La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal engañó al gobierno de Estados Unidos al afirmar que el testigo fabricado, Luis Eduardo Sánchez Martínez, no se retractó de la declaración que inculpaba al periodista Sergio Dorantes Zurita en el asesinato de su exesposa, Alejandra Dehesa, exgerente de Newsweek México.

Según se advierte en un documento realizado por la fiscalía de San Francisco: “Se debe ignorar el alegato de Dorantes Zurita sobre el testigo presencial que rescindió de su declaración, pues representantes del gobierno mexicano le aseguraron al Departamento de Estado de Estados Unidos que dicha revocación no existe y que el argumento no tiene ningún mérito”.

En la audiencia del pasado 23 de junio, el juez decidió posponer la resolución sobre la fianza –de hasta 100 mil dólares– que liberaría al reportero gráfico de la prisión de máxima seguridad de Santa Rita, California.

A pesar de haber presentado todas las pruebas solicitadas, el ministro se niega a otorgarle la caución al fotorreportero para que, de acuerdo con Manuel García Garrido, abogado del acusado, Dorantes acceda a regresar a México:

“Son medidas de presión del gobierno mexicano. Es muy delicado que, cínicamente, apostando a que no conseguiríamos la información, le mienta al gobierno de Estados Unidos, porque quiere decir que lo quieren traer a toda costa cuando hay elementos tan claros de contradicción en el caso”.

El ministro resolvió que Sergio Dorantes no saldrá bajo fianza, si en un mes la Procuraduría del Distrito Federal (PGJDF) cierra la averiguación previa FCUAH-2/3755/05/12, con causa penal 207/2003, en contra de Sánchez Martínez.

Por ello, hasta el 25 de julio decidirá si libera o no la fianza que impediría que Dorantes sea extraditado. “Sergio estaría en su derecho de permanecer en Estados Unidos y la procuraduría no podría detenerlo por ese mismo delito”, apunta el abogado.

La PGJDF no conoce el paradero de Sánchez Martínez y se dice que está fuera del país, por lo que, de acuerdo con García Garrido, legalmente es casi imposible que se concluya la averiguación previa en ese plazo.

“Sabiendo que de eso depende la libertad de Sergio, la Procuraduría puede cerrar la investigación, aunque legalmente fuera imposible, sólo para perjudicarlo, amén que nos ha presionado mucho, culpándonos de mentir cuando tenemos constancia de todas las pruebas”, subraya García Garrido.

En reunión con el litigante y Silvia Dorantes, hermana del fotógrafo, el procurador capitalino, Rodolfo Félix Cárdenas, se comprometió a ser imparcial en el caso y garantizar la seguridad de Dorantes en caso de regresar a México:

“Es un hombre objetivo, pero es difícil lograr un compromiso concreto. La Procuraduría no ha cumplido con la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ni tampoco ha continuado con la investigación, la tiene congelada bajo el argumento de que todavía no regresa el expediente al juzgado”.

García Garrido presentó el 17 de mayo una denuncia, registrada con el número P- 637-07, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano por haber mentido en el proceso de extradición, cuya solicitud está en revisión en la secretaría ejecutiva de ese organismo internacional.

La Retractación

Casi un mes después de lo ocurrido el 2 de julio de 2003, cuando fue asesinada Alejandra Dehesa, Luis Eduardo Sánchez Martínez declaró haber visto salir a Dorantes Zurita del lugar de los hechos, “quien iba con una respiración agitada y lo miró de una forma intimidante y con ira”.

García Garrido, dice que este testimonio falso es la única prueba objetiva para vincular al reportero gráfico en la escena del crimen.

La recomendación 7/ 2007 emitida por la CDHDF el pasado 12 de abril, expone: “Con la declaración del testigo y demás elementos de prueba, se acreditó el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del señor Dorantes. Es importante destacar que esta situación fue confirmada por la autoridad judicial federal”.

La comisión verificó que en la causa penal 207/2006, Sánchez Martínez había declarado en agosto de 2003 que Eduardo Briceño Martínez lo invitó a ganarse un dinero y le presentó a su media hermana, la responsable de la coordinación territorial COY- 1, María del Rocío García, quien le pagó mil pesos para que declarara en la averiguación previa COY-2/969/03-07.

El 8 de septiembre de 2006, se ejerció acción penal en contra de ellos por la probable comisión de los delitos de falsedad ante autoridades y en el ámbito de procuración de justicia. Finalmente la orden de aprehensión solicitada por el ministerio público fue negada por la jueza vigésimo cuarto de lo penal en el DF.

“Esta comisión está convencida que se violentó el derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso en la averiguación previa, en virtud de que la procuraduría capitalina realizó consignaciones utilizando las declaraciones contradictorias del testigo, Luis Eduardo Sánchez Martínez, sin verificar de manera fehaciente la veracidad de las mismas. Ello evidencia una integración de averiguaciones previas que no genera certeza y seguridad jurídica a las partes involucradas”, concluye la CDHDF.

A solicitud del juez, la defensa de Sergio Dorantes comprobó que la retractación existía con una fe de hechos notariada. Con el documento, el fiscal de San Francisco admitió la fidelidad de la prueba. Según el defensor de Dorantes, con la aceptación del fiscal, el juez está obligado a valorar la libertad bajo caución del fotógrafo.

“El gobierno de México acepta que existe una revocación del testigo, pero señala que no importa legalmente, que el único dicho que vale es el primero. Entonces nos vemos obligados a presentar la opinión de un experto”, describe García Garrido.

Fue entonces que recurren al ex visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Miguel Sarre, quien concluye que la rectificación de Sánchez Martínez es válida: “Afirma que es muy poco probable que el juez, sin ese dicho, hubiera emitido la orden de aprehensión, pues sin la única persona que lo ubicó en la escena del crimen, no habría probable responsabilidad”.

Tras haber ratificado que fue sobornado para emitir una declaración falsa, Luis Eduardo Sánchez Martínez despareció. El abogado del reportero gráfico indica que la participación de Sánchez Martínez en el caso no está concluida.

Sobre todo porque debe comparecer para explicar la supuesta protección de Roberto Pérez, de la fiscalía desconcentrada de la delegación Coyoacán, y someterse a más exámenes para comprobar cuál de las dos versiones de Sánchez Martínez es cierta.

Por ahora, el único “testigo” del asesinato de Alejandra Dehesa está viviendo en Estados Unidos, de a cuerdo con las indagaciones de la PGJDF. “De un modo u otro va a tener responsabilidad y es evidente que fue presionado”, considera García Garrido.

Fecha de publicación: Julio 2a quincena de 2007

Paulina Monroy