El Mandato 8 sepulta la tercerización laboral

La intermediación, la tercerización y todas las formas de subcontratación laboral son la forma más evidente y precaria de explotación a los trabajadores; y durante décadas fue legalizada y avalada por los distintos gobiernos.

Según información pública, cerca de 4654 empresas tercerizadoras operaban en el país; de estas, solo 550 tenían permisos emitidos por el Ministerio del Trabajo. La mayoría eran empresas fantasmas o vinculadas entre ellas, para de esta manera evadir el pago de impuestos y las afiliaciones de los trabajadores al IESS.

Este problema del maltrato al trabajador y de las tercerizadoras fantasmas salió a la luz con la paralización de las actividades de los empleados de seguridad, limpieza, técnicos y de alimentación de las distintas empresas petroleras en el Oriente ecuatoriano, quienes se encontraban cerca de un año impagos. Más de 3000 trabajadores protagonizaron esta medida de hecho en las provincias de Sucumbíos y Orellana. La precaria situación laboral, la evasión del pago del IESS y fondos de reserva (a pesar de que se les descontaba estos haberes), coadyuvó para que los trabajadores se organizaran en el 2005 en la Federación de Trabajadores Petroleros Tercerizados FETRAPET, e hicieran conocer a la opinión pública el accionar fraudulento de los empresarios dueños de las tercerizadoras.

En el 2007, 200 de las 550 empresas tercerizadas legalizadas fueron sancionadas por cometer contravenciones de distinta índole; otras fueron clausuradas y la mayoría se constituyeron en empresas fantasmas.

Frente a esta realidad, miles de trabajadores tercerizados petroleros y de otras organizaciones, aglutinados en la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), se movilizaron hasta la ciudad de Montecristi, a la Asamblea Nacional Constituyente, para hacer escuchar su voz de protesta frente a tanta arbitrariedad y humillación cometida por empresarios corruptos.

Los asambleístas de mayoría (Alianza País, MPD, Pachakutik, RED), en compensación a la labor realizada por este tipo de trabajadores, el 29 de abril de este año aprobaron el Mandato 8, con el que se pone fin a la tercerización de personal en varias áreas, sin incluir directamente a los servicios complementarios (como son la seguridad, la limpieza y la dotación de alimentación), pero sí reglamentando las mejoras con las que serán beneficiados: tendrán derechos a todos los beneficios de ley y a sueldos dignos establecidos por el régimen.

Según Patricio Aldaz, dirigente de la UGTE, el Mandato No. 8 constituye un avance para el proceso de recuperación de los derechos de los trabajadores, porque enfrenta, aunque no en su totalidad, algunos de los problemas recurrentes que han sido utilizados en los últimos años a través de la flexibilización laboral, para someter a los trabajadores a condiciones extremas de precarización, de superexplotación, como son la intermediación laboral, la tercerización y el trabajo por horas.

Según Aldaz, con el Mandato 8 se inicia un proceso de recuperación de derechos de los trabajadores y se termina definitivamente con el proceso de intermediación laboral, esto es, la utilización de terceros para la contratación de mano de obra requerida por una determinada empresa. El Mandato obliga al empresario que ha sido beneficiario de esta intermediación a contratar directamente a los trabajadores que permanecían bajo esta modalidad, so pena de someterse a sanciones si es que no contrata a los empleados directamente que han estado laborando desde el mes de marzo del presente año; es decir, con este mecanismo se conquista la estabilidad laboral, que era lo que no tenían los trabajadores a través de la intermediación.

Las empresas intermediadoras que se han opuesto a este Mandato y que hacían de esta actividad un negocio muy lucrativo, manifiestan que el número de personas tercerizadas llegaría a 300 mil. Sin embargo, según cifras extraoficiales el total de trabajadores intermediados y tercerizados llegaría a 1millón 600 mil en el país.

De acuerdo a este dirigente, el Mandato 8 deja algunas brechas, porque posibilita a los empresarios a optar por una nueva modalidad de contratación, de acuerdo con el Art. 3, que habla que se podrá celebrar contratos con personas naturales o jurídicas autorizadas, como prestantes de actividades complementarias (vigilancia, seguridad, alimentación y limpieza), y, a su vez, respecto de estas actividades complementarias se establece que terceras personas otorguen este servicio.
Empero, quienes defienden el Mandato señalan que estas empresas autorizadas no son tercerizadoras, sino son empresas de actividades complementarias, con características diferentes a las del pasado: los trabajadores son sujetos de la responsabilidad solidaria de la empresa principal, es decir, si un guardia presta sus servicios en una empresa, ésta deberá pagarle sus respectivas utilidades; además, las empresas de servicios complementarios deben respetar íntegramente los derechos de los trabajadores establecidos en la Ley.

En el caso del trabajo por horas, el Mandato 8 establece que habrá una jornada especial laboral para determinadas actividades específicas, para actividades complementarias en actividades comerciales, pero que ello no atente a la regularidad; además, este tipo de contratación calificada como jornada especial, contará con todos los derechos de ley, como es la afiliación al Seguro Social. Esto impedirá que muchos empresarios apliquen las leyes a su gusto.

Entrevista a Patricio Aldaz,
dirigente de la UGTE

– El Mandato 8, ¿incrementará el desempleo?
– La modalidad de tercerización no generaba empleo; el empleo existe a pesar de las tercerizadoras; el empleo se da porque existe una actividad económica y una necesidad de servicios, porque hay la necesidad de producir, por el desenvolvimiento de la economía. El papel de la tercerizadora era precarizar el empleo.

Es falso que con la terminación de la tercerización se terminarán los empleos; lo que va a ocurrir es que estos empresarios iniciarán retaliaciones y acciones negativas como lo hizo Mauricio Pinto, al despedir a las trabajadoras tercerizadas, y aplicar una política de chantaje: como no le permiten explotar a los trabajadores ecuatorianos se va a otro país, al Perú, para explotar mano de obra allá.

Por eso es que cuando los trabajadores planteamos que la salida a la crisis es terminar con la explotación, no quiere decir que se pide que se termine con las empresas, sino con la causa que genera la explotación, que es la propiedad privada sobre los medios de producción.

- ¿Sin la tercerización se engrosaría la burocracia?
– La tercerización no ha disminuido el número de trabajadores, ha subcontratado; no es cierto que al aprobar el Mandato y eliminar la tercerización aumentan los trabajadores, se los regulariza; además ese planteamiento de que el aumento de la burocracia genera más crisis es una tesis neoliberal para achicar el Estado, que se desvanece con la mejora evidente en varios sectores como son la salud y educación, donde el Ejecutivo debió contratar más personal para mejorar la atención en estas áreas. Aquellos argumentos neoliberales fueron la causa de la crisis, impidieron el ingreso de profesores y de médicos, contribuyeron para la que crisis aumente y se evidencie la necesidad de privatizar los servicios públicos.

Este Mandato, al regular a los trabajadores, mejora los ingresos de ellos y resta las ganancias a los empresarios, en especial de aquellos que dotaban de personal a las petroleras, que se llevaban más del 50% de los salarios de los contratados, como “comisión de servicio”.

Entrevista a Remigio Sornoza,
Presidente de la Federación de Trabajadores Petroleros Tercerizados, FETRAPET

- ¿El Mandato 8 se ha aplicado en las empresas petroleras?
– Las autoridades de PETROECUADOR incorporaron a sus respectivas empresas estatales a cerca de 300 trabajadores, pero cerca de 4000 trabajadores aún no ingresan, pues la mayoría son guardias, empleados de limpieza o prestan servicios en las empresas que dotan de la alimentación. A quienes pertenecemos a las otras áreas, las autoridades de Petroproducción han puesto una serie de obstáculos y señalan que existe una figura que no es ni intermediación laboral ni tercerización, razón por la que todos los afectados nos hemos declarado en sesión permanente y estamos exigiendo una reunión con el Ministro del Trabajo y con la Vicepresidencia de Petroproducción para encontrar soluciones a este problema. También se ha designado una comisión que saldrá a la ciudad de Montecristi para hablar con el Presidente de la MESA No. 6 y, si es posible, con el Eco. Alberto Acosta para que se pronuncie sobre esta situación que atravesamos los 2000 trabajadores de Petroproducción, Petroindustrial y Petrocomercial de Sucumbíos y Orellana; la mayoría laboramos indirectamente para la estatal cerca de 10 y 15 años, por lo que no se puede decir que somos trabajadores ocasiones o temporales.