El 30 de junio pasado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) debió liquidar el préstamo otorgado por el Banco Mundial para financiar el Proyecto de Desarrollo Institucional para la Administración Tributaria, también conocido como Plataforma de Solución Integral.

De acuerdo con el contrato 7127-ME, ese día se cumplió la “fecha límite para desembolsar” los 50 millones de dólares del crédito, pese a que la plataforma tecnológica aún no cuenta con fecha para iniciar operaciones, debido a los retrasos en su ejecución.

Fuentes del SAT revelan que los incumplimientos de Oracle –empresa vinculada con el cuñado de Felipe Calderón, Diego Hildebrando Zavala– incrementaron en 800 por ciento el presupuesto original, que ascendió a 82 millones de dólares.

Y es que el órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha gastado, al menos, 450 millones de dólares en cuestiones relacionadas con el proyecto, como la compra de equipo de cómputo, componentes no previstos inicialmente, asesorías, además de los salarios de las 150 personas que el SAT destina al mismo, indican los informantes.

Los funcionarios, que prefieren mantener su nombre en el anonimato por temor a represalias, señalan que la contratación de Peoplesoft, ahora Oracle, “no tuvo razón de ser”: en 2004, el SAT ya contaba con una plataforma tecnológica denominada Cemex Way, desarrollada por Neoris, filial de la cementera de Lorenzo Zambrano (Contralínea 80).

Con el proyecto Cemex Way, la SHCP decidió concentrar todas las áreas informáticas del SAT en la Administración General de Comunicaciones y Tecnología de la Información (AGCTI); por lo que, según las fuentes, el proyecto Plataforma de Solución Integral debió asignarse a esa área y no crear una nueva, a cargo de Jorge Luis Ibarra.

Los informantes responsabilizan de este dispendio al titular del SAT, José María Zubiría, a quien “se le recomendó optimizar recursos y no tener agendas paralelas”. En efecto, Jorge Luis Ibarra fue líder del proyecto y en la actualidad es titular de la AGCTI.

El 30 de septiembre de 2002, la Secretaría de Hacienda y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, dependiente del Banco Mundial, firmaron el contrato de préstamo 7127-ME, por 52 millones de dólares.

Para financiar parcialmente el proyecto Plataforma –cuyo costo total ascendería a 82 millones de dólares, según los cálculos del propio SAT–, el gobierno federal debía aportar sólo 30 millones de dólares y no 450, monto estimado por los funcionarios consultados.

La contratación de Peoplesoft tuvo por objetivos lograr una mayor recaudación con menores costos de operación, mejorar la atención y tener mayor control de los contribuyentes. Ninguno se ha cumplido, a pesar de que las cláusulas del convenio establecen como fecha límite de compromisos el 31 de diciembre de 2006.

La maquinación del fraude

La inconformidad del personal del SAT, generada por los retrasos e irregularidades relacionadas con el Proyecto de Desarrollo Institucional para la Administración Tributaria, alertó a Zubiría Maqueo, quien ya exige reportes semanales sobre los avances.

Según las fuentes consultadas, antes del 31 de diciembre del año pasado, cuando concluyó el plazo formal de ejecución, todos los lunes en la tarde se reunían el presidente del SAT y los administradores generales de Recaudación, Asistencia al Contribuyente, Grandes Contribuyentes, Tecnología de la Información, Innovación y Calidad, Jurídico, así como el encargado de la plataforma y el titular del Órgano Interno de Control, Jorge Camarena.

Los funcionarios cercanos al proyecto detallan que en esas juntas se ventilaban los problemas del proyecto, pero sin repercusión alguna para la empresa y los servidores públicos responsables de los retrasos.

Además, acusan que se tomaron decisiones incorrectas, como la reducción del alcance y la disminución de pruebas. Mas aún, antes de la adquisición ni siquiera se hicieron pruebas o benchmarking.

Citan, como antecedente, la plataforma DARIO: en 1995, explican, la Subsecretaría de Ingresos (hoy SAT) impulsó dicho proyecto, que es muy similar a Solución Integral, y fue un fracaso. El personal de Administración General de Comunicaciones y Tecnología de la Información tardó años en estabilizar las fallas.

Las fuentes señalan que el proyecto SIF, también creado en 1995 pero por la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, fue otro fraude similar. Refieren que en ambos casos las autoridades culparon a los proveedores por incumplimiento y no descartan que esa sea la ruta ahora.

Por esa razón, los expertos en tecnología del SAT consideran necesaria una auditoría del proyecto, tanto en lo técnico como en lo económico. “Se debe poner especial atención a las fechas en que se fincaron los pedidos de las compras realizadas y quién estaba encargado: se han tratado de regularizar las actas; pero quienes firman las actas de comités no son los que estaban en funciones cuando se fincaron las órdenes de compra”.

La justificación oficial

A fines de mayo pasado, José María Zubiría Maqueo aseguró que en agosto de 2007 Solución Integral funcionará para el contribuyente, aunque reconoció que la parte de pagos y declaraciones estará lista hasta principios de 2008.

Durante la comparecencia ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, del 25 de mayo pasado, el titular del SAT afirmó que la plataforma de innovación tributaria “no es un fracaso, es un ambicioso proyecto que ha tenido replanteamientos”.

Agregó que “por el momento se encuentra funcionando en las administraciones locales y en fechas próximas ya será utilizado por el contribuyente. Actualmente se utiliza por algunos fedatarios y en Puebla para el régimen del pequeño contribuyente”.

Sin embargo, las fuentes consultadas indican que el proyecto difícilmente llegará a buen término, pues desde el inicio las autoridades omitieron seguir las recomendaciones establecidas para este tipo de proyectos: “empezar en pequeño y crecer rápido; iniciar con un proyecto no crítico, pero con resultados medibles; buscar los resultados en un tiempo no mayor de seis meses e ir evolucionando; realizar pruebas de concepto para validar decisiones”.

Y, aunque Zubiría Maqueo dijo que los costos de “remediación” del proyecto Solución Integral “están cubiertos en su totalidad por Oracle; no le cuesta un centavo al SAT”, los funcionarios advierten que el órgano desconcentrado de Hacienda ha gastado más de 450 millones de dólares en cuestiones relacionadas con esta plataforma.

Tal es el caso del contrato con la empresa EDS, signado en 2006 para la reparación del proyecto, según acusó el diputado Manuel Cárdenas Fonseca durante la comparecencia. Aun así, el presidente del SAT justificó el gasto: la contratación de EDS también está destinada a la desaparición de ISOSA.

Fecha de publicación: Julio 2a quincena de 2007

Nancy Flores

Las recomendaciones del Banco Mundial

Con la venia del Banco Mundial, el 28 de septiembre de 2005 se firmó el contrato entre la empresa proveedora de software Peoplesoft y el SAT, para la adquisición y aplicación de una plataforma informática.

El proceso de selección concluyó el 22 de julio de ese año y fue dictaminado por un Comité de Evaluación constituido por personal del SAT y por miembros externos del Instituto Tecnológico Autónomo de México, Instituto Politécnico Nacional y Laboratorio Nacional de Informática Avanzada.

De acuerdo con las cláusulas del contrato 7127-ME, signado entre el Banco Mundial y la Secretaría de Hacienda, el proyecto que debió desarrollar Peoplesoft –ahora responsabilidad de Oracle– tiene como objetivo principal mejorar el cumplimiento impositivo y reducir la evasión de impuestos internos nacionales para aumentar los ingresos del gobierno, incrementando la eficiencia y eficacia del SAT.

Los objetivos específicos se enumeran en el siguiente orden: “fortalecer el esfuerzo continuo del SAT por proveer mejores servicios e incrementar la transparencia de la institución, incorporando tecnología y sistemas de punta; establecer un mejor marco para la planeación y dirección de recursos humanos, financieros y físicos; mejorar la comunicación interna, facilitando el acceso a bases de datos con sistemas de seguridad que garanticen certeza jurídica a los contribuyentes”.