Apra: derechos humanos, sociedad, gestión gubernamental y legislativa

Los derechos humanos y la gobernabilidad

1. Una idea fuerza a tener muy presente en nuestra próxima gestión gubernamental es que la condición indispensable para realizar tanto el “Plan de Acción Inmediato – 180 días” como el “Plan de Gobierno para el período 2006-2011” es la gobernabilidad, neologismo surgido de la necesidad de comprender y alcanzar el conjunto de condiciones que hacen posible el que un país pueda ser gobernado. Tanto la reforma del Estado y su modernización, como el necesario proceso de descentralización y regionalización, la elevación de los indicadores de desarrollo humano en educación, salud, seguridad alimentaria, seguridad ciudadana, etcétera, sólo podrán avanzar y afianzarse en la medida en que vayamos construyendo la gobernabilidad básica. Se sostiene que la gobernabilidad básica se va alcanzando con una política gubernamental permanente de derechos humanos integrales, mediante la construcción diaria y paulatina de consensos, con una voluntad gubernamental claramente expresada en acciones concretas, en decisiones de Estado explicadas en función de esos referentes de derechos humanos sustentados en un conjunto conocido de instrumentos internacionales de derechos humanos que incluyen los derechos a la vida y a la libertad, pero también los otros derechos civiles y políticos, y los no menos importantes: los económicos, los sociales y los culturales, cuya desatención y violación por parte del Estado explican la persistente crisis nacional.

2. Recordar que los resultados electorales tanto de la primera como de la segunda vuelta confirman a un país altamente polarizado y en conflicto, con una amplia porción de ciudadanos que se sienten excluidos y marginados, que no se identifican con lo que conocemos como sistema democrático y que no escogieron la opción de marcar la estrella. Por lo tanto, si somos la mayoría de apristas, y de otros ciudadanos que nos acompañan, conscientes de esto, es preciso que la voluntad manifestada por el c. Presidente en más de 400 discursos de campaña, sea ratificada, refrendada, con claridad y energía, por la Presidencia del Consejo de Ministros, por los ministros de Estado y vice-ministros y paulatinamente por todas las autoridades y funcionarios gubernamentales, apristas o no, a fin de recuperar y fortalecer la confianza ciudadana en los lugares más recónditos, en los más pugnaces y en los más adversos a la opción que triunfó en las ánforas el 4 de junio último. Y sostenemos que esto sólo puede lograrse con una visión clara de la necesidad de construir desde el Estado (que es de donde se tomarán importantes decisiones) y con la sociedad, una cultura de derechos humanos entendidos integralmente.

Los derechos humanos y la violencia: Ministerio del Interior, la agenda de seguridad del nuevo gobierno aprista

3. Para todos los efectos prácticos, el Perú tiene las características de una sociedad de pos-guerra: con elevados índices de pobreza, conflictividad y violencia, con el tejido social resquebrajado en donde el concepto de respeto a la vida y a la integridad del otro es muy bajo o nulo, con agencias del Estado muy ineficientes y arbitrarias, con funcionarios estatales que pendulan su accionar entre el miedo, la amenaza y la corrupción, con desapego y desconfianza del ciudadano/a común hacia todo lo que signifique oficial o estatal debido a la pobreza de generaciones y la evidencia de una profunda y fuerte corrupción que ha alcanzado a los niveles más altos de un Estado y una sociedad empobrecedores. En la búsqueda y mantenimiento de la indispensable gobernabilidad será particularmente importante la inteligencia del manejo, por la fuerza pública bajo el gobierno aprista, de las situaciones de protesta popular, de marchas ciudadanas y bloqueo de carreteras. Las considerables expectativas generadas con el nuevo régimen deben ser procesadas adecuadamente y lo natural es que ellas vayan siendo satisfechas paulatinamente con las evidencias de un gobierno transparentemente austero. Pero muchas de esas expectativas no podrán satisfacerse en el corto plazo y debido a los intereses políticos inmediatos del sector perdedor del 4 de junio, y a las recientes declaraciones de su liderazgo, puede inferirse que se producirán situaciones o casos de provocación en los que se pondrá a prueba la capacidad combinada del Estado de restablecer el orden público sin caer en excesos o en violaciones de derechos humanos que sin ninguna duda dañarían al próximo gobierno y serían utilizadas políticamente por los interesados.

Nueva agenda de seguridad

Esto debe y puede evitarse. Se propone por ello, desde el comienzo, el anuncio de una nueva agenda de seguridad interna a cargo de la Policía Nacional del Perú (PNP) sustentada en el respeto a los derechos humanos plasmados en los acuerdos internacionales suscritos por el Perú. Naturalmente, el concepto de seguridad interior incorpora el desarrollo económico del país con justicia social y ello es la mejor garantía, a mediano y largo plazo, de la seguridad interior del Estado. Convendría ser particularmente enfáticos y claros en sostener que la seguridad ciudadana y la seguridad del Estado son inseparables del pleno ejercicio por los ciudadanos de sus derechos y deberes civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, tal como está reconocido en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Por ello, el aumento progresivo de los 20,000 nuevos policías, debería venir con la explicación y plasmación de una clara política respetuosa de los derechos humanos junto con las comprensibles y urgentes obligaciones del Estado de resguardar el orden público así como los bienes públicos y de particulares. Esto, que sería una práctica constante durante los próximos cinco años de gobierno, adquiere mayor relevancia en los meses que irán de julio hasta las elecciones regionales y municipales de noviembre e inclusive, después de ellas, dependiendo de los resultados de las mismas. Nuestros ministros y funcionarios de distinto nivel deberían tener muy presente que la pobreza y la pobreza extrema, la discriminación racial, social y política y la corrupción, son principales factores de riesgo y amenaza para la convivencia democrática.

4. La violencia es el empleo ilegítimo o por lo menos ilegal de la fuerza y va en contra de la naturaleza de las personas y de las cosas. Equivocadamente se ha creído que la violencia sólo es la de carácter físico (de la guerra, la delincuencial o la intrafamiliar) ignorando que la violencia de las estructuras económicas y sociales tienen consecuencias de largo plazo que inciden en un elevado índice de frustración histórica e intolerancia de importantes sectores poblacionales, que es lo que en su momento aprovechó parcialmente el movimiento subversivo/terrorista y que es lo que parcialmente aprovechó también con una prédica agresiva y violentista el candidato Ollanta Humala. Por ello, es necesario que nuestros funcionarios gubernamentales tengan claramente presente que los años de exclusión y marginación de millones de peruanos, con los niveles de pobreza que superan al 50 % de la población, con más de uno de cada dos jóvenes teniendo problemas serios para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, salud, educación, trabajo y vivienda, nos plantean un país que desafiará la capacidad de autocontrol, de serenidad, y de equilibrio inteligente en quienes están premunidos con las facultades del ejercicio de la fuerza pública.

Se sugiere para conseguir lo anterior, el inicio inmediato o al más breve plazo posible de cursos y seminarios en derechos humanos para los oficiales y subalternos de la Policía Nacional del Perú, así como para los cadetes en la Escuela de Oficiales de la PNP. Las agencias de Naciones Unidas y del sistema interamericano serían de enorme ayuda en este cometido. Esto, en el entendido que la agenda de seguridad del nuevo gobierno aprista incluye el respeto a los derechos humanos, el desarrollo económico y social del Perú con justicia social, la participación democrática de las poblaciones, la solución pacífica de conflictos locales o regionales y el fortalecimiento de nuestras instituciones que son la base de nuestra democracia. Tan importante como hacer lo antedicho es anunciarlo al país el mismo 28 de julio a fin de dar un mensaje distinto y superior que será sopesado positivamente por la ciudadanía.

5. La Salud, la Educación y los derechos humanos

El enfoque y visión de derechos humanos, desde el Estado, implica entender y explicarlo así a la población, que la salud y la educación son derechos humanos igualmente fundamentales como la vida, la integridad, la libertad y el debido proceso legal. Este es un tema tratado en el anterior documento y que hoy adquiere aún mayor importancia. Sabe el c. Presidente, y así lo ha denunciado a lo largo de la campaña, que el Perú está entre los países que ocupan los últimos lugares en desarrollo humano en la región latinoamericana. Ello es consecuencia de un sistemático y reiterado incumplimiento y violación de serios compromisos de Estado adquiridos por nuestro país con la firma y ratificación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Sería inédito en la historia del Perú, que un gobernante ratificara expresamente en su discurso inaugural, y a lo largo de su gestión quinquenal, el compromiso de realizar todos los esfuerzos para cumplir con el pueblo peruano y ante la comunidad internacional, priorizando los presupuestos de los ministerios sociales de salud y educación mientras se repotencia el Banco Agrario a fin de satisfacer la necesidad y el derecho básico a una buena alimentación y nutrición de los cuales millones de peruanos, sobre todo niños y niñas, carecen el día de hoy.

El Consejo de Ministros

En este respecto será medular y determinante la visión e imagen que proyecte el equipo ministerial, como secuela de la decisión y el anuncio presidencial. Se sugiere como indispensable la fuerte cohesión y comunidad de perspectivas que deben proyectar y exhibir, en función de estas prioridades, los ministros de Estado en sus declaraciones cotidianas y en sus acciones sectoriales, tanto los apristas como los que no lo sean, pues ello irá fortaleciendo la resquebrajada, conflictiva y difícil relación entre el Estado (el gobierno central) y las poblaciones más pobres y secularmente postergadas del país. El indudable impacto positivo comenzará a verse, sobre todo en las regiones del sur andino, claramente adversas hoy a la propuesta aprista y evidentemente alineadas con la opción que perdió a nivel nacional en las ánforas. Pero también en otras regiones donde el aprismo histórico ha perdido espacio y arraigo popular, incluyendo los departamentos de Cajamarca, Amazonas, Huánuco, San Martín y Ancash.

La visión integral de los derechos humanos como indivisibles, interdependientes y universales, plasmada en el artículo 5 de la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993, de la cual es parte el Perú, establece que todos los derechos deben ser tratados en pie de igualdad. En este orden de ideas, se sugiere proceder al rediseño de una dieta nacional basada científicamente en la adecuada ingesta de nutrientes vitamínicos y minerales y sustentada en los últimos hallazgos de la bioquímica celular y los procesos complejos que llevan a un organismo sano y saludable. Esto debería convertirse expresamente en política de Estado que fundamenta la salud pública en la prevención. Más aún cuando es verdad aceptada y reconocida que un sol invertido en prevención de salud equivale a siete o más soles gastados en curación de salud.

Nuevamente, se sugiere que esta visión y perspectiva de los derechos humanos deberían ser lenguaje común y cotidiano de todo el equipo ministerial comenzando por el presidente del Consejo de Ministros, e incluyendo, por supuesto, a los representantes apristas en el Congreso.

Sobre educación en derechos humanos

Un programa nacional de educación en derechos humanos debería ser incluido en la currícula escolar desde los primeros años de educación primaria, continuar en la secundaria y pemanecer en las universidades públicas y privadas y en otros centros de educación superior. Igualmente, como ya se dijo, incluir dicha instrucción y educación para la Policía Nacional de Perú y para las Fuerzas Armadas incluyendo las escuelas de oficiales del Ejército, la Marina y la Aviación. Esto, dentro del gran objetivo que se propone para el gobierno aprista de ir construyendo una cultura de derechos humanos.

Como idea y criterio permanente se sugiere considerar que no es lo mismo instrucción en derechos humanos que educación en derechos humanos. La instrucción en DD.HH., importante como es, es una actividad intelectiva, es adquisición de saberes y conocimientos teóricos (Declaración Universal de DD.HH., pactos, convenios y tratados internacionales). La educación en derechos humanos, en cambio, es internalización de valores y de vivencias humanas, es respeto y convicción profundos y efectivos a la dignidad y a la vida propia y de los demás. Es vivir de acuerdo a estos principios de verdadera humanidad. Es un proceso largo y socialmente complejo y una forma de transformación o revolución cultural que el aprismo en el gobierno está en condiciones de iniciar.

6. Los derechos humanos y la violencia intra-familiar

Una concepción muy enraizada en muchas sociedades es que “lo que ocurre dentro de las paredes del hogar corresponde al ámbito familiar donde nadie debe ingresar so pena de violentar los derechos de la familia y la privacidad de los ciudadanos.” Esta visión sesgada e interesada de las cosas ha agravado el problema y posibilitado la intensificación de prácticas de violencia física, cuasi-tortura psicológica y sufrimiento real de la parte débil de la relación conyugal, la mujer e, inmediatamente los hijos. Este tipo de violencia es otra dimensión de la violencia instalada fuera de las paredes del hogar. Se sugiere que el próximo gobierno presidido por el c. Alan García confirme la vocación pedagógica histórica del aprismo y exprese a lo largo de los cinco años un reconocimiento de este grave problema social que tiene poderosa incidencia negativa en la educación de nuestra niñez por el efecto traumático en niños y niñas que con frecuencia variable atestiguan actos de violencia perpetrados generalmente por el “hombre de la casa”, en los hogares donde esta lacra social se reproduce día tras día.

El tratamiento de esta problemática no puede asumirlo plena ni centralmente el gobierno nacional, pero sí puede el gobierno iniciar acciones de coordinación y fortalecer las ya existentes a fin que la sociedad tome plena conciencia del problema y ello se vaya traduciendo en políticas coordinadas y en acciones concretas, entre el gobierno central, el Poder Judicial, el Ministerio Público, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. La política anunciada de la necesidad de sensibilizar a la población y a la sociedad peruana toda sobre este flagelo constituirá otra marca importante de un nuevo gobierno aprista que tendrá profundas e importantes repercusiones en el ámbito nacional. Esta propuesta se inserta en otra mayor, formulada también en este documento, de propiciar, buscar y alcanzar una cultura de derechos humanos.

El sustento jurídico para este imperativo ético y estratégico del próximo gobierno aprista se halla en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y en la Convención sobre los Derechos del Niño, ambos tratados internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por el Perú, aunque no los únicos sobre la materia.

7. Los derechos humanos y la corrupción

Neurálgica para la recuperación de la confianza y credibilidad del Estado a los ojos de millones de peruanos y peruanas es la convicción ciudadana que los más altos funcionarios de ese Estado llevan a cabo un verdadero “combate contra la corrupción”. Este es un mal cuya evidente persistencia ha sido uno de los factores de mayor beligerancia y resistencia en amplios sectores ciudadanos del campo y de la ciudad. Es cierto también, sin caer en idealismos ingenuos, que ciertos sectores poblacionales mantienen una actitud condescendiente y hasta de aceptación con hechos de corrupción del pasado y del presente régimen, e inclusive, en la vida misma en el ámbito personal. Pero esta situación forma parte del grave problema que debe acometer y derrotar el siguiente gobierno que actuará en representación del Partido de Haya de la Torre. El ejemplo convencido y de práctica de vida que brinden los funcionarios gubernamentales será clave para revertir esta situación que es una tarea inescapable y determinante para la supervivencia del gobierno del c. Alan García y del prestigio histórico del APRA.

Nada hay que corroe más rápida e ineluctablemente las bases de un gobierno y el prestigio y dignidad de sus integrantes que el epíteto de “corrupto”. Por ello, resulta absolutamente imperativo dar muestras claras de una actitud transparente de manera sistemática porque no se tiene nada que ocultar. Los discursos de campaña del c. García y el comunicado público del Partido aparecido dos días antes de las elecciones sentaron las primeras premisas de intenciones cuya materialización en acciones concretas posibilitará fortalecer las bases de la gobernabilidad del país, y permitirá avanzar con eficiencia las labores cotidianas que se realicen en todas las ramas de la administración pública y de los gobiernos regionales y locales, sobre todo allí donde hayan funcionarios apristas elegidos o designados. No es secreto para nadie que uno de los factores que explican las bajas votaciones apristas en muchos lugares es el desprestigio de las autoridades apristas acusadas de corrupción.

La corrupción, ya sabemos, viola los derechos humanos y destruye la democracia y el cuidado y autenticidad en combatirla pasa no sólo por las decisiones de gobierno sino por el rol que cumplirá el Poder Legislativo en la dación de leyes y en el tratamiento de las denuncias de casos de corrupción del régimen fujimorista, del actual régimen toledista y las que pudieran surgir durante el régimen aprista. La supervivencia de la democracia misma depende directamente de ello El Poder Judicial es otra fuente altamente problemática de corrupción que es tratada en trabajos especializados sobre la materia y que excede los límites de este trabajo que no es ni puede ser exhaustivo.

8. Los derechos humanos y el sector justicia

El denominado Ministerio de Justicia representa otro de los sectores clave en la estrategia integral de hacer de los derechos humanos uno de los símbolos fuerza del próximo gobierno aprista. Las relaciones con el Poder Judicial y el Ministerio Público, la conducción y control de los penales del país -con su álgida problemática de hacinamiento, corrupción y condiciones infrahumanas de vida -, el Consejo de Defensa Judicial del Estado para, entre otras tareas combatir la corrupción, y el Consejo Nacional de Derechos Humanos entre otros organismos y dependencias hacen de este sector uno que debería y podría ser potenciado sin necesidad de incrementos presupuestales significativos.

Sin perjuicio de la nueva mística que debe instalarse en este sector para el manejo de penales, se considera que el Ministerio de Justicia, a través del Consejo Nacional de Derechos Humanos, puede ser el organismo coordinador, consultor jurídico y referente de los otros sectores de la administración a fin de reformular, enriquecer y finalmente, transformar la administración pública en función de un Estado promotor y defensor de los derechos humanos, dejando de ser este Consejo un organismo que ha caído prácticamente en la inutilidad o intrascendencia por decisión o desidia de quienes han conducido este ministerio hasta la fecha.

Ministerio de Derechos Humanos y Justicia

Por lo anterior, y en el contexto general de este trabajo, se propone el cambio de nombre al de: Ministerio de Derechos Humanos y Justicia, como señal inequívoca a la sociedad de la importancia que se le asigna a la construcción de un Estado defensor de todos los derechos humanos de todos los habitantes del territorio nacional.

El Ministerio de Derechos Humanos y Justicia no será necesariamente una instancia o entidad receptora de denuncias ni hará las veces de la Defensoría del Pueblo pero su labor puede acercarse mucho a los fines buscados con la existencia del Ombudsman, sólo que, ente caso, es el mismo Estado, y más concretamente, el Poder Ejecutivo por decisión del gobierno el que despliega esfuerzos administrativos para corregir lo necesario en su mismo seno. Esto de ninguna manera es incompatible ni se traslapa con las funciones que el Defensor del Pueblo y el Ministerio Público realizan de acuerdo a sus leyes orgánicas. Por tal razón, será inevitable que, dadas las funciones potenciadas del ministerio, confluyan en él algunas denuncias a efectos de canalizarlas hacia el sector correspondiente con el adecuado seguimiento o acompañamiento de la entidad involucrada, en una labor fundamentalmente pedagógica y persuasiva, como no podría ser de otra manera al interior de este poder el Estado. Desde el punto de vista político e institucional será muy bueno que exista, dentro del mismo Poder Ejecutivo, una instancia que sea un primer recurso de ciudadanos para corregir errores o incumplimientos del Estado que generalmente pueden subsanarse con una ágil y oportuna gestión desde el mismo Ejecutivo. Se dará a la ciudadanía un poderoso mensaje ético y una señal inequívoca de que puede empezar a confiar en su gobierno con una política de derechos humanos perfectamente coherente sustentada en instrumentos internacionales obligatorios para todos los países parte de la organización mundial.

El Ministerio de Derechos Humanos y Justicia será también un sector del Ejecutivo en el cual se centralizarán las consultas de carácter jurídico, del mismo P. Ejecutivo, atinentes al derecho nacional e internacional de los derechos humanos.

9. El medio ambiente, las actividades extractivas y los derechos humanos

Uno de los temas acuciantes en el país que tienen impacto múltiple en temas de derechos humanos es el de las actividades extractivas de distinta índole. El poder económico que genera la actividad extractiva junto con el daño ecológico al agua, al aire y a la tierra en perjuicio de la salud, el trabajo agrícola y la vida misma de las poblaciones, al lado de condiciones y salarios absolutamente insuficientes de los trabajadores mineros o metalúrgicos, mientras los precios de ciertos minerales suben sostenidamente en el mercado internacional, constituyen un problema que debe ser abordado por el nuevo gobierno aprista con una perspectiva integral de derechos humanos. Otro dato a tener presente es que, por ejemplo, en Cajamarca, otrora bastión aprista durante décadas, la combinación de extraños comportamientos de ciertas autoridades locales apristas y el ánimo desmedido de lucro de ciertas compañías mineras han derivado en una pérdida ostensible del predicamento aprista en este departamento y, en similares situaciones, en otros departamentos de la República. Una paradoja es que a pesar de ser Cajamarca el departamento que produce y exporta oro del Perú y uno de los centros auríferos más ricos de América Latina y del mundo, es, sin embargo, uno de los más pobres del país con bajísimos índices de desarrollo humano.

El Ministerio de Energía y Minas no puede continuar siendo juez y parte en la calificación del impacto ambiental de la actividad extractiva pues ello produce reiteradamente la frustración y enojo de las poblaciones afectadas, aparte de constituir realmente la continuación de una situación de injusticia social y daño a la salud pública (por envenenamiento de mercurio, plomo, azufre y otros minerales tóxicos, que padecen las poblaciones locales) afectando tanto el derecho a la salud de las poblaciones, como los derechos laborales, y ocasionando el deterioro ostensible de la calidad de vida y del medio ambiente que el Estado tiene el deber de proteger. Más aún cuando existe el compromiso reiterado del c. Presidente de tratar el problema minero y de resolver el problema de falta de agua pues sin el líquido elemento adecuado al alcance de los pueblos no existe la democracia.

10. La transversalidad de los derechos humanos: política exterior, la integración latinoamericana, la deuda externa y el fortalecimiento de nuestra capacidad negociadora

La integralidad de los derechos humanos, que es la perspectiva y visión esbozada en este breve trabajo propositivo, a diferencia y en contraste con la visión interesadamente reduccionista de miembros actuales o pasados de la izquierda comunista que integran distintas ONGs, es un aspecto muy importante en el cual no se repara o que no se valora en su justa y trascendente dimensión. Dicha integralidad trae consigo otro concepto y realidad, que es el carácter transversal de los derechos humanos, que involucra, implica y pasa por todas las actividades del ser humano y de su vida de relación familiar y social. De allí el beneficio invalorable que su asunción aportaría a nuestro próximo gobierno, al prestigio del Jefe del Estado que lo conducirá, el c. Alan García y, con ello, al prestigio de cada aprista hombre y mujer que se formó en la tradición epopéyica del Partido de Haya de la Torre.

Por las razones antedichas de integralidad y transversalidad y, por la poderosa capacidad cohesionante de lo nacional y de la ciudadanía que tienen los derechos humanos, vistos de esta manera, es posible avizorar un fortalecimiento de la capacidad negociadora del Perú para avanzar eficientemente en su política exterior y en el proceso de integración subregional andina y, más allá, de la integración continental latinoamericana, pues similar análisis y perspectiva universal de los derechos humanos puede columbrarse para las naciones hermanas de América Latina, partes también de los tratados internacionales, y, por ende, obligatorios también para sus estados nacionales.

Distensión de relaciones con Chile y Ecuador, reducción del armamentismo

Por ejemplo, la enorme afinidad potencial que se halla en políticas comunes de derechos humanos, y la autoridad moral que de ello deriva, nos permitiría inaugurar un nuevo tipo de relaciones menos tensas y realmente más fraternas con Chile y Ecuador. Conseguido cierto nivel de confianzas mutuas con los países fronterizos por la comunidad de objetivos de reducir la pobreza, erradicar la desnutrición infantil y mejorar la educación (para lo cual ayudaría mucho reducir los gastos excesivos en armamento) podría plantearse la reunión periódica y alternada en Quito, Lima y Santiago, de los ministros de Relaciones Exteriores, de Defensa, de Salud y de Educación (4-4-4) a fin de evaluar el avance en los sectores sociales y sincerar las políticas de adquisición y compra de armas.

Por otro lado, en lo inmediato nacional, la asunción formal, pública y permanente de esta visión de derechos humanos fortalecerá ética y políticamente nuestra capacidad negociadora, ante la comunidad internacional y sobre todo ante las agencias correspondientes financieras de las Naciones Unidas, para renegociar, reperfilar o reestructurar el servicio de la deuda externa sin incurrir en confrontaciones contraproducentes.

11. Haya de la Torre, la democracia y los derechos humanos: hacia una cultura de derechos humanos. Los tratados internacionales de derechos humanos son aprismo puro y en su esencia

Para muchos peruanos y peruanas “democracia” es una palabra extraña y a veces asociada con ineficiencia, lentitud o incapacidad para resolver problemas, corrupción (por la existencia de una prensa que muchas veces cumple su deber y otras veces incurre en libertinaje difamador, libertad que no existe en regímenes dictatoriales tradicionales que lo primero que hacen es arremeter contra la libertad de prensa y el derecho de expresión.)

Mas va siendo palmaria la relación intrínseca y sólida entre políticas de derechos humanos y fortalecimiento del sistema democrático. Entendidos además, los derechos humanos, de manera integral y no en la equivocada y sesgada perspectiva reduccionista de tratar los temas de vida, integridad, libertad, debido proceso y las libertades de expresión, asociación, movimiento y los derechos políticos como si fueran la única forma de derechos humanos y como si en el respeto de estos derechos se agotaran las obligaciones del Estado y de la sociedad.

Esta perspectiva integral, como concepto, metodología de estudio, construcción teórica, y visión de la vida fue asumida por Víctor Raúl Haya de la Torre a lo largo de su vida de político, pensador y maestro. Por ello, su creación doctrinaria y filosófica, el aprismo, con la formidable síntesis de “Democracia de Pan con Libertad” se engarza e imbrica perfectamente con los diferentes tratados internacionales de derechos humanos que la civilización de la pos guerra ha creado para convivir pacífica y justicieramente entre los seres humanos. Por eso, no es ninguna exageración sostener que los tratados de derechos humanos son aprismo puro y en su esencia. De allí la perfecta posibilidad que ellos sean asumidos plenamente por el gobierno aprista que se inicia el próximo 28 de julio.

Por lo antedicho, se sugiere como estrategia permanente de nuestro próximo gobierno, que expresamente se asocien las políticas públicas, los actos de gobierno y el mismo proceso de toma de decisiones gubernamentales con la apertura democrática y real de los canales de participación ciudadana en la toma de decisiones que afectarán a las correspondientes poblaciones. Esto, como una forma de materializar el fortalecimiento y la consolidación de la democracia entendida como régimen político, como proceso social, y como manera de relacionarse entre seres humanos. Con la firme y declarada convicción oficial de un compromiso inalterable y permanente en el tiempo con todos los derechos humanos de todos los peruanos y peruanas se irán sentando las bases para alcanzar una cultura de derechos humanos en la sociedad y en el Estado reflejo y secuela de ella.

12. Importante atingencia final

Esta propuesta integral sobre construcción de una cultura de derechos humanos por el próximo gobierno aprista que conducirá el c. Alan García, a través de políticas públicas expresas desde distintos ámbitos de la administración del Estado, incluyendo la propuesta de transformar el nombre del ministerio actual al de “Ministerio de Derechos Humanos y Justicia” como consecuencia lógica del cambio de contenidos y prioridades, suscitará cierto número de críticas, de distinto calibre, naturaleza e intensidad. Ello es previsible.

Dichas críticas vendrán tanto de fuera del APRA como, comprensiblemente, de buena fe, por parte de algunos compañeros, militantes o dirigentes del Partido. El antecedente principal para esto es que, sobre todo desde los sucesos de los penales en 1986 y otros hechos que acontecieron entre agosto 1985 y julio 1990, a los apristas se nos acusa de violadores de derechos humanos y se enfilan las baterías sobre todo contra el c. Presidente por haber sido el jefe del Estado durante parte de los años de la lucha contra el terrorismo/subversivo.

Cabe recordar que la guerra que SL le declaró al Perú y al Estado fue, sobre todo, de carácter terrorista y asesino. En un conflicto absolutamente no convencional, los cabecillas del movimiento terrorista, aparte de los actos criminales y genocidas que perpetraron en nuestras ciudades, utilizaron a ciertos sectores de la población campesina como “carne de cañón” que durante el día eran campesinos y durante las noches realizaban, forzados o no, actividades de exterminio, asesinato y destrucción. Esto, para propiciar una respuesta militar de unas Fuerzas Armadas peruanas que definitivamente no estaban preparadas para este tipo de conflicto armado interno planteado por la subversión terrorista. Y, qué duda cabe, cierto es que al lado de los militares que honraron su uniforme actuando con valentía y admirable dignidad en representación de todos nosotros y que merecen nuestro total respeto y agradecimiento, algunos ótros, vistiendo el mismo uniforme militar de la patria también incurrieron en violaciones de derechos a la vida, a la integridad y a la dignidad de otros peruanos, igualmente actuando en representación de todos nosotros. El reconocimiento de esto supone honda y difícil reflexión humana, acto de conocerse mejor a uno mismo en sus flaquezas y fortalezas, es la búsqueda y encuentro con las condiciones para estar en paz con nuestras conciencias y, todo ello, forma parte del necesario proceso de reconciliación y perdón que necesitan experimentar las sociedades como condición para sanar sus heridas y avanzar en el desarrollo.

Por eso, ante la crítica que dice que esta propuesta expone y hace vulnerable al c. Alan García y a su próximo gobierno, que dice que resulta políticamente inconveniente para la coyuntura actual, y que inclusive, dado el nivel de confrontación de la reciente campaña electoral y de conflictividad de la sociedad peruana en el campo y la ciudad, el próximo gobierno nuestro enfrentará situaciones muy difíciles y que tal posición de asunción plena de los tratados internacionales de derechos humanos y de compromiso expreso a través del discurso inaugural de promover su defensa y garantía integral será un factor de debilidad y limitará el accionar y recursos del gobierno que conducirá el c. Presidente, nuestra respuesta y análisis es que el caso es, y el resultado será, precisamente todo lo contrario.

Las razones de los críticos inciden, paradójicamente, a favor de esta propuesta pues es, precisamente, el c. Alan García, en un momento muy alto de aceptación y legitimidad ante el país, el más indicado para plantear este nuevo rumbo que pueden tomar el Estado y la sociedad peruana. Pues antes que muestra de debilidad, anunciar y realizar una política integral y efectiva de derechos humanos desde el Ejecutivo es y será en el contínuum del tiempo, una demostración de valentía, fuerza moral para gobernar y de eficiencia pragmática, lo que será un poderoso instrumento del gobierno que presidirá el c. García y la respuesta más contundente que se dará a los detractores fuera del APRA. Es más, plantear las cosas en los términos sugeridos por la propuesta provee un irremplazable blindaje ético y jurídico internacional, a pesar de los errores que pudieran producirse en el camino. Ni Amnistía Internacional, ni Human Rights Watch, instituciones que han ganado cierto reconocimiento internacional y, por supuesto, ninguna de las ONGs tradicionales de presunta defensa de derechos humanos, tendrán elementos para seguir cuestionando sustantivamente al gobierno que se inicia el 28 de julio. Un gobierno y un Estado que se iría erigiendo, poco a poco, en factor principal de defensa de todos los derechos humanos.

Por otro lado, el razonamiento y propuesta planteados en estas páginas coinciden plenamente con lo ya expresado por el c. Presidente a lo largo de la campaña electoral en el sentido que el segundo gobierno aprista será uno que podrá alcanzar niveles de excelencia, y que será un gobierno de reencuentro histórico del Partido de Haya de la Torre con todos los pueblos del Perú. Un gobierno y un grupo de hombres y mujeres que aprenden de sus errores, que reflexionan sobre lo que se hizo bien pero que también revelan capacidad de corrección y enmienda frente a lo que se hizo mal.

Será nuestro próximo gobierno uno en el que los apristas nos exigiremos al máximo porque sabemos que de ello depende la supervivencia del aprismo y del APRA, pero también estaremos en posibilidad de exigir igual comportamiento a los miembros no apristas del gobierno, porque el lenguaje y la cultura de los derechos humanos va siendo cada vez más universal y va siendo, paulatinamente, el punto de encuentro de las ideologías, causa y razón de ser de las cumbres mundiales de jefes de Estado y de potencias, y lenguaje común de las políticas de desarrollo humano y de las Naciones Unidas.

Esta propuesta, formulada desde dentro del aprismo y del APRA, ha pretendido sólo ser una contribución al largo camino de hacer del Perú una nación desarrollada integralmente donde podamos convivir todos los seres que habitamos en su territorio, con justicia y dignidad. La esperanza es que así haya sido entendida

Lima, 14 de junio 2006