Ciento sesenta y ocho personas, entre militares y civiles, se encuentran bajo las órdenes de cinco expresidentes. Al erario le cuestan –tan sólo en salarios– casi 40 millones de pesos al año, revela la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el Informe de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2006.

Para el máximo órgano fiscalizador, la asignación de personal civil al servicio de los expresidentes se encuentra “fuera de los criterios de racionalidad y transparencia” que deben regir la administración pública federal. De acuerdo con la ASF, en 2006 Luis Echeverría tenía 24 civiles y dos militares a su cargo; Miguel de la Madrid, 24 civiles y 22 militares; Carlos Salinas de Gortari, 14 civiles y 19 militares; Ernesto Zedillo, 11 civiles y 16 militares, y Vicente Fox, 20 civiles y 16 militares, lo cual representó un gasto de 39 millones 936 mil pesos, por salarios.

La Auditoría recomendó a la Presidencia de la República justificar la asignación de recursos humanos a los exjefes de Estado y explicar las necesidades reales de personal de apoyo en sus actividades administrativas. Lo anterior, con el objetivo de que el ejercicio del gasto por este concepto se apegue a los criterios de racionalidad y transparencia en el ejercicio del presupuesto.

Samuel Aguilar Solís, secretario de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, dice que las pensiones y prestaciones de los expresidentes sólo están sustentadas en dos acuerdos “tendenciosos” signados por Luis Echeverría y Miguel de la Madrid; pero que no existe un marco jurídico que dé certeza en el control de lo que hoy reciben.
El diputado considera que el Estado sí está obligado a proporcionar a los exmandatarios “un apoyo en términos administrativos y de seguridad”, pero no “a toda la parentela”, que se beneficia con personal a su servicio con cargo al erario.

Contralínea obtuvo, por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, copia de los recibos de pago de todo el personal administrativo que trabajó para Vicente Fox de diciembre de 2006 a junio de 2007. En la nómina se enlista a Tania Castillo Bernal, quien hasta marzo pasado trabajó como asistente de Marta Sahagún y vocera de la fundación Vamos México, según dio a conocer la revista Quién en septiembre de 2007.

Luis Echeverria

De acuerdo con el portal electrónico de la Presidencia de la República, en el apartado de prestaciones para los expresidentes, Tania Castillo es subdirectora de área, dentro del personal a cargo de Vicente Fox, con un sueldo mensual superior a los 19 mil pesos.
Sin embargo, Quién (en su edición 149) la reconoce como la asistente de la exprimera dama, Marta Sahagún: durante más de un año, Castillo trabajó para un particular a cuenta del erario.

Inequidad

Miguel Alonso Raya, expresidente de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, considera que la seguridad social debe ser una política de Estado que garantice la equidad; sin embargo, en el caso de las pensiones a los exmandatarios “sólo refleja la desigualdad que existe en México”.
Agrega que las pensiones de los expresidentes distorsionan la política social: evidencian grupos de privilegiados, con esquemas de pensiones especiales, los cuales no aportan, no tributan y no ahorran para su propio beneficio.

Reconoce que se debe legislar al respecto, para que con claridad y transparencia se determine y calcule qué tipo de pensión debieran tener los expresidentes y bajo qué criterios se debieran establecer las mismas.
El Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con aproximadamente 2.5 millones de pensionados. El promedio anual de egresos por pensionado es de 22 mil pesos, alrededor de 1 mil 830 pesos mensuales por 28 años de trabajo; mientras que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado afilia 612 mil pensionados, que en promedio reciben una pensión anual de 68 mil pesos.
En contraste, los pensionados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación –53 titulares y 28 viudas– cuestan al erario, de manera individual, más de 1 millón 600 mil pesos anualmente, es decir, 133 mil 300 pesos al mes.

Los expresidentes de la República son cinco. Cada año, el pago de pensiones cuesta, en promedio, más de 1 millón 900 mil pesos por persona, aproximadamente 158 mil pesos al mes por sólo seis años de trabajo.

Acuerdos

Samuel Aguilar explica que las pensiones del los exmandatarios no tienen sustento legal, toda vez que no están incluidas en ninguna ley o cuerpo normativo: “Son acuerdos de carácter administrativo sin ninguna fuerza jurídica que los sostenga, por lo que es indispensable poner fin a la discrecionalidad con la que se erogan los recursos públicos”.
El 25 de noviembre de 1976, por acuerdo del entonces presidente Luis Echeverría Álvarez, se dispuso que, al concluir su mandato, el ciudadano que hubiese desempeñado el máximo cargo público dispusiera, “a sus órdenes directas”, de personal del Ejército, Armada y Fuerza Aérea para el desempeño de “servicios generales”.

Miguel de la Madrid, mediante otro acuerdo fechado el 31 de marzo de 1987, formalizó el disfrute de una pensión, prestaciones de seguridad social equivalentes a las que percibe un secretario de Estado y reguló el derecho del cónyuge para disfrutar de la pensión presidencial y de los seguros de vida y gastos médicos mayores, incluyendo a los hijos.
A decir de Aguilar Solís, la determinación de tales prebendas está basada en prácticas discrecionales y en acuerdos dictados por los presidentes en turno, quienes se beneficiaron de sus propias decisiones, siendo juez y parte en la asignación de sus ingresos.
El diputado agrega que dichas prerrogativas no pueden encontrar su justificación dentro del régimen laboral general, puesto que parten de una situación especial de reconocimiento a su investidura y no de una contraprestación por sus servicios.

Miguel de la Madrid

Doble pensión
Miguel Alonso Raya dice que entre la pensión y las prestaciones de las que gozan los expresidentes, cada uno de éstos termina costando al erario más de 10 millones de pesos al año.
Sin embargo, considera aún más inequitativo cuando algunos de los exmandatarios tienen otros ingresos, como Miguel de la Madrid, quien además de la pensión que recibe como expresidente, también cuenta con otra del Banco de México. En la misma situación se encuentra Ernesto Zedillo.
Para Alonso Raya es “inmoral” el monto que perciben los expresidentes: “Hay personas viviendo con un dólar al día; se reconocen por lo menos 20 millones de mexicanos viviendo en pobreza extrema y otros 40 o 50 millones de personas en pobreza”.

Propuesta de ley
El pasado 25 de octubre, el diputado Samuel Aguilar Solís presentó una propuesta para regular las pensiones a los expresidentes, que podría prosperar antes de concluir este segundo año ordinario de sesiones.
El legislador propone que los exmandatarios gocen de una pensión vitalicia equivalente al 60 por ciento del salario del presidente constitucional en funciones, la cual será incrementada en la misma proporción y temporalidad. La asignación sería suspendida en caso de que el beneficiario reciba ingresos derivados de cualquier otro cargo público remunerado.
En el artículo sexto señala que, al fallecer el expresidente, su cónyuge disfrutará de una pensión equivalente al 50 por ciento del salario del presidente en funciones. En caso de muerte del cónyuge viudo, la pensión beneficiará en la misma cuantía a los hijos hasta alcanzar la mayoría de edad. La prestación será suspendida si la viuda contrae nuevo matrimonio.
La propuesta de ley incluye la asignación de cinco puestos de trabajo de naturaleza eventual, quienes podrán ser propuestos por el expresidente, sin ser familiar en tercer grado del mismo. Además, con objeto de preservar la seguridad e integridad del exmandatario, éste dispondrá de ocho elementos de la Policía Federal Preventiva del rango que considere estrictamente necesario, así como de tres vehículos oficiales para él y su familia.
Sin embargo, el cuerpo de seguridad solamente funcionará dentro de territorio nacional y no podrá acompañar al beneficiario en los viajes que realice al extranjero, y al ocurrir el fallecimiento del beneficiario, el cuerpo de seguridad será retirado.
Aguilar Solís propone que los exmandatarios gocen de las prestaciones establecidas para pensionados y jubilados en el sistema de seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado.


Justificación
La Auditoría Superior de la Federación argumenta que revisó este rubro para atender las diversas notas periodísticas en las que la fracción del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados denunció la creación de una dirección general –que cuenta con más de 100 empleados– en la Presidencia, dedicada a atender los asuntos relacionados con los exmandatarios.
La ASF señala que el personal está al servicio de los expresidentes, pero no existe un criterio homogéneo en la asignación de éste ni en el monto de sus percepciones; además de que cada uno de los exmandatarios recibe los servicios del personal en sus respectivas oficinas.

Revista Contralínea / México
Fecha de publicación: 15 de Abril de 2008

Yenise Tinoco