A nivel mundial, España se coloca como el segundo país con mayor recepción de inmigrantes, por debajo de Estados Unidos, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Africanos, asiáticos, europeos y latinoamericanos buscan la vida en esta nación, donde las autoridades policiales violan los derechos humanos de los indocumentados y el 45 por ciento de la población considera que hay demasiados sin papeles.
Alcalá de Henares, España. Aun con la mordaza ajustada y los pulmones molidos a golpes, Osamuyi Aikpitanyi respiraba. El joven nigeriano no tenía oportunidad de solicitar auxilio: los dos agentes españoles del Cuerpo Nacional de Policía que lo escoltaban le ataron las manos y los pies, mientras sosegaron a palos sus forcejeos. En menos de 24 horas, el sin papeles había evitado dos veces la deportación.
Poco después de despegar del aeropuerto de Barajas, Madrid, su cuerpo casi sin vida yacía en el área de alimentos. “Lo abandonaron donde se guarda la comida y la azafata lo encontró. La chica vio cómo estaba muriendo y empezó a gritar. Los pasajeros se rehusaron a viajar con un cadáver y el avión tuvo que aterrizar en Alicante”, explica Chester, su hermano mayor.
Habían transcurrido cuatro años desde que Osamuyi llegó a España y apenas un día de su detención: el pasado 9 de junio, las autoridades migratorias expulsaron al muchacho en un vuelo comercial de Iberia, a pesar de tener en trámite el permiso de residencia.
“Han asesinado a mi hermano. Es un asesinato racista. Cómo vas a coger a una persona y atarla como cabra. A los animales no se les maltrata así. En este país, para coger a un animal hay que respetarle”, lamenta Chester. Explica que, desde ese día, el cuerpo es resguardado en los servicios forenses de la comunidad de Alicante.
A las 11 de la noche de ese sábado, un amigo del exboxeador profesional le comunicó la muerte de Osamuyi:
–Chester, ¿no has escuchado lo que pasó?
–No –le digo.
–Tu hermano Osamuyi está muerto.
–No. Mi hermanito está en su casa.
–No. Está muerto.
–En dónde.
–En Alicante.
–Cómo, si él vive en Madrid. Cómo fue a morir a Alicante.
–La policía lo detuvo para pedirle los documentos. Lo esposaron. Ya lo estaban expulsando y lo maltrataron, le pegaron y se ha muerto dentro del avión.
Al día siguiente, Chester se desplazó al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) en Aluche, Madrid, para conocer de primera mano la situación. “El director de la policía me dijo que Osamuyi estaba bien cuando ingresó al Centro. Me explicó que sólo tienen derecho a expulsar a los inmigrantes sanos”.
Con posterioridad, el nigeriano viajó al sanatorio de Alicante. “Le hicieron la autopsia delante de mí. La doctora dijo que sus pulmones estaban llenos de sangre. Cómo va a morir una persona sana, un chico de 23 años, por culpa de los documentos. Él no vino a robar a nadie, no vendía droga”.
Chester respira profundo. “Hasta hoy, la policía no ha llamado siquiera para darme el pésame. Ni el gobierno ni nadie, a pesar de que vivo aquí desde hace 17 años”. Para desestimar la muerte de Osamuyi, la prensa dio cuenta de su supuesta historia delictiva: “11 antecedentes por agresión en España y otro por asesinato en su país”, citaban.
La argentina Alcira Padin, residente de España e integrante de la asociación Red del Ferrocarril Clandestino, señala que, al criminalizar al joven y difundir esa imagen en los medios de comunicación, las autoridades buscan encubrir las graves violaciones a los derechos humanos de la víctima, que propiciaron su muerte.
La activista indica que en los centros de internamiento, similares a las estaciones migratorias mexicanas, los inmigrantes padecen todo tipo de abusos: sus derechos son restringidos, “ni las organizaciones ni los abogados podemos visitarlos, siquiera para saber las condiciones de vida al interior”.
Cartagena
Todos los días en la calle Goya, frente a la tienda departamental El Corte Inglés, Osamuyi colocaba su manta. Como muchos inmigrantes indocumentados, el joven se buscaba la vida en el comercio informal: vendía papeles farola. Cuando lograra su residencia, trabajaría con Chester, en la fábrica donde éste labora desde hace siete años.
Además de las arterias de la capital, el metro ha sido tomado por los manteros, quienes venden discos compactos, películas en formato dvd y diversos accesorios piratas. Los músicos también van haciéndose de los espacios públicos: guitarras, arpas, violines, voces se adueñan de las aceras madrileñas y los andenes del transporte subterráneo.
Pero no sólo. En el puerto de Cartagena, un joven senegales comercia lentes oscuros a cinco euros. El Mediterráneo mece los botes, veleros, yates y un suave viento apenas aligera el calor. El sol dora pieles de turistas. Se estrena el atardecer y él no ha vendido nada.
Ocho días de viaje en una estrecha patera, en la que apenas cabían 10 personas y la comida era nada. Mes y medio en las Islas Canarias y otro mes y medio aquí, pero el éxodo es de años: “Recorrí Gambia, Guinea, Mali, Togo, Nigeria, Camerún, Algería, Guinea Ecuatorial, donde aprendí a hablar castellano, porque ya había planeado venir a España”. Antes, el joven de 32 años estuvo en Francia, pero la vida es difícil.
Hace tres días que duerme donde le cae la noche. “La policía te pilla y te quita las cosas”, explica en ese precario español en ocasiones mezclado con francés. Con los discos de música que le confiscaron le iba mejor.
Hunde su mano derecha en el pecho, a la altura del corazón. Casi se rehúsa a hablar. Su esposa y sus tres pequeños hijos se han quedado en Senegal, donde el 60 por ciento de la población padece pobreza extrema. “En mi país no hay nada, ni dinero, ni trabajo. Somos demasiadas personas. Aquí tampoco es mejor. Estamos sufriendo”.
Se vuelve hacia el mar. “Necesito los papeles para poder trabajar y enviar dinero a mi familia. Tengo que vivir tres años aquí para tramitarlos, pero sucede que no me voy a casar con una española, nunca voy a ser español ni blanco, en mi vida”.
Aunque el musulmán sabe que, con el permiso migratorio de otros residentes negros, se hacen subcontrataciones en empresas constructoras, indica que nadie va a explotar a nadie. “Ellos quieren mi fuerza, mi espíritu, mi inteligencia sin pagar lo justo. Pero ya no es así, nunca más será así, ni con los morenos ni con los blancos”.
El vendedor de lentes, para quien la vida es sólo suerte, deja atrás el puerto. Pronto es engullido por las calles de Cartagena, donde hombres y mujeres españoles, europeos, africanos, árabes, latinoamericanos y asiáticos se estrechan en un fluir incesante.
La frontera de Ceuta
Frontera Ceuta-Marruecos
Ubicada al norte de África, la pequeña ciudad española de Ceuta casi se funde con Marruecos. Es verano y el ferry que cruza el Mediterráneo, desde Algeciras, parece sólo transportar árabes. Al arribar al puerto, mujeres marroquíes envueltas en el hiyab, o velo, ruegan les sea comprada una artesanía.
A pie y con papeles, la frontera terrestre más al sur de la Unión Europea –considerada como la de mayor desequilibrio económico a nivel mundial– se cruza en menos de media hora: diario registra 36 mil pasos fronterizos, de los cuales 8 mil son de tráfico comercial Ceuta-Marruecos, dentro del polígono del Tarajal.
Por esta línea divisoria, los hermanos Hiron y Sadu Mah entraron, en automóvil y sin documentación, a España. Para burlar la seguridad, las mafias no sólo trafican personas en dobles fondos de los vehículos, sino que incluso disfrazan a los inmigrantes de asientos.
Después de un largo recorrido, los originarios de Bangladesh –país con el índice de pobreza más alto del sureste asiático– llegaron hace un año y siete meses. “Primero pasamos a Dubai, donde trabajamos seis meses como mecánicos. Luego viajamos a Mali, de Mali a Algerías y luego a Marruecos”.
Los hermanos Mah huyeron de la miseria. “En mi país no hay trabajo, no hay dinero, no hay nada. Si logro la residencia, traeré a mi familia a España. Bangladesh tiene muchos problemas políticos y económicos”, explica Hiron.
Al igual que otros 507 sin papeles, ambos residen en el Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI) de Ceuta, donde se les brinda asistencia social. Con capacidad para alojar a 512 personas, el sitio está habilitado con dos zonas de dormitorios, un espacio médico, el comedor, canchas deportivas y área administrativa.
Inmigrantes africanos acogidos por el CETI
A diferencia de los CIE –de los cuales España tiene 11–, los ocupantes de este Centro tienen garantizado el libre tránsito. Javier Martínez Alonso, director de Trabajo y Asuntos Sociales de la delegación del gobierno de Ceuta, indica que “el CETI es el mejor sistema de acogida en Europa. Les damos no sólo lo básico, sino la formación académica para facilitar su integración en el país”.
El funcionario detalla que a esta comunidad llegan tres tipos de inmigrantes: los del África subsahariana, los asiáticos –que vienen de la India, Pakistán y Bangladesh– y los marroquíes y argelinos, quienes suelen pasar con pasaportes falsos.
Los inmigrantes permanecen en el CETI hasta que se resuelve su situación administrativa: no todos solicitan residencia, expresa. Algunos piden asilo político y el gobierno español analiza las circunstancias bélicas, sociales o económicas del país del que proceden. En caso de no obtener los papeles, se les expulsa.
En junio pasado, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado denunció que en 2006 el gobierno español denegó 92 por ciento de las solicitudes de asilo: de las 5 mil 297 peticiones, sólo 168 personas lograron el estatuto de refugiado y 188 la protección complementaria.
Martínez Alonso explica que las deportaciones de los subsaharianos se dificultan. “Muchos países no aceptan que son nacionales suyos y, aun con orden de expulsión, se quedan en España. En esos casos, la Cruz Roja y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados se hacen cargo de ellos y los mandan a la península: a Madrid, Barcelona, Cataluña o Valencia, donde pueden trabajar”.
Por la orilla del Mediterráneo, Afees Ullah camina de regreso al CETI. Más adelante, la doble valla, que trasciende la orilla del mar, se alza seis metros y culmina en gruesos espirales de púas, pese a que su uso está prohibido por tratados internacionales.
La brisa refresca la tarde. El joven de 28 años repite incesante que lo único que necesita son los papeles de residencia. Originario de Bombay, vino en busca de trabajo: en la India, más de la cuarta parte de la población sobrevive en pobreza extrema.
Detrás del cerco, el euro triplica el valor del dirham, la moneda marroquí. Un río de voces femeninas satura el mercado de Tetuán, en el regateo cotidiano. “Hay que trabajar doble turno y renunciar a las vacaciones para poder sostener a la familia. Los vendedores saben bien cómo ganar: la ropa y los zapatos de los niños son más caros que los del adulto. Uno, como quiera, se aguanta”, se queja Mohamed.
Muy pocas burkas ocultan los rostros de las mujeres, que en su mayoría sólo cubren la cabeza con el hiyab y se cuidan de interactuar demasiado con los hombres. Los gatos callejeros duermen al lado de las pescaderías y las mezquitas se van vaciando de a poco.
La vida en Ceuta también es diferente. Sus 76 mil habitantes se dividen en cuatro comunidades: la española, que profesa el cristianismo; la hindú –alrededor de 4 mil personas–, establecida aquí a finales del protectorado y dedicada al comercio; los judío-hebreos, de los que se calcula son 5 mil, y los musulmanes –alrededor del 35 por ciento de la población total–, casi todos procedentes de Marruecos.
Más que convivencia hay coexistencia, reconoce Martínez Alonso. “Hay cierto cinismo. La población cristiana se siente superior, cultural y económicamente, a los musulmanes. Acepta muy bien a los hindúes y a los hebreos, porque son ricos, y a los musulmanes los acepta bastante peor”.
De acuerdo con un sondeo del diario International Herald Tribune, hecho público en mayo pasado, el 45 por ciento de los españoles considera que hay demasiados inmigrantes en su país, mientras que el 28 por ciento cree que el número es adecuado.
La capital
Comercio informal en Madrid
En Madrid, la integración tampoco es fácil. Es de noche y el firmamento apenas tiene estrellas. Tacones altos, cigarrillos que van y vienen en labios pintados de rojo, escotes prolongados y escasas faldas acicalan las céntricas calles de Gran Vía y Montera.
Blancas, de Europa del este; negras, del África subsahariana; morenas, de Latinoamérica, las sin papeles, jóvenes y guapas, parecen no tener más opción que prostituirse. A su alrededor, los chulos –proxenetas– las vigilan.
Más adelante, en Lavapies, los inmigrantes crean sus redes de asistencia social y defensa jurídica. El barrio, habitado en su mayoría por extranjeros, es objeto de redadas para garantizar la Europa Fortaleza.
“Sufrimos mucho acoso policial. Casi vivimos en estado de sitio en este barrio: tenemos a la policía en la calle las 24 horas del día y cada vez se nota más su violencia a la hora de pedir la documentación”, dice Hanah, integrante de la Red del Ferrocarril Clandestino.
Al 1 de enero de 2007, la población empadronada en España superó los 45 millones, de esta cantidad, 4.48 millones son extranjeros. La joven de origen marroquí pregunta: “Cómo pueden pedir la integración, cuando tienen políticas represivas que vulneran los derechos humanos de muchas personas que vivimos en este país, que hemos venido a trabajar en paz o a estudiar”.
De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, para 2004 la recepción de inmigrantes en este país ascendió a 645 mil, la mayoría en situación irregular. Cifra que lo sitúa en segundo lugar a nivel mundial, después de Estados Unidos.
La España de los sin papeles que vienen a buscarse la vida es la misma de José Luis Rodríguez Zapatero. “No hay muro, por alto, ancho o largo que sea y cualquiera que sea el material que lo conforme, que pueda imponerse al sueño de una vida mejor”, criticó el presidente español en julio pasado, durante su gira por México.
Revista Contralínea
Fecha de publicación: Septiembre 1a quincena de 2007
Políticas restrictivas
Madrid, España. En materia de inmigración, España sigue una política restrictiva, explica Ricardo Gómez Muñoz, integrante de la asociación ATTAC-Madrid. “Aunque la Ley de Extranjería busca contener el tema de migraciones, con el crecimiento de la economía los sindicatos y la patronal acusan que los españoles no quieren trabajar en la construcción, agricultura, plásticos, trabajo doméstico, y que esa mano de obra barata debe ser reemplazada por mano de obra inmigrante”.
Para el coordinador de la Comisión de la Unión Europea e Internacional De ATTAC, el debate se centra en dos políticas distintas: la del Partido Socialista, que ha llegado a un acuerdo de cuotas y coge a la gente en los países de Nigeria y los regulariza, y la del Partido Popular, que adopta la política de la Europa Fortaleza y plantea que no entre nadie.
El investigador indica que poner vallas no resuelve el problema. Refiere que “los únicos países europeos que tienen permeabilidad fronteriza son España y, en menor medida, Italia. Ahora, con la discusión de la nueva constitución de la Unión Europea, los gobiernos conservadores –como el de Holanda– están siguiendo las políticas de Rodríguez Zapatero de abrir un poco la mano”.
Gómez Muñoz dice que la economía sumergida se calcula en 20 por ciento del producto interno bruto, pese a que, “en teoría, si el gobierno se entera que un empresario contrata a una persona indocumentada le pone una penalización importante. Aunque es un riesgo, sí se llegan a contratar indocumentados, sobre todo porque, hasta que haya regularización, hay cierta laxitud”. (NF)
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