El 16 de septiembre del presente año, en territorio indígena del municipio de Jambaló, al norte del departamento del Cauca —que aloja la mayor concentración de pueblos indígenas del país—, una bala de mortero dio muerte al menor Fabián Hurtado y produjo heridas a dos comuneros. El disparo fue hecho por tropas del Batallón Pichincha del Ejército, que desde hace tres años permanecen atrincheradas tanto en Jambaló como en su vecino Toribío, pese a las continuas demandas de retiro hechas por la comunidad nasa, principal pueblo nativo dela región. Poco antes se habían presentado hechos de violencia de las tropas en las veredas de Zumbico y Monterredondo, y tres días después, el 19 de septiembre, en Caldono, otro municipio aledaño de población indígena, se produjo la detención, sin orden judicial, de dos comunicadores nasas, en acto que la organización estimó como secuestro. Al mismo tiempo se redobló la presencia policial en los alrededores de Radio Uxwal, la emisora nasa, así como acciones de intimidación a los comuneros e interrupción de reuniones de los dirigentes, a solo 24 horas de iniciarse en Silvia el primer Encuentro Nacional de Comunicación Indígena de Colombia, que trataría estrategias de comunicación continental y contaría con participación de ese mismo nivel. El pueblo nasa, conocido también como páez, es quizá el más compacto, disciplinado y eficaz del país. Es núcleo imprescindible del movimiento indígena colombiano.

Los tres alarmantes sucesos, ocurridos en los momentos de triunfo electoral y consiguiente asunción del segundo mandato del presidente de la república, Álvaro Uribe, desbordaron la paciencia de la comunidad indígena. El 21 de septiembre, reunido de urgencia, el Tribunal Indígena del Norte del Cauca, máxima instancia jurisdiccional de esos pueblos, basado en las facultades que le otorgan la Constitución Nacional y las leyes sobre resguardos indígenas, asumió el estudio de los graves hechos y expidió un fallo que dice:

“Todos los territorios indígenas del Norte del Departamento del Cauca han sido durante los últimos años escenarios de un conflicto armado entre las fuerzas militares de Colombia, grupos paramilitares y guerrilleros de varias organizaciones armadas. Fruto de este conflicto, los pueblos indígenas hemos sido afectados en nuestra integridad física y espiritual. Hemos sufrido señalamientos, asesinatos, atentados contra nuestros bienes y desplazamientos, entre otros.”

“En el momento actual, se agudiza el conflicto armado. La fuerza pública invade nuestro territorio con armamento pesado. Los aviones ametrallan y bombardean alrededor de nuestras viviendas. La Policía Nacional nos utiliza como escudos humanos en los cascos urbanos de Toribío y Jambaló y en las zonas rurales de todo el territorio. Invaden nuestros salones comunales. La fuerza pública utiliza a nuestras mujeres como objetos sexuales y sus miembros traen a nuestro territorio el consumo de marihuana y bazuco (pasta de cocaína de mala calidad. Nota del columnista). Por su parte, la guerrilla también nos invade. Ataca con armas no convencionales matándonos y destruyendo nuestros bienes. Crea estructuras políticas y militares que vulneran nuestra autoridad y la gobernabilidad del territorio. Asesina nuestros dirigentes. Señala a quienes nos mostramos en desacuerdo con sus políticas y sus prácticas como agentes del Estado o como paramilitares, mientras el gobierno hace lo mismo. Ambos actores reclutan a nuestros jóvenes y dejan minas antipersonales y munición sin explotar que pone en peligro nuestras vidas. Hemos llegado a tal extremo, que nos exigen permisos para entrar a nuestros sitios sagrados. Presionados por la situación de guerra y por los actores armados legales e ilegales, algunos de nuestros comuneros se han involucrado en el conflicto a través de la comercialización para uso ilícito de cultivos de uso tradicional y del apoyo o vinculación a los actores del conflicto”.

El tribunal responsabilizó de las agresiones al Presidente, a la comandancia de las Farc y a los grupos paramilitares que operan en el Norte del Cauca y exige al gobierno indemnización económica a las familias afectadas por los daños y “la reparación integral al Proyecto Global Plan de Vida de Jambaló por los atentados contra el pueblo indígena habitante de este territorio, con recursos destinados a salud, educación, producción y ampliación del territorio”. Además, determinó que “Los pueblos indígenas del Norte del Cauca no permitiremos la presencia en nuestro territorio de las fuerzas de seguridad del Estado: Fuerzas Militares, Policía, Fiscalía, DAS, Sijin y demás (…) ni tampoco la presencia de los actores ilegales del conflicto armado (…) y exigimos a las Farc el desmonte de las estructuras que operan en ellos”. Finalmente, el organismo estableció que, “como un primer paso para el desalojo del territorio, la Policía Nacional deberá devolver los salones comunales, despejar las vías y levantar las garitas que se encuentran en medio de las viviendas de los cascos urbanos de Toribío y Jambaló en un plazo de 71 horas. Deberán reubicarse en los espacios que han definido las autoridades de ambos territorios. En caso de que la Policía no cumpla con lo acá expresado, todos los resguardos indígenas del Norte del Cauca deberán congregarse en Jambaló para determinar las acciones pertinentes”.

Y así fue. El gobierno siguió haciéndose el loco. Así había ocurrido hace dos años, cuando una ya histórica marcha nasa de tres días entre el norte del Cauca y la ciudad de Cali, en el departamento vecino de Valle del Cauca, pretendió ser atajada en el camino por el Presidente con simples rogativas de “No me hagan esto, muchachos” y recibió la respuesta propia del pueblo organizado: “Qué pena, señor Presidente, pero esta marcha la decidieron nuestros organismos de dirección y vamos a concluirla”. El 26 de septiembre, al cumplirse el plazo señalado sin que se hubiese atendido la decisión, centenares de comuneros procedieron a desmontar las trincheras de Jambaló y la tropa no pudo impedirlo.

El día anterior, luego entrevistarse con las altas autoridades de Popayán, una Misión de Verificación Internacional de la ONU, acompañada de varias agencias internacionales y funcionarios de embajadas europeas, además de ONG colombianas y dirigentes del Comité Regional Indígena del Cauca (Cric) y la Asociación Regional Indígena del Norte del Cauca (Acin), habían recorrido el territorio de Jambaló y Toribío afectado por las agresiones. Un comunicado de la Misión Internacional expedido el 28 de septiembre afirmaba: “En visita a estos municipios hemos constatado que la presencia del Ejército y la Policía infringe las normas del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos, al instalar barricadas y carpas en los hogares de las personas de la comunidad y al utilizar construcciones de la comunidad para permanecer en ellas, atrayendo ataques por parte de la guerrilla. Además, hemos sido testigos de la organización y la participación social de las comunidades frente a las violaciones del DIH y de DDHH. En Jambaló hemos sido recibidos por 3.000 personas (niños, niñas, mujeres y hombres), quienes se declararon en Asamblea Permanente a raíz de los recientes hechos de violación del DIH y los DDHH por parte del Ejército”.

La Misión de Verificación afirmó que la reubicación de las trincheras y carpas sería una muestra de buena fe por parte del gobierno para facilitar la creación de zonas de paz en los territorios indígenas, tal como lo había recomendado el Relator Especial sobre Cuestiones Indígenas de las Naciones, Rodolfo Stavenhagen, en su informe de 2004, y aseveró que “el Gobernador Departamental, Juan José Cháux Mosquera, considera que es pertinente quitar esas trincheras y bases de la comunidad”. Cháux, vástago de familias aristocráticas de Popayán, que históricamente han detestado a los indios, se ha caracterizado por sus posiciones políticas intolerantes, pero ante la presencia extranjera escondió repentinamente sus sentimientos. No obstante, la Misión, que pudo conocer a fondo el cerco que las fuerzas oficiales, guerrilleras y paramailitares han tendido a las comunidades indígenas de todo el país, se permitió no ocultar sus temores. “A pesar de la mediación proveída por la Defensoría del Pueblo —manifestó—, nos preocupa la posible reacción de la fuerza pública presente en Jambaló y Toribío, dada la larga historia de infracciones y uso de violencia en contra de movilizaciones pacíficas”.

Nada de esta historia viva la hemos visto reflejada en las páginas de la gran prensa colombiana, pero el “trincherazo” ha sido un capítulo más en la trayectoria de un pueblo maravilloso que se niega a desaparecer del escenario.

Álvaro Delgado