Del 1 de enero de 2000 al 31 de marzo de 2008, 38 periodistas fueron asesinados en México; siete de ellos –casi el 20 por ciento– en lo que va del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Los homicidios no son el único agravio contra los comunicadores y medios informativos: desapariciones forzadas, amenazas, intimidaciones, daño en propiedad ajena, “castigo” publicitario, detenciones arbitrarias, demandas por daño moral son apenas el principio de la lista.

«En ocho años, del 1 de enero de 2000 al 31 de marzo de 2008, en México fueron asesinados 38 periodistas; siete de ellos en lo que va del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa

De los 219 casos que ha conocido la PGR de febrero de 2006 a la fecha, destacan 88 por amenazas; 25 por homicidios; 19 por “lo que resulte”; 17 por lesiones; 10 por privación ilegal de la libertad y 10 más por robo»

Emilio Álvarez Icaza, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, señala que “el tipo de agresiones que están sufriendo los periodistas ubican a este país entre los peores del continente y del mundo, en materia no sólo de censura o de amenaza sino de pérdida de la vida”.

En los 16 meses que van de la administración actual, al menos tres periodistas han desaparecido. El Estado mexicano y la omisión de la justicia generan este clima de inseguridad, explica Álvarez Icaza. Agrega que miembros de la delincuencia organizada suelen cometer este tipo de crímenes en contra de los reporteros: el problema es que nunca hay responsables ni culpables, por lo que el Estado manda un mensaje de impunidad, por omisión.

Gerardo Priego, diputado por el Partido Acción Nacional y presidente de la Comisión Especial para Dar Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación, va más allá: la delincuencia organizada y las malas autoridades son las dos principales fuentes de inseguridad para los periodistas, dice.

El Centro de Periodismo y Ética Pública ha documentado que cuatro de cada 10 agresiones contra periodistas y medios de comunicación en México provienen del poder público, y que tres de cada 10 se le deben atribuir al crimen organizado.

De acuerdo con datos del Programa de Agravios a Periodistas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de enero a agosto de 2007 las agresiones más frecuentes contra comunicadores fueron el ejercicio indebido del cargo y la violación al derecho a la libertad de expresión, al registrar 42 casos (21 por agravante). Al menos el primero –ejercicio indebido del cargo– implica a servidores públicos.
De 2005 a la fecha, dicho programa ha recibido 273 quejas que podrían constituir violación a los derechos humanos de los periodistas y medios de información.

Impunidad, principal riesgo

El respeto a los derechos asociados a las libertades de expresión, prensa y pensamiento es un indicador básico de la salud que guarda un régimen democrático; si se sigue ese criterio, la democracia mexicana tiene señales de alarma, explica el ombudsman capitalino. Álvarez Icaza añade que el Estado no está garantizando la libertad plena del ejercicio periodístico ni está cumpliendo las obligaciones internas y del derecho internacional de los derechos humanos.

En los primeros ocho meses de 2007, la CNDH documentó 13 agresiones contra periodistas por amenazas; siete detenciones arbitrarias; seis casos de integración irregular de la averiguación previa; cinco de intimidaciones, e igual número de casos por tratos crueles y degradantes. Dos de estos agravios –detenciones arbitrarias e integración irregular de la averiguación previa– involucran a funcionarios encargados de impartir justicia.

Para el diputado Gerardo Priego, no basta tener buenas leyes sino que éstas se cumplan, pues en México, indica, “impera la impunidad: 98 de cada 100 delitos no se castigan”. Aunque información de la CNDH y reportes periodísticos demuestran que de 2000 a la fecha fueron asesinados 38 periodistas, la Procuraduría General de la República (PGR) admite 35 muertes por homicidio.

Más aún, la PGR –de la que dependen la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas– pone en duda la profesión de las víctimas y la relación del homicidio con su labor.

“En México, tanto en el fuero común como en el federal, se tiene el registro de 35 asesinatos cometidos contra periodistas de 2000 a la fecha. Aunque se suman ahí personas que no se ha comprobado si son periodistas, como tampoco si el hecho ha tenido relación con su ejercicio profesional”, indica la ponencia “Crimen organizado y abuso de poder”, presentada el 27 de febrero pasado en la Cámara de Diputados por el subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, Juan de Dios Castro.

De los 35 asesinatos que la PGR reconoce, ocho son competencia del fuero federal y no presentan avances; al tiempo, de los 27 expedientes radicados en el fuero común, 16 están en trámite y sólo 11 han logrado la consignación o sentencia de los probables responsables, detalla el documento.

El diputado por el Partido de la Revolución Democrática Joaquín Conrado de los Santos Molina, secretario de la Comisión Especial para Dar Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación, critica que la fiscalía presente “cifras que no cuadran” con el argumento de que en muchos casos no puede decir si se trataba o no de un periodista, porque no existe un padrón. Advierte que ni la CNDH ni la PGR tienen una cifra exacta de las agresiones.

—Lo grave es que la fiscalía no está avanzando. En la última reunión que tuvimos (a fines de febrero pasado) pedimos la renuncia del fiscal (Alberto Orellana Wiarco), porque ni tiene el perfil para el puesto ni un plan, ya no para descubrir a los agresores sino para prevenir y sentar las bases para reducir esas agresiones.

Del 15 de febrero de 2006 –fecha en que fue creada– al 15 de febrero de 2008, la fiscalía ha conocido 219 asuntos, de los cuales sólo investiga 72; el resto se distribuye de la siguiente manera: 124, Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo; 22, Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, y uno, Visitaduría General.

De esos 219 casos, 88 son por amenazas; 25 por homicidios, sin aclarar a qué se refiere toda vez que en el mismo periodo la CNDH documenta sólo 17; 19 por “lo que resulte”; 17 por lesiones; 16 por abuso de autoridad; 10 por privación ilegal de la libertad; 10 por robo; ocho por daños en propiedad ajena; cuatro por violación a Ley Federal de Armas de Fuego; tres por difamación; tres por despojo; dos por tentativa de homicidio; dos por delitos contra la salud.

El resto fueron asuntos unitarios por: violación a la Ley de Imprenta, violación a la Ley de Amparo, delitos cometidos por servidores públicos, operación con recursos de procedencia ilícita, intervención de comunicaciones privadas, extorsión, ejercicio indebido del servicio público, disparo de arma de fuego, discriminación, calumnias, ataques a las vías de comunicación y acceso ilícito de sistemas y equipos de informática.

Para Beatriz Mojica Morga, exdiputada perredista y quien fuera coordinadora del Grupo de Trabajo de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación en la 59 legislatura, mientras no hayan castigos ejemplares para quien cometa un acto de violencia contra un periodista, difícilmente se va a disminuir el número de asesinatos: es el sistema de justicia el que está fallando en México, la impunidad hace que no se detengan estos crímenes.

Agresiones veladas

Además de las agresiones físicas y sicológicas, los periodistas mexicanos enfrentan agresiones veladas como las demandas por daño moral, difamación, calumnia y los “castigos” publicitarios.
—Cada vez que hay un momento crítico definitorio se incrementa la hipersensibilidad de la estructura de gobierno, que se refleja en más ataques a los periodistas: cuando hay una elección, un proceso crítico en el sistema. Esos ataques tienen distintos niveles, en algunas ocasiones se ha ido modificando esta pauta y en años recientes se ha trasladado de los golpes y amenazas burdos a los procesos judiciales –explica Emilio Álvarez Icaza.

Agrega que cuando esto ocurre, los reporteros tienen que invertir tiempo en demostrar su inocencia, que sus fuentes son fidedignas; tienen que protegerse y proteger a sus fuentes: en México falta avanzar en la vía civil, respecto de los delitos de prensa y evitar, como sucede en el ámbito interamericano, la vía penal.

El 2 de mayo de 2005, la esposa del entonces presidente Vicente Fox, Marta Sahagún, demandó a la periodista argentina Olga Wornat y al semanario Proceso, por el supuesto delito de daño moral.
El diputado Gerardo Priego dice que “desafortunadamente hay funcionarios de gobierno de los tres poderes que no tienen idea de la gran ventaja que es la libertad de expresión para México y creen que juzgarlos constantemente en sus acciones es una forma de chantajear y evidenciar, cuando lo que se está haciendo es una aportación a la libertad de expresión para tener mejores gobiernos, funcionarios y autoridades”.

—¿Cómo entender a los cárteles de la droga sin lo hecho por el semanario Zeta?, ¿cómo entender la red internacional de pederastia sin la investigación de Lydia Cacho?, ¿cómo entender la actual discusión sin la investigación que ustedes (Contralínea) hicieron respecto de los contratos de Petróleos Mexicanos y el posible conflicto de intereses en la Secretaría de Gobernación? Es una aportación valiosísima a la discusión democrática en México sobre cómo está el gobierno en los tres órdenes. Esos buenos periodistas que hacen investigación y denuncian ante la población lo que ven mal, ésa es una aportación enorme y los políticos debemos reconocerla –reflexiona el legislador panista.

Y agrega la fórmula para evitar ser exhibido: “Si no quieren que periódicos, revistas, televisión y radio los investiguen y descubran cosas negativas, pues simplemente que no las hagan. Del ejercicio periodístico no están conscientes ni la sociedad ni las autoridades, aunque estas últimas pueden estarlo, pero lo niegan por conveniencia. Ya en México estuvimos hace algún tiempo sin la información por desafortunadas razones de autoritarismo y hoy estamos en peligro de volver a eso, tanto por las agresiones de la delincuencia organizada como por estas malas autoridades que existen en todos niveles”.

Revista Contralínea / México
Fecha de publicación: 15 de Abril de 2008

Érika Ramírez
Paulina Monroy

Asesinatos de periodistas

2008: 1
2007: 6
2006: 10
2005: 4
2004: 5
2003: 1
2002: 3
2001: 4
2000: 4

Fuente: Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos / reportes periodísticos

Principales agresores

Poder público: cuatro de cada 10 agresiones
Crimen Organizado: tres de cada 10 agresiones
Otros: tres de cada 10 agresiones
Fuente: Cepet

Competencia de autoridades en asesinatos a periodistas

Fuero Federal

Fuero Común

Total

8

En trámite

Procesados y/o sentenciados

35

16

11

Fuente: Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas de la Procuraduría General de la República

Incidencia por delito

Amenazas: 88
Homicidio: 25
Hechos indeterminados: 19
Lesiones: 17
Abuso de autoridad: 16
Privación ilegal de la libertad: 10
Robo: 10
Daños en propiedad ajena: 8
Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego: 4
Difamación: 3
Despojo: 3
Tentativa de homicidio: 2
Delitos contra la salud: 2
Violación a la Ley de Imprenta: 1
Violación a la Ley de Amparo: 1
Delitos cometidos por servidores públicos: 1
Operación con recursos de procedencia ilícita: 1
Intervención de comunicaciones privadas: 1
Extorsión: 1
Ejercicio indebido del servicio público: 1
Disparo de arma de fuego: 1
Discriminación: 1
Calumnias: 1
Ataques a las vías de comunicación: 1
Acceso ilícito de sistemas y equipos de informática: 1
Total de delitos cometidos contra periodistas de febrero de 2006 a febrero de 2008: 219

Fuente: Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas de la Procuraduría General de la República

Incidencia por entidad

Oaxaca: 39
Distrito Federal: 36
Estado de México: 15
Tamaulipas: 13
Michoacán: 10
Tabasco: 10
Puebla: 9
Chihuahua: 8
Quintana Roo: 8
Sonora: 7
Chiapas: 7
Veracruz: 7
Baja California: 6
Sinaloa: 5
Hidalgo: 5
Yucatán: 5
Guerrero: 4
Jalisco: 4
Tlaxcala: 4
Coahuila: 4
Aguascalientes: 3
Nayarit: 3
Baja California Sur: 2
No proporcionado: 2
Morelos: 1
Zacatecas: 1
Guanajuato: 1

Investigaciones por agravios a periodistas en la PGR

Subprocuraduría de Control Regional: 124
Fiscalía Especial: 72
SIEDO: 22
Visitaduría General: 1
Total: 219

Poder público y delincuencia organizada, agresores frecuentes

Cuatro de cada 10 agresiones contra periodistas y medios de comunicación provienen del poder público, mientras al crimen organizado se le pueden atribuir tres de cada 10, señala el Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet), que grupa a más de 1 mil editores, reporteros, editores, fotógrafos, estudiantes, académicos.
Andrés Solís, coordinador de proyectos, explica que en 2007 lograron documentar 84 agresiones; de éstas, 52 tienen vínculo con el trabajo periodístico. Agrega que en 15 de los 52 agravios encontraron elementos para suponer que el origen de los mismos fue la delincuencia organizada. Más aún, en 12 de ellos hay evidencia de que fue el narcotráfico, indica.
Para Solís es evidentemente la relación entre la situación económica y política de México con el crecimiento del crimen organizado. Al analizar las cifras, dice, el Cepet encontró que el crimen organizado agredió en 15 ocasiones a los periodistas y que el poder público lo hizo en 20. “De esa veintena de casos, la mitad son (responsabilidad de) funcionarios locales”.
—En todo ese proceso de descomposición en estados como Puebla, Oaxaca, Tamaulipas y Chihuahua sí hay una relación entre la situación política y las agresiones a la libertad de expresión, y la peor consecuencia de esto es la autocensura: los medios prefieren dejar de publicar con tal de proteger sus instalaciones y sobre todo a su personal.
Para Raúl Omar Martínez, presidente de la Fundación Manuel Buendía y director de la Revista Mexicana de Comunicación, detrás de las agresiones, atentados e incidentes hay acciones de los poderes político y económico para fraccionar cada vez más la cobertura informativa. “Estamos viendo un escenario preocupante de parcialidad periodística, de abierta censura e inducción de autocensura”.

“Mapa de la autocensura”
Luego de una ardua investigación, el Cepet realizó “un mapa de la autocensura”: “El Imparcial, de Sonora; la desaparición de Alfredo Jiménez Mota, de El Norte de Ciudad Juárez; La Opinión de Uruapan, que en su plana directiva nos confesó que ellos ya no cubrían ninguna nota de policía; El Mañana, de Nuevo Laredo, que tras un atentado dinamitero decidió cambiar su línea editorial; el semanario Proceso, que reconoció que prefiere proteger la integridad de sus periodistas que seguir haciendo reportajes sobre el crimen organizado; el periódico Cambio, de Sonora, emblemático caso que después de haber recibido dos atentados con granada en cinco semanas, cerró”, detalla Solís.
Agrega que el caso de la autocensura es la parte más dramática de las agresiones, porque tiene gran impacto en la sociedad: limita el derecho a la información de los ciudadanos.
Para Ricardo González, oficial del programa de Libertad de Expresión y representante de la organización londinense Article 19, México ha experimentado desde los últimos 15 años un incremento alarmante de agresiones, asesinatos y amenazas a los comunicadores. “Si bien algunos asesinatos se han dado a conocer en los medios –como el de Amado Ramírez, en Guerrero; Brad Will, en Oaxaca; Alfredo Jiménez Mota, en Sonora–, existe un cúmulo impresionante de casos que ni siquiera llegan a ser denunciados”.
González advierte que el Estado no sólo tiene la obligación de no inmiscuirse en el libre flujo de ideas, sino de garantizarlo. “Ésta es la parte en donde ha estado fallando sistemáticamente el gobierno mexicano: se habla de que estamos viviendo la consolidación de una democracia, pero a la par de esto estamos viviendo el deterioro alarmante de la libertad de expresión”. (Nydia Egremy)

Democracia y libertad de expresión

La libertad de expresión es consustancial a la democracia: no se puede arribar a un régimen democrático sino es merced a las liberaciones y a la construcción de consensos, que sólo se pueden hacer en situaciones de libertad, dice Raúl Trejo Delarbre.
El investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM refiere que dicha libertad es parte de los contrapesos que existen en todos los regímenes democráticos, para impedir un funcionamiento autoritario o no democrático de las instituciones.
Agrega que, “al igual que la democracia, nunca tenemos un ejercicio completo de las libertades cívicas: éstas se encuentran acotadas por poderes numeroso y hay una tensión constante entre quienes buscan ejercer estas libertades y los poderes, la falta de garantías, las presiones directas para impedir o limitar el ejercicio de todas las libertades”.
Respecto de la importancia de la libertad de expresión y del periodismo libre, Javier Corral –especialista en medios de comunicación y exlegislador por el Partido Acción Nacional– reflexiona que se trata de la piedra angular sobre la que se construye una sociedad informada, democrática, plural, porque lleva como valor fundamental la libre manifestación de las ideas.
Ernesto Villanueva, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, explica que por su importancia, la libertad de expresión está protegida en el artículo sexto constitucional y en el tercero de la Convención Iberoamericana de Derechos Humanos, en virtud de que permite a las personas difundir ideas, pensamientos y reflexiones sobre cualquier materia.
Al tiempo, dice, es una herramienta para el derecho a la información, ingrediente esencial para que los ciudadanos puedan tomar decisiones. Por ello, el periodismo es un contrapeso del ejercicio del poder político, económico y fáctico, y es el periodista quien ejerce de manera profesional la libertad de expresión.
Para el investigador, el Estado mexicano está obligado a garantizar la seguridad de quienes ejercen el periodismo. Si el periodista hace un reportaje sobre un cártel de la droga, un asunto de pedofilia, debe tener condiciones materiales sin consecuencias de orden metajurídico: amenazas, detenciones, desapariciones forzadas.
“El Estado tendría que garantizar que no pasará, y ahí tenemos que reconocer que está fallando. De ahí surgió la idea de crear una fiscalía especial dentro de la PGR que no funciona, tiene un papel decorativo, no ha podido cumplir un propósito adecuado de contención de este tipo de fenómenos, sino se advierte como una cuestión de orden testimonial, simbólico, pero sin ninguna eficacia real”.
Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dice que para que exista un régimen democrático es necesario un clima de respeto a la libertad de expresión: es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas y un requisito indispensable para que exista una sociedad verdaderamente democrática.
El defensor de los derechos humanos indica que esta libertad no está garantizada. “Falta mucho por construir en materia de libertad de expresión: muchas personas no tienen acceso a este derecho y a muchas otras se les vulnera”. (Yenise Tinoco)

Publicidad gubernamental, medida de presión

Para acallar al periodismo crítico y de investigación, las autoridades federales, estatales y municipales han encontrado una forma efectiva, advierten los entrevistados: la asignación de la publicidad.
La nueva forma de represión a los medios es a su vez una vieja fórmula: castigarlos con la publicidad, como en el caso de José Gutiérrez Vivó, “en el que el gobierno presiona a las empresas para que no le den la publicidad”, señala el diputado perredista Conrado de los Santos.
Israel Beltrán, diputado por el Partido Revolucionario Institucional e integrante de la comisión especial, coincide: los periódicos y revistas que se atreven a pegarle a la figura del presidente, gobernador o presidente municipal tienen consecuencias lamentables en sus ingresos, porque les bloquean el patrocinio e incluso atentan contra sus bienes.
Por ello, Beatriz Mojica Morga considera necesario y urgente atender la transparencia en el uso de recursos etiquetados a comunicación social, en las diferentes dependencias y en todos niveles, para que no sean un mecanismo de coerción: si hablan bien, les dan publicidad; de lo contrario, no. Debe existir una política clara que fortalezca a la prensa escrita, dice la exlegisladora. (Paulina Monroy)