Al asumir el gobierno del estado, luego de una cuestionada elección que supuestamente ganó con menos de un punto porcentual (7 mil 900 votos), Eduardo Robinson Bours Castelo comenzó una soterrada campaña para minimizar las acusaciones de fraude electoral y desterrar de los medios de comunicación las críticas a su gobierno. A las publicaciones que intentaron mantenerse independientes sencillamente se les negó la publicidad del gobierno estatal y del sector privado.

Sin embargo, fue hasta el 2 de abril del año pasado -con la desaparición de Alfredo Jiménez Mota, reportero del diario El Imparcial- cuando los medios de comunicación del resto de la República comenzaron a poner atención a lo que ocurría en Sonora. El periodista, quien tenía 26 años cuando se le vio por última vez y había publicado una serie de reportajes sobre las bandas del narcotráfico, estaba a punto de divulgar los nexos de la clase política gobernante con la banda de “Los Números” o “Los Güeros”.

Según un reportaje de Alejandro Gutiérrez, publicado en la revista Proceso, Jiménez Mota investigaba las relaciones del capo Raúl Enríquez Parra con Ricardo Bours, hermano del gobernador. Este mismo reportaje provocó que la edición 1577 no circulara en la entidad, pues misteriosamente fueron comprados todos los ejemplares antes de que se pusieran a la venta.

A la revistas Contralínea nacional y Contralínea Sonora les ocurrió lo mismo durante las últimas ediciones. Pero las agresiones subieron de nivel después de haber divulgado una conversación entre funcionarios de la administración de Bours que descubre la existencia de una unidad de espionaje (el C-4) al servicio del gobernador.

Así, cuando estaba a punto de distribuirse la edición donde se denunciaban los embates del gobierno estatal contra los indígenas comca’ac con el objetivo de arrebatarles la Isla Tiburón, el distribuidor de la revista en la entidad, Mauricio Capdeville, y su chofer Ricardo Ramírez fueron detenidos arbitrariamente por agentes del gobierno de Eduardo Bours (ver Contralínea Sonora de febrero de 2007).

“Esto viene desde hace tiempo y no vemos que (el gobernador) busque rectificar”, dice el senador del Partido Acción Nacional (PAN), Guillermo Padres Elías. Agrega que las agresiones contra los periodistas y los medios de comunicación en el estado no son hechos aislados, sino parte de toda una “actitud” con la que gobierna Bours Castelo. “El problema de la libertad de expresión se suma a la falta de transparencia y a la violación a los derechos fundamentales de los ciudadanos”.

En esto coincide su correligionario y también senador por Sonora Javier Castelo Parada, quien añade que a los propios legisladores -quienes gozan de fuero- Eduardo Bours les ha “coartado el derecho a opinar”. Ejemplifica con la censura a un spot televisivo después de las pasadas elecciones federales y la “explicación” del gobernador.

“Yo traía un spot en la televisión del estado y en los canales de Televisa sobre lo que pensaba de las reformas estructurales. El gobierno me lo vetó. Entonces hablé con el gobernador. Le dije que era un error de su parte censurar mi opinión política. Él me replicó que no quería que se politizara el canal del estado. Pues ciérralo, le dije, porque no quieres que se politice pero nada más hablan de ti. Finalmente me señaló que ya era una decisión tomada.”

A regañadientes, la Ley de Transparencia

Para el senador Padres Elías el acoso contra la prensa, la falta de transparencia en el ejercicio de gobierno y las violaciones a los derechos humanos en el estado son “señales” de que el gobierno tiende a imponer una “política pública dura, rígida, algo que no debemos permitirlo”.

Y es que para el legislador no fue casualidad que a pesar de que la mayoría de las entidades federativas cuentan desde 2002 con una ley de transparencia, por reticencias de Eduardo Bours Sonora tuvo la propia hasta 2006. Destaca que la mayoría de los diputados del Congreso local habían logrado acuerdos, pero fue precisamente el gobernador quien retrasó la entrada en vigor de la normatividad.

“Y ahora que ya está en vigor, niega, sin más, la información”, señala en alusión a los diferendos que mantiene el gobierno del estado con el diario El Imparcial precisamente por las solicitudes de información que el gobierno se ha negado atender.

Castelo Parada añade que no sólo a los periodistas sino también a los legisladores locales se les niega la información. Ante cualquier solicitud, la administración de Bours contesta que tiene carácter de “reservada”.

En efecto, los legisladores de oposición en el Congreso sonorense ni siquiera tienen derecho a saber el monto total y desglosado de los recursos públicos que el gobierno estatal entrega a organizaciones no gubernamentales.

“Para tranquilidad del propio gobierno, debería decirlo y no esconderlo. Es clara la cerrazón del gobierno de Sonora y la negativa a respetar y aceptar la libertad de expresión y de prensa. Incluso ni respeta el fuero que a los legisladores nos otorga la Constitución”, advierte Javier Castelo Parada.

Agrega que a tres años y medio, el gobierno de Eduardo Bours se ha caracterizado por no responder a los intereses del estado y de la sociedad que supuestamente representa.

“El ejercicio del poder ha sido personal e intolerante. Parece que no se da cuenta que vivimos en un mundo plural. Desde un inicio siempre tuvo en mente el control político y el máximo beneficio para su partido. Hay que recordar que su victoria fue muy cerrada. Ya no vamos a cuestionarla porque los órganos electorales avalaron su triunfo; pero recordemos que hubo exceso de recursos utilizados, por no abundar en otras irregularidades.”

“El tema de la libertad es muy atractivo”

Por su parte, el senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Alfonso Elías Serrano rechaza que en Sonora se atente contra la libertad de expresión. En entrevista, el secretario de la Comisión de Seguridad Pública -y a quien se le ubica como parte del mismo grupo político que Eduardo Tours- sale en defensa del accionista mayoritario de Bachoco. Pausadamente, aquilata cada una de las palabras de su alegato.

“El tema de la libertad de prensa es muy atractivo y el espíritu de los senadores es proteger y abogar por él. Sin embargo, lo expuesto por el senador Padres distorsiona la realidad de lo que se vive en Sonora: afirma que se están violando las garantías individuales; pero yo, como ciudadano sonorense, te puedo decir que hay libertad de expresión y se respetan plenamente los derechos.”

–Hay denuncias puntuales de El Imparcial, Proceso y Contralínea, medios que señalan que han sido objeto de acoso, amenazas y de obstaculizar su labor informativa.

–En ese punto específico, donde hay controversia, sería mejor darle confianza a las autoridades para que se resuelva desde un punto de vista jurídico e imparcial. No es el ánimo del gobierno del estado poner obstáculos al derecho a la información.

El legislador federal dice tener la convicción de que el gobierno del estado está “interesado en respetar y proteger la libertad de prensa”.

El otro senador priísta de origen sonorense, Manlio Fabio Beltrones, prefirió no opinar sobre el tema. La rivalidad que el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República mantiene con Eduardo Bours, le ha valido ser sospechoso de filtrar información “incómoda” para el gobernador. Beltrones simplemente eludió el tema.

El senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) Leonel Godoy Rangel, secretario de la Comisión de Justicia y presidente de la de Reforma del Estado, señala que “todo funcionario público, y con mayor razón los titulares de los Ejecutivos municipales, estatales y federal, están obligados a mantener un respeto irrestricto a la libertad de expresión en cualquiera de sus manifestaciones. Es condenable cualquier intento de censura”.

Bours debe respetar: Senado de la República

El 8 de febrero pasado el senador Guillermo Padres Elías subió a tribuna para proponer un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar al gobierno de Sonora a que “en estricto apego a la Constitución Política garantice los derechos fundamentales de información, libertad de expresión y de prensa”.

Pero también a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas “para que ejerza la facultad de atracción respecto de los hechos ocurridos en contra de los periodistas del diario El Imparcial y las revistas Contralínea nacional y Contralínea Sonora”.

El exhorto también fue al Ejecutivo federal para que, a través de las secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública, “tomen medidas necesarias a efecto de vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales, salvaguardar y proteger la integridad de los periodistas”.

La propuesta también estuvo firmada por la senadora del PRD Rosario Ibarra. A favor de la propuesta habló el perredista Ricardo Monreal y el panista Javier Castelo Parada. Monreal dijo que “no podemos permitir que los gobernadores se conviertan en caciques. De ninguna manera lo vamos a admitir”.

El punto de acuerdo fue aprobado abrumadoramente con la abstención del Partido Revolucionario Institucional.

Publicado: Marzo 1a quincena de 2007

Zósimo Camacho