Veamos algunos ejemplos de cómo está la situación limitándonos tan sólo en los últimos quince días de agosto.

Lo primero que encontramos, el 16 de agosto, muestra que la información en muchas ocasiones es publicidad camuflada. Ese día se hace público que casi 80 canales de televisión podrían haber difundido propaganda corporativa pagada disfrazada de noticias.

Los canales están dispersos en 30 estados y están afiliados a las cuatro cadenas más importantes: ABC, CBS, NBC y Fox. Muchas de las estaciones son propiedad de algunas de las empresas de medios más grandes del país, como Clear Channel, News Corp, Viacom, The Tribune Company y Sinclair Broadcast.

Las empresas que financian la publicación de noticias en vídeo incluyen a General Motors, Intel y Pfizer.

Tras hacerse público el jueves 17 de agosto una sentencia judicial que declaraba inconstitucional el programa de vigilancia sin garantías del gobierno Bush a los ciudadanos, un análisis de los medios de comunicación de ese día estableció su cobertura informativa en las cadenas de televisión en comparación con el caso de homicidio de la reina de la belleza infantil, JonBenet Ramsey.

El informe, difundido el día 21, estableció que la cadena ABC dedicó el doble de tiempo de su transmisión al caso de asesinato que a la sentencia judicial contra el gobierno. CBS le dedicó siete veces más tiempo y ABC, quince veces más a la muerte de la niña que a la decisión de la justicia.

Si las sentencias judiciales contra el gobierno son silenciadas en los medios, las acusaciones contra las empresas son perseguidas. La empresa de ropa Americal Apparel amenazaba el día 21 con demandar a la revista Clamor, si publicaba una serie de reportajes que denunciaban el funcionamiento empresarial de la cadena. La razón esgrimida por la empresa de ropa es que la revista practicaba un «periodismo grosero, descarado, negligente e irresponsable».

Los comentarios críticos de los ciudadanos también pueden complicarle la existencia. El ecologista Jim Bensman, de Illinois, denunció en una conferencia el sistema de represas y exclusas del río Mississippi. Bensman sugirió que la represa podía ser destruida, una idea que el Cuerpo de Ingenieros había mencionado públicamente como una opción. Menos de una semana después, el FBI le investigaba argumentado que podría tratarse de una amenaza terrorista.

Manifestarse en grupo tampoco parece ser una opción en el país de la libertad. En Nueva York, el martes 22 de agosto veinte activistas del grupo Judíos Contra la Ocupación fueron arrestados por realizar un simulacro de muerte a modo de protesta en Penn Station. Su delito fue que, vestidos de negro, se tumbaron en el suelo en la entrada de la estación durante la hora punta de la mañana para pedir que el «gobierno de Estados Unidos detenga el envío de ayuda política, económica y militar a Israel mientras dirija sus ataques a civiles inocentes». En California, otras veinte personas fueron arrestadas ese mismo día en las puertas del Centro Judío de San Francisco.

Los líderes sociales y religiosos tampoco tienen mucho margen de actuación. El 24 de agosto, en Minnesota, la Iglesia Católica de Duluth canceló una conferencia de la conocida religiosa Helen Prejean. La razón es que Prejean, autora del libro Dead Man Walking, firmó un manifiesto en The New York Times solicitando la renuncia del presidente Bush.

El día 25, el empresario estadounidense Javed Iqbal fue detenido por ofrecer transmisiones del canal de televisión por satélite libanés al-Manar a clientes en el área de Nueva York. Iqbal dirige una pequeña empresa televisiva en Brooklyn que instala receptores satelitales en Nueva York Fue acusado de negociar con una entidad terrorista. «Es como si el gobierno de Irán dijera que va a prohibir el New York Times por lo considera terrorista o como si China quisiera prohibir a CNN», dijo un portavoz del bufete de abogados que representa a Iqbal, en declaraciones a la agencia de noticias Reuters.

A pesar de que pagó una fianza de 250.000 dólares, el empresario quedó detenido y podría ser condenado a cinco años de prisión.

Ese mismo día, un juez federal dictaminó que el gobierno estadounidense puede intervenir legalmente los teléfonos de cualquier persona que maneje «material que en general no está disponible al público». Expertos en privacidad dicen que el fallo del juez haría posible que el gobierno estadounidense vigile a los periodistas. El responsable de un medio de comunicación recordó que «si la prensa sólo pudiera informar sobre ’información generalmente disponible al público’, la prensa no sería necesaria».

Pero no todo está prohibido y perseguido en Estados Unidos. Los productores del reality show Survivor de la cadena CBS decidieron que comenzarán a dividir a los participantes según su etnia, y que dejarán que los grupos se enfrenten por la supremacía. Serán los blancos contra los negros, contra los latinos, contra los asiáticos. Grupos de derechos humanos denunciaron que el programa fomentará los estereotipos y fortalecerá los mitos sobre la inferioridad de ciertas razas.

Los periodistas estadounidenses tampoco tienen mejor suerte con su gobierno cuando está fuera de su país. El 28 de agosto, la agencia de noticias Reuters solicitaba a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que investiguen el asesinato del técnico de sonido de televisión Waleed Khaled. Ese día se cumplía un año de su muerte, cuando soldados estadounidenses le dispararon en la cara y el pecho en Iraq. Se escuchó a los soldados hacer bromas cuando los familiares de Khaled acudieron a la escena del crimen. Una investigación independiente de un ex investigador de las Fuerzas Armadas británicas concluyó que la muerte fue ilícita.

El acoso a la libertad de expresión se vive en todos los actos de la vida cotidiana.

El arquitecto iraquí Raed Jarrar afirmó el martes 29 de agosto que fue obligado a cambiarse la camiseta antes de abordar un avión en Nueva York porque ésta decía ’No seremos silenciados’ en árabe e inglés. En una entrevista transmitida ese día por una radio neoyorquina, Jarrar dijo: «Yo crecí y pasé toda mi vida viviendo bajo regímenes autoritarios y yo sé que estas cosas pasan. Pero estoy impactado de que me haya ocurrido aquí, en Estados Unidos».

El Comité Antidiscriminación Árabe-Estadounidense dijo que el Departamento de Transporte y la Administración de Seguridad y Transporte se encontraban indagando el episodio después de que este comité presentase quejas en nombre de Jarrar.

Todo esto, en tan solo quince días, sólo es un ejemplo de cómo es la libertad de expresión en Estados Unidos.

Por supuesto, nada de ello se ha difundido por los grandes medios de comunicación.

Pascual Serrano