La CDHDF tiene decenas de casos documentados en los cuales la historia es la misma: detenciones arbitrarias, torturas y fabricación de culpables por parte de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), la cual prácticamente no investiga los delitos sino que “cuadra” los hechos y los testimonios para presentarlos ante un juez.

Pero hay un doble discurso, pues cuando la Procuraduría capitalina acepta las recomendaciones de la CDHDF, el jefe de Gobierno del DF, Alejandro Encinas, acusa a la Comisión de defender a delincuentes.

Comenta Álvarez Icaza: “Cuando el jefe de Gobierno dice que la mayoría de las quejas son improcedentes, ya que en muchas ocasiones los propios delincuentes acuden ante esta Comisión como parte de su defensa, quiere decir entonces que los delincuentes no tienen derechos, como dice la Constitución. O sea, no hay derecho para todos, no hay proceso, no hay justicia. Entonces, ¿es válido que para combatir delitos comentan delitos o qué debo entender?”

Recuerda que hubo una recomendación por unos secuestradores que fueron torturados por la policía. “¿Sabe cómo nos la combatieron? Nos dijeron: ’son secuestradores’”

Considera que “esos mensajes son muy riesgosos, porque llevan implícito un mensaje de ausencia del Estado, de que para combatir delitos se pueden cometer delitos. Llevan implícito un mensaje de impunidad: ’muchachos, no se apuren, el jefe nos cubre. No pasa nada. Síganle’. Ni siquiera se reprueba éticamente el acto cometido”.

Dice que eso “no es procurar justicia, sino administrar venganza”.

El ombudsman capitalino asegura que los abusos de la policía no son hechos aislados, sino una práctica común que crea una situación “extraordinariamente delicada” porque se está ofreciendo seguridad a cambio de la cesión o supresión de derechos y libertades fundamentales.

Es una “ecuación peligrosa” con que el gobierno del Distrito Federal y la PGJDF pretenden dar respuesta a la presión ciudadana por la inseguridad y la impunidad en la ciudad de México.

Además, continúa, se propició “un ambiente autoritario” en el DF al elevar penas, reducir la edad penal, discutir la pena de muerte e incrementar los castigos.

El resultado es que se ha elevado sin precedentes el número de quejas ante la CDHDF. “En 2005, tuvo 9 mil 347. Nunca habíamos tenido ese número. El tope histórico era de 7 mil 48 en 1999”.

Asegura que el 80 por ciento de las inconformidades es contra las actuaciones del Ministerio Público, la policía judicial, la de seguridad pública y los reclusorios. “Lo que vemos esencialmente es el uso indebido de funciones, la ilegítima integración de la averiguación previa, la actuación ilícita del servidor público, la protección contra ingerencias arbitrarias, entre otros”.

La Procuraduría de Justicia del DF, continúa, “es una dependencia que ha consolidado una demanda permanente de intervención de la Comisión ante quejas por derechos humanos. En el 2005 sumaron casi las 3 mil. Nunca había pasado”.

Hay más denuncias, reconoce, porque hay un número mayor de oficinas y una estrategia telefónica para captar más quejas.

“Pero también hay decisiones de política pública en el DF que explican este fenómeno, como el incremento de las penas por robo y el programa de estímulos a la policía para aumentar las detenciones. Eso dio lugar a que subieran las inconformidades por detenciones arbitrarias, actuaciones del Ministerio Público y abusos en los reclusorios, como nunca en la historia”.

Refiere que cuando llegó a la CDHDF, en octubre de 2001, había 16 mil 500 personas en los reclusorios de la ciudad. A diciembre de 2005, terminaron casi con 32 mil personas.

“Casi creció el doble. La pregunta es si en esa proporción creció la seguridad. Yo no tengo esa percepción”.

En cambio, es notable la profunda desconfianza que hay entre ciudadanos y policías. “Es el problema más grave que hay en la ciudad de México. Es un drama, porque no hay servidor público más cercano a la gente que el policía”.

A las detenciones, golpes, maltratos, sanciones y exhibiciones de unos, vienen las agresiones y los linchamientos de los otros.

De esto último, la Comisión advirtió a tiempo: “Antes del linchamiento de Tláhuac, emitimos una recomendación por el linchamiento que ocurrió en el 2003 en Santa Magdalena Petatlaco, para que la autoridad tomara decisiones de política pública de cómo intervenir en estos casos”.

Otro detalle: “Hay policías que para ir a comer el taco se quitan el uniforme, porque la gente los agrede”.

Considera que las estructuras de justicia no están funcionando. Por lo tanto, dice, “la gente está viviendo un doble proceso de victimización. Es víctima del delito y luego de las instancias de justicia, o porque no la atienden o la atienden mal”.

Preocupaciones

Álvarez Icaza, maestro en Ciencias Sociales por la Flacso, explica que a diferencia de los años 60, 70 y 80, cuando el debate era las violaciones del Estado y la represión de la oposición, lo que más preocupa hoy en la ciudad de México es la incapacidad de la policía, la fabricación de culpables y la ineficiente procuración de justicia.

“Lo que hay es el peso de la herencia y de la inercia en una estructura de policía, de seguridad y de procuración de justicia, y en los reclusorios. Se siguen haciendo las cosas de cierta manera, ya no con fines políticos, sino con fines de extorsión, corrupción o construcción de culpables o de inocentes o de expedientes”.

La presión de la ciudadanía por la inseguridad y la impunidad no se está resolviendo por medio de la eficiencia y la justicia, sino mediante el endurecimiento, asegura.

Un buen ejemplo, explica, es el incremento de la pena para secuestro, de 50 a 70 años la máxima y de 20 a 50 la mínima. El propio secretario de Seguridad Pública sostuvo que esta medida incentiva el asesinato de los secuestrados, pues la penalidad es menor por homicidio que por secuestro.

Otro ejemplo fue la respuesta a las violaciones de mujeres en los peseros. “Mandaron operativos a los peseros con policías judiciales y seguridad pública con rifles de alto poder. Bajaban a los pasajeros, los encañonaban, los detenían y extorsionaban. Sin embargo, precisa, no hubo quejas porque se estaba tratando de que no hubiera violaciones. Dos o tres semanas después se acabaron los operativos y no pasó nada”.

– Marcelo Ebrard, al aplicar el programa de tolerancia cero cuando fue secretario de Seguridad Pública y postular que así fuera por un peso la gente debía ir a la cárcel, ¿endureció la acción policíaca en el DF?

– Yo combatí esa concepción. No la comparto. Es absolutamente ineficaz e ineficiente. Absolutamente represiva. Es antieconómica, no propicia la justicia, y genera distorsiones de la legalidad. Porque, en materia de justicia penal, la sociedad está pagando tres veces. Primero, cuando es víctima del delito; segundo, por la manutención de los reclusorios que cuesta mil millones de pesos al año, y tercero por los internos que salen de ahí con un postgrado de alta delincuencia y crimen.

Asegura que el grupo de población que más ha crecido en las cárceles es el de los menores de 30 años. “Las cárceles se están llenando de jóvenes. Entonces, a esa gente que no tiene estudio, no tiene trabajo, la respuesta que da la sociedad es encerrarla en la cárcel”.

La Comisión recibe, además, muchas denuncias por torturas y agresiones graves en los reclusorios, interviene y la situación mejora, “pero cuando queremos seguir la investigación, el peticionario dice: ’gracias, ya no. Ustedes no van a estar aquí cuando me estén golpeando o matando’”.

– La Procuraduría suele cuadrar la averiguación previa para culpar a alguien. Lo sorprendente es que hay jueces que validan sus “investigaciones” y condenan a inocentes.

– Le voy a dar un ejemplo: Yo no me he pronunciado jamás sobre la muerte o suicidio de Digna Ochoa, pero hice una investigación de cómo se investigó. Y lo que ahí se demuestra es que cuadraron.

“Nosotros presentamos ese informe como un caso paradigmático, para que la Procuraduría revisara cómo estaba haciendo sus actuaciones. No respondió. Tuvimos un par de diálogos con la Procuraduría, pero nunca tuvimos respuesta formal”.

Por otra parte, agrega, “el 60 por ciento de la población carcelaria es por delitos patrimoniales, por robo. Nueve de cada 10 son detenidos en flagrancia. Sólo uno por investigación. Aquí el concepto de flagrancia tiene una perversión porque puede durar 72 horas. Estoy absolutamente en contra porque genera un escenario de abuso de autoridad”.

Recuerda que la detención de la “Mataviejitas” fue producto de la actuación de un ciudadano, más no de una investigación policíaca.

Considera que la Procuraduría actuó de manera inconstitucional al arraigar a Oliver Guzmán López, un ciudadano de quien sospechaba que era el cómplice del asesino serial, pues entonces se pensaba que era hombre. De no ser por la captura de Juana Barraza Samperio, con quien esa persona no tenía ningún nexo, ya estaría en algún reclusorio.

“La autoridad competente para decidir si es culpable o no el acusado, es un juez. Pero si ya se le exhibió, entonces ya hubo un juicio social”.

– ¿Mejoró la procuración de justicia en el DF, con un gobierno perredista?

– En ciertos aspectos sí, en otros no. Me parece que el tema sustantivo de la eficiencia policíaca y de la confianza en la gente, no mejoró. En procesos técnicos de capacitación y de formación, y en el camino a la profesionalización, sí mejoro. Pero las deficiencias estructurales siguen presentes, las denuncias por corrupción, abuso de autoridad, uso indebido de funciones y maltrato, ahí siguen.

“Lo que se tiene que hacer es que la autoridad encabece la indignación, no la negación. Es un escenario de claroscuros, de luz y sombras, pero yo parto del hecho de que las instituciones de justicia tienen un extraordinario déficit con la gente”.

Publicado: Noviembre 1a quincena de 2006 | Año 5 | No. 67

Fernando Ortega Pizarro