Prevaricato, cinismo y amenaza de dictadura

Grave atentado contra nuestra incipiente y ya débil democracia. Respuesta de los pueblos debe darse en la segunda vuelta del 5 de junio

La primera conclusión grave del resultado electoral del domingo, en perjuicio del Perú, es que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con sus decisiones aberrantes, injustas y contra derecho - como lo denunciamos en su momento -, en los hechos, ha terminado imponiéndole arbitrariamente al país los 71 congresistas del fujimorismo, dándole a esa agrupación en el Congreso una ilegítima mayoría absoluta, de la cual carece, de lejos, a nivel nacional, entre los pueblos del Perú.

Abstenciones, Votos en Blanco, Nulos y Viciados: 8´075,929, cifra sin precedente

Basta dar una mirada atenta a las cifras oficiales emitidas por la ONPE en cuanto a los millones de ciudadanos que se abstuvieron de votar (5´052,676), a los que decidieron votar en blanco (2´145,015), y quienes decidieron anular o viciar su voto (878,238), sin lugar a dudas, porque tenían una opción diferente y en protesta por las resoluciones y conducta de los miembros del JNE, para concluir que las del domingo 10 de abril han sido unas elecciones dolosamente irregulares, que han violado los derechos políticos de millones de ciudadanos, e, inclusive, de quienes sí emitieron válidamente un voto por lista concreta pero que, por efecto del impasse generado por la autoridad electoral, ha terminado desnaturalizando completamente y alterando sustantivamente la representación nacional en el Parlamento. Esto ha sido hecho con plena conciencia y voluntad y fue el resultado al suprimir indebidamente las candidaturas presidenciales de César Acuña y Julio Guzmán.

De 22´901,954 peruanos hábiles para votar, sólo han asistido a las urnas el domingo, 17´848,278 y, de ese número, han votado por lista presidencial concreta 14´819,868 personas. Es decir, los 5´902,657 votos de K. Fujimori sólo representan algo más del 25 % (la cuarta parte del electorado nacional) y el 33.07 % de los votos válidamente emitidos. ¿Dónde está la “aplastante mayoría” que pretende arrogarse el fujimorismo y cuál es el sustento de decir que “los pueblos han dado mayoritariamente” su respaldo a la señora Fujimori?.

Formulamos necesariamente estas preguntas pues las implicancias políticas y la aceptación de las falacias subyacentes implican las frases cliché de un “triunfo rotundo del fujimorismo” y sobre un presunto “hecho consumado”, como pretenden algunos interesados, pueden tener graves consecuencias para toda la ciudadanía y sus derechos fundamentales, así como para la integridad de nuestra incipiente y débil democracia. Y cómo no, para las llamadas “minorías” (que en conjunto son la inmensa mayoría) dentro y fuera del Congreso y, por supuesto, inclusive para los millones de ciudadanos que se abstuvieron de votar y los que lo hicieron en blanco o anularon y viciaron su voto fruto de su comprensible indignación ciudadana.

Los anteriores datos y cifras no pueden, ni deben ser tomados a la ligera, pues la frialdad de los números, reflejan realidades políticas y sociales concretas aunque con su propio dinamismo, y expresan, a su vez, a seres humanos, hombres y mujeres de todas las edades, que probablemente, en las presentes circunstancias aún no han sopesado las consecuencias de que un grupo minoritario del país se arrogue soberbiamente, facultades y poderes, de manera absolutista y dictatorial, con el cuentazo que “la democracia es el gobierno de la mayoría”, como acaban de adelantar los señores Hugo Becerril y Cecilia Chacón, que anuncian con claridad, y con poca vergüenza , cuál será el comportamiento del fujimorismo en caso que la señora Keiko Fujimori, gane en la segunda vuelta contra Pedro Pablo Kuczynski.

Algunos analistas presuntos o historiadores “pragmáticos”, tienen el desparpajo de anunciar que da lo mismo quién gane el 5 de junio y que cierto sector vinculado a lo que consideran “izquierda” no debería comprometerse e incluso podrían votar por Fujimori. Aparece con esto la vena oportunista e irresponsable que se sustenta en aquella falacia violentista de “agudizar las contradicciones para acumular fuerzas y acelerar el siguiente paso revolucionario”, es decir, mientras peor para todos, mejor para ellos. Muy cerca al “razonamiento” senderista de los 80 de destruirlo todo para después “empezar a construir”, sólo que en este caso con un elevado nivel de hipocresía para aprovechar lo que llaman “los resquicios de la democracia”. Se autodescalifican ante las fuerzas democráticas y ante el razonamiento democrático fundamental de defensa integral de los derechos humanos para todos en toda circunstancia.

Pues, finalmente, aquí no se trata de decidir sólo una variante del modelo económico neoliberal, facilitado por el fracaso y debacle de los regímenes de Toledo, García y Humala. Se trata de que también están en grave riesgo no sólo los derechos económicos y sociales, laborales, a la salud, a la educación y a la seguridad social, sino también los llamados derechos políticos, y el fundamental de todos: derecho a la vida, a la integridad y a la dignidad de todos los peruanos.