La calle es de quien la trabaja

A la persona que no le entre con su chivo –cuota– la golpean, denuncian trabajadoras sexuales de la Merced. Ya lo vivió Mariana, de 52 años. Con una navaja, otra trabajadora sexual le demandó que no volviera a la zona. “Le pedí que no me lastimara porque lo estoy haciendo por mis hijos”. Pese a que le advirtió que iría con la policía, el hostigamiento no cesó y prefirió no regresar.

Mariana trabaja en el “talón” desde hace 20 años. Aunque siempre ha sido independiente, llegó a pagar 140 pesos a una madrota y 100 semanales a “los de la camioneta”, la misma que está para recogerlas y llevárselas al juzgado si violan la Ley de Cultura Cívica. Hasta a los hoteles de la Merced les deben pagar.

De acuerdo con Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez” –organización que defiende derechos laborales en el trabajo sexual y que es adherente a La Otra Campaña– si antes pagaban de 30 mil a 50 mil pesos, ahora la cifra va de 100 mil a 150 mil pesos mensuales.

Mariana cuenta que a veces se echa uno o dos ratitos al día, otras, se va en blanco, sin ningún cliente. La carestía también afecta el trabajo sexual: lo más que gana son 300 pesos a la semana. ¿Cómo le va alcanzar –se pregunta la madre soltera y abuela– para poner de nuevo un negocio? En temporada navideña tuvo un puesto, vendía luces, pero ahora que trasladaron a los ambulantes del Centro Histórico, ya no tiene cómo. Por la lejanía, su horario es de cuatro de la tarde a ocho de la noche. Si el cliente llega 20 minutos después ya no lo atiende.

Dejó Circunvalación durante un año por enfermedad, regresó porque no hay de otra. Lo mismo, narra, hay compañeras que muerden para quitarle el dinero al cliente, que la historia de Regina, que fue asesinada hace cinco días en un hotel y estaba embarazada. “Un loco le rompió esto de aquí”, y Mariana se pasa el dedo por la frente.

En 2007, hasta el 13 de diciembre, Brigada Callejera contabilizó 17 asesinatos en la Merced, cuando el promedio era de seis al año. En menos de 15 días se registraron siete, antes de celebrarse el Día Nacional de la Trabajadora Sexual el 11 de julio. Mariana también sufrió violencia y prefirió decirle al cliente que se llevara sus 70 pesos: por ese dinero no iba a tratarla así.

Extorsión, violencia, pobreza y detenciones arbitrarias son términos ya comunes para las más de 2 mil trabajadoras sexuales que laboran en la vía pública. Según datos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los clientes suman 4 millones por año.

En un boletín de prensa publicado el 5 de diciembre, la asociación civil Brigada Callejera refiere que trabajadoras sexuales de la Red Mexicana de Trabajo Sexual fueron detenidas en calzada de Tlalpan por la patrulla 3716 de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina.

Según el boletín, los patrulleros pretendían cobrarle 1 mil pesos a cada una. También –apunta el comunicado– el 7 de noviembre fue asesinada una trabajadora sexual que buscaba el apoyo de la asociación, pues su explotador sexual raptó a su hijo. Sus restos fueron encontrados en las inmediaciones de las oficinas centrales de Brigada Callejera en la Merced.

En junio de 2007 se presentó la primera iniciativa de Ley de Protección al Sexoservicio. Aunque, se supone, buscaba velar y proteger los derechos de los trabajadores sexuales, organizaciones no gubernamentales advierten que c/n estas propuestas se corre el riesgo de aprobar una norma fascista e intervencionista. Observan que queda mucho camino por recorrer para lograr una ley acorde con su realidad.

Agresiones y reubicaciones

Reunidas en las oficinas de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, un grupo de trabajadoras sexuales le pregunta a Jaime Montejo –fundador de la asociación– si es cierto que la delegación está reubicándolas. Hace ocho días, una persona les exigió retirarse de Circunvalación y les dijo que en febrero les van a mandar las camionetas. Les advirtió que ni falda corta ni transparencias, mejor que se vayan, porque si no, ella misma las viene a quitar.

Montejo les explica que no hay orden sobre una reubicación en calzada de Tlalpan. Los operativos son para atrapar lenones y explotadores sexuales de menores: “Estas señoras que se dicen líderes y son madrotas no quieren ser perseguidas y entonces buscan ocultar el trabajo sexual y mandarlo calles adentro”, señala.

Contrariamente, en primera plana y luego de los operativos se les podía ver desnudas, golpeadas y esposadas, dice Elvira en el Foro de Análisis y Discusión para Regular el Sexoservicio en el Distrito Federal, celebrado el 24 de septiembre pasado. La también precursora de Brigada Callejera niega que estén robando, secuestrando o vendiendo drogas. Solamente –reclama– están vendiendo su cuerpo, porque es lo único que pueden hacer y lo único que tienen.

“Preferimos morir –asegura–, porque nos están matando de hambre, a irnos de la calle. La calle es de quien la trabaja”. Ataviados con antifaces de cartón o lentes oscuros, trabajadores sexuales de uno y otro sexo de 35 grupos de Sullivan, Tlalpan y la Merced se reúnen en el centro cultural José Martí. Aplauden y alzan la voz para dejar su testimonio y exponer sus inconformidades a la iniciativa de Ley para la Protección del Sexoservicio en el Distrito Federal.

Alma Delia, que preside la Cooperativa de Trabajadoras Sexuales Ángeles en Búsqueda de la Libertad –que integra a 160 miembros y que defiende derechos de trabajadores sexuales transgénero– expresa que han sufrido cuatro reubicaciones en las delegaciones de Cuauhtémoc y Coyoacán. Agrega que de la calzada de Tlalpan también las quieren mover, por reordenamiento.

Cuenta que el último operativo que sufrieron los trabajadores sexuales transgénero ocurrió en 2006, cuando por cada punto de las delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez y Coyoacán pusieron una patrulla: “El mismo gobierno violenta nuestra estabilidad y por eso nos manifestamos”.

Miriam, de la Merced, indica que a sus compañeras las insultaron y golpearon en un operativo orquestado por agentes federales de investigación que perseguían tratantes de menores: “Marcelo (Ebrard) dice que las personas somos primero, pero no nos ven así, sino como carne, escoria, basura”.

En el foro, Elvira le pregunta al quórum cuántas veces se ha atendido a una compañera enferma o golpeada, cuántas embarazadas no han tenido que dar a luz en la vía pública porque sin credencial de elector, acta de nacimiento o comprobante de domicilio las clínicas no las aceptan: “¿Cuántas no llegan día a día y no por gusto, sino porque no tienen alternativas para ejercer otro oficio?”.

Entonces se oye la necesidad de ir por la instalación del sector obrero en la zona centro de la República como ocurrió en el norte, durante el Encuentro Regional del Sector Obrero de Trabajadoras y Trabajadores Sexuales de La Otra Campaña. Irse a un juicio de amparo contra las autoridades capitalinas para reconocer el trabajo sexual como no asalariado, parece ser el siguiente paso.

Aunque el jefe de gobierno no está facultado para modificar la Ley Federal de Trabajo, sí puede girar instrucciones a José Ángel Ávila, secretario de Gobierno, para que emita lineamientos generales que propicien un mejor nivel y calidad de vida de los trabajadores no asalariados, especialmente los que realizan sus actividades económicas en la vía pública.

De esta forma, resalta la Propuesta Ciudadana de Ley que Reglamenta el Sexo Comercial en el Distrito Federal de Brigada Callejera, se vincule a personas que efectúan el sexo comercial como trabajadoras y trabajadores sexuales no asalariados. “Sólo así, quien se dedique al sexo comercial tendrá derecho a seguridad social, derecho de antigüedad y prestaciones”, expone Montejo en entrevista.

El 25 de septiembre pasado, en el 50 aniversario de los mercados de la Merced, Sonora y Jamaica, el delegado de Venustiano Carranza, Julio César Moreno Rivera, dijo que con 25 millones de pesos, no sólo hará obras para mejorar el entorno urbano y operativos de combate a la delincuencia, sino que erradicará la prostitución.

El funcionario quiere reducir el horario del trabajo sexual en la zona al turno nocturno: “No nos vamos de la Merced –advierte Montejo– aunque afeemos la ciudad y le restemos propiedades a la iniciativa privada”.

Recuento de objeciones

La Ley de Protección al Sexoservicio para el Distrito Federal fue presentada el 12 de junio de 2007 por los asambleístas Víctor Hugo Círigo y Juan Bustos, quien preside la Comisión de Derechos Humanos. El proyecto de decreto sugería que ofrecer y demandar sexo comercial es lícito, también buscaba garantizar el ejercicio de derecho de los trabajadores sexuales y regular la prostitución.

Además se derogaba la fracción séptima del artículo 24 de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal que establece como infracción contra la tranquilidad de las personas invitar a la prostitución, ejercerla o solicitar el servicio. Hasta 2004, fueron remitidas dos mil 378 trabajadoras sexuales ante juzgados cívicos.

La Red Mexicana de Trabajo Sexual del Distrito Federal –que reúne a 73 grupos–, Brigada Callejera, Cooperativa Ángeles en Búsqueda de la Libertad y trabajadores sexuales independientes advertían un carácter discriminatorio en disposiciones como la que no permitía a mujeres embarazadas laborar seis semanas antes y después del parto.

En la ley no se incluía a trabajadores sexuales como partícipes del Comité de Atención a Asuntos relacionados con el sexoservicio. Otros artículos, alertaban, se podrían prestar a extorsión. Pese a todo, calificaron de acertado que la iniciativa no promoviera zonas o puntos de tolerancia, controles sanitarios y censos.

No obstante las mesas de discusión, el 20 de noviembre se presentó una segunda propuesta que, según Montejo, era bastante clara en esos puntos. En el documento, donde enlistan sus observaciones, los firmantes declaran:

“No ha sido posible argumentar con el diputado Bustos sobre el carácter autoritario, intransigente y segregacionista de la iniciativa de Ley de Protección al Sexoservicio que se reedita en la nueva Ley del Servicio Sexual, y que tiene otros elementos que lesionan la dignidad de las personas dedicadas al sexo comercial”.

Refutan que es un gran error político y social que el proyecto promueva la imposición de controles sanitarios, la instalación de zonas de tolerancia, el registro de prostitutas o sexoservidoras –término rechazado por defensores, por su carga discriminatoria– y la portación de documentos que acrediten la condición de su salud.

“La disposición sólo perpetúa la violación de la confidencialidad y el carácter voluntario consagrado en la Norma Oficial Mexicana Humana NOM-010-SSA2”, argumentan los defensores. Para Montejo, en su lugar está la planificación familiar, el ejercicio de la anticoncepción consentida y el autocuidado de la salud.

También la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México señala que entre las formas de discriminación más frecuentes está la detección obligatoria, la violación de la confidencialidad y el maltrato para quienes trabajan en el sexo y resultan positivos a la prueba VIH.

Incluso sobre la definición de sexoservidor, la iniciativa dice que para efectos de la ley se entiende que es “la persona mayor de 18 años de edad, libre de cualquier enfermedad que ofrece y presta un servicio sexual por voluntad propia y sin coacción alguna”. Ello –según las organizaciones– viola el artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Además, al legalizar la instalación de zonas de tolerancia –donde estará autorizado el servicio sexual– el artículo 11 les da facultades a los delegados para impedir que fuera de estas áreas se ofrezca.

En opinión de los defensores, esta disposición convierte “en dueños y señores de la calle a los titulares de las delegaciones, para hacer uso de la fuerza cuando las trabajadoras no le lleguen al precio y es como establecer guetos de prostitutas”.

Por otro lado, Montejo apunta que aún cuando se habla sobre los derechos de quienes ejercen el sexo comercial, no se habla de derechos labores “consagrados en la Constitución. Por el sólo hecho de ser ciudadanas y ciudadanos, deberían estar disfrutándolos, pero son puramente enunciativos”.

Ley intervencionista

Con las observaciones a cuestas, el 10 de diciembre se presentó el último proyecto de ley en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Sin embargo, a petición de la Comisión de Seguridad y Administración de Justicia, se aplazó para analizarlo ysolicitar la opinión de la Consejería Jurídica, la Comisión de Derechos Humanos de la capital y las secretarías de Seguridad Pública, de Trabajo y Fomento al Empleo y de Salud.

“Es importante que se constituya un instrumento que garantice el apoyo y la certeza en su actividad a un gremio que siempre ha sido violentado”, explica María del Carmen Segura, presidenta de la Comisión de Seguridad. Para ello, observa, es necesaria la pulcritud en algunos contenidos.

En este proyecto, el control sanitario no es obligatorio, se deja al albedrío de los trabajadores sexuales. Lo mismo sucede con la hasta entonces prohibición de laborar seis días antes y seis después del parto. Para Montejo no existe tal cosa de control sanitario voluntario: “El control, control es”. Coincide la diputada panista, quien observa que para efectos de la ley, aun siendo una opción, quien no se sume al padrón podrá ser sancionado.

Otros derechos contenidos son pensiones por invalidez, vejez y enfermedad, apoyo para cubrir servicios funerarios y becas escolares. Pues según el diputado Juan Bustos, el 45 por ciento de las personas que ejercen el sexo comercial no terminaron la primaria.

El proyecto anota que cualquier forma de explotación sexual será castigada conforme a las modificaciones del Código Penal del Distrito Federal y reconoce que se habrán de instrumentar más programas sociales para atender al sector. Propone que se promuevan reformas a la Ley Federal de Trabajo para incluir al comercio sexual como trabajo no asalariado.

Reemplaza el concepto de puntos de tolerancia por el de zonas acordadas, que se ubicarán a 100 metros de escuelas, hospitales e iglesias y que serán convenidas entre autoridades, el gremio y vecinos. Sin embargo, la asambleísta expresa que México se sumó a tratados internacionales que prohíben que se reglamente sobre zonas de tolerancia.

En el predictamen, tanto los vecinos como las personas que ejercen el trabajo sexual son incluidos en el Comité para la Atención de Asuntos Relacionados con el Comercio Sexual. Además, propone la instalación de timbres de pánico para protección de trabajadores sexuales. Este punto –argumenta Carmen Segura– puede vulnerar la identidad de los trabajadores sexuales.

Jaime Montejo opina que se trata de una iniciativa light y que la intención es hacer una ley fascista e intervencionista: “Se requieren reformas para que se legalice de verdad el trabajo sexual, porque así sólo se reglamenta. Es una ley para esconder a las trabajadoras sexuales”.

Entre esas modificaciones, Brigada Callejera ve necesario retipificar el delito de lenocinio por el de explotación sexual: “No hacerlo mantiene el aliciente económico de la trata e impide que trabajadoras y trabajadores independientes puedan rentar un cuarto, departamento y hotel para ya no enriquecer a terceras personas”.

Sugiere también derogar el artículo 503 del capítulo séptimo del Código Civil del Distrito Federal que enuncia que “los tutores que no tengan un modo honesto de vivir perderán la patria potestad y la custodia de sus hijos”. Pues el hecho es utilizado por proxenetas para extorsionar a las madres.

Contra todo pronóstico de mejoría, el activista ve cero tolerancia para el sexo comercial y no cree que la ley se apruebe en marzo; por el contrario, habrá más dilaciones. Con esta jefatura de gobierno –enuncia– lo que viene es quitarnos de la vía pública, cerrar congales, persecuciones policiacas, detenciones y privaciones ilegales.

Alma Delia, de Ángeles en Búsqueda de la Libertad, señala que si la ley se aprueba sin modificaciones significará un retroceso, pues “el gobierno manipula lo que queremos que se reconozca en el trabajo sexual”.

Al respecto, el diputado local Juan Bustos niega que se trate de una ley acabada: “Nada hemos hecho que no tenga que ver con el espíritu de recoger inquietudes. Es una propuesta para que la sociedad ensaye un ejercicio de ideas, respeto y libertades donde la democracia y la izquierda vayan de la mano”.

Expone que tendrá que haber un proceso de reconocimiento mutuo entre vecinos, autoridades ytrabajadores sexuales: “Tenemos que buscar la convivencia vecinal y mejorar la imagen urbana, para ello se buscarán mecanismos para establecer horarios y áreas de trabajo, un proceso donde todos participen y converjan”.

Aclara que como presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF solicitó que no se use la fuerza pública en los operativos y sostiene que no se trata de una estrategia de limpieza del gobierno: “Es el derecho y la actividad de una persona y el Estado tiene la obligación de dar garantías para que las condiciones humanas sean mejores, de generar programas de desarrollo”.

Revista Contralínea / México

Fecha de publicación: 2a quincena Febrero de 2008