Con base en una cuestionable orden de aprehensión –basada en el dicho de un testigo fabricado por la PGJDF–, el periodista Sergio Dorantes fue detenido en Estados Unidos el pasado 20 de febrero. De acuerdo con su abogado Manuel García, el fotorreportero será extraditado a México en las próximas semanas o quizá meses, en donde sera juzgado por el homicidio de Alejandra Dehesa, su ex esposa y gerente de la oficina local de Newsweek.
A pesar de las irregularidades cometidas en el proceso judicial -entre las que destaca la fabricación de un testigo imputable a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF)-, el periodista Sergio Alonso Dorantes Zurita fue aprehendido en Estados Unidos y puesto a disposición de esas autoridades el pasado 20 de febrero.
Sin ninguna prueba material, y calificado por el ex procurador Bernardo Batiz como “un caso muy extraño porque no existen suficientes pruebas contra Sergio Dorantes”, el Ministerio Público capitalino señala al reportero gráfico de ser el homicida de su ex esposa Alejandra Dehesa Pérez Reguera. La gerente de la oficina en México de la revista estadounidense Newsweek fue ultimada el 2 de julio de 2003.
Sobre la detención de su cliente, el abogado Manuel García detalla que se da en cumplimiento a la solicitud de extradición hecha por el gobierno mexicano. Al hablar de la situación jurídica de Dorantes, el defensor indica que “tendrá que comparecer ante un juez mexicano, a fin de esclarecer su presunta responsabilidad en el caso del asesinato de Alejandra Dehesa”.
Aclara que “en ese contexto, ya hay una averiguación previa respecto del único vínculo que tiene Sergio con la escena del crimen, que es un supuesto testigo que lo vio salir en teoría de la oficina en donde fue ultimada su ex esposa”.
Y es que para el abogado, las pruebas con las que cuenta la Procuraduría capitalina son insuficientes para responsabilizar al periodista. Como lo documentó Contralínea en noviembre pasado, la averiguación previa FCUAH-2/3755/05/12, con causa penal 207/2003, determinó que el “testigo” Luis Eduardo Sánchez Martínez -quien un mes después del asesinato declaró haber visto salir apresuradamente a Dorantes de la oficina de Dehesa el día del crimen- ha confesado que agentes de la PGJDF le pagaron mil pesos por su declaración.
La probable extradición
Ante la probable extradición de Dorantes, que podría ocurrir en las próximas semanas o meses, Manuel García dice que “estamos presionando para obtener la información que deje patente que Sergio no fue visto por este testigo. Toda vez que el propio testigo reconoce en una averiguación previa diversa que fue comprado por el ministerio público que investigó el homicidio de Alejandra Dehesa”.
El defensor del fotorreportero no descarta la posibilidad de que la medida quede sin efecto, pero puntualiza que ese escenario es difícil. “La autoridad de Estados Unidos no entra a analizar si está bien girada o no la orden de aprehensión. Ellos la dan como válida y sólo se limitan a cumplir el requisito de forma, que es la extradición”.
Explica que “para que fuera suspendida la extradición necesitaríamos que el juez mexicano sobreseyera o revocara la orden de aprehensión, lo cual es muy complicado. En Estados Unidos la autoridad no va a analizar la culpabilidad o inocencia de Sergio, y la única forma de que lo dejen en libertad en Estados Unidos es que la autoridad mexicana revoque la orden de aprehensión, lo cual se antoja complicado pero no imposible”.
El abogado refiere que el caso de Dorantes Zurita podría dar un giro si la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), institución que en breve dará a conocer su dictamen sobre la denuncia presentada por el periodista, gira una recomendación para reponer el proceso.
“Es probable que la Comisión solicite a la Procuraduría una integración debida de la averiguación, y entonces pidan que la orden de aprehensión quede sin efectos. Pero no tendremos certeza hasta que la CDHDF se pronuncie. Jurídicamente está claro que la Procuraduría y el juez no tienen movilidad procesal”, expone Manuel García.
Testigo, prueba artificial
De consumarse la extradición de Sergio Dorantes y la subsiguiente consignación, el abogado señala que la única prueba objetiva presentada por la PGJDF es insuficiente para inculpar a su defendido. “Estamos en posibilidad de solicitarle al juez de la causa, que es el juez 24 de lo penal en el Distrito Federal, que gire auto de libertad”.
Para Manuel García, dicha solicitud es muy viable, pues el juzgador estará en posibilidades de analizar la declaración del testigo que obra en la averiguación previa FCUAH-2/3755/05/12, y que descubre la falsedad de la declaración. Con lo que se desvanece la principal prueba en contra del periodista.
Tras este análisis, el juez podrá girar la orden de libertad a favor de Sergio Dorantes, bajo el argumento de que no puede haber ninguna presunción sobre quién fue el homicida, explica el defensor. Añade que esa sería la primera opción y la posición más lógica.
“En un escenario en el que el juez decidiera sujetar a Sergio a proceso y privarlo de libertad, obviamente tendríamos que irnos al juicio penal completo para poder probar su inocencia”, dice.
Advierte que hasta ahora no se ha analizado la falsedad del testimonio porque “el juez no ha querido valorarla por una minucia técnica. Dice que no ha iniciado el proceso penal y, por lo tanto, no puede valorar las pruebas porque no es el momento de la valoración de pruebas”.
Sobre el pronunciamiento de la Comisión de Derechos Humanos, el abogado se muestra confiado en que se señalará que en este proceso hay una clara violación a los derechos humanos de su cliente, consistentes en la invención y compra del único testigo que lo vincula con la escena del crimen.
Asegura que “la Procuraduría no tiene elementos y eso puede repercutir en la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos. Y aunque ésta no obliga a las autoridades a acatar la recomendación, hará patente que un tercero advierte la violación flagrante de los derechos y, sobre todo, la fabricación de un testigo para inculpar a una persona inocente”.
Respecto de la averiguación que evidencia la falsedad de la declaración, el abogado dice que, aunque no es la misma del homicidio, se relaciona directamente con los hechos. “Nosotros aportaremos esta averiguación como prueba, que además ya fue consignada. Es decir que en función de lo que dijo el juez, la Procuraduría ya consignó ante un juzgado de lo penal, que además es el mismo que conoce la causa en contra de Sergio Dorantes, en cuanto al homicidio”.
Y aclara que este testimonio falso es la única prueba objetiva que tiene la Procuraduría para vincular a Sergio con la escena del crimen. “No hay nada más. No hay huellas, pruebas de ADN, pruebas de sangre, no hay nada que vincule a Sergio con la escena del crimen más que el dicho del testigo Luis Eduardo”.
Manuel García expone que la fabricación de testigos puede ser muy grave. “No puedo dar una opinión respecto del manejo de la Procuraduría, en cuanto a por qué lo hizo o por qué no lo hizo, quisiera pensar que más bien es el error de una persona y no de una institución, pero obviamente es gravísimo. Si así se resuelven los problemas en la Procuraduría del Distrito Federal, pues resultará que cualquiera puede ser responsable de cualquier delito, simplemente por la fabricación de testigos”.
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