Bajo escrutinio del Cisen la “Galería 1” del AGN

Fotografías, oficios, informes y todo el acervo documental que da cuenta de la participación de las autoridades mexicanas en la “guerra sucia”, aún se mantienen bajo control del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), a pesar de que durante el gobierno de Vicente Fox se anunció que los archivos habían sido desclasificados y dispuestos para ser consultados “por cualquier interesado” en el Archivo General de la Nación (AGN).

Un antiguo agente de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y jefe del Departamento de Archivo del Cisen hasta 2001, atiende al público y decide qué documentos entregar previa revisión de los mismos en la galería 1 del AGN, adonde fueron destinados durante el primer año de gobierno foxista. Vicente Capello y Rocha está vinculado a los aparatos de inteligencia y espionaje desde los inicios de la década de 1960, cuando se encontraba en pleno apogeo la lucha del Estado mexicano contra los movimientos políticos, sociales y armados.

En ese entonces, funcionarios federales, estatales y locales utilizaron supuestamente métodos ilegales como la tortura, la desaparición forzada y el asesinato en lo que se conocería décadas más tarde como la “guerra sucia”.

Capello recibe órdenes de los responsables del aparato de inteligencia y contrainteligencia civil del país desde hace 46 años. Ahora es el encargado de supervisar la entrega a los ciudadanos de los expedientes que involucran a sus antiguos jefes y compañeros. Incluso, fue el responsable de poner a disposición de la desaparecida Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado los archivos de la “guerra sucia”. La Fiscalía no pudo enderezar ninguna acusación sólida contra algún exfuncionario.

Galería 1, del Cisen

El hombre, de aproximadamente 65 años de edad, ojos claros, nariz afilada, traje gris a cuadros y bufanda café, sigue adscrito al Cisen y se encuentra laborando en el AGN formalmente sólo como “apoyo”, aunque sin ningún fundamento legal. Es la cabeza de un grupo de 10 personas; todas, empleadas del centro civil de inteligencia.

La identidad y procedencia de Capello y Rocha quedó oficialmente documentada luego de una serie de solicitudes de información e interposiciones de recursos de revisión realizados por el ciudadano Tomoo Terada al AGN, Cisen y Secretaría de Gobernación (Segob) por medio del sistema de solicitudes de información del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.

En la respuesta del Cisen a la solicitud de información 0410000000906, fechada el 15 de febrero de 2006, el organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob) reconoce a Capello como “director de Área con indicador jerárquico de grupo M”. Es decir, que tiene una percepción mensual que oscila entre 47 mil 973 y 95 mil 354 pesos mensuales, según el Catálogo institucional de puestos y tabulador de servidores públicos de mando, publicado por la Dirección de Recursos Humanos de la Presidencia de la República el 7 de enero de 2007.

Además, en la respuesta del Cisen se informa que fue contratado en 1961 porque “acreditó (ante la Segob) los requisitos exigidos en ese momento para ingresar al servicio público”.

De acuerdo con el mismo expediente, actualmente “brinda cooperación técnica en actividades de identificación y organización de los fondos de la Dirección Federal de Seguridad y de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales que se enviaron al acervo del AGN y atiende directamente al público”.

A pesar de su fama de iracundo, Vicente Capello se conduce con estoicismo. Sus ojos punitivos se fijan sobre las tarjetas, expedientes, fotografías y oficios que sus dedos recorren como arañas.

—Estoy aquí nada más como colaborador; yo estoy adscrito al Cisen –reconoce tranquilamente, luego de reponerse de una mueca de hastío.

Camina rumbo a los archiveros en la búsqueda de información solicitada por investigadores que vistan la galería a su cargo. Regresa con tarjetas en la mano y, amablemente, agrega:

—Y me he quedado aquí porque no hay quién sepa manejar ni clasificar esta clase de archivos; no hay ni recursos y, para ellos (los trabajadores del AGN) esto es nuevo.

Capello se ha “quedado” en la galería 1 del Archivo General desde finales de febrero de 2002, cuando se trasladaron los archivos del Cisen a su nueva morada. Luego de casi seis años, el aparato de inteligencia mantiene el control de toda la galería, como se reconoce en el documento “Para llevar los archivos del siglo XXI”, elaborado por el propio AGN en agosto de 2005, donde se asienta: el “personal de la galería 1 (10 personas) está fuera de la plantilla del AGN”.

Estancia “ilegal”

En el “Acta administrativa de entrega-recepción del acervo documental transferido al Archivo General de la Nación”, firmada el 19 de febrero de 2002, se estipulan las condiciones en las que el Cisen “entregó” el acervo documental al AGN.

El documento, del cual Contralínea posee copia, está firmado por el actual procurador General de la República, Eduardo Medina-Mora Icaza, quien entonces fungía como director del Cisen; Stella María González Cícero, quien se desempeñaba como directora del AGN; Rafael Gerardo Ríos García, identificado como director de Análisis del Cisen, y dos testigos más: Ricardo Sepúlveda Iguiniz, en su entonces calidad de jefe de la Unidad de Estudios Legislativos de la Subsecretaría de Desarrollo Político de la Segob y el propio Vicente Capello y Rocha, como jefe del Departamento de Archivo del Cisen.

En ningún párrafo del documento se señala que el Cisen mantendría bajo su control la galería 1 ni que “prestaría” a algunos de sus funcionarios para la clasificación y conservación del material. Tampoco explica por qué un testigo del acta se trasladaría al AGN como responsable de la disposición de los archivos al público.

El 18 de enero de 2006, el ciudadano Tomoo Terada solicitó –por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública– el fundamento jurídico que justificara la presencia de Capello en el AGN.

Un mes después, el 20 de febrero de 2006, el actual director del Archivo General –en el puesto desde entonces– envió el oficio DG/598/2006 a quien estaba al frente del Cisen, Jaime Domingo López Buitrón, para solicitar “la ratificación del apoyo técnico que esa institución a su digno cargo presta”. En el mismo documento destaca que “considera de gran valor el apoyo que brinda el personal del Cisen en virtud de la especialización en la materia de este grupo de trabajo”.

López Buitrón contestó con el oficio DG/059/06 el 20 de febrero de 2006. En el documento señala: “He girado instrucciones a fin de que el personal especializado del Cisen, por su experiencia y conocimiento del caso, continúe por tiempo indefinido prestando apoyo técnico a los procesos archivísticos y de resguardo de los acervos transferidos al AGN, así como para brindar atención al público que solicite consultarlos”.

Esos oficios fueron entregados al peticionario como el “fundamento legal” en el que se apoya la presencia de Capello y su grupo en el AGN; pero no se presentó documento alguno que acreditara el traspaso de los funcionarios del Cisen al AGN en 2002.

Tomoo Terada responsabiliza de la “ilegalidad” al entonces secretario de Gobernación y actual presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Santiago Creel Miranda.

—El traslado del personal del Cisen no está fundado ni motivado conforme a derecho –señala el peticionario–. No hay ningún documento y entonces la orden debió ser verbal. El director del Cisen no tiene la facultad de asignar personal a otro órgano desconcentrado de la Segob. El único que la tiene es el secretario.

El investigador lamenta que el actual coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional haya “violado la ley” y se haya prestado a la “simulación” de hacer justicia a los familiares de desaparecidos y asesinados.

—Creel no estuvo de acuerdo con la idea de crear una Comisión de la Verdad, luego de que fuera nombrado secretario de Gobernación –recuerda Terada–. En ese entonces argumentó que lo que se tenía que crear, para no violar las leyes mexicanas, era una fiscalía. Y se creó la fiscalía, pero él fue el primero en violar la Ley porque sin ningún fundamento jurídico ordenó que personal del Cisen siguiera controlando el acervo.

El investigador Sergio Aguayo, quien tuvo acceso al acervo documental de la DFS antes de que fuera trasladado al AGN, considera que desde el gobierno de Vicente Fox se ha hecho “todo lo posible por obstaculizar” la consulta de los archivos.

—Como en todo lo relacionado con la “guerra sucia”, ha sido muy lamentable el comportamiento del gobierno de Vicente Fox –deplora–. De hecho les da amnistía de facto a los violadores de derechos humanos. Y, en esa amnistía de facto, un ingrediente fundamental ha sido el manejo de la información: se ha preservado la secrecía.

Los documentos, “del pueblo”

Capello camina, diligente, por la galería 1 del Palacio negro de Lecumberri, como se le conocía a la antigua penitenciaría famosa por sus tratos crueles. Habla con sus subordinados y éstos, con presteza, atienden sus órdenes. En las mismas celdas en las que fueron confinados centenas de presos políticos, ahora sus expedientes aguardan el visto bueno del Cisen para salir a la luz.

—Nada se niega. Todo lo que existe se entrega, de acuerdo con la normatividad –asegura Capello con serenidad.

—Usted debe entregar información que involucra a personas con las que trabajó.

—No tengo porqué ocultar nada. Los archivos no son míos, sino del Archivo General de la Nación y del pueblo de México.

Contralínea solicitó entrevista con el director del AGN, Jorge Ruiz Dueñas. Sin embargo, la oficina de Comunicación Social de la Segob informó que “no se aprobó la entrevista”.

Revista Contralínea

México

Fecha de publicación: Diciembre 1a quincena de 2007