Las reformas a la Ley de Hidrocarburos, aprobadas mediante el Ministerio de la Ley el pasado 25 de julio, de acuerdo a varios entendidos en materia energética, deja muchas puertas abiertas, por lo que es necesario que se realicen reformas urgentes, posición es compartida por algunos asambleístas de Alianza País.
El Movimiento Popular Democrático (MPD) planteó una demanda de inconstitucionalidad, por la arbitrariedad con la que fue aprobada la ley, así como también presentó las propuestas de reformas que se requieren.
Entre los cuestionamientos realizados está el tipo de contratación que se daría: Prestación de Servicios. Henry Yanez, ex trabajador petrolero, añade que a través de esa ley se pueden entregar los campos en producción a las empresas estatales internacionales, porque para las empresas privadas ya existía esa modalidad contractual desde el 1982 (gobierno de Oswaldo Hurtado), aclara también: “ese modelo de contrato era para el área exploratoria, donde la empresa, sea cual sea su condición, debía correr riesgo con sus inversiones, pues era para áreas nuevas, no como ahora, que se plantea entregar, sin riesgo, áreas en producción, además las instalaciones hidrocarburíferas, sin licitación alguna”.

Dice Yánez que los resultados de los contratos de Prestación de Servicios no han sido beneficiosos para el país, un ejemplo es el bloque 16, que mientras estuvo vigente el contrato estaba previsto que el Estado recibiría una participación del 16%, más 10% por tributos, pero en esencia el Estado no recibió ese 26% sino 0 de ingresos por parte de la compañía Maxus, y luego de la Repsol.
Según las declaraciones realizadas por el ministro Wilson Pastor, en un programa televisivo en un canal del Estado, ahora no sería necesaria la licitación sino solamente la “invitación”, debido al compromiso que existe entre algunos estados, y que obviamente no trabajarían de la misma manera que las empresas privadas, para entregar más ganancias al Ecuador.
Yanez señaló que eso estaba previsto, y ahora “han salido a la luz las verdaderas intenciones del gobierno, y que lo haya reconocido el Ministro es bueno. Esas manifestaciones solo nos dan la razón, el gobierno quiere entregar los campos productivos a dedo, es bueno que se quiten la máscara; el país debe conocerlos”.
Pero los errores en el área enérgetica no son recientes, en los últimos años se ha entregado en la mismo forma que plantea la reforma, sin licitación, 4 campos petroleros a ENAP de Chile, en el gobierno de Gustavo Noboa; en el actual Sacha, a PDVSA. Entonces, en 30 años de explotación petrolera ¿qué beneficios se han obtenido si priman los intereses de determinados grupos económicos, que actúan de manera concertada con los gobiernos para llevarse la mayor parte?

Las reformas necesarias
• Modificar los artículos 1, 2 , 7 y 8 y la disposición transitoria, para evitar la entrega de los campos petroleros sin licitación a países que sean amigos de los gobernantes de turno, sea el actual o los venideros, y evitar el manejo del petróleo de acuerdo a intereses personales.
• La creación en la legislación ecuatoriana de una sola modalidad de contrato para la exploración y explotación de petróleo.
Yánez opina que es necesaria también la creación de una Superintendencia de Hidrocarburos, independiente y autónoma del Ejecutivo, para que controle el manejo de la política del recurso en éste y otros gobiernos.
El ex presidente Ejecutivo de PETROCUADOR, Jorge Pareja Cucalón, dice que lo más urgente que se debe hacer es una auditoría contable, técnica y ambiental, porque no se conoce las condiciones actuales de las empresas, y en contabilidad cualquier cosa puede pasar, sobre todo si el Gobierno quiere renegociar los contratos que están por fenecer; algo por demás incoherente, si la ley prevé que todos esos bienes así como los campos deben ser revertidos al Estado para su manejo al término del mismo, que en este caso sería lo más adecuado: que sean controlados por Petroecuador.

“En lo ambiental, sin una auditoría, podría repetirse la historia de la Texaco”, asegura el experto, quien añade que estas reformas benefician a las compañías chinas, a Petrobrás, PDVSA, Repsol, ENAP; o se puede dar otro a IVANHOE, que es un contrato amoral. Cree que el país no debe basarse en la economía petrolera, pues las reservas actuales son reales, pero se van terminando, y el desarrollo no depende del crudo, como se puede constatar en Japón, Chile, Francia; y siendo ricos en otros recursos se puede incursionar en energía geotérmica, eólica y solar.

Amparo Sigcha