En México, entre 16 mil y 20 mil niños, niñas y adolescentes son explotados sexualmente, según cifras de organizaciones no gubernamentales. El delito está entre los tres más lucrativos del crimen organizado; sin embargo, el problema es minorizado por el gobierno federal. No existen políticas públicas, un combate efectivo, legislación armonizada, atención a las víctimas y, ni siquiera, datos confiables. Los especialistas observan que la omisión refleja que los niños, niñas y adolescentes siguen sin ser considerados ciudadanos.

La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (ESNNA) equivale a una forma contemporánea de esclavitud. La Organización Internacional del Trabajo la define como una violación de derechos humanos y una forma de explotación que ocurre cuando se engancha o utiliza a los menores en actividades sexuales para satisfacer necesidades.

Las modalidades de la ESNNA son la prostitución y la pornografía infantil, el turismo sexual, el abuso sexual y la trata y venta de niños, niñas y adolescentes para actividades sexuales.

La asociación civil Infancia Común expone que la ESNNA ocupa el segundo lugar en generación de recursos en México, ubicados en el orden de los 24 mil millones de dólares anuales por encima de la venta de armas y sólo superada por el narcotráfico.

Mayra Rojas Rosas, directora de la asociación civil que trabaja contra la explotación sexual infantil, señala que es un problema poco visibilizado que no se atiende debidamente, pese a la gravedad del fenómeno, sus vínculos con el crimen organizado y las violaciones a los derechos de las víctimas.

“No se ha tomado con suficiente seriedad porque los niños no cuentan en el presente, cuentan como futuro. Es una verdadera desgracia porque quien no atiende a su presente, no tiene futuro. Un Estado que no ve por sus niños no tiene sentido de existir; se autoaniquila. Es absurdo que sea tan ciego a una problemática de tales dimensiones”, señala la activista.

Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), declara que la ausencia de un sistema integral de protección de los derechos de los niños, un Estado que no reconoce la voz de niños y niñas, que inhibe la denuncia, la impunidad y actuación del crimen organizado impiden saber cuál es el estado de esta situación, cómo afrontarlo, qué atacar y cómo prevenirlo.

Sin que el Estado combata un problema que crece, el especialista menciona que, puesto que los menores de edad representan al 30 por ciento de la población del país, el Estado no considera a la tercera parte de su población como ciudadanos en el ejercicio de sus derechos. “El gobierno no está colocando en el centro de sus decisiones a los niños. Pareciera que no existieran”.

Limitada información sobre explotación sexual infantil

Desde 2005, se reporta un aumento visible, pero difícil de cuantificar, de la explotación sexual en el país, apunta la Redim en su informe Infancias mexicanas, rostros de la desigualdad. La razón, atribuye la organización, es la inexistencia de políticas integrarles y de recursos públicos suficientes y específicos dirigidos a enfrentar y combatir el problema. El reporte señala que la cifra oficial de 16 mil niñas y niños envueltos en la ESNNA presenta limitaciones y se encuentra desactualizada y sin estudios comparativos recientes.

Datos aislados pueden dar una visión parcial del fenómeno. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) menciona que en 21 estados del país, se han detectado actividades de turismo sexual infantil. La Coalición Internacional contra la Trata de Mujeres y Niñas en América Latina ubica a México en el quinto lugar a nivel mundial en esta modalidad.

Según Infancia Común, México tiene el segundo lugar en el mundo en producción de pornografía infantil. Tan sólo en cinco años, se detectaron en este país más de 4 mil sitios electrónicos dedicados a la pornografía infantil. En Latinoamérica, existen, al menos, 100 foros virtuales donde se intercambia este tipo de material; un tercio de ellos se ubica en el país.

“La dificultad de contar con cifras más precisas del número de niñas y niños envueltos en las diversas formas de explotación sexual tiene que ver con las deficiencias en los marcos legales para tipificar adecuadamente los delitos que se cometen contra la infancia en este ámbito”, describe la Redim.

Hace 10 años se publicó el último informe oficial sobre explotación sexual infantil en México. El documento, realizado por el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Unicef y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, sugería que 16 mil niños, niñas y adolescentes son explotados sexualmente en el país. La mayoría se ubica en seis ciudades: Acapulco, Cancún, Guadalajara, Ciudad Juárez, Tapachula y Tijuana.

La prostitución, el tráfico y venta de niños, la pornografía y el turismo sexual predominan en estos destinos donde se cuentan 4 mil 600 niños explotados. Los menores de edad se prostituyen por igual en calles, plazas, mercados, parques, estaciones de autobuses, hoteles, moteles, prostíbulos, pensiones, bares, cantinas, centros nocturnos, casas clandestinas, loncherías, cervecerías, restaurantes, casas de masaje, estéticas y agencias de modelaje y de acompañantes.

En 2000, se atribuía que el incremento de la ESNNA estaba impulsado por el empeoramiento de las condiciones de vida al interior de las familias; la promoción de la prostitución dentro del círculo familiar; la utilización de actividades sexuales por parte de niños que huyen de sus casas; el reclutamiento de niños como trabajadores sexuales por parte del crimen organizado, y el traslado de niños provenientes de otros países.

Las víctimas de la ESNNA provienen de las propias localidades y otros estados de la república. Únicamente se conoce la presencia de menores extranjeros en Cancún y Tapachula. En la mayoría de los estados, los explotadores sexuales son originarios de los mismos estados y de otros países, mientras que por igual clientes nacionales y extranjeros demandan este tipo de “servicio”.

Mayra Rojas Rosas, de Infancia Común, subraya que cualquier menor de edad es susceptible de ser sujeto de explotación sexual. Lo común en las víctimas, no obstante, es la exclusión económica, social o afectiva. Los niños son vulnerables a los modos cada vez más sofisticados de los explotadores, como la seducción y el que utilicen las necesidades individuales para afinar su práctica.

Las formas de reclutamiento son el rapto, la presión de los padres, el arreglo entre padres y traficantes, y la seducción o el matrimonio. En donde existe el mayor número de casos, las personas que reclutan y obtienen beneficios de los niños explotados sexualmente son los familiares, los padrotes, los dueños de bares y prostíbulos, enganchadores, policías, los productores y vendedores de pornografía, taxistas, recepcionistas y meseros.

La directora de Infancia Común enuncia que el fenómeno sucede en todo el país porque hay un problema estructural que permite que esto suceda. Así, la explotación sexual llega a ciudades medias, como León, Puebla, Tlaxcala, Monterrey y Saltillo.

Según el estudio Infancia robada, a los principales destinos de la ESNNA se suma la Zona Metropolitana del valle de México, con 2 mil 500 menores de edad que son explotados sexualmente, y otros destinos turísticos, como Playa del Carmen, Mazatlán, Veracruz, Los Cabos, La Paz, Manzanillo, Ixtapa y Huatulco, donde 1 mil 500 niños, niñas y adolescentes son sujetos de todas las modalidades de explotación sexual.
Abuso sexual en silencio

Hasta el III Congreso Mundial contra la Explotación de los Niños, las Niñas y los Adolescentes, se incluyó al abuso sexual como modalidad de la ESNNA. Infancia Común indica que, en los últimos 30 años, el abuso sexual se incrementó 200 por ciento. El 74 por ciento de las víctimas es menor de 14 años y el 81 por ciento es niña. El 93 por ciento de los casos ocurre al interior de la familia. En la mayoría, la agresión continúa por meses o hasta años.

Se considera abuso sexual a cualquier clase de placer sexual que ejerce un adulto con un niño, utilizando su posición de poder o autoridad. En México, señala la Redim, es el tipo de maltrato infantil que menos se ha documentado en los ámbitos médicos, sociales y legales a pesar de que la frecuencia de casos es cada vez mayor. Mientras no existe información estadística sobre la incidencia del delito, tampoco se conoce qué cantidad de niños, niñas y adolescentes han sido atendidos y puestos a disposición de las autoridades.

El DIF recibió 7 mil 283 denuncias por abuso y violencia sexual infantil entre 2000 y 2005. Lejos de reducir su incidencia, el delito sigue creciendo. Tan sólo el DIF de Veracruz reportó, en mayo de este año, haber recibido 20 llamadas semanales que denunciaban abuso sexual a menores. Datos de la Universidad Nacional Autónoma de México señalan que el 77 por ciento de las víctimas es niña y el promedio de edad de los afectados es de cinco a siete años.

A nivel legislativo, en 25 estados del país no procede la acción penal por abuso o violación sexual si se da el matrimonio entre el agresor y la víctima, “lo que evidencia el alto riesgo para la niña o niño de sufrir nuevamente estos abusos como parte de la convivencia que se establece en el matrimonio”, subraya la Redim.

Mayra Rojas Rosas, directora de Infancia Común, explica que la existencia de tabúes alrededor de la sexualidad, el desconocimiento y la nula educación sobre el desarrollo sicosexual de los niños permiten que se sigan cometiendo los abusos: “Por un lado, el adulto es quien tiene la razón y los niños tienen que obedecerlo, no importa si están siendo abusados. Por otro, los niños no saben ni nombrar lo que les sucede por falta de capacitación de padres y maestros”.

Al respecto, el director ejecutivo de la Redim, Pérez García, agrega que el delito se enmarca en una cultura social que permite el abuso de los niños bajo una visión “adultocéntrica”, donde todo gira en función de los adultos y ello impide que la voz de los niños sea oída cuando denuncian que están siendo molestados. A la cantidad de casos denunciados, la activista suma la cifra que no se conoce porque los niños no se atreven a hablar.

El problema es grave, califica Rojas Rosas. Y es que cada vez que Infancia Común imparte talleres en las comunidades, en promedio cinco personas se acercan para denunciar casos. “El abuso –enuncia– puede ser la puerta a la prostitución y otras formas de explotación sexual”.

El 20 de agosto, se tipificó el delito de pederastia como grave en el Código Penal Federal. De esta manera, el infractor podrá ser sancionado con una penalidad de nueve a 18 años de prisión y una multa de 70 a 2 mil 250 días de salario mínimo.

El artículo 209 bis del Código Penal Federal establece que “será penalizado quien se aproveche de la confianza, subordinación o superioridad que tiene sobre un menor de 18 años, derivada de su parentesco en cualquier grado, tutela, guarda o custodia, relación docente, religiosa, laboral, médica, cultural, doméstica o de cualquier índole y ejecute, obligue o induzca a ejecutar cualquier acto sexual con o sin su consentimiento”. También se cancela la posibilidad de que una persona sentenciada por el delito acceda al beneficio de la libertad preparatoria.

Trata con fines de explotación sexual

La Redim advierte que, pese a la falta de información, hay un incremento en la trata con fines de explotación sexual en la medida en que México es un país que a la vez es fuente, tránsito y destino de diversas formas de trata. Infancia Común calcula que, en este país, 80 mil personas de ambos sexos y de todas las edades son víctimas de trata.

El Centro de Estudios de Política Juvenil de la Universidad de Pensilvania predecía que unos 2 mil 500 niños, niñas y adolescentes de entre 10 y 17 años, canadienses y mexicanos, cruzarían la frontera con Estados Unidos para fines sexuales en 2000, y que el escenario de riesgo potencial involucraba a 231 mil.

Publicado en junio por el Departamento de Estado de Estados Unidos, el Informe sobre trata de personas menciona que el tráfico con fines de explotación sexual tiene consecuencias devastadoras en los menores, tales como traumas físicos y sicológicos de por vida; enfermedades de transmisión sexual, adicción a las drogas, embarazos no deseados, desnutrición, ostracismo y la muerte.

El Departamento de Estado describe que niñas, niños y mujeres mexicanas son sometidos al servilismo sexual dentro de Estados Unidos y México, atraídos por falsas ofertas de trabajo en zonas rurales, ciudades fronterizas y destinos turísticos.

En el país, la mayor parte de las personas extranjeras que es víctima de trabajo forzado y explotación sexual viene de Guatemala, Honduras y El Salvador, que en su paso hacia a Estados Unidos es secuestrado por traficantes, especialmente en la frontera con Guatemala. También, señala el reporte, hay personas de Suramérica, el Caribe, Europa del Este, Asia y África.

Subraya que la explotación sexual de niños en el turismo continúa creciendo en México, especialmente Acapulco, Cancún, Tijuana y Ciudad Juárez. Principalmente, los turistas que buscan sexo con menores en sus desplazamientos provienen de Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental e incluso de México. Sin embargo, hasta junio, el gobierno no había reportado ningún procesado o detenido por este crimen.

Para el Departamento de Estado, “el gobierno de México no cumple con los estándares mínimos para eliminar el tráfico de personas; no obstante, está haciendo esfuerzos significantes”. Entre ellos, cuenta, la primera detención bajo la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, que llevó a dictar una sentencia de 10 años. Además, resultado de una investigación de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, en diciembre de 2009, se detuvieron a cinco acusados de tráfico de niñas y mujeres a Estados Unidos con fines de explotación.

El gobierno de México informó al Departamento de Estado que al momento investigaba 48 casos de trata de personas; no obstante, reconoce que dada la magnitud del problema, el número de investigaciones y detenidos es bajo. Por el contrario, menciona el informe, las autoridades aceptan sobornos, falsifican documentos, desalientan la denuncia de las víctimas y toleran la prostitución infantil y otras formas de explotación sexual.

La trata de personas sigue siendo un negocio, señala Ana María Martínez Yerga, coordinadora del Convenio de Violencia y Trata en Centroamérica de Save the Children en coordinación con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Explica que ello se ve alentado porque existe demanda y una gran tolerancia social: “Hasta hace algunos años, no se veía como un delito y la gente convive con él con naturalidad. Al no identificar que es un delito, no establece medidas de prevención y protección”.

De la llamada esclavitud del siglo XXI, no existen datos confiables. Con la clandestinidad con la que ocurre, es imposible saber si una modalidad predomina sobre otra, menciona en entrevista con Contralínea.

Martínez Yerga califica el delito como una violación al presente y al futuro de las víctimas, pues todas sus modalidades implican una pérdida de libertades: “Se desintegra a la persona. Separadas de su familia y entorno, son engañadas, secuestradas, violadas, forzadas a usar drogas o adquieren enfermedades de transmisión sexual. Entran en un círculo de violencia; sus estándares de vida son diferentes a los nuestros. Su aprecio por la vida desaparece y su vida pierde todo sentido”.

No obstante las repercusiones, para la especialista, el talón de Aquiles es la atención a las víctimas de trata: “Los sistemas nacionales de protección en la región son muy débiles. Por el nivel de complejidad que tiene el delito y el nivel de complejidad de las consecuencias en las víctimas, se requiere dar una atención integral”.

Apunta que los modelos de atención no se diferencian según lo vivido por la víctima y el tema de la atención se cruza con la persecución del delito. Las víctimas, explica, son puestas como elementos probatorios, lo que sacrifica a los afectados en aras de sancionar el delito. “Además queda el proceso tan complicado que es la restitución de sus derechos”, comenta Martínez Yerga.

La activista advierte que la trata de personas debilita el tejido social. El miedo al crimen organizado, describe, desarticula a la población; en tanto, la desconfianza en las instituciones dificulta las acciones para erradicar el problema: “La población vive amenazada. Temen involucrarse por los peligros a su integridad y la de su familia”.

Respecto de la respuesta de las autoridades, observa como un avance que el tema se esté incorporado en la agenda pública y en la legislación. Por lo que ahora sí se le tipifica como un delito y los países se coordinan para combatirlo. Sin embargo, menciona que hay una distancia entre la firma del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas y la instrumentación: “Hay que dar el salto a la institucionalización, a que las acciones se conviertan en políticas públicas y, sobre todo, que exista una asignación presupuestaria para actuar contra el crimen organizado trasnacional”.

El también conocido Protocolo de Palermo compromete a los Estados a prevenir y combatir eficazmente la trata de personas, especialmente de niños y mujeres, que incluya acciones para sancionar a los traficantes y proteger a las víctimas al amparar sus derechos.

El principal factor de riesgo para que los niños sean víctimas de trata, dice la integrante de Save the Children, es el clima de violencia que están viviendo. La exclusión y la tolerancia de las autoridades también son determinantes, lo mismo la fragilidad y los vacíos en los marcos legales.

Subraya que el punto de partida para erradicar la trata de personas es la prevención: “Las estrategias de prevención deben estar muy aterrizadas en los territorios y que los mensajes sean claros y sencillos. Es muy importante involucrar a distintos sectores. Es fundamental que niños, niñas y adolescentes identifiquen los riesgos para no caer”.

“El Estado no combate la explotación sexual”

Desde que se aprobó la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en 2007, sólo un caso de denuncia de explotación sexual infantil ha sido llevado a juicio, denuncia Infancia Común. “Los casos –refiere Mayra Rojas Rosas, directora de Infancia Común– se caen por cómo está constituida la legislación. Se anteponen los intereses económicos al bienestar de los niños. Se cosifican a las personas en aras de ganar”.

La organización no gubernamental compara que, mientras en Brasil las denuncias de casos sobre ESNNA ascienden a 14 mil al año, en el Distrito Federal sólo se tiene la denuncia de seis casos, que deben enfrentar la impunidad y la corrupción entre autoridades.

En opinión de Rojas Rosas, mientras el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa está dedicado a la guerra contra el narcotráfico, deja de lado lo más valioso de una nación: sus niños, niñas y adolescentes. “No es un delito contra el Estado, pero es un absurdo no tomarlo como tal, porque lo es. Los niños conforman el presente de la sociedad y la mayoría está desprotegido”.

Sin una posibilidad real de proteger a los menores de edad, comenta Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Redim, los delincuentes tienen un papel activo para no dejarse ver gracias a la complicidad de las autoridades. “No hay que perder de vista que es una expresión del crimen organizado. No se va a resolver con pequeñas acciones aisladas”, expresa.

Al darle carácter de delito organizado, advierte, la actuación será en distintos niveles: legislativo, al contar con los tipos penales adecuados que eviten la impunidad, y judicial, con investigaciones serias y personal especializado.

Los casos que quedan en la impunidad, recuerdan los activistas, son numerosos. Ejemplifican el caso del abuso sexual de un niño de cuatro años en 2007, en el Instituto San Felipe en Oaxaca, que derivó en la detención de la profesora Magdalena Rufina García Soto, acusada de complicidad de abuso sexual infantil. Los supuestos responsables, Gabriel Hugo Constantino, copropietario de la escuela, y Adán Pérez, maestro de cómputo, siguen libres. Según ha denunciado la madre del niño, el Poder Judicial de la entidad protege a los implicados.

El caso de Casitas del Sur, casa hogar administrada por la asociación religiosa Iglesia Cristiana Restaurada, es paradigmático, considera Pérez García. Desde junio, la organización civil El Caracol denunció que el albergue tenía una red de trata. Fue hasta diciembre que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal cateó y desalojó las instalaciones, luego de que se denunciara la desaparición de siete menores de edad. Casos similares se encontraron en otras casas en Nuevo León y Quintana Roo.

“Era un hecho público y la autoridad omitió su responsabilidad de supervisar y prevenir que eso sucediera. Se actúa en los casos de explotación sexual bajo denuncia o presión pública, pero no porque haya acciones de prevención o trabajo de investigación”, argumenta el activista.

Otros casos más, agregan, son la explotación sexual de adolescentes en las casas de masajes que se promocionan en los anuncios clasificados, y la prostitución de menores de edad en colonias populares del Distrito Federal que funcionan gracias a redes de complicidad.

A la falta de un combate más eficiente del delito, se suma el que la legislación sobre el tema no sea la adecuada. El Congreso de la Unión aprobó la reforma integral al título octavo del Código Penal Federal, denominado “Delitos contra el libre desarrollo de la personalidad”, que tipifica como delitos graves el lenocinio, la pornografía, el turismo sexual y trata de personas menores de 18 años. Junto con la modificación, se reformó el artículo segundo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para que los delitos fueran sancionados conforme a la misma.

Pese a ello, no hay homogeneidad entre las distintas legislaciones estatales que permita un combate más eficaz. Mayra Rojas explica que ello provoca un fenómeno cucaracha: “Si en un estado, la explotación sexual está más penada que en otro, los delincuentes migran. Es una coladera y los casos seguirán yéndose como agua entre las manos mientras no sean homologadas”.

Para la Redim, las deficiencias en los marcos jurídicos son más graves en las leyes estatales, donde prevalecen situaciones que vulneran los derechos de las víctimas. Además, únicamente en tres ciudades se ha avanzado en la materia gracias a la colaboración entre los gobiernos y los organismos internacionales. De esta manera, en el Sur del país, donde hay una incidencia importante de explotación sexual, los esfuerzos locales son escasos.

En los procesos judiciales, advierte la asociación, se les vuelve a victimizar al poner en riesgo su seguridad y la de sus familias y protectores. En su informe Infancias mexicanas, rostros de la desigualdad, apunta que es frecuente que los niños, niñas y adolescentes rescatados de las redes de explotación sexual sean puestos en lugares que no cumplen con los perfiles y requisitos necesarios para proteger su integridad y salvaguardar sus derechos.

Igual de importante que el combate, sugiere Pérez García, es la atención a las víctimas de ESNNA: “¿Qué se hace con la vida de ellos, cómo encontrar espacios de protección para que no siempre sean estigmatizadas o queden a su suerte? No existen muchos espacios donde puedan ser atendidas las víctimas. El Estado mexicano no tiene la infraestructura instalada para garantizar su recuperación”.

La atención, explica Rojas Rosas, tiene que ser especializada, integral e interdisciplinaria. “No existe todavía un protocolo de atención a niños, niñas y adolescentes”. Para la activista, la manera de atacar la explotación sexual infantil es con la prevención a través de la capacitación, programas de educación sexual y redes comunitarias.

Paulina Monroy

Fuente: Contralínea 198