Las cifras que maneja el régimen en torno a los ingresos que el país recibirá como beneficio de la aprobación de las reformas a la Ley de Hidrocarburos son oscuras. El ex ministro de Economía, Diego Borja, hablaba de 600 millones de dóalres, ahora se habla de menos de 200 millones.
La Ley de Hidrocarburos, que fue promulgada el 15 de noviembre de 1978, por varias ocasiones ha sido reformada acomodando su contenido a los intereses de aquellos empresarios criollos que aprovecharon la coyuntura política para participar en el reparto de los Bloques petroleros, tanto en la región amazónica, como en la región insular.
Como antecedente recordemos compatriotas que la compañía Texaco, durante los 26 años en que operó en el país, con una participación del 10% de la producción diaria, sacó provecho de un porcentaje ventajoso para la compañía y pagó los impuestos y regalías que manda la ley, sin que se desconozca su responsabilidad por los daños ambientales causados y el justo juicio planteado por el Frente de Defensa de la Amazonía, en contra de Texaco Petroleum Company, hoy Chevron.
En el caso de las petroleras transnacionales, han recibido regalo tras regalo de parte de los gobiernos en los últimos 25 años. En la actualidad, las trasnnacionales reciben en promedio el 80% de la participación del crudo que extraen, pagan los impuestos que les viene en gana, no contribuyen con el pago de las regalías, peor aún con el compromiso moral y legal que tienen con las comunidades del Oriente, ante la contaminación y permanentes atropellos a los derechos humanos.
Ahora se les ha subido tanto los humos a las petroleras, que utilizan a sus aliados de la Cámara de Comercio para demandar la inconstitucionalidad de la Ley reformatoria a la Ley de Hidrocarburos, que les obliga al pago del 50% del excedente petrolero, por el alto costo del barril del petróleo.
El gobierno de Palacio anunció con bombos y platillos un ingreso para el Estado de 600 millones de dólares, que se están evaporando por la falta de autoridad e indecisión del régimen, para hacer respetar la ley. El famoso reglamento que normaría el pago causó un cisma en el gabinete, pues tal parece que las privadas buscan exonerarse del tributo, amparándose en el subterfugio de las maquilladas inversiones que estarían en riesgo, si es que se les obliga a compartir sus ganancias.
Cuando se habla de las enormes inversiones que hacen las compañías, causa indignación el solo recordar que empresas como SIPEC ENAP de Chile, recibió a manos lavadas los campos MDC, Huachito Biguno, Paraíso, donde las inversiones millonarias ya las hizo el Estado a través de Petroecuador, con el descubrimiento de las reservas (estudios de sísmica que costaron varias decenas de millones de dólares); estaciones de producción construidas y en plena operación; carreteras habilitadas, plataformas y pozos en producción, fueron obsequiados a la estatal chilena, de manera infame. En tales circunstancias, el pastel fue servido sobre un mantel blanco, para que venga la empresa privada a hacer dos trabajos rutinarios para la estatal Petroproducción, como son: reparar los pozos a un costo en promedio de 250 mil dólares cada uno, con una recuperación de dicha inversión en aproximadamente 15 días, con la producción del pozo; perforar pozos nuevos para subir la producción con una inversión de 2 a 3 millones de dólares que se recuperan, en 30 y/o 60 días máximo, con el petróleo que se extraiga. ¡Negocio redondo! ¿verdad?
Los testimonios de los técnicos de la estatal Petroproducción se refieren a que las instalaciones en el campo Paraíso se hallan deterioradas, ¿donde está la fabulosa inversión privada de SIPEC?
En similares circunstancias se hallan otras empresas como PETROBELL– PACIFPETROL, de origen argentino, los tanques de almacenamiento, los cubetos que sirven para retener el crudo en caso de un derrame, se hallan deteriorados en la estación del campo Tigüino, otrora del Estado. Pero eso si, para los ejecutivos de estas empresas el negocio es sacar petróleo, a pocos kilómetros la compañía tiene tres pozos direccionales con los respectivos variadores de frecuencia y paneles de control, ubicados en una misma locación. ¿Dónde está la enorme inversión de Petrobell, si cuenta con pozos en plena producción, que apenas dan problemas operacionales? Un dato que el pueblo debe saber es que, una vez que el pozo entra a producir, puede pasar años sin demandar otro gasto que no sea el contratar un guardia y/o una cuadrilla que corte la maleza o pinte el cabezal (conjunto de válvulas de control y seguridad del pozo).
La tónica se repite con PETROSUD, petrolera a la que se le regaló los campos Yuca, Yuca Sur, Palanda y Pindo, como parte del contrato de campos marginales. Del mismo modo, la compañía TECPEC de Argentina, que disfruta de la explotación desenfrenada del campo petrolero Bermejo, con el crudo de mejor calidad del país, sobre los 34° API. Desde 1999, las empresas a cargo de los campos marginales TECPEC, PETROBELL y PETROSUD (aquellos campos que producen menos del 1% de la producción nacional, o sea 5 mil barriles por día), están amasando fortunas con riqueza ajena. Solo en 2004 se repartieron más de 80 millones de dólares. Y son estas empresas las que dicen que no han amortizado aún las inversiones, declaran supuestas pérdidas y, mueven sus influencias para que sean excluidas del pago del excedente petrolero.
Otras petroleras, como AGIP, con 280 millones de dólares de ingresos al año, sospechosamente también fue excluida del pago.
Un campesino decía alguna vez en su chacra: “Los gusanos de la fruta proliferan en mis sembríos, se esconden cuando fumigo y chupan el zumo, como sanguijuelas, hasta dejar solo la pepa”. Actuemos ecuatorianos, mirad cómo REPSOL YPF, PERENCO, CITY, ANDES PETROLEUM, PETROBRAS, abusan de sus privilegios para negarse a pagarle al dueño del petróleo, parte de las jugosas ganancias que se llevan a diario.
Los causantes de esta infamia son todos quienes han sido gobierno, pero también somos culpables todos quienes formamos parte del pueblo, debido a nuestra apatía; miramos con indiferencia lo que sucede en el país, cuando es nuestro deber y derecho demandar el cumplimiento de la Ley; mientras tanto, cada día que transcurre, la pobreza se incrementa cual monstruo de siete cabezas: mendicidad, analfabetismo, hambre, corrupción, violencia, migración, desempleo, etc. La verdad es que no podemos seguir impávidos ante el robo de la única riqueza que le queda al país, la solución es LA NACIONALIZACIÓN DEL PETRÓLEO, para acabar con los contratos petroleros y recuperar la soberanía sobre los recursos naturales. Nadie sino el pueblo organizado desde el Carchi al Macará, desde Esmeraldas a Machala deben poner un alto al saqueo petrolero. Mañana será muy tarde...
Por una patria sin analfabetismo, más salud, educación y empleo será posible si recuperamos el petróleo, para los ecuatorianos de abajo. Chávez y Evo lo hicieron con el aval del pueblo, ¿por qué no hacerlo en nuestra patria?
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