El inframundo de la justicia capitalina

Los asesinatos de “viejitas” empezaron desde 1998, pero no fue sino hasta el 2004, seis años después, cuando la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) comenzó la búsqueda de los responsables, recurriendo a las detenciones arbitrarias y a otros abusos de autoridad.

Diversos testimonios señalan al fiscal de Homicidios de la PGJDF, Guillermo Zayas González, y a sus comandantes como los ejecutores de esas arbitrariedades. Más que investigar, afirman, parecían buscar a candidatos a ser el o la “Mataviejitas” y su cómplice. Con dos detenidos arbitrariamente, Oliver Guzmán López y Matilde Sánchez Gallegos, se quedaron en el intento, pero a otros lograron meterlos en la cárcel.

En el penal femenil de Santa Marta Acatitla y en el Reclusorio Oriente se encuentran, respectivamente, Araceli Vázquez García y Jorge Mario Tablas Silva, a quienes la PGJDF imputó uno y cuatro crímenes de ancianas, respectivamente, antes de la detención de Barraza Samperio, la “dama del silencio”.

Ambos aseguran, en entrevistas por separado, ser inocentes y sostienen -molestos, dolidos- que la PGJDF los convirtió en “pagadores” de crímenes que no cometieron.

“Haz que acepte”

Araceli Vázquez, ama de casa, de baja estatura, morena, cara redonda, pelo negro lacio, acepta haber robado a ancianos, pero asegura que no mató a ninguno. La detuvieron el 31 de marzo de 2004 y la llevaron al edificio de la PGJDF conocido como el “Búnker”, con el fiscal Guillermo Zayas, quien mostrándole una torre de expedientes, le espetó:

“Ahora te vas a mamar todo esto hija de la chingada. Aquí te vas a chingar todos estos homicidios, porque tú eres la que anda matando gente”.

Cuenta que Zayas mandó traer a un doctor de la PGJDF para que le hiciera una prueba de ADN. El facultativo le arrancó varios mechones de su cabello, en vivo, dejando ensangrentada su cabeza. “Yo lo estoy contando ahora, porque hace dos años no lo podía hacer”, asegura.

El fiscal la sometió al detector de mentiras y le hizo una prueba psicológica de 750 preguntas. “Todo salió negativo. No soy esa persona que ellos dicen... y ya no sé a quién recurrir”, dice angustiada.

Como Araceli no aceptó firmar su culpabilidad en los crímenes, Zayas llamó a un subalterno y le ordenó: “Haz que acepte”.

La bajaron al sótano, a los separos del “Búnker”. “Allí, en la entrada, tienen un nicho con las imágenes de San Judas Tadeo y la Virgen de Guadalupe. Luego sigue un área donde guardan sus armas. Las galeras están al fondo donde tienen a más gente y hay unos lugares en donde usted está separado por un cristal grueso. Allí es donde me empezaron a golpear”.

Llora al recordar: “me pegaron tres personas al mismo tiempo. Me dieron patadas en el estómago, en las piernas, con los puños cerrados en todo el cuerpo, muy fuerte. Fueron 15 minutos, porque no aguanté más. Me llegué a caer, me salía sangre por los oídos, por la nariz. Pero no acepté firmar lo que el fiscal quería”.

Aun así, la PGJDF presentó a Araceli Vázquez como “La Mataviejitas” a los medios de comunicación, el 1º de abril de 2004. “El fiscal me saca a mí y me monta una bata blanca y una peluca, porque dice que lo encontró en mi casa y esa es una vil mentira”.

También exhibieron en una mesa con paño verde varias joyas y dinero en efectivo antiguo y de denominación extranjera.

“Me tuve que poner esa bata blanca y peluca porque el fiscal me dijo que a mi hijo pequeño lo iban a llevar al DIF. Los medios me decían: ’Araceli, tu verdad’. Yo iba a decirles: ’están mintiendo’, pero yo volteaba y el fiscal Zayas, que estaba con mi familia, me decía: ’calladita hija de tu puta madre’, y ya no dije nada en ese momento”.

Sin embargo, Araceli Vázquez sólo fue consignada al Reclusorio Oriente por 10 robos a personas de la tercera edad.

Tres días después, el fiscal Zayas anunció que Araceli era responsable de haber estrangulado a Gloria Enedina Rizos Ramírez, de 81 años de edad, el 28 de octubre de 2003.

Es decir, ya era autora de uno de los 21 homicidios que hasta entonces se habían cometido contra adultos mayores.

En rueda de prensa, Zayas aseguró que la bata y la peluca las habían sacado de un ropero de su casa, y que su esposo Eladio Castillo Fragoso se dio cuenta de eso. Dijo que también encontraron un anillo y un reloj que pertenecieron a Gloria Enedina Rizos, los cuales supuestamente fueron identificados por una hija y un sobrino -de quienes no dio los nombres- de la víctima.

Sostuvo que en el domicilio de la acusada se encontraron boletas de empeño que podrían avalar joyería de otras personas muertas. Es decir, Vázquez García acudía al Monte de Piedad a empeñar todo lo que robaba.

Fernando Pérez Pacheco, abogado de oficio de Araceli Vázquez, propuso la comparecencia de Eladio Castillo Fragoso, esposo de Araceli, para desmentir que en su domicilio fueron encontrados el reloj y el anillo de la anciana Gloria Enedina Rizo Ramírez, así como las batas y la peluca, como había afirmado la Procuraduría.

Pero a la mera hora, de manera inexplicable, el esposo se abstuvo de declarar. Por lo tanto, “la versión del Ministerio Público se tomó por buena, y el juzgado 57 Penal, sin más, la declaró culpable”, recuerda el abogado

¿Y el reloj y el anillo? ¿Cuáles familiares dijeron que pertenecían a la víctima?

– Eso no se ventiló. Araceli estaba acusada de homicidio, no de robo.

El juicio por este asesinato se llevó a cabo en el juzgado 57 del Reclusorio Oriente. El 8 de abril de 2004, varios testigos refirieron que a la enfermera que vieron el día de la muerte de Gloria Enedina Rizos era “más alta y más robusta”.

“La señora que agarraron (Araceli Vázquez) está más chaparra que la que yo vi ese día”, contó una vecina que pidió el anonimato.

Los testigos del crimen describieron un perfil que más bien correspondía al de Juana Barraza Samperio, “La Mataviejitas”, capturada casi dos años después.

En una humilde casa de San Lucas, municipio de Acolman, estado de México, Eladio Castillo, chofer de taxi colectivo, refiere que su esposa fue exhibida a los medios a las 15:00 horas del 1º de abril del 2004, con la bata, la peluca y las joyas, pero no fue sino hasta las 10 de la noche de ese día, cuando la policía cateó su casa, con autorización de Araceli Vázquez, pues quería demostrar que era inocente.

Al lugar acudieron cientos de policías, en patrullas y camiones, con perros adiestrados. Eladio permaneció afuera de la casa compuesta por tres cuartos. Sólo entraba cuando era llamado por los policías.

Todo lo estaban filmando. Un agente requirió su presencia para preguntarle por una bolsa negra de plástico que estaba en un armazón de palos que la hacía de ropero. Extrañado, tomó la bolsa negra, cerrada con un nudo, y la tiró al suelo, diciendo que no sabía de quien era, que esa bolsa no estaba ahí.

Entonces, el policía y un perito la abrieron y “encontraron” una bata del seguro social y una peluca. “No que no era”, le dijo el policía. Eladio Castillo, enojado, les dijo que eso no estaba en su casa, que eso lo habían puesto allí ellos.

Los agentes encontraron después una boleta de empeño por unos 2 mil pesos, a su nombre. Él explicó que había empeñado joyas modestas de la madre de su esposa. Todo lo filmaron. Nunca le mostraron las joyas de las víctimas, que supuestamente estaban en su casa.

Eladio Castillo refiere que vivió un tormento cuando detuvieron a su esposa en su casa el 31 de marzo de 2004. Los policías también se lo llevaron a él y a su hijo de 5 años. En el camino fue víctima de presiones, insultos y amenazas de muerte para que dijera a qué se dedicaba su esposa.

Les aseguró que sólo sabía que se iba a trabajar de sirvienta a las Lomas de Chapultepec. Hasta que llegó al “Búnker” se enteró de que Araceli Vázquez se dedicaba a timar ancianos para robarles.

En el “Búnker” de la PGJDF, el fiscal Zayas le dijo:

—¿A poco no sabías a qué se dedicaba tu esposa?

—Pues no, en serio que no.

—Ahhh, no te hagas….

Eladio Castillo asegura que los judiciales amenazaron con acusarlo y meterlo en la cárcel si declaraba en contra de lo que constaba en la averiguación previa en contra de su esposa.

Por ese motivo, explica, se quedó callado cuando compareció ante el juez para desmentir que dicha peluca y bata fueron encontradas en su casa y que toda la acusación fue montada por la policía.

No pudo hablar. Lo traicionaron los nervios. Se quedó callado, pues detrás de él, de manera indebida, estaban cuatro judiciales del DF que acusaron a su esposa de ser la asesina de una “viejita”.

El juez y un magistrado sentenciaron a Araceli Vázquez a 23 años de cárcel por homicidio, y 17 años y 9 meses de cárcel por robo.

“Ya te chingaste”

Jorge Mario Tablas Silva era un comerciante ambulante que vendía chocolates o juguetes importados en la calle, de casa en casa, de negocio en negocio, hasta que un día lo detuvieron agentes de la policía del DF. Para él fue un golpe seco, inesperado, que transformó su vida dramáticamente.

En el Reclusorio Oriente, donde tiene cuatro acusaciones por homicidio de ancianas, tres de ellas con sentencia, Tablas Silva se siente abatido y enojado con Dios, porque no entiende por qué le sucede esta desgracia. Se ve más avejentado que cuando fue detenido el 10 de septiembre de 2004. En ese entonces, pensó en suicidarse si lo condenaban: “Yo no deseo seguir viviendo, que Dios juzgue a los que me acusaron y que mi sangre caiga sobre ellos”.

De 56 años de edad, ojos verdes, cara alargada, rasgos afilados, pelo ondulado, canoso, refiere que una ex novia, Leonor Loera, lo señaló como responsable del crimen de la anciana María Amparo González de Salcedo, ocurrido cuatro años atrás, en 1998, en la colonia Unidad Modelo, en Iztapalapa. Esta anciana es la primera de la lista de 49 mujeres de la tercera edad que empezaron a ser asesinadas a partir de ese año.

Lo sorprendente para él es que, como no lo pudo encontrar responsable del asesinato de María Amparo González, por el que fue detenido, la Procuraduría decidió acusarlo entonces del crimen de la anciana María Eugenia Guzmán Noguez, quien murió estrangulada el 28 de noviembre de 2003, en la Delegación Benito Juárez.

Para eso lo llevaron a la calle de Xola, en donde asegura nunca haber estado, y lo dejaron afuera, con una bata blanca puesta. Luego supo que una mujer lo observó desde dentro de una casa.

Durante dos horas y media los agentes estuvieron con la testigo. Al final, salieron victoriosos: “Ya te chingaste. La señora te reconoció. Tú la mataste. No te hagas pendejo”. No le dieron ningún dato, ni de qué se trataba. Mucho menos de que lo querían involucrar con la muerte de mujeres de la tercera edad.

Al día siguiente, el 12 de septiembre, la PGJDF prácticamente lo presentó como “El Mataviejitas”, también conocido como “El Enfermero”.

“Vino el linchamiento mediático, confundiendo a la sociedad. Todo creado por ellos, gente sin escrúpulos”, recuerda.

En conferencia de prensa, el fiscal Zayas aseguró entonces que el inculpado “utilizó una bata blanca y peluca rubia para hacerse pasar como enfermera con la intención de entablar relación con María Eugenia Guzmán Noguez, de 76 años de edad, a quien prometió tramitarle la tarjeta de apoyo económico para adultos mayores”.

Según el fiscal, “el perfil psicológico elaborado por la Procuraduría refiere que Tablas Silva es una persona de pensamiento mágico e ideas delirantes, y se considera el apóstol San Juan; además sufre de depresión, tiene ideas suicidas y es un sujeto peligroso, se le relaciona con siete u ocho homicidios de ancianas, y fue reconocido en todos”.

Tabla Silva dice que “la prensa se conformó con que ese era el asesino serial”.

En el reclusorio le fincaron la muerte de otras tres ancianas. Con ostensible dolor, dice que la Procuraduría ya lo condenó a morir en la cárcel al sentenciarlo por más de 90 años.

Jaime Tablas, hermano de Mario, conoce los cuatro juicios. Con documentos en mano, comenta que hay testigos que fueron presionados por la policía para declarar en contra de su hermano y en los expedientes hay evidencias de que los crímenes fueron cometidos por Juana Barraza Samperio, incluso hay huellas dactilares que no pertenecen a Mario y podrían ser de ella, pero el Ministerio Público y los jueces se niegan a hacer la comparación.

En el caso del crimen de la anciana María Guadalupe González Juanbelz, asesinada el 9 de octubre de 2003 en su casa, en la colonia San Pedro de los Pinos, la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de Joel Ortega, determinó que una huella encontrada en la escena del crimen correspondía a la de Barraza Samperio, “La Mataviejitas”.

El dato tomó por sorpresa al procurador Bernardo Bátiz, quien no obstante reconoció el error y anunció que promovería un recurso de desvanecimiento de datos para liberarlo de la responsabilidad de esa muerte, pues aún no recibía sentencia. Pero el juez 23 ya había emitido la condena y el Tribunal de Justicia la ratificó.

En entrevista, el juez 23 penal, Antonio Cortés Mayorga, dice que aunque la PGJDF diga que se equivocó y que las huellas son de “La Mataviejitas”, eso no quiere decir que ella sea la autora del crimen.

El juez sustenta su dicho con un ejemplo: “Si usted deja en mi escritorio sus huellas digitales y en la noche entra alguien aquí y se roba todo, ¿usted es el responsable?, ¿verdad que no?”

—Es decir, aunque las huellas sean de “la dama del silencio”, ¿ella no es culpable de ese crimen?

—Así es. En un lugar donde se cometió un ilícito, ¿vamos a condenar a todos los que dejaron sus huellas?

—¿Eso no despierta por lo menos sospechas de la participación de Juana Barraza en la escena del crimen?

—Tampoco. Mi sentencia se basó en el cúmulo de pruebas presentadas. Tres testigos lo vieron a él y en la rejilla de prácticas lo señalaron.

Argumenta que tres magistrados de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del DF -María Estela Castañón Romo fue la ponente- confirmaron la culpabilidad de Tablas Silva el 29 de noviembre de 2005.

Consideró que las declaraciones de Bernardo Bátiz, donde admite que hubo un error, “son muy arriesgadas, porque echa abajo el trabajo de los jueces y magistrados”.

Además, dice, crea dudas sobre la veracidad de la investigación de la propia Procuraduría.

Pero él mismo se corrige y pide que se borre este último párrafo y la palabra “arriesgadas”.

“Yo sigo creyendo que en la Procuraduría hay gente honesta, que hace bien su trabajo. Afortunadamente, la policía se ha ido superando, ha cambiado mucho.”

A su vez, Martín Butanda Suárez, abogado de Tablas Silva, dice que el proceso que se le siguió al acusado estuvo encaminado para hacerlo culpable del homicidio que, en su opinión, no cometió.

Desmiente que tres testigos hayan señalado a Mario Tablas como el culpable del asesinato de María Guadalupe González Juanbelz.

Solo dos testigos dijeron haberlo visto antes del crimen. Una, la sirvienta, cambió varias veces las características del inculpado, y el otro, un vecino, aseguró no conocerlo durante su comparecencia ante el juez. Además, ninguno presenció el crimen y, por lo tanto, nunca aseguraron que el asesino era Tablas Silva.

“Te vamos a quitar la risa”

Luego de estar cinco meses en Filadelfia, Estados Unidos, de bracero, Oliver Guzmán López regresó a la ciudad de México el 25 de noviembre de 2005, porque extrañaba a sus tres hijos y quería pasar con ellos la Navidad.

Después de la Navidad, pensaba volver a los Estados Unidos, pero decidió quedarse unos días más. Con la ayuda de su mamá, con quien vive en Iztapalapa, compró una camioneta y se puso a trabajar como “chacharero”.

La tarde del 8 de febrero, cuando regresaba a su casa de trabajar en compañía de su hijo de cinco años, sorpresivamente unos judiciales descendieron de dos autos Neón sin placas, y con pistola en mano se lo llevaron, dejando al niño en la calle.

Lo empezaron a insultar y asegurar que él se metía a las casas. Lo trasladaron al “Búnker” de la PGJDF y ahí le dijeron que, de acuerdo con una llamada anónima, se parecía a uno de los retratos hablados de “La Mataviejitas”.

El fiscal de Homicidios, Guillermo Zayas, le dijo: “Tú sabes mucho de esto y a final de cuentas te lo vamos a aplicar”. Oliver Guzmán, de 30 años de edad, mandó traer documentos -boleto de avión y comprobantes de remesas- para comprobar que en la fecha cuando se cometió el crimen, él se encontraba en los Estados Unidos, pero no le creyeron.

Varios testigos trataron de identificarlo. En una de las 15 sesiones a que fue sometido, una señora aseguró, sin temor a equivocarse y recociéndolo plenamente, que él había estado en el momento del homicidio de una anciana ocurrido en el mes de octubre de 2005. Pero en ese mes, Oliver Guzmán López aún estaba en Filadelfia.

Una anciana, de 87 años, sostuvo que él se quería meter a su casa, pero ella misma lo sacó porque sabía karate y lo correteó. “Le echó mucha fantasía a su declaración”, apunta Guzmán López.

El agente del Ministerio Público cambió la orientación de sus indagatorias: ya no era sospechoso de ser “El Mataviejitas”, sino el cómplice. Oliver insistió en que no sabía nada. Estuvo detenido cuatro días, de manera ilegal, pero la PGJDF informó a los medios que fue arrestado desde el 10 de enero.

Dio permiso a la policía para que catearan su casa, ubicada en Iztapalapa, sin permiso del juez. Se llevaron varias pertenencias personales, como fotos. Detuvieron a su hermano, dos días, le tomaron sus huellas y después lo soltaron.

Oliver dice que no creía que lo estuvieran acusando en serio. “Pensé: me están haciendo una broma. Ahorita va a salir la cámara y me van a decir: ’tienes miedo, tienes miedo… estás en Infarto’. Agarraba y me reía solito. Me decía el MP: ’ahorita te vamos a quitar la risa, güey’. Tanta fue mi inocencia que sí me la quería aplicar. Iba muy en serio esto”.

El 12 de enero, un juez le informó que estaría arraigado 30 días en su casa para que la PGJDF continuará con sus investigaciones. Estuvo 19 días privado de su libertad.

La vida familiar de Oliver Guzmán se había transformado. Sus tres hijos estaban asustados. Su mamá y otros familiares tuvieron que pedir prestados 25 mil pesos para contratar a un abogado.

El primer día de su arraigo acudieron muchos medios de comunicación. Eso molestó a Guillermo Zayas, jefe de Homicidios, quien decidió llevarse a Oliver a otro lugar. La mamá, Gabriela López Sánchez, se enfrentó al jefe policiaco: “Ustedes no pudieron fincarle ningún delito. Si usted se lo quiere llevar a otro lado, me tiene que llevar a mí también”.

En esos 19 días de arraigo, Guzmán López se mantuvo preocupado porque “todo estaban haciendo mal, todo injusto. No se ponían a pensar en todo el daño que nos estaban causando. Todos estábamos con el temor de que me fueran a llevar en cualquier momento o algo así”.

En una ocasión, les dijo a los agentes: “Si ese señor, Bernardo Bátiz, es el que dice que soy el cómplice del ‘ataviejitas’, pues a lo mejor él es el cabecilla del “Mataviejitas”. Si a esas nos vamos, uno puede decir esas cosas”.

Pero conforme pasaban los días, los agentes empezaron a sentir temor. Tenían la patrulla afuera y la metieron a la casa. No tenían miedo de que se fugara Oliver, sino de que la gente pudiera hacerles algo.

La señora Gabriela recuerda: “Ya sentían el coraje de la gente. Pasaban y les decían: ’Pinches güevones’”.

Con la detención de Juana Barraza, la Mataviejitas, el 25 enero, se levantó el arraigo de Oliver Guzmán porque no tenía nada que ver con ella. Pero nadie le pidió una disculpa. “Nada más me dijeron que yo seguía en investigación y se fueron”.

“Son cosas que nos pasan”

Matilde Sánchez Gallegos, enfermera del ISSSTE, de 46 años de edad, se niega a hablar de las 13 horas que vivió detenida como la presunta asesina de ancianas en la ciudad de México. La capturaron el 9 de enero de 2004, en una sucursal bancaria.

En la clínica del ISSSTE de Churubusco, en el área de curaciones, una compañera suya mueve la cabeza para que no hable. Matilde Sánchez, de facciones prominentes, sólo dice: “Son cosas que nos pasan, se viven y ya”. Cerró el área de curaciones y subió aprisa al primer piso.

Pero ese 9 de enero tuvieron que intervenir amigos, familiares y colegas para impedir que Matilde se convirtiera en “pagadora” de algún crimen de viejitas. Bloquearon incluso la Calzada de Tlalpan.

Era sospechosa de haber asesinado a María Margarita Quezada, de 75 años, ahorcada con cables, en su departamento de la unidad habitacional Cuitláhuac, en Azcapotzalco, el 5 de enero de 2004.

Compañeros de trabajo aseguraron que Sánchez Gallegos se había sometido en noviembre de 2003 a una histerectomía (operación para sustraer la matriz), por lo que estuvo convaleciente más de un mes.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) estaba dispuesta a elaborar un proyecto de recomendación para la PGJDF porque prácticamente fue exhibida como “La Mataviejitas”, con el propósito de que pidiera la reparación del daño y una disculpa pública. Pero Matilde no quiso seguir adelante con la denuncia, ya no quiso saber nada.

Otros métodos

La Procuraduría detuvo y fichó -entre empujones, golpes, manoseos e insultos- a unos 50 travestis que se dedicaban al sexoservicio en la ciudad, porque supuso que el asesino serial era homosexual, en virtud de que las descripciones de testigos hacían suponer que era un hombre disfrazado de mujer.

Alrededor de 30 travestis y transgéneros hicieron un plantón frente a la CDHDF para protestar por ese abuso de los policías, quienes les robaron dinero, alhajas y celulares.

La Procuraduría también puso de carnada a ancianas en jardines y otros lugares públicos para atraer al “Mataviejitas”. El procurador Bernardo Bátiz lo negó, pero la abuelita María de la Luz dijo que los agentes le daban de 100 a 200 pesos.