Empresarios relegan nueva ley de medios

El 7 de mayo concluyeron los trabajos del Grupo Plural para la Revisión de la Legislación en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión del Senado de la República, instalado en septiembre de 2007. No obstante, el periodo ordinario de sesiones del Poder Legislativo concluyó en abril y todo indica que el proceso electoral federal de 2009 iniciará sin una nueva ley en la materia. Las elecciones seguirán “atadas al poder de los grandes consorcios mediáticos”, advierten especialistas.

La “falta de prisa” por concluir una iniciativa se observó desde febrero, cuando –entrevistado por El Financiero– el presidente del Grupo Plural, el senador priista Ángel Aguirre Rivero, declaraba que el trabajo no estaría concluido para este periodo de sesiones y ni siquiera se atrevió a decir que para el próximo.

Sin embargo, los especialistas observan que, de no concretarse durante estos próximos meses y frente a las elecciones para elegir diputados federales en 2009, el espíritu de pluralismo y democracia que se buscaba incorporar en la iniciativa podría quedar en el olvido. Sostienen que es necesario concluir el proyecto de reforma si se quiere evitar la intervención de los grandes grupos empresariales en los procesos electorales.

Ernesto Villanueva –presidente de Libertad de Información-México y académico en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM– lamenta que los legisladores hayan soslayado el tema, cuando se trata de un “problema central”: el actual acceso concentrado a concesiones y permisos.

Con la cercanía del proceso electoral, las elecciones intermedias reclaman una relación de fluidez entre política y medios electrónicos, porque son éstos quienes definen la campaña. Los medios buscarán que no haya reforma o que sea negociada, dice.

José Agustín Pineda Ventura –del Consejo Jurídico de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), que encabeza el Frente Nacional por la Nueva Ley de Medios Electrónicos– señala que desde diciembre se cumplió un primer plazo para presentar el proyecto; en febrero el segundo, y todavía no hay ningún documento. Agrega que, “en la práctica”, no se refleja el supuesto interés que dicen tener los senadores.

Considera que el problema radica en que la nueva ley busca incluir los puntos de vista de la sociedad civil, los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y los principios del derecho internacional.

El naufragio de la Ley Televisa

Vía fast track, el 1 de diciembre de 2005 se aprobó un proyecto de reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión y a la Ley Federal de Telecomunicaciones. Ocho días para el dictamen, una aprobación de siete minutos y el voto unánime de 327 diputados bastaron para llevarla al Senado, el cual en marzo de 2006 la aprobó con 81 votos. Un mes después el expresidente Vicente Fox publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva legislación.

Luego de un acto de inconstitucionalidad promovida por senadores, los ministros de la Suprema Corte de Justicia señalaron que la Ley Televisa –llamada así por los privilegios otorgados a los grandes concesionarios– violó los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, respecto a las garantías individuales y el trato igualitario a las personas, pues apoyaba la concentración y la discrecionalidad en el uso del espacio electromagnético.

Entonces el Senado se dio a la tarea de ajustar ese marco jurídico. Y, desde septiembre de 2007, comenzaron los trabajos del Grupo Plural para la Revisión de la Legislación en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Concesionarios, ciudadanos, organizaciones civiles, medios públicos, académicos y radios comunitarias acudieron a los foros organizados por el Senado y enviaron sus proyectos para avanzar en la materia.

En el libro Avances y aportaciones para la reforma legislativa de telecomunicaciones y radiodifusión, publicado en febrero por el Senado, el senador Carlos Sotelo, presidente de la Comisión de Radio y Televisión, enumera las principales características de la actual Ley Federal de Radio y Televisión: permite la discrecionalidad del Ejecutivo para asignar concesiones; margina los medios públicos; debilita al Estado para vigilar en materia de contenidos y publicidad, y no asegura garantías individuales ni de las audiencias.

En tanto, la de Telecomunicaciones “no ha impedido la concentración empresarial y los monopolios, no ha fomentado una competencia equitativa ni ha favorecido la existencia de una autoridad reguladora”.

Al respecto, los puntos que según la Amedi no pueden faltar en una reforma son: una sola ley que contemple radio, televisión y telecomunicaciones; derechos de los ciudadanos; el servicio público; el espectro electromagnético como propiedad de la nación; el aprovechamiento de la convergencia digital; creación de un órgano regulador autónomo; acceso universal a concesiones y permisos; derechos de la audiencia, y promoción de medios públicos.

Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos e integrante del grupo plural, el senador Alejandro Zapata Perogordo estima que la presentación de la iniciativa “se cumplirá en tiempo y forma”.

Menciona que después de haber escuchado las propuestas de organizaciones, asociaciones y sociedad civil, ahora viene la etapa de la deliberación. “Yo quiero pensar –agrega– que las declaraciones del senador Aguirre Rivero fueron a título personal, sin intereses de trasfondo, pero me queda claro que debemos hacer una reforma”.

Concentración, invalidada por la SCJN

En total, 21 violaciones a 27 artículos de la Constitución fueron observadas por 47 senadores en las reformas a las leyes Federal de Radio y Televisión y Federal de Telecomunicaciones. En respuesta a la inconstitucionalidad que promovieron, la SCJN –en la resolución 2006/26 del 7 de junio de 2007– invalidó algunas modificaciones.

Así, determinó inconstitucional el plazo de 20 años para refrendar licencias, como que el concesionario, por encima de terceros, esté exento del procedimiento de licitación. Además, señaló que los artículos 17, fracciones E, F y G, 20 y 21, fracción A –referentes a los requisitos para obtener permisos–, “otorgan a la autoridad un alto margen de discrecionalidad”.

Asimismo, invalidó, entre otras cosas, la subasta pública para otorgar concesiones porque sólo así podrían acceder al espacio radioeléctrico los grupos económicos más poderosos; además, prevalecía como criterio definitorio el económico sin considerar el objeto social.

Y es que actualmente sólo el 36 por ciento de las frecuencias para televisión se otorgan por permiso; de ésas, el 25 por ciento tienen potencia por debajo de los 200 kilovatios. El 82 por ciento de los permisos en radio y televisión se otorga a los gobiernos estatales. En tanto, las instituciones educativas privadas o públicas tienen menos del 20 por ciento de los permisos.

En contraste, el 64 por ciento de los canales está destinado al uso comercial: 31 por ciento son repetidoras de Televisión Azteca y 48 por ciento de Televisa. Es decir –según datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes–, son propietarias del 80 por ciento. Único caso en el mundo, Televisa tiene cuatro señales de televisión abierta. En radio, el 60 por ciento de las licencias para operar estaciones está en manos de 14 familias, y el 94 por ciento –461 estaciones– le pertenece a dos compañías.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expone en su informe de 2004: “Los monopolios y oligopolios conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura la plena libertad de información de los ciudadanos”.

La misma Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) señala que la información es un bien público argumenta Pineda Ventura, de la Amedi. Apunta que “los medios de comunicación no están usando un espacio que sea suyo: es un bien de la nación y de los mexicanos, y debemos ser coparticipes para vigilar cómo es utilizado”.

Además, televisoras como Canal 11 y Canal 22 tienen presupuestos que representan el 5 por ciento de lo que la Presidencia de la República destinará para publicitarse en anuncios en la pantalla comercial.

—No sólo se atenta contra la libertad de expresión de solicitantes para operar medios electrónicos que el Estado les niega, sino contra sectores que no se ven reflejados en los medios existentes o que no pueden acceder a otro tipo de información que no sea la ofrecida por los medios particulares o públicos –opina Laura Salas, de Fundar Centro de Análisis e Investigación.

Sin un diseño institucional ni estar previstos en la ley, los medios públicos en México deben ser redefinidos, considera Ernesto Villanueva.

Sostiene que, como contrapeso, la televisión y radio pública podría alentar la participación ciudadana con programación que fomente la crítica y el debate: “En la medida en que haya pluralidad, se va a formar una opinión pública libre. Mientras que si continúa la concentración, sólo se fomenta la uniformidad y la ciudadana”.

Reunidas con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la Amedi solicitaron en marzo que el organismo emitiera criterios que determinaran hasta dónde debe llegar la libertad de empresa frente al derecho a la información.

Medios responden a sistema caduco

Lorenzo Meyer, del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, anota que el caso de despido de la periodista Carmen Aristegui detonó la contradicción que existe entre los supuestos democráticos del México actual y su sistema de medios que pertenece al antiguo sistema autoritario.

Sugiere que la alternativa es modificar el marco legal: “Es posible que no se logre por las fuerzas en contra. Si no se hace en un tiempo breve, se viene abajo”. Señala que aunque falta voluntad política, hay que fortalecer los medios públicos y abrir la competencia a otros concesionarios, para que sean contrapesos frente a la concentración: “El pluralismo político no es compatible con la monopolización en radio y televisión”.

Para Ernesto Villanueva –especialista en regulación de medios y acceso a la información– la ley debe armonizar el libre de derecho de las empresas a decidir sus contenidos y la responsabilidad social. Por ello –expone– se deben establecer mecanismos de autorregulación y defensores de la audiencia que no queden a la discreción de los medios electrónicos.

Nuestra Constitución –advierte el senador panista Alejandro Zapata Perogordo– prohíbe los monopolios, entonces “habrá que ver la manera de que haya una modernización con la mayor pluralidad”.

Mayo 15, 2008