Renato Sales reconoce que los cárteles del Golfo y de Tijuana se disputan el DF, la más importante plaza del país, pero matiza que aquí no se tiene ni el índice delictivo ni el tipo de ejecuciones ni de mensajes que en Michoacán, Guerrero (cuyas administraciones, por cierto, son perredistas), Baja California, Sinaloa y otros estados del norte del país.

“No podemos decir que el jefe de gobierno del DF tenga la misma protección y salga con el número de agentes con los que sale el acalde de Acapulco. Habría que ver nada más y de ahí medirlos y ponderarlos”, precisa.

Niega también, como sostiene la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) ofrezca seguridad a los capitalinos a cambio de la supresión de la libertad y de derechos fundamentales, y que la tónica de la policía sean las detenciones arbitrarias, las torturas y la fabricación de culpables.

Considera, empero, que hacen falta modificaciones en la Constitución y mayores presupuestos para transformar el sistema de justicia no solo de la capital, sino de todo el país, porque el ministerio público tiene prácticamente funciones de un juez y por eso mismo se ve afectado por una sobrecarga de atribuciones.

“Hay ocasiones en que sentimos que los jueces están trasladando al ministerio público buena parte de la comisiones que debieran corresponder al Poder Judicial. Baste con advertir que de pronto en el MP tienen que desahogarse pruebas, validarlas y sopesarlas, cuando todo este procedimiento debería plantearse en los juzgados”.

En su despacho, localizado en el segundo piso del edificio de la Procuraduría conocido como El Bunker, reconoce que puede haber de manera excepcional policías desleales, gente que traiciona el servicio público, pero “de ninguna manera es la postura de la Procuraduría cometer delitos para suprimir delitos. Sería absurdo”.

Asegura que en el DF se sancionan acciones, no personas. No existe el derecho de autor, que es un derecho fascista, en contra del enemigo. Como el derecho penal que maneja Estados Unidos en relación con los terroristas, quienes son ajenos al derecho y sus garantías están suprimidas, explica.

La PGJDF, continúa, cuenta con una fiscalía específica de los servidores públicos que persiguen a quienes traicionan la confianza y atentan contra el derecho.

– ¿Es alto el número de servidores que traicionan a la institución, en que conductas incurren?

– La queja por excelencia en la CDHDF no es la tortura ni el abuso de autoridad ni lesiones graves a los derechos humanos. La principal queja es por dilación en la integración de averiguaciones previas. La gente siente que no es debidamente atendida por el ministerio público. Que sobre el agravio del delito en su persona, hay uno más porque no se le atiende ágil, correcta y rápidamente. Sentimos que uno de los puntos medulares de la procuración de justicia es que las agencias sean instancias de resolución de problemas, no un problema más. Creemos que ahí hay que ponerle atención.

– ¿En cuanto a abusos de autoridad y tortura?

– La tortura es excepcional. Y lo es a partir de la reforma constitucional que no reconoce la confesión rendida ante el policía judicial. Para que tenga valor, tiene que estar apoyada por otros elementos de prueba y rendirse ante el MP con la asistencia del defensor. La tortura entendida como violencia ejercida para obtener información hace mucho que dejó de ser práctica reiterada de las corporaciones policiales.

– La CDHDF sostiene que la policía prácticamente no investiga, sino que sólo hace cuadrar las declaraciones de los detenidos, muchas veces bajo presión o tortura.

– Yo creo que debemos ver a la comisión como una aliada en la solución de problemas. No es un adversario y mucho menos un oponente. Puede plantearse que una investigación no está correctamente integrada. Sin embargo, también es discutible y opinable.

A partir de unas incorrectas reformas constitucionales, explica, la averiguación previa se convirtió en el espacio de solución de diferendos. Por lo tanto, hay una sobrecarga estructural del ministerio público que hace de la averiguación previa una especie de parajuicio y del MP una especie de parajuez.

Esas reformas constitucionales, que trasladó garantías del proceso a la averiguación, impiden el tránsito hacia a un sistema acusatorio. Los juicios orales, aunque forman parte de este sistema, no bastan. “Hay que modificar integralmente el sistema. No se puede hacer de la noche a la mañana. Habría qué formar una generación de abogados, académicos y litigantes. “A Chile costó once años y 850 millones de dólares transitar de un sistema inquisitorio a un sistema acusatorio”.

Instalados en la pequeña sala de su oficina, mientras lo aguardan montones de papeles en su escritorio, dice que la CDHDF en buena parte ha puesto la lupa en problemas que tienen qué ver más con el sistema, con el aparato de justicia, que con asuntos en particular. Por supuesto, aclara, se puede hacer más con lo que se tiene.

“Uno no puede dejar de ver que junto con los delitos están las faltas administrativas. Tenemos un aparato de justicia cívico que no corresponde quizá con la necesidad de una ciudad como la capital. El aparato de procuración de justicia no casa a veces con el aparato de justicia de los tribunales.

“El sistema de ejecución de sanciones tiene que ver con un enfoque Lombrosiano de los años 30. Entonces, tenemos que advertir que los componentes del sistema a veces no son lo suficientemente acordes como para estructurar coherentemente un verdadero aparato de justicia”.

– ¿Se puede decir entonces que tres administraciones perredistas no han sido suficientes para resolver estos problemas?

– El problema, insistiría yo, no es del DF. Basta ver lo que está pasando en Michoacán, en Guerrero y en el norte del país, y ver en dónde se encuentra el DF en lo que hace a homicidios y robo de vehículos para advertir que la ciudad de México, calculando el índice delictivo en función de cada 100 mil habitantes, no está en los primeros lugares.

Lo malo, dice, es que los delitos en el DF tienen una mayor repercusión mediática. Pero las transgresiones a la ley son una preocupación nacional e internacional. Por ejemplo, el narcomenudeo en el país se incrementó a partir de que Estados Unidos cerró la frontera, como consecuencia del atentado de las Torres Gemelas, y la droga se pagó en México en especie.

– El excandidato del PAN a la jefatura de Gobierno, Demetrio Sodi, aseguró que la proliferación del narcomenudeo en la capital se debió a la complicidad de las policías con los narcotraficantes.

– Tiene que ver, por supuesto, pero parcialmente. La capital no presenta un problema como lo tiene Michoacán, por ejemplo. Y esperamos no tenerlo. Estamos trabajando para que no suceda en el DF.

– Al parecer los cárteles de Tijuana y el Golfo se disputan este mercado.

– Efectivamente pueden disputárselo, pero no con la saña ni el grado sanguinario como sucede en otras entidades de la República.

– ¿Los narcos son más civilizados aquí?

– Yo insistiría en que es un problema nacional, no del DF. No podemos decir que hay más homicidios por cada 100 mil habitantes en el DF que en Tijuana, Culiacán, Michoacán o Guerrero.

– ¿Aquí se portan más civilizadamente los narcos?

– No se trata de civilizar o no civilizar. Vamos a ver drásticamente cómo sale el alcalde de Acapulco y cómo sale el jefe de gobierno del DF.

– ¿Cómo se lo explica usted?

– Me lo explico en función de que es un problema nacional y que tiene que ver con cuestiones que van más allá de la mera persecución policíaca. Es un tema multifactorial.

Dice que es algo que tiene que ver con los cambios en la vivienda, con la arquitectura de la ciudad, con la disponibilidad de espacios, con la forma como se atacan los delitos, de una manera sencilla o complicada.

– Pero el narco tiene un poder corruptor muy grande con las policías.

– Por eso hay que profesionalizar y supervisar. Si se genera un espíritu de cuerpo y se mantienen absolutamente ubicados los mandos en relación con los subordinados y se mejoran los sueldos, hay posibilidades de controlar la irrupción del narco.

– La distribución y consumo de drogas en las cárceles de la capital están en su esplendor, según denuncias públicas. Un cartel controla ya el penal de Santa Marta Acatitla.

– Hay que hacer una revisión integral al sistema penitenciario, no solamente en el DF, porque cuando la Constitución plantea que el objetivo de la reclusión es la readaptación social se incurre en un despropósito, porque se parte de la idea de que el delincuente está enfermo y hay que curarlo. Eso contraviene al propio Código Pernal que plantea que hay culpabilidad o libertad.

“La CDHDF habla de regeneración, es decir, parte de la idea de que hay un tipo único de ser humano, un modelo al cual seguir. Ese es un enfoque de los 30. Si el último objeto de la prisión es la readaptación ¿qué hacen ahí los procesados que no son sentenciados, por qué se sanciona también el homicidio culposo que no tiene que ver con dolo? Eso sin tomar en cuenta a quienes están por infracciones menores”.

Por eso cree que hay que reformular la integridad del sistema de justicia y tocar al sistema penitenciario.

– En suma, ¿en estas tres administraciones perredistas no se ha avanzado realmente en el tema de la justicia?

– No, no. Se ha avanzado mucho y de manera sustancial, con lo que hay. Sin necesidad, además, de modificar integralmente la Constitución, que es lo que permitiría un avance del sistema.

“Basta ver la cifra de robo de vehículos. Hasta antes de que entrara la primera administración perredista, en diciembre de 1997, se cometían más de 170 robos de vehículos al día y hoy se comenten entre 60 y 80 y a veces los fines de semana baja hasta 48. Yo creo que es un avance sustancial”.

– ¿Y homicidios dolosos?

– Tenemos el mismo número de homicidios con muchísima más población de la que había hace diez años. Es decir, dos diarios. Estamos en el lugar décimo séptimo a nivel nacional.

– ¿Y robo a transeúnte con violencia?

– Hemos disminuido, pero no con la eficacia que debiera darse. Hay que combatir esos ángulos, precisamente.

ISOSA

Sales Heredia (hijo de Renato Sales Gasque, procurador capitalino de 1985 a 1988) asegura que la PGJDF no soltó de manera rápida y fácil la investigación del crimen de un alto funcionario de ISOSA, sino que la Procuraduría General de la República (PGR) aplicó la atracción del caso por considerar que pertenecía al fuero federal.

– ¿Por qué soltaron tan rápido y de manera fácil el caso del asesinato del funcionario de ISOSA, un hombre cercano a la Secretaría de Hacienda?

– Nosotros sólo somos una autoridad que sólo puede hacer lo que la ley le permite. No es que soltemos los casos. La PGR ejerció la facultad de atracción. El artículo décimo del Código Penal dice que el ministerio público federal será competente para conocer de los delitos del fuero común que tengan conexidad con los delitos federales, y los jueces federales tendrán asimismo competencia para juzgarlos.

“¿Qué es lo que hizo la PGR? Estimar que había un delito del fuero federal que era la portación de arma de fuego, vincularlo con el delito del fuero común y atraer el caso. Y la PGR se lo llevó, no es que lo hayamos soltado”.

Publicado: Noviembre 1a quincena de 2006 | Año 5 | No. 67

Fernando Ortega Pizarro