, diré que el congresista Bob Barr [1] y yo hemos estado muchas veces en desacuerdo en los últimos años. Pero hoy nos unimos a miles de nuestros conciudadanos, demócratas y republicanos, para expresar nuestra preocupación común con relación al grave peligro que corre la Constitución de Estados Unidos.

A pesar de nuestras diferencias ideológicas y políticas, estamos absolutamente de acuerdo en el hecho de que los valores norteamericanos que nos resultan más queridos han sido seriamente amenazados por las pretensiones del gobierno de extender el poder ejecutivo de manera simplemente asombrosa.

En los momentos en que iniciamos este nuevo año, la rama ejecutiva de nuestro gobierno ha sido sorprendida espiando a un número impresionante de ciudadanos estadounidenses y ha declarado sin pena alguna que cuenta con el derecho unilateral de continuar haciéndolo, sin respetar la ley establecida, aprobada precisamente por el Congreso para prevenir tales abusos. Resulta por lo tanto imperioso restaurar el Estado de derecho en nuestro país.

Es precisamente por ello que somos tan numerosos los que nos reunimos hoy en el Constitution Hall para alertar y hacer un llamamiento a nuestros conciudadanos para que dejen a un lado las desavenencias partidistas en la medida de lo posible y se unan a nosotros para pedir que nuestra Constitución sea defendida y preservada.

Me parece adecuado hacerlo en el día reservado por nuestra nación para rendir homenaje a la vida y al legado del doctor Martin Luther King Jr., quien desafió a Estados Unidos para que diera nueva vida a nuestros valores más antiguos al extender su promesa a todo nuestro pueblo.

Es además de gran importancia, en este día particular dedicado a Martin Luther King, recordar que durante los últimos años de su vida el doctor King fue ilegalmente espiado, como miles de otros estadounidenses cuyas comunicaciones privadas fueron interceptadas por el gobierno norteamericano durante este período.

En secreto, el FBI calificó a King como –y cito– «el dirigente negro más peligroso y eficiente del país» y juró –una vez más cito– «hacerlo descender de su pedestal».

El gobierno llegó incluso a sabotear su matrimonio y lo chantajeó para que se suicidara. Esta campaña siguió su curso hasta el asesinato del doctor King.

Saber que el FBI había llevado a cabo esta larga e intensa campaña de vigilancia electrónica secreta concebida para infiltrar los mecanismos internos de la Southern Christian Leadership Conference e informarse de los detalles más íntimos de la vida del doctor King resultó fundamental para convencer al Congreso de que aprobara restricciones sobre las escuchas telefónicas.

Uno de los resultados fue la Foreign Intelligence and Surveillance Act, denominada con frecuencia FISA, aprobada expresamente para garantizar que la vigilancia de la inteligencia exterior fuera sometida a un juez imparcial encargado de verificar que existía una razón importante que la justificara.

Esta ley era muy flexible y le permitía al poder ejecutivo actuar con la rapidez deseada.

Voté a favor de esta ley durante mi primer mandato en el Congreso. Así, durante cerca de treinta años, ese sistema demostró que era un medio precioso y funcional para ofrecer un adecuado nivel de protección a los ciudadanos estadounidenses al mismo tiempo que le permite a la inteligencia exterior seguir adelante con sus actividades en caso de ser necesario.

La vigilancia de los ciudadanos estadounidenses

Sin embargo, hace justamente un mes, los estadounidenses se despertaron y conocieron la chocante noticia de que a pesar de la existencia de esta ley, la rama ejecutiva espía en secreto desde hace cuatro años a gran número de ciudadanos y ha escuchado –cito el artículo– «un gran número de comunicaciones telefónicas, mensajes de correo electrónico y otras comunicaciones por Internet dentro de Estados Unidos.»

El New York Times señaló que el Presidente había decidido lanzar este programa de escucha masiva sin que mediara una orden de registro u otro documento legal que autorizara la recopilación de inteligencia interna.

Durante el período en que estas escuchas seguían siendo secretas, el Presidente pareció desviarse de su línea para tranquilizar al pueblo estadounidenses en repetidas ocasiones con relación al hecho de que, por supuesto, era necesaria una autorización judicial para cualquier gobierno que quisiera espiar a los ciudadanos estadounidenses y que, naturalmente, esas barreras constitucionales seguían en su lugar.

No obstante, y de manera sorprendente, las tranquilizadoras declaraciones demostraron ser falsas. Además, tan pronto como ese gigantesco programa de espionaje interno fue descubierto por la prensa, el Presidente confirmó la autenticidad de la historia pero, cogiendo un segundo aire, declaró que no tenía la más mínima intención de respetar esto o de poner fin a esas verdaderas invasiones de la vida privada.

En estos momentos nos queda aún mucho por saber sobre la vigilancia interna llevada a cabo por la NSA [2]. Lo que sabemos de estas intercepciones entrometidas nos lleva virtualmente a la conclusión de que el Presidente de Estados Unidos ha violado la ley de forma repetida e insistente.

¿Estado arbitrario o Estado de derecho?

Un presidente que viola la ley constituye una amenaza directa a la propia estructura de nuestro gobierno.

Nuestros padres fundadores eran intransigentes con relación al hecho de que habían instaurado un gobierno de leyes y no de hombres.

Reconocían que la estructura de gobierno que habían plasmado en nuestra Constitución, nuestro sistema de control mutuo de los poderes, había sido concebido con el principal objetivo de lograr que éste fuera regido por el Estado de derecho.

Como dijera John Adams [3], «El ejecutivo no debe en ningún caso ejercer el poder legislativo y judicial, o uno de ellos, de forma tal que seamos gobernados por la ley y no por los hombres.»

Un ejecutivo que se arroga el poder de ignorar las directivas legales legítimas del Congreso o de actuar fuera del marco del control del poder judicial se convierte en el principal peligro que los fundadores querían alejar en la Constitución: un ejecutivo todopoderoso, que recordara demasiado al rey del cual se habían liberado.

Retomando las palabras de James Madison [4], la acumulación de todos los poderes, legislativo, ejecutivo y judicial entre las mismas manos, ya se trate de uno solo, de varios o de muchos, ya sea heredero, autoproclamado o electo, puede ser justamente calificado de definición precisa de la tiranía.

Thomas Paine [5], cuyo panfleto Sentido Común [6] desencadenó la Revolución estadounidense, describe sucintamente la alternativa que se le ofrecía a Estados Unidos. En este caso, decía, pretendemos asegurarnos de que, y repito sus palabras, «reine la ley».

En realidad, la adhesión vigilante al Estado de derecho fortalece por supuesto nuestra democracia así como a Estados Unidos. Garantiza que aquellos que nos gobiernan actúen en el marco de nuestra estructura constitucional, lo que implica que nuestras instituciones democráticas desempeñen su papel indispensable para definir las políticas y determinar el rumbo que sigue nuestra nación. Ello implica que el pueblo de esta nación determine en fin de cuentas su derrotero en lugar de hacerlo los responsables ejecutivos que actúan en secreto sin verse obligados por el Estado de derecho.

Porque, no se equivoquen: el Estado de derecho nos hace más fuertes al velar porque las decisiones sean seguras, estudiadas, revisadas y examinadas por los procesos gubernamentales concebidos con el objetivo de mejorar la política y evitar los errores.

De esta forma, la conciencia de que son sometidos a examen les impide inmiscuirse y controla su influencia sobre el poder.

La fidelidad a la apertura, la cultura de la verdad y la responsabilidad ayuda a nuestro país a evitar muchos errores serios que de otra forma cometeríamos.

Por ejemplo, hace poco supimos, a través de documentos recientemente desclasificados, luego de cerca de 40 años, que la resolución del Golfo de Tonkín que autorizó la trágica guerra de Vietnam se basaba de hecho en informaciones falsas.

Y hoy sabemos que la decisión de autorizar la guerra de Irak 38 años más tarde también se basó en informaciones falsas.

Ahora, lo importante es que Estados Unidos habría actuado mejor si hubiera sabido la verdad y evitado esos dos colosales errores de nuestra historia. Es por ello además que el respeto del Estado de derecho no nos hace más vulnerables sino que nos protege.

El Presidente y yo estamos de acuerdo en una cosa. La amenaza terrorista es demasiado real.

No se trata simplemente de que sigamos enfrentándonos a nuevos desafíos luego de los ataques del 11 de septiembre de 2001; debemos mantenernos alertas para mantener a Estados Unidos lejos del peligro.

No estamos de acuerdo con la propuesta de quebrantar la ley o de sacrificar nuestra forma de gobierno para proteger a los estadounidenses del terrorismo cuando en realidad ello nos haría más débiles y vulnerables.

Recuerden además que una vez violado, el propio Estado de derecho está en peligro. Si no es detenida, la ilegalidad aumenta y mientras más se acrecienta el poder del ejecutivo más difícil resulta que las restantes ramas desempeñen su papel constitucional.

Mientras que el ejecutivo actúe fuera del marco prescrito por la Constitución y pueda controlar el acceso a las informaciones que expondrían sus faltas y revelarían sus errores se hace cada vez más difícil para las otras ramas vigilar sus actividades.

Una vez perdida esta capacidad, la propia democracia se ve amenazada y nos convertimos de hecho en un gobierno de hombres y no de leyes.

Escuchas fuera de la ley

Los hombres del Presidente no nos dicen mucho de las leyes de Estados Unidos.

El secretario de Justicia, por ejemplo, ha admitido abiertamente que el tipo de vigilancia, para retomar sus palabras, que sabemos que han llevado a cabo, requiere una orden judicial salvo en caso de autorización estatuida.

La Foreign Intelligence Surveillance Act no autoriza de manera manifiesta lo que hace la NSA y nadie dentro o fuera del gobierno afirma que ese sea el caso.

De manera bastante sorprendente, el gobierno afirma por el contrario que la vigilancia fue implícitamente autorizada cuando el Congreso aprobó el recurso a la fuerza contra aquellos que nos atacaron el 11 de septiembre.

Pero simplemente este argumento no es sólido. Sin entrar en los meandros legales es refutado por una gran cantidad de hechos embarazosos.

Analicemos en primer lugar otra confesión del secretario de Justicia quien admite que el gobierno sabía que el proyecto de la NSA estaba prohibido por la ley existente y por esa razón consultaron a miembros del Congreso con relación a la posibilidad de cambiar el estatuto.

El secretario de Justicia, González, afirma que los miembros del Congreso consultados les dijeron que con toda probabilidad eso no sería posible. Decidieron entonces no presentar la solicitud.

¿Cómo pueden entonces decir ahora que la autorización de recurrir a la fuerza militar justificaba todo eso?

Mientras se debatía la autorización, el gobierno trató por todos los medios de incluir términos que lo habrían autorizado a emplear la fuerza militar dentro del país y el Congreso se negó a aprobarlo.

El senador Ted Stevens [7] y el representante Jim McGovern [8], entre otros, hicieron claras declaraciones durante el debate en la Cámara y en el Senado, respectivamente, y mencionaron con nitidez que esta autorización no se aplicaba dentro del país. No existe afirmación alguna de lo contrario.

Cuando el presidente Bush fracasó en convencer al Congreso de que le concediera el poder que deseaba mientras se sometía a votación esta medida, se arrogó en secreto ese poder como si la autorización del Congreso fuera una fastidiosa e inútil formalidad.

Pero, como escribió en su momento el juez supremo Frankfurter [9], «Gozar de una autoridad acaparada de manera tan explícita no equivale simplemente a ignorar en una instancia particular la clara voluntad del Congreso. Equivale asimismo a faltarle el respeto a todo el proceso legislativo y a la distribución constitucional del poder entre el Presidente y el Congreso.»

Se trata precisamente de este irrespeto de la ley que el Tribunal Supremo encerró en un cofre de acero durante la guerra de Corea. Es ese mismo irrespeto de la Constitución norteamericana el que ha llevado desde entonces a nuestra república al borde de un peligroso abismo para la estructura de la Constitución.

Encarcelamiento arbitrario y tortura

Además, el irrespeto intrínseco ante estas aparentes infracciones masivas de la ley forma parte de una tendencia de indiferencia aparente respecto de la Constitución que trastorna profundamente a millones de estadounidenses de los dos partidos políticos.

Por ejemplo, como ustedes saben, el Presidente ha declarado igualmente que goza de poderes inherentes hasta ahora no reconocidos que le permiten detener y encarcelar a cualquier ciudadano de este país que en su opinión constituya una amenaza para nuestra nación y que a pesar de su ciudadanía estadounidense esta persona encarcelada no tiene el derecho de hablar con un abogado ni siquiera en el caso de que quisiera argumentar que el Presidente o sus nominados cometieron un error y encarcelaron a la persona equivocada.

El Presidente pretende que puede encarcelar a cualquier ciudadano estadounidense –cualquier ciudadano norteamericano que haya escogido– por tiempo indefinido, por el resto de su vida, sin siquiera presentar una orden de detención, sin informarle de qué se le acusa, sin siquiera informar a su familia que ha sido detenido.

Ningún derecho de este tipo existe en los Estados Unidos que ustedes y yo amamos. Es algo ajeno a nuestra Constitución.

Es algo que debemos rechazar.

Al mismo tiempo, la rama ejecutiva ha invocado asimismo una autoridad antes no reconocida para maltratar a los prisioneros bajo su responsabilidad de una forma que constituye innegablemente tortura y que siempre ha sido tortura –en una magnitud muy amplia, suficientemente documentada en las instalaciones estadounidenses situadas en diferentes países del mundo.

Más de cien de las personas cautivas han sido declaradas como fallecidas mientras eran torturadas por miembros del poder ejecutivo. Muchas otras han sido quebrantadas y humilladas. Además, en la célebre prisión de Abu Ghraib los investigadores que documentaron la ola de tortura calcularon que más del 90% de las víctimas eran totalmente inocentes.

Este es un ejercicio de poder intolerable que infringe una serie de principios que esta nación ha respetado desde que fueran enunciados durante nuestra guerra revolucionaria por el general George Washington [10]

Estos principios han sido respetados por todos los presidentes desde entonces y hasta ahora.

Pero se violan las Convenciones de Ginebra, las convenciones internacionales contra la tortura y nuestras propias leyes contra la tortura.

El Presidente también ha declarado que tiene el poder de secuestrar individuos en las calles de las ciudades extranjeras y de someterlos a encarcelamiento e interrogatorio en nuestro nombre por parte de regímenes autocráticos y de naciones conocidas por la crueldad de sus técnicas de tortura.

Algunos de nuestros aliados tradicionales se han escandalizado profundamente ante estas tendencias inhabituales por parte de Estados Unidos.

Por ejemplo, el embajador británico en Uzbekistán [11] –una de las naciones que gozan de la peor reputación de tortura en sus prisiones– depositó una queja ante su ministerio del Interior con relación a la crueldad y lo absurdo de las nuevas prácticas estadounidenses de las que fue testigo. «Las informaciones que obtuvimos son inútiles», escribió antes de proseguir: «Vendemos nuestra alma por prácticamente nada. En fin de cuentas resulta perjudicial.»

¿Es posible que un presidente goce en realidad de tales poderes en el marco de nuestra Constitución?

Si la respuesta es afirmativa, entonces según la teoría que rige esos actos, ¿existen otros que puedan en comparación ser prohibidos?

Si el Presidente goza del poder orgánico de espiar mediante escuchas a los ciudadanos estadounidenses sin una orden, de encarcelar a los ciudadanos estadounidenses por iniciativa propia, de secuestrar y de torturar, ¿qué es entonces lo que no puede hacer?

Luego de analizar las pretensiones extravagantes del poder ejecutivo con relación a esos poderes antes no reconocidos, el decano de la facultad de derecho de Yale, Harold Koh [12], llegó a la siguiente conclusión y cito: «Si el Presidente tiene el poder de comandante en jefe para torturar, tiene entonces el poder de cometer genocidios, de avalar la esclavitud, de promover el apartheid y de ordenar ejecuciones sumarias.»

Parálisis de los contra poderes

El hecho de que las habituales barreras estadounidenses no hayan sido capaces por el momento de detener esta expansión inédita del poder ejecutivo es preocupante en sí mismo. El fracaso puede ser en parte achacado al hecho de que el ejecutivo ha seguido una estrategia determinada para frenar, retrasar y retener informaciones, haciendo creer que cede pero negándose finalmente a hacerlo, avanzando enmascarado para frustrar los esfuerzos de las ramas legislativa y judicial para restaurar un sano equilibrio constitucional.

Por ejemplo, después de fingir apoyar una enmienda promovida por el senador John McCain [13] con el objetivo de poner un término a la tortura, el Presidente declaró en el momento de firmar la ley que se reservaba el derecho de no respetarla.

De la misma forma, la rama ejecutiva declaró que podía de manera unilateral encarcelar a ciudadanos estadounidenses sin facilitarles el acceso a un tribunal. Y cuando el Tribunal Supremo se opuso a ello el Presidente inició entonces maniobras legales con el fin de impedir que el tribunal le diera algo de sentido a los derechos de los ciudadanos afectados.

Un jurista conservador de la cuarta sala de apelaciones escribió que el tratamiento de uno de esos expedientes por parte de la rama ejecutiva hacía pensar en el súbito abandono de los principios y lo cito, «a un costo sustancial para la credibilidad del gobierno ante los tribunales».

Como consecuencia de esta pretensión inédita que una vez más constituye un poder unilateral, el poder ejecutivo pone en grave peligro nuestra estructura constitucional. Los desafíos para la democracia estadounidense son mucho más importantes que lo que por lo general se reconoce.

Dichas pretensiones deben ser rechazadas y se debe establecer un sano equilibrio de los poderes en nuestra república. En caso contrario, la naturaleza fundamental de nuestra democracia podría ser objeto de una transformación radical.

Desde hace más de dos siglos, las libertades de Estados Unidos han sido preservadas en gran parte gracias a la decisión de nuestros fundadores de separar el poder global de nuestro gobierno en tres ramas iguales; cada una, como saben, encargada de controlar y equilibrar el poder de las otras dos.

En múltiples ocasiones a lo largo de nuestra historia la interacción dinámica entre las tres ramas ha provocado conflictos y estancamientos que constituyen lo que invariablemente se denomina crisis constitucionales.

Estas crisis han sido con frecuencia períodos peligrosos e inciertos para nuestra república. Pero cada vez, hasta ahora, hemos encontrado una solución a la crisis por medio de la renovación de nuestro acuerdo para vivir en paz bajo el reinado de la ley.

La principal alternativa a la democracia en la historia fue, por supuesto, la concentración de virtualmente todo el poder estatal entre las manos de un solo hombre fuerte o de un pequeño grupo que ejercía el poder sin el consentimiento informado de los gobernados.

Después de todo, la fundación de Estados Unidos fue el fruto de la insubordinación ante un régimen semejante.

Cuando Lincoln [14] declaró, en medio de nuestra crisis más grave, que el principal problema que sería resuelto en la guerra civil sería, empleando sus términos memorables, «el hecho de que esta nación, o cualquier nación concebida de esta forma y así consagrada, pueda o no sufrir tanto» no sólo salvaba nuestra Unión. Reconocía que las democracias son escasas en la historia. Y cuando se destruyen, como fue el caso de Atenas y de la república romana, cuya concepción inspiró ampliamente a nuestros fundadores, lo que ocupa su lugar es un nuevo régimen de un solo hombre fuerte.

Por supuesto, hubo otros períodos en la historia de Estados Unidos en los que la rama ejecutiva acaparó nuevos poderes que fueron percibidos ulteriormente como excesivos y poco afortunados.

Nuestro segundo presidente, John Adams, hizo aprobar las tristemente célebres Alien and Sedition Acts y trató de hacer callar las críticas y de encarcelar a los opositores políticos.

Después, cuando su sucesor, el presidente Thomas Jefferson eliminó los abusos durante su primer discurso inaugural, declaró: «Los principios fundamentales de nuestro gobierno constituyen una constelación iluminada que se ha extendido ante nosotros y ha guiado nuestros pasos a través de una era de revolución y reformas. En caso de que nos apartáramos de ella en momentos de error o de pánico, apurémonos para recuperar nuestro paso y volver a tomar el camino que conduce por sí mismo a la paz, la libertad y la seguridad.»

Claro está, el presidente Lincoln suspendió el habeas corpus durante la guerra civil y algunos de los peores abusos antes de los del gobierno actual fueron cometidos por el presidente Wilson durante y después de la Primera Guerra Mundial con el famoso «peligro rojo» y los «Palmer raids» [15].

El internamiento de ciudadanos estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial [16] constituyó un vergonzoso record en la esfera del no respeto de los derechos individuales por parte del poder ejecutivo. Durante la guerra de Vietnam tuvimos el no menos famoso programa COINTEL que sólo representó una parte de los abusos sufridos por el doctor King así como por miles de otros [17].

Pero en cada uno de estos casos ocurridos a lo largo de la historia estadounidense, cuando concluían la confrontación y los tumultos, nuestra nación recuperaba su equilibrio y sacaba lecciones del ciclo recurrente de exceso y arrepentimiento.

Apatía democrática

Mas en esta ocasión existen buenas razones para preocuparse por el hecho de que las condiciones cambian y que, como consecuencia, ese ciclo no se renueva. Por una parte, somos testigos desde hace varios decenios de la lenta y regular acumulación del poder presidencial. En un mundo de armas nucleares y tensiones con fondo de Guerra Fría, el Congreso y el pueblo estadounidense han aceptado esferas de iniciativa presidencial cada día más amplias para llevar a cabo actividades de inteligencia y de contrainteligencia así como el despliegue de nuestras fuerzas militares en el escenario mundial.

Cuando la fuerza militar ha sido utilizada como instrumento de política exterior o como respuesta a necesidades humanitarias casi siempre ha sido el resultado de una iniciativa y del liderazgo presidencial.

Pero como escribió el juez supremo Frankfurter en esta famosa caja de metal, «La peligrosa acumulación de poder no se produce en un día. Aparece, incluso lentamente, debido a la fuerza generadora de una negligencia incontrolada respecto de las restricciones que rodean hasta la afirmación más desinteresada de la autoridad.»

Una segunda razón que nos lleva a pensar que podríamos encontrarnos en una situación insólita, fuera de ese ciclo histórico, es que después de todo el gobierno actual nos dice que la marcha de guerra en la que ha tratado de colocar al país durará, según sus propias palabras, «por el resto de nuestros días».

De esta forma se nos dice que la situación de amenaza nacional, que fuera utilizada por otros presidentes para justificar la toma del poder, persistirá prácticamente en esas condiciones hasta perpetuidad.

En tercer lugar, debemos tener una aguda conciencia de los impresionantes avances alcanzados en la sofisticación de las tecnologías de escucha y vigilancia, con su capacidad para englobar y analizar con facilidad enormes cantidades de información y tratarlas a continuación para obtener inteligencia. Ello aumenta de manera significativa la vulnerabilidad de la vida privada y de las libertades de un gran número de personas inocentes en los momentos precisos en que aumenta el poder potencial de estas tecnologías.

Estas tecnologías tienen realmente la posibilidad de invertir el equilibrio de poder entre el aparato estatal y la libertad del individuo de manera al mismo tiempo sutil y profunda.

Pero que no haya malentendidos. La amenaza de nuevos golpes terroristas es real y los esfuerzos concertados de los terroristas para obtener armas de destrucción masiva hacen en realidad necesario que la rama ejecutiva ejerza sus poderes con reflejos y agilidad.

Además, existe un poder inherente conferido por la Constitución a todo presidente para que emprenda acciones unilaterales cuando sea necesario para proteger a la nación de una amenaza súbita e inmediata. Y es imposible definir con precisión y exactitud en términos legales cuándo ese poder es apropiado y cuándo no.

Mas la existencia de ese poder inherente puede ser empleado para justificar una manifiesta y excesiva toma del poder que se extienda por muchos años y provoque un serio desequilibrio entre el ejecutivo y las otras dos ramas del gobierno.

Y existe una razón final para preocuparse por el hecho de que podríamos estar viviendo algo diferente a un nuevo ciclo. Este gobierno llegó al poder tras una nueva teoría cuyo propósito es convencernos de que esta excesiva concentración de poder presidencial es exactamente lo que preveía nuestra Constitución.

Esta teoría legal, que los abogados que la defienden llaman teoría del ejecutivo unido, pero que debería, con más justeza, ser denominada del ejecutivo unilateral, amenaza con extender los poderes del presidente hasta que los límites de la Constitución que nos legaron los fundadores se borren y la hagan irreconocible.

Según esta teoría, la autoridad del presidente como comandante en jefe o cuando se encarga de definir la política exterior no puede ser examinada por el poder judicial o controlada por el Congreso. Y el presidente Bush ha llevado hasta los límites máximos las implicaciones de este concepto al subrayar constantemente su papel de comandante en jefe, al invocarlo con tanta frecuencia como le es posible, al mezclarlo con sus otras funciones internas y externas.

Al añadir a ello el concepto según el cual hemos entrado en un estado de guerra perpetua, las implicaciones de esta teoría se extienden casi literalmente tan lejos en el futuro como es posible imaginar.

Totalitarismo interno

Este esfuerzo que se propone transformar la estructura constitucional estadounidense, cuidadosamente equilibrada, en una estructura sin fundamento dominada por una rama ejecutiva todopoderosa, con un Congreso y un poder judicial subyugados, se acompaña de manera irónica de un esfuerzo del propio gobierno con el fin de reformar la política exterior estadounidense, basada principalmente en la autoridad moral del país, en una política que reposa en un intento irracional y contraproducente por establecer una forma de dominación sobre el mundo.

El denominador común parece ser un instinto de intimidación y control.

La misma tendencia ha caracterizado los esfuerzos para hacer callar los puntos de vista disonantes en el seno de la rama ejecutiva, de censurar las informaciones que podrían alejarse de esos objetivos ideológicos y alcanzar la conformidad de todos los empleados del poder ejecutivo.

Por ejemplo, los analistas de la CIA que se oponían con firmeza a la afirmación de la Casa Blanca de que Osama Bin Laden se había vinculado a Sadam Husein fueron objeto de presiones en el trabajo y se preocuparon pensando que no serían beneficiados con promociones o aumentos de salario.

De manera irónica, esto fue exactamente lo que le sucedió a los responsables del FBI en los años 60 que estaban en desacuerdo con la afirmación de J. Edgar Hoover [18] de que Martin Luther King estaba estrechamente vinculado con los comunistas.

El responsable de la rama del FBI encargada de la inteligencia interna dio testimonio del hecho de que sus esfuerzos por decir la verdad sobre la inocencia del doctor King le costaron verse aislado, al igual que sus colegas, en el seno del FBI y sometido a presiones.

Y lo cito: «Era manifiesto,» nos cuenta, «que debíamos cambiar de actitud o nos encontraríamos todos en la calle.»«Mis hombres y yo,» añade, «nos poníamos de acuerdo para saber cómo salir del problema.».

Estar en conflicto con el señor Hoover era algo serio. «Esos hombres,» continúa, «trataban de comprar casas, pedían préstamos para ello. Tenían niños en edad escolar. Vivían con el temor de ser transferidos, de perder el dinero invertido en sus casas, como ocurría por lo general. Querían entonces que se redactara otro memorando para sacarnos del apuro en el que nos encontrábamos.»

Los que redactaron la Constitución, y que habían estudiado de cerca la naturaleza humana, comprendieron bastante bien ese dilema. Retomando las palabras de Alexander Hamilton, «El poder apoyado en un hombre es un poder apoyado en su voluntad.»

Como quiera que sea, rápidamente cualquier desacuerdo con relación al doctor King se esfumó en el seno del FBI y la acusación abusiva se transformó en el punto de vista unánime.

Y de la misma manera, la CIA de George Tenet acabó por unirse al concierto que aprobaba la idea manifiestamente falsa de que existía un nexo entre Al Qaeda y el gobierno iraquí.

Como escribió George Orwell [19], «Todos somos capaces de creer cosas que sabemos son falsas y luego, cuando debemos finalmente admitir nuestro error, deformar con impudicia los hechos para demostrar que teníamos razón.»

Desde el punto de vista intelectual, es posible seguir de esta forma por un período indefinido. El único obstáculo que se opone es que tarde o temprano una creencia errónea choca con la dura realidad, por lo general en un campo de batalla.

Dos mil doscientos soldados estadounidenses perdieron la vida cuando esta falsa creencia chocó con la dura realidad. De hecho, cuando el poder no está controlado ni es responsabilizado esto conduce casi inevitablemente a graves errores y abusos.

Esto forma parte de la naturaleza humana. Ante la falta de responsabilidades rigurosas, la incompetencia triunfa y la deshonestidad es estimulada y recompensada.

Esta es la naturaleza humana, ya se trate de los republicanos, de los demócratas o de personas que tienen todo tipo de ideas.

La semana pasada, por ejemplo, el vicepresidente Cheney trató de defender el espionaje de ciudadanos norteamericanos mediante escuchas por parte del gobierno al afirmar que si el programa hubiera sido implantado antes del 11 de septiembre de 2001 habrían identificado el nombre de algunos de los piratas del aire.

Trágicamente, aparentemente sigue sin saber que el gobierno conocía muy bien en realidad el nombre de al menos dos de los piratas mucho antes del 11 de septiembre y contaba con informaciones que habrían podido ayudar a identificar a la mayoría de los demás.

Uno de ellos aparecía en la guía telefónica. Sin embargo, debido a la incompetencia, la incompetencia irresponsable en el tratamiento de la información, esto no fue nunca utilizado para proteger al pueblo norteamericano.

Con frecuencia sucede que, una vez más y sin que esto tenga que ver con el partido en el poder, una rama ejecutiva cegada con la obtención de un poder no contenido responda ante sus propios errores proponiendo a posteriori que se le conceda aún más poder.

Con frecuencia la propia solicitud es utilizada para enmascarar su responsabilidad con respecto a errores en el empleo del poder del que ya disponía.

Por añadidura, si la tendencia práctica emprendida por este gobierno no es cuestionada podría convertirse en parte integrante del sistema estadounidense. Por ello numerosos conservadores han señalado que conceder un poder incontrolado a este presidente significa que el próximo gozará asimismo de ese poder incontrolado. Y el próximo podría ser alguien cuyos valores y creencias no les inspiren confianza. Por ello, tanto republicanos como demócratas deberían preocuparse por lo que ha hecho el presidente actual.

Si este intento por extender de manera dramática el poder ejecutivo se mantiene sin problemas nuestra estructura constitucional de control y equilibrio mutuo de los poderes se perdería. El futuro presidente o un futuro presidente, en nombre de la seguridad nacional, podría restringir nuestras libertades de forma tal que los fundadores no habrían jamás imaginado posible.