Nepotismo de las familias Montaño y Cota

La Paz, Baja California Sur. Familiares de primero, segundo y tercer grado del gobernador Narciso Agúndez Montaño y del anterior mandatario Leonel Cota Montaño inundan la administración pública estatal. La red de parientes que cobran del erario estaría integrada por más de 100 personas.
A decir del senador Luis Coppola, en Baja California Sur está roto el estado de derecho. “El nepotismo y la corrupción son la constante en los gobiernos perredistas de Leonel Cota Montaño (1999-2005) y de su primo, no reconocido, Narciso Agúndez Montaño”. Según el legislador de extracción panista, el nepotismo también ha llegado a los gobiernos municipales.

Fuerzas opositoras sostienen que desde su entrada al gobierno municipal de La Paz, y luego en la administración estatal, Leonel Cota colocó a más de 100 parientes, directos e indirectos, en las nóminas; de ellos, por lo menos 15 en puestos importantes.

Los hermanos Cota Montaño son el principal ejemplo: Juventino fue nombrado coordinador de asesores del gobernador, puesto que ostenta hasta el momento; Rosa Delia, directora estatal del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, luego diputada federal y local, y actualmente presidenta municipal de La Paz.

Además, Alejandro fue nombrado delegado municipal de Santiago, comunidad natal del exgobernador. En la actualidad, Ariadni Cota Cárdenas, hija del exlíder perredista, es coordinadora de los actuarios judiciales dentro del Tribunal Superior de Justicia (en contra de la ley reglamentaria, que exige contar con título de abogado y carrera judicial: ella no concluyó la licenciatura y sólo tiene dos años trabajando ahí).

Los parientes de Agúndez

Narciso Agúndez, como alcalde de Los Cabos, y ahora como titular del gobierno estatal, hace lo propio ubicando a familiares y amigos cercanos en espacios públicos claves para el manejo de las finanzas, catastro y procuración de justicia.

Antonio Agúndez Montaño, hermano del gobernador, es el actual director del Sistema Agua Potable en Los Cabos; Alvino Castro Montaño, primo, director de Relaciones Públicas; Arturo Sandoval Montaño, tío, director del Instituto de Vivienda del estado.

Antonio Avilés, exsecretario de Pesca, considera que hay un paralelismo en los entusiasmos por ser gobernador y empresario a la vez; “y cuando se mezclan ambas cosas, resulta desastrosa la administración, porque se generan las suspicacias del tráfico de influencias para beneficio propio”.

Avilés dice que los gobernantes están en su derecho de ser empresarios; pero que no pueden desempeñar al mismo tiempo ambos trabajos. Si les interesa más su empresa, que renuncien a la gubernatura, y si lo que quieren es trabajar por el pueblo, que dejen de lado su visión empresarial.

Valentín Castro, presidente del Frente de Lucha Ciudadana ¡Ya Basta!, considera que la política en Baja California Sur tiene características “de una mafia”. Agrega que lo que viven en el estado es una cuasidictadura, donde la única verdad que debe existir es la que los gobernantes imponen, ya que tienen un Congreso local “maniatado”.

El artículo 8, fracción XIV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos dice: “Abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese, rescisión del contrato o sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios”.

Excesos y complicidades

El supuesto nepotismo no es la única falta que se comete en Baja California Sur. Denuncias, excesos y complicidades rodean la administración de los perredistas.

El actual presidente municipal de Los Cabos, René Núñez Cossio, se vio envuelto en un escándalo sexual durante el proceso electoral para renovar alcaldías, en febrero pasado. En la página de internet de You Tube se exhibe un video del entonces candidato perredista sosteniendo relaciones sexuales con una mujer.

En ese mismo sitio hay un video del ahora procurador Fernando González Rubio, cuñado de Rosa Delia Cota. En la imagen se aprecia con nitidez su participación en la detención de unos supuestos secuestradores. Los ciudadanos, al decir que conocían al gobernador y le organizaban comidas, fueron embestidos a golpes por el funcionario, con ayuda del que en ese momento era el subprocurador, Adán Ruffo Velarde.

El senador Luis Coppola comenta que, durante esa detención, una mujer con cuatro meses de embarazo también fue golpeada. Luego abortó. Quince días después del suceso, Ruffo Velarde fue nombrado secretario de Seguridad Pública estatal.

Fuera, libertad de expresión

En enero pasado, entre gritos y groserías, Agúndez corrió del Palacio de Gobierno al reportero Eliseo Zuluaga, del Diario Peninsular. El periodista le preguntó su opinión acerca del video “pornográfico” que involucraba al entonces candidato a la alcaldía de Los Cabos.

Víctor Guluarte, presidente estatal del Partido Nueva Alianza, comenta que el gobernador mantiene un “desprecio por la libertad de expresión; y más, por los medios críticos a su gobierno”.

El también exsecretario de gobierno asegura que, cuando se realiza un evento donde participa el gobernador Agúndez, se “pone un filtro” para evitar que entren periodistas “incómodos”. El “operativo” se lleva a cabo aun en recintos públicos.

Agrega que, gracias al poder que la clase política dominante ejerce en el estado, se mantiene por más de 10 años en el gobierno. Comenta que en las pasadas elecciones intermedias ganaron por la gente que ellos mismos credencializaron, que llega de otros estados a trabajar, y ubican en asentamientos urbanos irregulares.

Luis Coppola dice que en Loreto el gobierno estatal credencializó a los 3 mil empleados que trabajan en la empresa Loreto Bay, y fueron los que hicieron ganar al Partido de la Revolución Democrática en el municipio. Los trabajadores tienen la promesa de obtener un pedazo de tierra en la región.

Denuncias penales

Luis Armando Díaz, secretario de gobierno, fue juzgado por el delito de despojo en Ensenada, Baja California. El asunto se encuentra registrado en el Juzgado Tercero Penal del Partido Judicial de Tijuana, con causa penal 370/92; el delito imputado: despojo y daño en propiedad ajena; ofendido: Jorge Ibarra González.

El exalcalde de Los Cabos fue procesado porque invadió violentamente un predio de 121 hectáreas del rancho Martínez, ubicado en el Cañón del Padre en Tijuana, confirmó a El Peninsular (8 de diciembre de 2007) Tomás Castan Bojorquez, líder de la colonia Patria en la citada ciudad.

Díaz fue detenido en octubre de 1992. Salió bajo fianza, luego de pagar 1 millón de pesos, depositados en el juzgado por Alejandro Moreno Berry.

Prima acusada de nepotismo

El pasado 8 de marzo, trabajadores de las oficinas centrales de la Secretaría de Educación Pública, agremiados a la delegación D-III-I del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), acusaron a Rosalía Montaño ante Agúndez de nepotismo y de maltrato al personal a su cargo; el mandatario estatal ordenó que se iniciara una investigación.

Montaño Acevedo, prima hermana de Leonel Cota, se desempeñó durante la actual administración como secretaria de Educación Pública, a la cual renunció por la investigación que realizan la Contraloría y la Oficialía Mayor del estado.
Norma Peña, representante de los empleados administrativos de la dependencia, denunció que Loreto Gerardo Aguilar, cuñado de la exfuncionaria, es el director de Educación Básica; su primo, Jaime Olmos Montaño, coordinador de Carrera Magisterial, y su hermana Isela, coordinadora de Red de Acciones Educativas.

En venta transporte público

Los señalamientos públicos alcanzan al exgobernador y exlíder del PRD. Cuando se desempeñó como alcalde de La Paz, Leonel Cota Montaño vendió el transporte público municipal a una empresa privada. Valentín Castro asegura que el entonces edil no obtuvo el permiso del cabildo para llevar a cabo dicha acción, sólo le autorizaron concesionarlo.

La empresa beneficiaria de la venta, sin licitación, fue Autotransportes Águila, que entre sus socios tenía a Javier González Rubio Cerecer, esposo de Rosa Delia Cota Montaño, y entre sus trabajadores a Carmen Cota Montaño, hermana de Leonel.

Además, en mayo de 2004, todavía como gobernador, concretó la venta de un pedazo de tierra insular, conocido como “El Mogote”. Se vendieron 350 hectáreas, a 13 pesos por metro cuadrado: 45 millones de pesos, a Luis Cano Hernández.

Dicho predio –de acuerdo con la escritura 201, volumen especial 5, del notario 1, Armando Aguilar, del 16 de julio de 1984 (20 años antes)– había sido adquirido por el gobierno estatal a Alfonso Olachea Borbón en 49 millones de pesos, lo que representaría 5 millones de pesos nominales menos que en lo que fue vendida al empresario sinaloense.

Jorge Ledezma, periodista local, dice que a través de numerosas solicitudes de información, tanto al gobierno del estado como al Congreso local, se ha podido confirmar que el expediente oficial de la compraventa “desapareció”. Además, se desconoce el número de cuenta en la que fue depositado el cheque de los 45 millones.

Cota también vendió 72 hectáreas del Cerro de la Calavera, a cuatro pesos por metro cuadrado a una empresa inmobiliaria. Luego de urbanizar el lugar, la empresa vende el metro a 200 dólares.

Cota, por encima de la PGJE

A principios de diciembre de 2006, los medios de comunicación locales dejaron constancia de la detención del escolta personal de Leonel Cota, Ricardo Abad Burgoín Olachea, quien fue denunciado por alumnos del CBTIS 62 por masturbarse a bordo de su vehículo, una Explorer color blanca, cerca del centro educativo.

Burgoín fue detenido por elementos de seguridad pública del municipio de La Paz; uno de ellos fue agredido físicamente por el escolta, quien traía en su camioneta cientos de cartuchos útiles de diferentes armas, reservadas para el uso exclusivo del Ejército, dos AK-47 y de equipo de espionaje.

Se abrió la averiguación previa número LPZ/0494/DET/2006 por la Procuraduría General de Justicia del Estado. Unos días después de la detención, Burgoín pagó una fianza de 2 mil 500 pesos y quedó libre. Esto ocurrió luego, aseguran los medios locales, de que Leonel Cota solicitara la inmediata liberación.

Para la realización de este trabajo Contralínea solicitó entrevista con el gobernador Narciso Agúndez; sin embargo, al cierre de esta edición no hubo respuesta.

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Revista Contralínea / México
Fecha de publicación: 15 de junio de 2008