Menos presupuesto para atención a mujeres

Los padres de María no saben que contrajo el Virus del Papiloma Humano (VPH) desde hace más de tres años. Se contagió cuando recién cumplía la mayoría de edad. Goza de buena salud y visita a varios médicos alópatas y homeópatas que le recomiendan tener una buena alimentación, evitar excesos y controlar sus estados de ánimo para no afectar su sistema inmunológico. Cuando María le dijo a su pareja que tenía VPH, él no la abandonó o juzgó, la acompañó a sus revisiones y se sometió a un tratamiento para curarse. Dice “que es una manera de hacerlo responsable”. María platica con sus amigos y amigas para evitar que su historia se repita. Todo lo que sabe sobre el VPH ha sido por iniciativa propia, pues “tiene un compromiso consigo misma”.

“He cargado con este peso yo sola”, comenta. Cuando se enteró que padecía VPH, sintió miedo “sobre todo -afirma- porque no quería ser juzgada”. Se ha topado con doctores y enfermeras que la apuntan para decirle “pero, estás muy chica”. Cada seis meses se somete a un papanicolau y cada año a una colposcopia. Su primera y única electrofulguración –método para quemar verrugas genitales– fue sin anestesia, pero para ella “dolería más que me diera cáncer. 40 minutos no se comparan con toda una vida con cáncer”. Cuando le detectaron VPH, María no estaba asegurada en el IMSS, ahora que lo está expresa que “el servicio es gratuito, pero es como hacerse la autopsia con anticipación”. Y es que pasaron seis meses para que pudiera tener los resultados de las pruebas que se hizo en el Seguro.

En los exámenes de María ya no aparece el VPH y se lo debe a esa práctica de revisarse constantemente, pero ella es la excepción. La mayoría de las mujeres con papiloma desconocen su padecimiento. Anualmente el VPH, enfermedad de transmisión sexual, cobra la vida por cáncer de 5 mil mexicanas y es la causa en un 90 por ciento de los casos con cáncer cervicouterino.

Hasta el año pasado, la atención al VPH era un proyecto prioritario para la Secretaría de Salud. Sin embargo, y pese a los esfuerzos por asignar los recursos necesarios para la aplicación de la vacuna contra el papiloma humano –que es preventiva-, el presupuesto no fue aprobado. Para los especialistas, ésta y otras medidas fueron aplicadas con discrecionalidad y en el marco del conservadurismo que caracteriza a este nuevo sexenio. La salud reproductiva y sexual no está en la agenda de prioridades de los ultraderechistas, dicen.

Presupuesto sin visión de género

Desde el proyecto presentado por Felipe Calderón, se redujo en 2 por ciento la asignación de recursos para mujeres respecto al 2006 y del total sólo se reconoció el .83 por ciento como presupuesto etiquetado. La falta de transparencia permaneció hasta el decreto final del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2007, donde desaparecieron desagregados y hubo reducciones sustanciales en detrimento de la equidad de género.

Marisela Contreras Julián, presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados (CEyG), explica: “sólo hay 19 mil 800 millones de pesos destinados al rubro de las mujeres, cuando originalmente se plantearon más de 26 mil. No hay nada etiquetado y muchos de los recursos están en esas grandes bolsas de manejos discrecionales, que no nos aseguran la permanencia de los programas”.

Solamente se tienen garantizado 200 millones de pesos para el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas para instrumentar y ejecutar programas de prevención de violencia contra las Mujeres (PAIMEF), operado por la Secretaría de Desarrollo Social. “De todo lo demás, no tuvimos ninguna seguridad y puede ser sujeto a ajustes financieros”, advierte la legisladora.

Un análisis del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Legislatura, evidencia que los recursos para programas de atención a la violencia contra las mujeres sufre un recorte importante y apenas representa el 3.8 por ciento de las partidas.

Al mismo tiempo la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos Relacionados con Actos de Violencia Contra las Mujeres de la PGR tuvo una reducción de 55 millones. Lo mismo sucedió con la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia en Ciudad Juárez y el Fondo de Auxilio Económico a Familiares de las Víctimas de Homicidio de Mujeres del Municipio de Ciudad Juárez.

A pesar de la reciente publicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, no se presupuestó para este año. “No hubo recursos programados para ésta, pues esta ley no se publicó a tiempo para la fijación de un monto, pese a que presentamos un artículo transitorio que apartara recursos para la aplicación de la ley”.

Además no asoma el apartado sobre el Programa de Apoyo a Refugios para Mujeres Víctimas de Violencia, del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, organismo que ve reducida su arca en 38 por ciento y del que no aparecen desagregados como cáncer de la mujer (cervicouterino y mamario), atención a violencia familiar, mujer y salud, planificación familiar y el Fortalecimiento del Modelo de Atención a la Población Adolescente con enfoque de Equidad de Género.

El estudio subraya que se excluyen recursos para la Promoción y Difusión de los Derechos de las Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas, de la Secretaría de Educación Pública, y los programas de Capacitación al Magisterio para Prevenir la Violencia en contra de las Mujeres. También se reduce el presupuesto destinado a fortalecer las capacidades productivas de las mujeres.

El análisis indica que Desarrollo Social fue el ramo con la mayor asignación, específicamente el programa Sistema de Guarderías y Estancias Infantiles, con el 34 por ciento del gasto para mujeres.

En cambio, de haber tenido el presupuesto más sólido durante 2006, la Secretaría de Salud pasó de concentrar 45 por ciento del Presupuesto Etiquetado para Mujeres y Equidad de Género (PEMEG) a un 29 para este año.

“El programa de guarderías, efectivamente beneficia a las mujeres que trabajan, pero es una medida paliativa del problema. No representa una solución de raíz y nosotras constatamos el uso del tema con propósitos electorales”, considera Axela Romero Cárdenas, directora de Salud Integral para la Mujer A. C. (SIPAM).

Ni la etiquetación propuesta por la CEyG, ni la ampliación de 2 mil 600 millones fueron una realidad para el PEMEG. “Hasta el momento no hemos encontrado dónde están los recursos. Al haber hecho esas grandes bolsas, Hacienda tiene toda la discrecionalidad para aplicarlos. En el caso de Salud todo se fue a la bolsa de gastos catastróficos y al Seguro Popular. Eso no garantiza una aplicación precisa para los programas, las enfermedades y las necesidades. Son las grandes bolsas que no nos permiten transparencia ni claridad”, dice la diputada perredista.

Para la directora del SIPAM, “si la población de mujeres es mayor a la población de hombres en este país, nuestras situaciones particulares de salud deberían considerarse problemas de seguridad y desarrollo nacional. No es así. La cantidad de recursos que se destinan a la atención de salud de mujeres sufre constantemente una serie de variaciones”.

“En este sexenio no vemos una voluntad clara y precisa de destinar recursos para mejorar la situación de las mujeres. Si esto lo cruzamos con los datos sobre cáncer cervicouterino y mamario, pues consideramos que no hay recursos suficientes para atender 12 muertes de mujeres diarias”, observa Romero Cárdenas.

La integrante de la Comisión de Salud, Contreras Julián, admite: “Que el presupuesto haya quedado así en términos de equidad y género es también responsabilidad del Congreso. Desde la CEyG hicimos un trabajo que era sustentable, pero la Comisión de Presupuesto introdujo de manera ilegal una cláusula que establecía el deber de las comisiones para decidir qué partidas del mismo ramo serían recortadas”.

La mujer segregada por la ultraderecha

Con el nombramiento del activista del conservadurismo católico, José Ángel Córdoba, como secretario de Salud –quien ha declarado que la abstención y la fidelidad de la pareja bastan como métodos de control de embarazo–, y de la afiliación del ex abogado del cardenal Norberto Rivera y colaborador de grupos antiabortistas, Bernardo Emilio Fernández Castillo, como director de asuntos jurídicos de la Secretaría de Salud, el desarrollo de la mujer se ve mermado.

“Es alarmante la posición conservadora del secretario de salud. No es de extrañarse que con esa visión ‘moralina’ se hayan hecho estos reajustes a cáncer cervicouterino, mamario y planificación familiar. Tal pareciera que deben hacer frente a los ‘pecados divinos’ de las mujeres y cuando están contagiadas de VIH es la cruz que les toca pagar desde su visión”, dice Contreras Julián.

“La disminución en el monto para la prevención de violencia familiar tiene que ver con este concepto de ‘familia’ de grupos panistas, como Provida. Para ellos no importa que haya violencia, lo ven como un asunto de lo privado, no como un tema de responsabilidad gubernamental”, argumenta la presidenta de la Comisión de Equidad y Género.

Axela Romero asegura que el nombramiento de Fernández Castillo es una señal clara de que la ultraderecha regirá el ámbito de la salud. “Este defensor de grupos conservadores que se opusieron a la política de salud reproductiva del gobierno, ahora está en un puesto donde decide qué y cómo se aplican las leyes”.

La activista considera que a diferencia del sexenio pasado, éste augura una visión de derecha más endurecida: “En la política, las mujeres no aparecen, son consideradas de segundo orden. No vemos muchas señales halagüeñas, dada una conformación del gabinete bastante identificado con personas de la derecha, ultraconservadoras, incluso relacionadas con grupos como el Yunque y Provida.

“Vemos un gobierno muy comprometido con las políticas neoliberales y globalizadoras, que descuida el tema de las mujeres, del campo, de los sindicatos, de las protestas sociales. Únicamente hay silencio, represión y omisión. Todavía no hay castigo para los feminicidios en Ciudad Juárez, tampoco para las vejaciones de las mujeres activistas de Atenco y Oaxaca. No hay solución. Son mujeres que sufren violaciones no sólo por participar en movimientos sociales, sino que además son castigadas por ser mujeres”, lamenta Romero.

Para la diputada perredista, este sexenio se vislumbra como un panorama negro para las mexicanas: “Con el Yunque en el gobierno vemos en riesgo los derechos de las mujeres y el acatamiento de los convenios internacionales suscritos por México en términos de desarrollo de la mujer. El Foro Económico Mundial sitúa a nuestro país en el lugar 75 en equidad de género de un total de 115. El hecho de que estemos debajo de países como Honduras, Kenya y Malasia, nos habla de la importancia que se le da a la atención de los problemas de las ciudadanas.

“Si ocupamos el lugar 75, este año México quedaría en el 115 porque las políticas públicas dirigidas a las mujeres sólo son discursos demagógicos de los gobiernos”, puntualiza Contreras Julián.

Papiloma, pandemia sin fondos

Para el paquete de Egresos de la Federación, la CEyG solicitó un presupuesto etiquetado por 414 millones de pesos para la vacuna del Virus del Papiloma Humano, cantidad que sería utilizada en la aplicación de 300 mil dosis a niñas de entre 10 y 14 años, y que no fue aprobada.

“La vacuna ha mostrado ciento por ciento de eficacia en la prevención de lesiones precancerosas cervicales y es la única que ha demostrado una prevención eficaz del cáncer cervicouterino, no invasivo”, versaba un punto de acuerdo presentado por la senadora priísta María Elena Orantes el 10 de octubre pasado, para exhortar al Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados a contemplar los recursos necesarios para la distribución y aplicación de la vacuna contra el cáncer cervicouterino.

Diseñada para atacar los tipos de papiloma 16 y 18, causantes del 70 por ciento del cáncer cervicouterino, además de los tipos 6 y 11, “la vacuna puede ser considerada como una intervención altamente costo-efectiva para México, siempre y cuando se aplique a más del 95 por ciento de la población de 12 años de edad”, expone el punto de acuerdo.

El documento justifica: “El uso de la vacuna, sumada a las estrategias actuales de prevención secundaria, es capaz de reducir en promedio 76 por ciento de casos nuevos de cáncer cervicouterino y 78 por ciento de muertes por este padecimiento, a un costo por año de vida salvado de 24 mil 250 pesos, cifra muy inferior al ingreso per cápita anual en México”.

No obstante, “argumentan que su costo es muy alto –el programa comprendería tres sesiones de 2 mil 600 pesos cada una– y no es válido cuando estamos hablando de la salud de las personas. La mayoría de las mujeres no saben qué es el Virus del Papiloma Humano. Por ello propusimos la asignación de 36 millones de pesos para difusión. Era una propuesta integral, comenzar con la dinámica de la aplicación de la vacuna a los sectores de mayor riesgo y a su vez una campaña nacional de información sobre prevención”, comenta la diputada Marisela Contreras.

En México el cáncer cervicouterino es el más frecuente y cobra 12 víctimas al día. El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva estima que anualmente se diagnostican 22 mil nuevos casos. “El 50 por ciento de las personas sexualmente activas serán infectadas tarde o temprano por el VPH en algún momento de su vida”, puntualiza la exposición de motivos presentada por la senadora Orantes.

Por ello, “es fundamental que desde el Congreso de la Unión seamos capaces de incidir para que se incorporen a las políticas públicas de salud, las necesidades y realidades de millones de mexicanas”, continúa.

El exhorto también anota que “sin presupuestos adecuados y orientados a las necesidades concretas en beneficio de las mujeres y su repercusión en las familias, no es posible combatir la exclusión, la desigualdad y discriminación de que son objeto”.

Pues “es a través del bienestar de las mujeres y el respeto a nuestros derechos, en especial en el tema de la violencia, la educación sexual y reproductiva, así como la inversión pública en salud, donde podremos observar y medir el desarrollo real de nuestro país”, concluye el punto de acuerdo.

“Siendo el problema del VPH tan grave, ocho de cada 10 mujeres, entre 15 y 26 años, tiene alguna lesión, dicen que no hay presupuesto para prevención y eso no tiene ninguna lógica. ¿Cuánto se invierte en la prevención para que las personas no se infecten? Se gastan recursos en atención que representa un costo más alto”, reflexiona Romero Cárdenas.

Un tratamiento de VPH en el servicio médico particular incluye: colposcopia, de 450 a 600 pesos; una consulta, como en 300 pesos, el papanicolau, 350 y los medicamentos de 400 a mil 600 pesos y 2 mil pesos para una prueba biomolecular. Y los costos de atención a cáncer cervicouterino superan los 200 mil pesos.

Caso: mujeres mazahuas

San José del Rincón es una micro región del Estado de México enclavada en la miseria y el abandono. Casi en su totalidad, su población es mazahua, el 73 por ciento de sus habitantes ganan menos de dos salarios mínimos y el 70 por ciento de las familias viven en condiciones de hacinamiento, sin servicios sanitarios ni agua potable. En San José del Rincón hay solamente tres centros y 19 casas de salud, donde asiste un médico una vez a la semana para atender a 5 mil 978 habitantes.

Aparte de una vida de extrema pobreza, las mujeres mazahuas del San José del Rincón sufren condiciones de desigualdad y desprotección en materia de salud sexual y reproductiva: “el número de hijos es muy alto. Su vida sexual empieza a edades muy tempranas. No están informadas. Todo tienen en su contra”, enumera la doctora Verónica Rocha, directora de la Asociación de Salud y Bienestar Social de la Mujer y de la Familia A.C. (ASBIS), cuyo programa “Salud, derecho para todos en la comunidad mazahua” ha atendido a 3 mil mujeres en la detección de cáncer cervicouterino y de mama.

La especialista revela que “en la detección del papiloma tipo 16 y 18 –precursor del cáncer cervicouterino–, de las mil mujeres, el 52 por ciento tuvo VPH 16, 18 o ambos, y el 39 por ciento virus de papiloma de alto riesgo”.

En el artículo Por una vida digna en la población indígena, Verónica Rocha enfatiza que en casi 4 mil estudios de colposcopía y papanicolau en San José del Rincón, Villa Victoria, San Felipe del Progreso, Temascalcingo y Zitacuaro, todos municipios mexiquenses, “el ciento por ciento de las mujeres tienen infecciones vaginales, el 39 por ciento son portadoras de VPH y de éste el 28 por ciento son portadoras de VPH tipo 16 y 18, que son precursores del cáncer cervicouterino”.

Pese al esfuerzo, los brotes de VPH siguen apareciendo. La doctora afirma que hay más mujeres infectadas. “En San José, la mayor parte de los hombres emigran a Canadá o Estados Unidos. ¿Cuántas parejas sexuales tienen aquí o en Estados Unidos? Vienen los contagios y esto se convierte en un círculo”.

En el mismo artículo, Rocha apunta que “los programas de detección oportuna de cáncer cervicouterino basados en citología exfoliativa no han sido eficientes para disminuir la incidencia nacional de la enfermedad en los últimos 20 años. Esto se debe a que este cáncer es un problema de género y equidad: las mujeres de poblaciones marginadas, que son las que más lo padecen, no tienen acceso a un servicio médico. Aunado a esto puede considerarse la ineficiencia en la toma e interpretación de las muestras”.

Al respecto, comenta que en San José del Rincón “falta todo” para la atención y localización de VPH y cáncer cervicouterino: “desde la toma de muestra; en los Centros de Salud no hay espejos, laminillas y obviamente las mujeres no van y cuando se convencen, les dicen que no se le puede hacer el examen. Tienen muchas carencias. Todas”.

Bajo este tenor, la directora del ASBIS destaca que además de la renuencia de las mujeres a atenderse, porque el VPH no es sintomático, la atención en el Seguro Social es deficiente: “el lapso de canalización es muy largo. Cuando tenemos una paciente asegurada la mandamos con bloques de cera, con laminillas, con balance médico, con el resultado de los exámenes y con el resultado del diagnóstico para agilizar el proceso. Y a veces por sus políticas, tienen que repetir esos estudios y eso requiere tiempo”.

Fuente: Revista Contralínea
Publicado: Febrero 2a quincena de 2007