A cuatro años de que el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE) asumiera la responsabilidad de concluir la Biblioteca México José Vasconcelos, impera la opacidad y la corrupción respecto de funcionarios y empresas: a la fecha, suman 11 sancionados por la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Las puniciones fueron emitidas luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentara irregularidades en la Cuenta Pública 2005, relacionadas con la construcción y fallida operación de la “megabiblioteca”, como se le conoce popularmente.
En dos años, 2006 y 2007, el Área de Responsabilidades de la SFP inició seis procedimientos de sanción contra los funcionarios –10 inhabilitados y un amonestado– y empresas involucradas en incumplimientos contractuales, falsedad en información y documentación apócrifa para el registro y contratación, tráfico de influencias y malos manejos presupuestales.
De acuerdo con el documento “Asuntos sancionados por el Área de Responsabilidades relacionados con la BMJV (Biblioteca México José Vasconcelos)”, elaborado por la SFP y del cual Contralínea posee copia, Miguel Ángel Ortega Soto, gerente de recursos materiales del CAPFCE, y Alfonso Garza Durán, gerente de construcción y supervisión de obra, fueron amonestados públicamente e inhabilitados un año de sus funciones.
Sergio Pérez León, subdirector técnico del CAPFCE, y quien firmara la mayoría de contratos como representante legal del organismo, fue amonestado públicamente e inhabilitado 11 años, entre otras razones, por la indebida adjudicación de un contrato a la empresa Viveros y Reforestaciones Chapingo, S de RL de CV.
Fernando Ramones Escobedo, gerente de Recursos Humanos; Salvador de León Hernández, subgerente de Personal; Oswaldo Cervantes Rodríguez, que también firmó la mayoría de los contratos; Julio René Macías; Gerardo Cantú Villarreal –de quienes el documento omite identificar cargos–; David Puente Rodríguez, gerente de Finanzas; Carlos Alberto Miranda Juárez, y José Luis López Rodríguez, además de recibir una amonestación pública, fueron inhabilitados 10 años.
Nahum Hermes Rodríguez Chávez, subgerente de Costos y Presupuestos, recibió una amonestación en privado y fue inhabilitado por un año, mientras que José Abel Flores García, quien sustituyó a Puente Rodríguez en la Gerencia de Finanzas, recibió amonestación pública.

Empresas sancionadas

En 2006, el Área de Responsabilidades de la SFP inhabilitó por tres años siete meses y multó con 1 millón 17 mil 900 pesos a la empresa Inmuebles y Construcciones Goval, SA de CV; tres años tres meses y multa por 926 mil 640 pesos a Mundial de Instalaciones Avanzadas, SA de CV; tres meses y 70 mil 200 pesos a Construcciones y Edificaciones Alben, SA de CV; 771 mil 342 pesos a Gutsa Infraestructura, SA de CV; 560 mil 976 pesos a Pro y Cons, SA de CV; 420 mil 732 pesos a Grupo Areco, SA de CV. En 2007, Construcciones Goval fue multada de nueva cuenta, por 701 mil 220 pesos.
La Auditoría Superior de la Federación ya había dado cuenta, en su revisión del ejercicio fiscal 2005, de 25 acciones, 17 de éstas son recomendaciones de naturaleza preventiva, y ocho, de carácter correctivo. A diciembre de 2006 las observaciones y acciones sumaban 42 y tenían un impacto económico de 19 millones 559 mil 100 pesos.

Las irregularidades detectadas por la ASF

En su informe 05-1-11L6M-04-554, la Auditoría Superior de la Federación revela diversos incumplimientos relacionados con las contrataciones de Gutsa Infraestructura; Ingenieros Civiles y Asociados, SA de CV; Mexicana de Preesfuerzo, SA de CV, y Galva Construcciones, SA de CV.
De acuerdo con lo documentado, las contratistas firmaron las actas de entrega-recepción y finiquito de manera extemporánea y el CAPFCE excedió el pago: otorgó a los mismos contratistas 2 millones 152 mil 300 pesos más, debido a diferencias entre los volúmenes de obra, y efectuó otros pagos indebidos por 14 millones 871 mil 900 pesos por obras mal ejecutadas.
Algunos “pagos adicionales” se hicieron porque la dependencia no efectuó el ajuste por el cargo de utilidad en los precios unitarios y por la ampliación de los anticipos otorgados a las empresas: contratos CAPFCE-77-001/04, por 22 mil 200; CAPFCE-77-002/04, 20 mil 800, y CAPFCE-77-006/04, 325 mil 800 pesos.
Otros fueron responsabilidad de las propias empresas, que pagaron montos superiores a la Secretaría de la Función Pública por “derecho de inspección y vigilancia”.
En esos contratos y en el CAPFCE-77-003/04, la residencia de obras de esa dependencia –ahora llamada Instituto Nacional para la Infraestructura Física Educativa– omitió supervisar que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) obtuviera oportunamente los planos correspondientes a la construcción y modificaciones finales.
Según la ASF, las cuatro contratistas incumplieron el programa de obra convenido y el CAPFCE omitió aplicar las sanciones correspondientes por 212 mil; 280 mil 500; 241 mil 800, y 88 mil 700 pesos, respectivamente.
También se encontró que las obras no consideran las “excentricidades accidentales” y, en contravención con el Análisis Modal de las Normas Técnicas Complementarias para Diseño, se incrementaron la posibilidades de riesgos durante un sismo.
En materia de calidad, la ASF también determinó que no se consideraron los registros para las instalaciones eléctricas antes de comenzar los trabajos, faltaron indicaciones de seguridad en instalaciones de agua y luz, fue deficiente la impermeabilización de azoteas, hubo daños estructurales a lozas, muros y columnas debido a filtraciones de agua, y varias obras fueron mal realizadas las estructuras de los libreros.

Actual administración se deslinda

Respecto a la apertura prematura de la Biblioteca México José Vasconcelos, en noviembre de 2007, el director del Instituto Nacional para la Infraestructura Física Educativa –antes CAPFCE–, Eduardo Bravo Esqueda, dice a Contralínea que no le corresponde hablar acerca del tema y “mucho menos sobre quién decidió abrir al público las instalaciones”.
Agrega que “hay que ver el lado positivo de un gran proyecto que México necesita. Ahora, el costo de no usarla (la biblioteca) es mayor que el de la inversión”.
Raúl Farías Cadena, actual coordinador técnico del instituto, dice desconocer si hubo adjudicaciones directas relacionadas con este proyecto, mientras indica que al tema de entrega-recepción “se le está dando más importancia de la debida”.
Los 47 contratos de obras públicas y servicios –obtenidos por Contralínea por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información– demuestran, en su octavo punto, que las empresas asumieron el compromiso de no subcontratar ningún bien o servicio, salvo especificación y listado previamente notificado y autorizado por el CAPFCE.
De los procesos de licitación y asignación de obras, según información contenida en los contratos, se conoce que cuatro se asignaron sin licitación, 12 por proceso de invitación a tres personas, y el resto por concurso.
Las adjudicaciones directas fueron para Personal Especializado en Ingeniería, SC; ingeniero López Ramírez; ingeniero Rafael Julio César Contreras Borrayo, y el servicio de vigilancia de José Salomón González.
A estos 47 contratos se le sumaron tres convenios con la Comisión Federal de Electricidad, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Secretaría de Educación Pública.
El titular de la Dirección General de Publicaciones del Conaculta, y antes de la Dirección General de Bibliotecas, Federico Hernández Pacheco, desconoce todas las anomalías estructurales y de financiamiento, porque “no correspondió a mi administración”.
El funcionario recuerda que desde dos décadas “se gestaba la posibilidad de contar con una obra que controlara la Red Nacional de Bibliotecas: 7 mil 200 bibliotecas”.
Argumenta que la “megabiblioteca” fue inaugurada a destiempo, “pues algo tenía que ofrecer” la administración foxista, y que, “por ser un proyecto único y loable, y que sería el orgullo del país a nivel internacional, no debería cuestionarse”.

CAPFCE, responsable

El diputado Pablo Trejo, secretario de la Comisión de Vigilancia y Auditoría Superior de la Federación, dice que “desde el comienzo de las obras (el Conaculta) no tenía el proyecto ejecutivo ni los planos”. Para el legislador, el Instituto Nacional para la Infraestructura Física Educativa, antes CAPFCE, es responsable de las anomalías por ser el organismo gubernamental al que se le encomendó la supervisión y conclusión de la obra.
“Lo único que hacen es intentar desaparecer vicios ocultos”. Por ello, considera Trejo, se deben “fincar responsabilidades y perseguir los delitos, que aún no prescriben”. En opinión del legislador, las sanciones –de tres tipos: administrativas, resarcitorias y penales– alcanzarán a altos funcionarios y empresas.
El 1 de febrero pasado quedó abrogada la ley que dio inicio, en 1944, a los trabajos del CAPFCE. Ahora, con fundamento en el decreto por el que se expide la nueva ley y su reglamento –publicados en el Diario Oficial de la Federación–, el nuevo Instituto Nacional para la Infraestructura Física Educativa concluirá los trabajos de la “megabiblioteca” construida por el foxismo. La intención es disuadir los cuestionamientos que versan sobre la obra pública, consideran legisladores.
Respecto del cambio, Pablo Trejo indica que “con desaparecer no eximen su responsabilidad”. Reconoce que las sanciones podrían enfocarse contra “funcionarios menores; porque los mayores utilizan la ley para beneficiarse y cometer sus corruptelas”.
El diputado Alfonso Suárez del Real, integrante de la Comisión de Cultura, responsabiliza de los daños a los funcionarios del Conaculta del sexenio pasado: Sari Bermúdez, Saúl Juárez Vega y Jorge Von Ziegler, por incumplir la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos y haber modificado los reglamentos con el propósito de permitir la corrupción. “Ellos son los responsables y a los que actualmente ni siquiera se les persigue”.
Indica que las anomalías también están en la iniciativa privada: “Se notan, porque las empresas cambian constantemente de representantes legales, nombres de los socios y hasta de direcciones, como es el caso de la Constructora Goval, SA de CV”.

Vela se deslinda

El titular del Conaculta, Sergio Vela, explicó que, del presupuesto del consejo para 2007, 6 millones 480 mil 365 pesos habían sido transferidos al CAPFCE, con previa notificación y autorización de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Durante su comparecencia ante la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, el pasado 12 de marzo, indicó que “la SFP destinó al Conaculta los terrenos en que se construyó la obra. De esta manera, y de conformidad con la Ley General de Bienes Nacionales, el Conaculta está obligado a realizar acciones de conservación y mantenimiento del material bibliográfico, mobiliario y equipo, por lo que se requieren recursos para su seguridad. El Consejo se vio en la necesidad de contratar personal de honorarios. Esto no afecta la normatividad.”
El pasado 6 de marzo, los diputados perredistas Pablo Trejo y José Alfonso Suárez del Real presentaron un punto de acuerdo para solicitar a la ASF que realice una auditoría “integral y especial” al CAPFCE.
En éste, exhortan al Ejecutivo federal para que verifique, en el marco de sus atribuciones, la correcta aplicación de los recursos federales ejercidos en 2007 y por ejercer en 2008.
Pablo Trejo señala que hay “una nueva forma de corrupción en estas dos últimas administraciones presidenciales: las empresas, encargadas de las grandes obras como el Centro Fox, la terminal 2 del aeropuerto y, entre otras, la Autopista del Sol, subcontratan a otras para intentar maximizar las utilidades y poder triangular los recursos”.
Aunque permanece cerrada, la Biblioteca México es un gran negocio: “Así se creó la colusión entre funcionarios públicos y las empresas que, a la fecha, realizan las obras públicas más redituables del país. Es la manera panista de traficar influencias y hacer corrupción”, dice el diputado.

Revista Contralínea / México
Fecha de publicación: 15 de Abril de 2008