La reyerta verbal entablada entre el ombudsman José Luis Soberanes y el procurador Daniel Cabeza de Vaca podría tener un trasfondo político, afirman especialistas en derechos humanos.

Esta hipótesis se basa en que, hasta ahora, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) había guardado silencio con respecto a los temas de tortura y ejecuciones extrajudiciales que involucran al personal de la Procuraduría General de la República (PGR).

Y es que en medio del conflicto postelectoral, y a tan sólo tres meses de que concluya la gestión de Vicente Fox, el titular de la CNDH acusó a la PGR de ser “tapadera y alcahuete” de las violaciones a dichos derechos, delitos presuntamente cometidos por integrantes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI).

Al dar a conocer los resultados de las recomendaciones 13/2006 y 31/2006 -la primera por tortura y la segunda por ejecución extrajudicial- el pasado 24 de agosto, Soberanes Fernández dijo que estas conductas violatorias de los derechos humanos “son la antítesis de la democracia y de la legitimidad de un régimen político, y si no se les combate frontalmente pueden ser el brazo armado del cinismo”.

Ambas resoluciones fueron rechazadas por la Procuraduría. Además, Cabeza de Vaca advirtió a la prensa nacional que “el doctor Soberanes está molesto por una denuncia penal que presentaron algunos miembros de la institución (PGR) en contra de él. Fue personal de la Subprocuraduría de Derechos Humanos”.

Después se supo que la averiguación previa que se le sigue al doctor Soberanes Fernández y al doctor Raúl Plascencia, primer visitador de la CNDH -entre otros funcionarios-, tenía origen en las recomendaciones: los agentes de la AFI habían denunciado daño moral.

Éste no es el único asunto pendiente entre la PGR y la CNDH. En abril pasado Contralínea dio a conocer documentos que supuestamente acreditan sobornos por más de 16 millones de pesos. Estos recursos fueron presuntamente extraídos de las arcas de la PGR por la oficial mayor Cecilia Barra y Gómez Ortigoza para ser entregados al doctor Soberanes Fernández, al secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, y a otros funcionarios de ambas instituciones.

Los supuestos sobornos se habrían dado para frenar las investigaciones que se llevaban en la segunda visitaduría de la CNDH y en la Función Pública en contra de la oficial mayor de la PGR, quien como funcionaria de la Secretaría de Hacienda promovió en noviembre de 2002 el despido injustificado de la entonces directora de asuntos jurídicos de la Subsecretaría de Egresos de Hacienda, Lilia Cortés García.

Sobre este tema, fuentes de la CNDH afirman que hasta ahora no ha habido ninguna respuesta de la PGR, a pesar de que los funcionarios de la Comisión exigieron a la dependencia que se aclarara el asunto. La SFP tampoco ha emitido ninguna posición.

Pleito político

El doctor Carlos de la Torre, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), considera que las severas declaraciones del ombudsman crean confusión, pues en México no se tienen indicadores sobre la situación de la tortura y las ejecuciones.

El investigador afirma que “si hubiera habido un seguimiento o si desde un principio la Comisión Nacional hubiera armado una estrategia para ir midiendo el grado de tortura, no tendría que salir de pronto con una declaración tan fuerte, y tendría pruebas para demostrarlo porque lo habría documentado”.

De 2001 a la fecha la CNDH ha emitido 303 recomendaciones de las cuales sólo cuatro fueron en contra de la PGR. La recomendación 13/2006 se refiere al caso de José de Jesús Zúñiga Velázquez, quien el 1 de marzo de 2005 fue secuestrado en Tamaulipas por seis integrantes de la AFI, vestidos de civil. Zúñiga Velásquez fue sometido a tortura y luego trasladado a la PGR, bajo la acusación de portar droga.

Mientras que la recomendación 31/2006 se refiere a la ejecución extrajudicial de un ciudadano identificado con las siglas RGE, también atribuida a agentes de la AFI. Ambas investigaciones constan de varios testimonios, certificados médicos y diligencias.

Para Carlos de la Torre, experto en el estudio de los derechos humanos, a pesar de que la tortura y las ejecuciones son temas que no se entendían como resueltos, por lo menos se entendía que no eran sistemáticos.

“Este tema surge por un conflicto entre el ombudsman y el procurador general de justicia: se roban unas computadoras con información importante de la Comisión y parecía que tenía que ver precisamente con un informe de tortura. No se sabe qué tan cierto sea esto”, explica el doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.

“Habrá que indagar qué tanto es un pleito político o el intento por allegarse reflectores. Si hay tortura no te vas a callar, a pesar de que el contexto esté como esté, pero vas informando y vas siendo coherente con tu discurso; pero si no existe el antecedente, no sales así, debieron armar mejor sus declaraciones. Hay que analizar en qué se está basando el presidente de la Comisión para afirmar una posición tan dura, yo quiero pensar que hay pruebas.”

Santiago Aguirre, abogado del Programa de Defensa Integral del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dice que “coincidimos con el diagnóstico que ahora ha hecho público la CNDH. En México, la tortura sigue siendo una práctica arraigada en los sistemas de procuración y administración de justicia, tanto en el ámbito federal como estatal, esto es lo que el Pro y otras organizaciones no gubernamentales han dicho desde hace mucho, ahí más bien lo raro es que la CNDH lo diga hasta ahora: hubiera sido interesante que el ombudsman nacional lo dijera cuando estaba sometida a discusión su reelección, porque en realidad no dice nada nuevo”.

Sin trasfondo: CNDH

El doctor Raúl Plascencia, primer visitador de la CNDH, niega que haya un trasfondo político. “Desde el punto de vista nuestro, lo que tenemos es una investigación que ahí está de manera pública, dada a conocer por un caso concreto, que existe y que no tiene mayor trasfondo que tratar de cumplir con el deber que se nos ha encomendado”.

El funcionario advierte que no puede asegurar lo mismo de la PGR. “Nosotros no hemos escuchado una respuesta jurídica, lo que hemos escuchado son señalamientos casi a título personal. Nos hemos enterado que se ha iniciado una averiguación previa, pero porque se dio a conocer en la prensa, no tenemos conocimiento formal de que estemos siendo investigados. Nos parece que los procedimientos deben cuidarse y si están previstos en la propia ley, y si existe materia para investigar la probable comisión de un delito, tiene que hacerse; pero, de la manera más transparente e imparcial para evitar cualquier tipo de sospecha”.

Agrega que “nuestros documentos, nuestra investigación, ahí está, a los ojos de la sociedad para que pueda revisarse. Todas nuestras evidencias están sustentadas a partir del trabajo efectuado por personal de esta Comisión, todas las afirmaciones que se hacen en la recomendación tienen un respaldo. No hay mayor fondo que ése. Esperemos que también de aquel lado (de la PGR) haya una respuesta en esos términos, siempre apegados a la ley y nada al margen de la misma”.

Al preguntarle si evaluaron el contexto postelectoral en el que se inserta esta discusión, el primer visitador advierte que “las violaciones a los derechos humanos se dan de manera cotidiana. Las investigaciones tienen sus propios tiempos y esta Comisión suele hacer públicas sus indagatorias en el momento en que se culminan. En este caso fue el tiempo que se dio a partir de una investigación iniciada hace más de un año, de tal forma que así son las circunstancias”.

Procurador de impunidad

El doctor Plascencia explica que “tanto la tortura como las ejecuciones extrajudiciales constituyen las más graves y aberrantes violaciones a los derechos humanos. También las que suelen cometerse por los servidores públicos tratando de no dejar huella para efecto de poder garantizar su mayor impunidad. Desde hace algunos años, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido diversas recomendaciones a propósito del tema, como el informe sobre los desaparecidos en las décadas de los 70 y 80, en donde damos cuenta muy puntual de la serie de personas que en esa época fueron objeto de tortura, de desaparición forzada, entre otras violaciones”.

El primer visitador recuerda que otros casos importantes son el de los altermundistas de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. “Con motivo de un operativo para contener a los manifestantes, después de ser detenidos se les somete a torturas. El caso del señor Guillermo Vélez que fue señalado como un supuesto delincuente y se le priva de la vida ahorcándolo. Son estos casos paradigmáticos en donde las recomendaciones que emite la Comisión, tanto la 13/2006 y la 31/2006, caen dentro de esta dinámica en donde va quedando muy claro qué tanto las tortura como la ejecución extrajudicial son prácticas que no han desaparecido, permanecen en la sociedad mexicana y requieren de esfuerzos importantes por parte de las instituciones y de un compromiso también para poderlos erradicar por completo”.

El funcionario detalla que “cuando se trata de probar la tortura y la ejecución extrajudicial debemos partir de la base de que son violaciones a los derechos humanos que se llevan a cabo por servidores públicos que buscan no dejar ninguna huella de lo que han llevado a cabo, esto complica la investigación, pero no hace imposible que se pueda acreditar. Evidentemente, al lograr acreditarse lo mínimo que se espera es que se sumen esfuerzos para que cada institución cumpla en los términos que constitucionalmente se le ha facultado, o acorde con la función que se le ha encomendado”.

Raúl Plascencia asegura que la investigación de la CNDH permite documentar un caso de tortura que está basado en testimoniales, certificaciones médicas, informes oficiales, diligencias, y lo que obtenemos es una respuesta sólo a partir de señalamientos mediáticos. Entonces un caso tan serio y delicado, como lo es el de la tortura, demanda un compromiso para investigar la más mínima sospecha de una circunstancia de éstas sobre un acto tan deleznable”.

Agrega que “el propio gobierno federal ha reconocido cuál es el nivel de eficiencia que tiene en materia de investigación de los delitos. Cuando el gobierno federal ha reconocido que solamente logran castigar a dos de cada 100 delincuentes nos da una idea muy clara de cómo nos encontramos. Cómo poder decir que todo está muy bien cuando el propio responsable reconoce que tienen eficiencia en el 2 por ciento. Así está en los resultados públicos, esto no es una imputación o un invento nuestro”.

Para Raúl Plascencia “está impunidad del 98 por ciento se ve reflejada en un caso como este de la recomendación 13/2006, éste es uno de los que engrosa la cifra del 98 por ciento; en donde, no obstante de existir elementos que permitieron a ésta Comisión demostrar una violación a los derechos humanos en términos de tortura y de cateos ilegales en las investigaciones correspondientes por parte del Ministerio Público, se determina que no hay delito que perseguir, eso se llama impunidad”.

Revista Contralínea. Publicado: Octubre 1a quincena de 2006 | Año 4 | No. 65

Nancy Flores

Fracasa Fox en derechos humanos

A pesar de que en el discurso Vicente Fox ha prometido respetar y garantizar los derechos humanos, en la práctica ha fracasado. Para el doctor Carlos de la Torre “al hacer un balance sobre la responsabilidad del gobierno, podemos afirmar que ha habido buena voluntad, pero ha sido incapaz de resolver los problemas estructurales. No es que sea sencillo o que sean problemas generados por esta administración, pero definitivamente no los pudo controlar y menos resolver”.

El académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM dice que “es un problema del modelo económico, pues en sí mismo ha generado mayores desigualdades en México, al grado de que éste es el país número 16 con mayor desigualdad en el mundo. Es la economía 10 y sin embargo los márgenes de desigualdad que se tiene entre el 10 por ciento más rico de la población y el 10 por ciento más pobre es enorme. El gobierno de Fox no ha logrado reducir la brecha de desigualdad, por el contrario la ha aumentado. El índice de desigualdad llega al 36 por ciento”.

Santiago Aguirre, abogado del Programa de Defensa Integral del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, explica que “nuestro balance muestra que hay un rezago importante en el cumplimiento de los derechos humanos, sobre todo cuando revisamos la situación de impunidad, del sistema de administración de justicia, la represión a los movimientos sociales, el estado de la seguridad pública, el hostigamiento a los defensores de derechos humanos, el retroceso en las políticas y la legislación en materia indígena y la situación de pobreza”.

Añade que “el gobierno actual se caracterizó por presentarse como un gobierno respetuoso de los derechos humamos, con una política exterior muy proactiva en esa materia y que, sin embargo, no ha tenido un correlato igual de efectivo en el ámbito interior, en el ámbito nacional”.

De la Torre coincide: “El gran éxito de la administración del presidente Vicente Fox ha sido en el plano internacional. En esta administración México ha tomado un papel preponderante, se ha montado al barco: ha reconocido la competencia de los comités de derechos humanos y se han firmado prácticamente todos los tratados internacionales. Pero una cosa es la firma de tratados internacionales y otra el impacto que estos tratados tienen y la exigibilidad en el país, y aquí realmente estamos en un gran abismo. De lo que México se ha comprometido a nivel internacional a la realidad, pues hay un gran abismo”.

Ambos especialistas en el estudio de los derechos humanos afirman que, en esta materia, el futuro gobierno de Felipe Calderón tendrá políticas de continuidad. “No va haber un gran cambio, porque el modelo da estabilidad y genera mayor inversión, lo cual es importante para una economía en crecimiento como la mexicana. Además, el tema de derechos humanos no estaba en la mentalidad de Felipe Calderón, esto se podía percibir en sus discursos”, dice el doctor Antonio de la Torre.

Para Santiago Aguirre “la situación que enfrentaremos en los próximos seis años dista de generarnos optimismo, porque se trata de un presidente electo que en distintos momentos ha señalado que impulsará mano firme y mano dura, baste recordar que después de los hechos de San Salvador Atenco, Felipe Calderón se congratuló y señaló que él hubiera hecho lo mismo. También ha dicho que las políticas públicas de combate a la pobreza no se caracterizarán por el respeto a los derechos colectivos, en cuanto a los derechos económicos y sociales se refiere. Y la posibilidad de que los derechos laborales sean reducidos aún más con una reforma a la Ley Federal del Trabajo es un peligro muy latente”.